Ante la grave crisis económica generada por la situación sanitaria que atraviesa el país, la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) solicita al Gobierno Nacional que disponga de forma inmediata de medidas de oxigenación, que permitan a las empresas cumplir con las obligaciones laborales con el fin de preservar los puestos de trabajo.
Es así que como gremio empleador a un sector amplio del país, a más del efecto multiplicador que representa a través de los talleres tercerizados, costureras y artesanos, consideran necesarios que el Gobierno otorgue el 50% de todos los impuestos, sean estos tributarios, municipales o aduaneros, tales como IVA, IRPC, IRP, Iracis, y otros. Así también es de rigor que se conceda el descuento del 55% del aporte de IPS, correspondiente al monto jubilatorio para no afectar ni comprometer los servicios sanitarios, de urgencias en este momento, refieren. “Creemos que una situación extraordinaria merece medidas extraordinarias y desde la AICP nuestra prioridad es la de proteger a los más de 200.000 compatriotas que hoy forman parte del sector, entendiendo que así también protegemos los intereses de nuestra nación”, expresa.
La AICP no está ajena a unirse a cualquier otra medida que redunde en beneficio para dinamizar la economía y que fuera presentada por otros gremios, como el pedido de línea especial al BNF para mantener nómina de trabajadores con una tasa del 2% de interés.
Todos los pasajeros deben viajar sentados y transportistas no pueden absorber la demanda en plena cuarentena. Viceministro de Transporte alega que esto ocurre porque varias firmas incumplen el decreto presidencial y obligan a trabajar a sus empleados. Usuarios denuncian incumplimiento de frecuencia.
Varios usuarios del transporte público de pasajeros denunciaron ayer que las diferentes empresas incumplieron la resolución N° 22/2020 del Viceministerio del Transporte, lo cual obliga a las líneas a cumplir horarios y frecuencias para garantizar el traslado de las personas, concretamente a las están exceptuadas del aislamiento total de una semana.
El titular de dicha institución, Pedro Britos, manifestó que lamentablemente existen empresas privadas que siguen sin cumplir el decreto presidencial –que impone una restricción total a la circulación– y obligan a sus empleados a seguir trabajando, lo que genera un colapso por la cantidad limitada de buses que se encuentran operando.
“Lastimosamente, hay sectores y patrones que no entienden. Hay miles de denuncias de trabajadores en las redes y en el Ministerio de Trabajo, que son obligados a ir a trabajar y sus actividades estas afectados por el decreto; es decir, tienen que cerrar”, expresó.
En este sentido, el funcionario enfatizó que el decreto establece claramente cuáles son las actividades afectadas y que esta semana tenía que disminuir la circulación de la gente en la calles, lo cual no ocurre. “Es una semana vital para disminuir la propagación del coronavirus”, expresó.
Empero, usuarios denunciaron que el problema principal es que los buses no salen de sus paradas y que por eso deben esperar durante horas. Sobre el punto, el viceministro aseveró que la institución están fiscalizando y que las empresas cumplen, pero que no dan abasto porque en todos los buses los pasajeros deben viajar sentados. “Cuando todos los asientos están ocupados, ya no pueden alzar a más personas; eso es lo que pasa”, aseveró. De acuerdo a la resolución, los buses deben operar desde las 5:00 de lunes a viernes y en horas pico deben tener una frecuencia de 20 minutos (de 5:00 a 8:00 y de 17:30 a 20:30). El resto del día, la frecuencia debe ser cada 40 minutos. Los fines de semana serán más limitados, sobre todo los domingos.
Ante las medidas establecidas por el Ejecutivo en el decreto N° 3478/20, que endurece la cuarentena y aislamiento total por ocho días en todo el Paraguay para mitigar la propagación del coronavirus, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) prorroga excepcionalmente el plazo para la presentación de las declaraciones juradas determinativas e informativas y el pago de las obligaciones tributarias con vencimiento a partir del 21 de marzo. Así se dispuso a través de la resolución general N° 46/20. Desde la institución indicaron que informarán de la recalendarización de los mismos.
Asimismo, la administración tributaria traslada al 1 de abril del 2020 la fecha de vencimiento para cumplir con las facilidades de pago vigentes, y la tercera y cuarta cuota de los anticipos del Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios (Iracis) que venzan entre el 23 y 25 de marzo del 2020.
Por último, la normativa emitida dispone la suspensión de todos los plazos de los procesos y trámites administrativos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Tributación desde el lunes 23 de marzo hasta el martes 31 de marzo del 2020. Para las consultas, los interesados deben utilizar la opción Contáctenos que está disponible en la página web: www.set.gov.py. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció este viernes la extensión de la cuarentena hasta el 12 de abril, así como una mayor restricción horaria de la circulación de personas por las calles tras la veintena de casos confirmados de coronavirus por el Ministerio de Salud Pública.
El borrador del proyecto de ley de contingencia económica fue presentado ayer al presidente Mario Abdo Benítez por parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda y, tras el visto bueno del titular del Ejecutivo, será remitido hoy al Congreso Nacional.
El viceministro de Administración Financiera de la cartera, Óscar Llamosas, informó que se repasó con el primer mandatario artículo por artículo y se hicieron los últimos retoques al documento. Del encuentro participaron también autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaría Técnica de Planificación (STP) y Gabinete Social.
Recordó que el proyecto de ley tiene como pilares fundamentales garantizar los recursos para salud pública, preservar los empleos y evitar el corte de la cadena de pagos.
Comentó que la propuesta también fue remitida a ex ministros de Hacienda, quienes dieron sus opiniones y recomendaciones finales, antes de su remisión al Parlamento.
“El proyecto en limpio estaríamos enviando mañana temprano (por hoy) al Ejecutivo y la idea nuestra es remitirlo al Congreso cerca del mediodía”, expresó.
El planteamiento del Gobierno tiene como fin suspender los pagos de impuestos y de los servicios básicos mientras dure la cuarentena, como una forma de dar alivio financiero a las empresas y evitar despidos.
Ante la imposibilidad de contar con ingresos tributarios y los gastos adicionales que van surgiendo en salud, la ley de contingencia demandaría un endeudamiento de hasta USD 2.000 millones para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Este nivel de deuda requerirá de una suspensión total de los topes de déficit fijados en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) por este año, incluidas las excepciones establecidas en tiempos de crisis, ya que se prevé superar el límite del 3% del PIB.
El proyecto también incorporará una opción para que el Ejecutivo pueda otorgar una ayuda monetaria a los trabajadores cesados durante este tiempo, así como a aquellos informales. El Fisco estudia la posibilidad de que la asistencia sea del 50% del salario mínimo, es decir, G. 1.096.419. Con respecto a la periodicidad, analizan dos opciones: pagos únicos o mensuales; mientras que con relación al tipo de pago se consideran los desembolsos en efectivo o vía cheque. Las estimaciones indican que entre los trabajadores cesados e informales se tiene un universo cercano al millón de personas.
El 50% de las empresas nucleadas en la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy) sostiene que no tendrá la capacidad suficiente para sobrevivir 30 días de cuarentena impuesta para frenar el Covid-19, en caso de que el gobierno nacional decida extender esta medida. En tanto que el 80% de las firmas encuestadas manifestó que perderá ventas a causa de la situación actual.
Estos porcentajes fueron algunos de los resultados arrojados por el relevamiento digital de datos que la Asepy realizó a propietarios de empresas y comercios sobre las consecuencias específicas que está generando el coronavirus en su economía. Los resultados de la encuesta fueron procesados por la empresa Nauta.
“Si bien las medidas económicas tomadas por el gobierno la semana pasada son un primer paso y tendrán un impacto positivo general en algunas empresas, se necesitan plantear medidas más específicas para aquellos rubros que se verán afectados por el aislamiento y que en consecuencia tendrán una demanda significativamente menor, tales como los rubros gastronómico, comercial o textil y emprendimientos productivos en general”, expresó Cristian Sosa, director ejecutivo de la asociación.
Otros datos arrojados por la encuesta dan cuenta que el 46% de las empresas encuestadas manifiestan que tendrán dificultad para pagar los salarios a sus empleados. Mientras que el 30% de las empresas que venden al consumidor final cerraron sus locales o negocios al inicio del aislamiento.
“Es por eso que decidimos lanzar esta encuesta digital en la que podamos identificar claramente cuáles son los principales desafíos que enfrentarán los emprendedores y a partir de estos datos plantear medidas económicas y financieras específicas para esas problemáticas, ya sea para cubrir costos fijos como salarios, alquileres o la necesidad de una refinanciación de deudas por este período” manifestó por su parte Josefina Bauer, directora de Nauta, la empresa aliada en esta encuesta.
A partir de esta realidad, la Asepy buscará proponer soluciones para el sector empresarial en general y las mipymes en particular.
La Asepy nació en el 2018 con el propósito de generar mejores condiciones para emprender en el país, y actualmente cuenta con alrededor de 3.000 socios emprendedores en todo el país.
Una encuesta realizada por la empresa Nauta, a pedido de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), revela que el 80% de las firmas perderá ventas y el 46% no podrá pagar salarios.
El Núcleo de Empresarios Gastronómicos de Entretenimiento y Afines también suma su preocupación por el impacto económico negativo que tendrá la cuarentena obligada para contener el avance del Covid-19 en todo el país. Es así que este gremio destacó que 7 de cada 10 empresas de este sector no sobrevivirán a los 20 días de merca de ingresos, por lo que solicitan créditos blandos a tres años de plazo y un año de gracia. En tanto que alertan de que alrededor de 100.000 puestos laborales están en riesgo por esta medida y que no desean “regalos ni exoneraciones”, sino que exigen la aprobación de una Ley de Emergencia nacional que proteja a estas empresas y los empleos, de forma a que no colapsen por la cuarentena.
La construcción del corredor de exportación, ruta que unirá Natalio con Los Cedrales, avanza con la construcción de puentes y la pavimentación asfáltica, tomando las medidas preventivas establecidas para evitar la propagación de la coronavirus, según informó ayer el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
De acuerdo
a los registros de la cartera, la obra presenta un avance general del 43% al
cierre del mes de febrero y forma parte de la Ruta Nacional PY07, que une los
departamentos de Itapúa y Alto Paraná.
Su construcción se divide en tres
frentes y las obras avanzan sin interrupciones. El tramo 1, desde Natalio hasta
7 de Agosto, que está a cargo de Benito Roggio e Hijos SA (representado por
Óscar Franco), registra un avance del 49,88%.
En cuanto al tramo 2, desde 7 de
Agosto hasta Río Ñacunday, está siendo ejecutado por Ecomipa SA (representado
por Edgardo Wasmosy) y registra 43,75% de avance. Por último, el tramo 3, desde
Río Ñacunday hasta Los Cedrales, cuyo responsable es Ilsung Construction Co.
Ltd (representado por Chang Sik), ya alcanzó 36,37% de ejecución, lo que da un
promedio del 43% en los tres frentes.
Según MOPC, se trata de una de las
obras más importantes del sureste del país, que mejorará la conectividad de la
red vial con la hidrovía del río Paraná, ganando así mayor competitividad para
los productos agrícolas de la región.
Hasta el mes de febrero, en el tramo
1 ya concluyeron 29 km de base de concreto asfáltico y 15 km en el tramo 2;
mientras que en el tramo 3, se tienen 5,5 km, totalizando 49 km ya terminados.
El proyecto es financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la fiscalización está a cargo del Consorcio Central Yachiyo. La obra se otorgó a los tres consorcios por G. 951.081 millones.
El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) recibió, hasta el momento, 75 denuncias por despidos injustificados cuyas causas estarían relacionadas con la medida de cuarentena impuesta por el Gobierno nacional para frenar la circulación del Covid-19.
En tanto que recibieron denuncias contra 62 empresas que incumplen el protocolo sanitario elaborado por el Ministerio de Salud Pública, según informó el viceministro de Empleo, Daniel Sánchez.
El mismo indicó que la cartera realiza entre 3 a 6 inspecciones por día a empresas que incumplen, sobre todo, el protocolo relacionados con la protección de los trabajadores contra el Covid-19.
“El ministerio tiene su protocolo de inspección y fiscalización que se realizan en base a las denuncias que vamos recibiendo a través de las redes sociales, correo electrónico, el WhatsApp, que son anónimas, y como autoridad del Trabajo llegamos a varias empresas a constatar de que se esté cuidando el empleo de la gente”, expresó Sánchez.
Agregó que los puntos que controlan los fiscalizadores en las empresas verificadas se refieren a las herramientas de flexibilización laboral que deben poner en práctica, como los horarios escalonados de ingreso y los turnos de trabajo por días rotativos de actividad. Un aspecto fundamental controlado es si pusieron en práctica el protocolo sanitario de apartar a las personas que presenten síntomas sospechosos que pueden estar relacionados con el Covid-19. En relación a las denuncias de despidos, Sánchez expresó que su dependencia transfiere los resultados de las intervenciones y los despidos al Viceministerio del Trabajo para que inicien los sumarios correspondientes.
El Directorio del Banco Mundial aprobó ayer un paquete de financiamiento por un total de USD 300 millones para apoyar la economía del país. En momentos donde los recursos públicos están siendo destinados a financiar la lucha contra la actual pandemia, el financiamiento del Banco Mundial permitirá enfrentar el impacto de las vulnerabilidades económicas, climáticas y de las finanzas públicas y contribuirá a fomentar la productividad del campo mejorando el acceso a los mercados, reza el comunicado.
El paquete de financiamiento incluye dos operaciones: por un lado, un financiamiento de USD 200 millones para el préstamo de políticas de desarrollo de la gestión económica con opción de desembolso diferido, que apoya los esfuerzos del país para reducir sus vulnerabilidades ante los impactos económicos externos, ambientales y de las finanzas públicas, así como mitigar sus efectos negativos sobre la economía.
Por otro lado, un financiamiento de USD 100 millones para el Proyecto de Inserción a Mercados Agrarios (PIMA) que será implementado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). ”Paraguay ha decidido dar pasos hacia adelante promoviendo acciones destinadas al fortalecimiento y consolidación de la economía nacional, por lo que estos dos proyectos nos permitirán tener una capacidad de reacción”, expresó el ministro de Hacienda, Benigno López.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) anunció ayer un paquete de medidas tributarias en el marco del plan de acción del Poder Ejecutivo para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus. En este orden, resalta la decisión de fraccionar el pago en cinco meses del impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios (Iracis) y el impuesto a la renta agropecuaria (Iragro).
Durante una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, el titular de la SET, Óscar Orué, anunció que saldrá un decreto en el cual se establece el fraccionamiento sin intereses para el Iragro y el Iracis.
Recordó que el vencimiento de los citados impuestos será el próximo mes de abril. “Por lo tanto, vamos a sacar el decreto en el cual se establece que se puede financiar sin intereses, con una entrega inicial del veinte por ciento, y en cinco cuotas”, precisó.
Orué también anunció que establecieron la postergación del anticipo del impuesto a la renta empresarial (IRE) para el mes de julio de este año. “Hay que recordar también que en el mes de mayo se tenía previsto el pago de la primera cuota del anticipo para todas aquellas (empresas) que tienen obligación del impuesto a la renta empresarial. Eso también se postergó para el mes de julio”, recalcó.
Refirió que también se firmó otro decreto a través del cual se reducen del diez al cinco por ciento el IVA a todos los bienes que tienen relación a la crisis sanitaria que se está teniendo y el arancel cero para las importaciones. “Esto, al igual que el caso del IVA, como dije, del diez al cinco por ciento. Son las medidas tributarias que hemos tomado y el señor ministro de Hacienda ya adelantó la exoneración de mora y se establece que se pospongan los impuestos, pero esto recién en una etapa más alejada y cuando el Gobierno considere apropiada esa medida lo va a incluir dentro de un proyecto de ley”, apuntó el titular de la SET.
Otra de las decisiones tomadas en el ámbito tributario, comentadas por Orué, fue el de postergar la carga libre del sistema Hechauka para las empresas que tienen esa obligación. “Por otro lado, el certificado de cumplimiento tributario tiene una validez a partir de antes de ayer de 90 días. Hay que señalar que tenía una validez de treinta días y ampliamos la validez de ese certificado”, remarcó el jefe de Tributación.
La Organización llamó a que se tomen medidas urgentes, coordinadas y a gran escala para proteger a los trabajadores en el lugar de empleo, estimular la economía y apoyar los empleos e ingresos.
La pandemia de coronavirus podría desencadenar una crisis económica global y destruir hasta 25 millones de empleos alrededor del mundo si los gobiernos no actúan en forma rápida para proteger del impacto a los trabajadores, dijo el miércoles la Organización Internacional del Trabajo.
“Sin embargo, si vemos una respuesta internacional coordinada, como sucedió en la crisis financiera global del 2008/9, entonces el impacto del desempleo global podría ser significativamente menor”, dijo la OIT.
La organización llamó a que se tomen medidas urgentes, coordinadas y a gran escala para proteger a los trabajadores en el lugar de empleo, estimular la economía y apoyar los empleos e ingresos.
Dichas medidas deberían incluir el aumento de la protección social, el apoyo a la conservación del empleo a través del trabajo en jornada reducida o las licencias remuneradas, así como la desgravación financiera y fiscal, incluso para las micro, pequeñas y medianas empresas, agregó la OIT.
Basándose en diferentes escenarios para el impacto de la epidemia en el crecimiento económico global, la OIT estimó que los desempleados a nivel global aumentarían entre 5,3 millones (escenario “bajo”) y 24,7 millones (escenario “alto”).
En comparación, la crisis financiera mundial de 2008/9 aumentó el desempleo mundial en 22 millones de personas.
“Esto ya no es solo una crisis mundial de salud, también es una importante crisis económica y del mercado laboral que está teniendo un gran impacto en las personas”, dijo el director general de la OIT, Guy Ryder. “En 2008, el mundo presentó un frente unido para abordar las consecuencias de la crisis financiera y se evitó lo peor. Necesitamos ese tipo de liderazgo y resolución ahora”, agregó.
