Alejandro Colmán, representante de productores agrícolas de San Pedro, en reunión con el ministro de Agricultura y Ganadería Denis Lichi y el gobernador del segundo departamento, Carlos Giménez, dijo que el apoyo es fundamental para el desarrollo del sector rural.
Comentó que la última siembra de maíz en la zona fue de más 300 hectáreas, también produjeron soja en mejor escala, obteniendo ganancias por más de 300 millones de guaraníes.
Colmán, junto con pequeños productores de la zona, llegaron hasta el MAG y solicitaron cooperación con programas y proyectos que logren contribuir al desarrollo agroganadero de la zona.
El ministro comprometió ayuda del MAG con más invernaderos, implementos agrícolas, mallas media sombra y programas tecnológicos y lograr un mejor impacto de cultivos mecanizados en cantidad y calidad.
Productores agrícolas podrán acceder a variedades obtenidas con nuevas técnicas de mejoramiento. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) divulgó el Formulario 3 de Consulta Previa para productos obtenidos mediante nuevas técnicas de mejoramiento genético, lo que permitirá a los productores un acceso más fácil a productos obtenidos mediante el uso de nuevas prácticas de mejoramiento.
La medida de referencia constituye un avance relevante en el desarrollo de las llamadas nuevas técnicas de mejoramiento aplicables a vegetales.
Al respecto, la gerente del Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio), Estela Ojeda, sostuvo que Paraguay es el quinto país de Latinoamérica que está regulando estas tecnologías, junto a Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
“Nos parece positivo que el MAG tenga esta iniciativa, es un gran paso para nuestro país”, dijo.
Para la coordinadora de la Comisión Nacional de Bioseguridad (Conbio), Cristina Soerensen, la nueva medida no altera el alcance del marco regulatorio aplicable a Organismos Genéticamente Modificados (OGM), sino que establece los procedimientos para determinar cuándo se encuentra comprendido en la misma un determinado cultivo obtenido a partir de nuevas técnicas de mejoramiento que apliquen biotecnología moderna para generar modificaciones genéticas. “Si en el proceso de obtención del cultivo participó un evento que ya no se encuentra presente en el cultivo a ser introducido al agroecosistema, el interesado deberá informar dicha situación e incluir en el formulario evidencia de la ausencia del evento en cuestión”, puntualizó.
El sector importador recientemente expresó su preocupación por el cercano cumplimiento del plazo para prohibir el ingreso de celulares no homologados (configurados) para Paraguay, el cual fue fijado para el 21 de setiembre del corriente año en la Resolución 900/18 del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Liz Cramer, ministra de la cartera estatal, señaló que aún no hay una expedición y dejó abierta la posibilidad de encontrar una solución que satisfaga a los comerciantes.
La titular del MIC explicó que se está estudiando la situación con las instituciones involucradas, incluyendo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), dentro del marco legal, y con atención a todos los sectores vinculados.
Vale recordar que el Decreto 6832/17 estableció la creación del registro previo para los importadores de teléfonos celulares, quienes además deben contar con licencia previa. Posteriormente, la Resolución 410 del MIC reglamentó el decreto y estableció 30 días de plazo para el cumplimiento, desde su promulgación. Sin embargo, como los importadores tienen que homologar los equipos adquiridos para acceder a la licencia previa, la entrada en vigencia se prorrogó en tres ocasiones con las resoluciones 1020/17, 142/18 y 900/18.
Tony Santamaría, presidente de la Fedecámaras, manifestó que esta disposición perjudicará enormemente a la economía paraguaya, pues casi la mayoría de los teléfonos que se importan en la zona fronteriza se terminan vendiendo a los turistas y no a consumidores locales.
Solicitó que se exima de la homologación a los equipos que se traen para la exportación y en todo caso que las autoridades hagan un control cruzado, para impedir que dispositivos no aptos se vendan a usuarios paraguayos.
Un importante número de productores de banana realizaron ayer una medida de fuerza al costado del kilómetro 80 de la ruta 7.
Los productores se manifestaron en protesta por la no implementación de la banana en los programas de merienda escolar que desarrollan municipios, gobernaciones y el Ministerio de Educación y Ciencias. Por ley, estas instituciones están obligadas a incluir la banana en instituciones educativas beneficiadas con el programa en todo el país.
Gran expectativa generó en el sector bananero la promulgación de la Ley 6277/19 a principios de año, pero hasta el momento es solo letra muerta, atendiendo la falta de voluntad política de los responsables de la merienda escolar, explicaron los principales líderes de la organización.
Se estima que durante el primer año de implementación, la adquisición de la fruta rondaría los 5 millones de dólares. Esto constituiría un nuevo nicho de mercado que se sumará al mercado nacional y a las exportaciones, sobre todo hacia la Argentina.
Los productores sospechan de “manos negras” u oscuras intenciones de parte de la clase política al frenar intencionalmente la implementación de una producción fresca y nutritiva como la banana dentro de la merienda escolar. “A lo largo de estos meses hemos recorrido todas las instancias. Los gobernadores e intendentes se muestran supuestamente interesados en hacer cumplir la ley, pero luego tropezamos con los trámites burocráticos para los llamados a licitación”, dijo Hugo Franco, coordinador de los bananeros a nivel país.
Los manifestantes cerraron ayer de manera intermitente el tránsito vehicular sobre la ruta 7, generando largas filas de vehículos en ambas direcciones. Una pequeña dotación policial fue asignada en el lugar para resguardar el orden y la seguridad. La medida de fuerza al costado de la ruta continuará por tiempo indefinido, según los principales dirigentes provenientes de Tembiaporã, distrito del Departamento de Caaguazú, considerado como el principal punto de producción de banana en el país.
A pesar de la lluvia de ayer la movilización fue masiva de parte de los bananeros que llegaron con sus tractores, tras utilizar las balsas para atravesar el lago Yguazú, en medio de las pésimas condiciones del tiempo que golpean la zona.
La trazabilidad que tiene el azúcar será ampliada, incluyendo el origen de la materia prima. Similar operación se hará con alcohol a mezclar con las naftas que compren Petropar y firmas privadas, se informó en el MAG anoche.
Un combate más eficiente al contrabando se pretende establecer con la nueva normativa que anunció anoche la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, tanto para el azúcar como para el alcohol. La funcionaria participó de la reunión que se realizó desde las 19:00 en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con participación de su titular, Denis Lichi, además de intendentes de varias zonas cañicultoras y líderes de productores.
En el caso del endulzante, que ya tiene la trazabilidad industrial, se dijo que en los lotes o cargas se agregarán datos del área de producción de la materia prima y que el seguimiento llegará hasta la comercialización final, para que los consumidores tengan la seguridad de que se trata de un producto nacional.
También se mencionó el caso del cargamento de 640 bolsas de azúcar que está bajo sumario en Aduanas por sospecha de que sería de contrabando. Las autoridades del MIC reafirmaron que existen serias sospechas de la posible ilegalidad de dicho cargamento, cuyos lotes habrían sido “blanqueados” a través de ingenios azucareros nacionales, porque poseen fechas de producción irreales.
Con anterioridad, en el MIC se realizó, a las 14:00, otra reunión sobre el mismo tema, con participación de la titular de Petropar, Patricia Samudio; del presidente del Centro Azucarero, Eduardo Felippo, entre otros. En la oportunidad, el viceministro Pedro Mancuello explicó que, en el caso del alcohol, la nueva norma de trazabilidad busca que se garantice que todas las adquisiciones del Estado, sobre todo el alcohol que compra Petropar en zafra para mezclar con naftas, sean producidas de caña dulce nacional. Otro punto tratado en ambas reuniones fue cómo aumentar el rendimiento por hectárea.
El proyecto de reforma impositiva presentado por el Gobierno es un mensaje contrario a la visión de desarrollo industrial que pregona la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), dice este gremio. Cita una merma de US$ 350 millones en ingreso de divisas en el primer cuatrimestre.
En su informe de abril último, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) se refiere, entre otras temas, al proyecto de reforma tributaria presentado recientemente por el Poder Ejecutivo al Parlamento, y justifica su análisis al respecto alegando que el sistema fiscal es clave para ellos a la hora de evaluar la competitividad que puede tener el sector.
“El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno envía un mensaje contrario a la visión de desarrollo industrial que hemos venido pregonando desde la Cappro”, afirma la entidad. Por ello, lamenta que ahora se plantee nuevamente igualar la exportación de productos agrícolas en estado natural con la de derivados de procesos industriales, como lo son la harina y el aceite (extraídos de la soja), limitando de esa manera su potencial competitivo.
Apunta que, a través de la industrialización de la materia prima que el país genera, existe una enorme oportunidad para seguir avanzando en el camino del desarrollo económico sostenible, agregándole valor y trabajo nacional a esos productos. Recalca que apoyar el modelo agroindustrial incrementa el valor de las exportaciones, incorpora mayor cantidad de mano de obra paraguaya y permite que el ingreso de divisas sea constante.
El informe del gremio refiere que en el primer cuatrimestre de este año el ingreso de divisas por exportaciones del complejo soja se ha reducido en más de US$ 350 millones, comparando con el acumulado a abril de 2018, lo que representa uno de los peores desempeños acumulados de la década y se ubica bastante por debajo de los US$ 1.500 millones que han ingresado en promedio en los últimos cinco años.
Según Cappro, la reducción en los ingresos está asociada tanto al menor volumen exportado como a la reducción de los precios internacionales de la soja.
También expresa que, con el panorama actual y las últimas informaciones relacionadas a la cosecha y la molienda, no se vislumbran en el horizonte grandes cambios a la situación actual y se mantendrían los números negativos en cuanto a comercio exterior, cuando menos en el segmento agroindustrial.
Las empresas asociadas a Cappro representan el 56% de todo el volumen de operaciones de exportación, tanto de los productos industrializados a partir de la soja como del grano en estado natural. El informe señala que sus empresas asociadas participan en el 38% de los envíos externos de la soja en estado natural y en 100% en los diferentes productos industrializados a partir de la soja (aceite, harina y cascarilla).
No está claro quién se encarga de revisar las actividades de exportación física de divisas, pues ambas instituciones responsabilizan a la otra en la detección de sospechas de lavado de dinero.
El manejo de altas sumas de dinero en efectivo, especialmente mediante negocios relacionados con el comercio fronterizo, es considerado una de las actividades más expuestas a la comisión de delitos de lavado de dinero. No obstante, surgen confusiones respecto a la institución del Gobierno que debe supervisar el envío físico de remesas de divisas al exterior para detectar eventuales operaciones sospechosas que surjan del accionar de entidades financieras.
Luego de que se publicara la supuesta vinculación del Banco Basa con la investigación del caso Lava Jato, en Brasil, por el envío de divisas por 6,7 billones de reales (unos USD 1,7 billones) al Banco Paulista, el Banco Central del Paraguay (BCP) se lavó las manos respecto a los procedimientos que deben efectuarse para la detección de operaciones sospechosas derivadas de este tipo de negocios.
El superintendente de Bancos, Hernán Colmán, sostuvo que “en caso de aparecer operaciones inusuales que, luego de un adecuado análisis, sean consideradas sospechosas, la entidad bancaria es la responsable de realizar el reporte a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)”. El funcionario del BCP respondió así a la consulta de ÚH sobre si se detectó alguna operación sospechosa alrededor de la exportación de divisas por parte del banco Basa, del Grupo Cartes.
Agregó que “la responsabilidad de la Superintendencia de Bancos se circunscribe a la evaluación del grado de adecuación de los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo implementados por las entidades bancarias, respecto a las normativas emitidas por la Seprelad”.
De esta manera, el BCP contradice la sugerencia que emitió la ministra de Seprelad, María Epifanía González, de que el ente regulador efectúe una revisión de las actividades de exportación de billetes realizadas por el Banco Basa, ya que es el responsable de la supervisión in situ.
Colmán explicó que las actividades comerciales fronterizas se caracterizan por el cobro de ventas en otras divisas diferentes al guaraní, sean estos reales brasileros, pesos argentinos, dólares americanos, euros, entre otros. “Considerando la carga logística para el almacenamiento del efectivo, el riesgo cambiario asociado con el posicionamiento en monedas extranjeras, y el sobrecosto del seguro bancario por mantenimiento de dinero en efectivo, los bancos locales proceden a negociar los reales efectivo con bancos brasileros, para remitirlos nuevamente al Brasil. Una vez que los bancos del Brasil reciben los reales, estos pagan por la divisa recibida acreditando las cuentas en dólares en el exterior de los bancos locales”, añadió.
El presidente Abdo Benítez negó ayer las supuestas amenazas de su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, que habría anunciado que su país no renunciará en el 2023 al 50% de la energía de Itaipú que le corresponde a Paraguay.
Abordado por la prensa en Palacio de Gobierno, Marito, sobre la versión que el viernes pasado, durante el almuerzo que tuvo con el presidente Bolsonaro, luego de la “palada inicial” para el segundo puente entre nuestro país y Brasil, este le anticipó cuál sería la posición brasileña, el jefe de Estado explicó que, terminado el acto, inmediatamente su colega se subió en su vehículo y se retiró, y que él se fue al aeropuerto.
“Se acordarán de que ese día hubo una tormenta y apenas pudimos llegar a Asunción, pero hoy recibí un editorial de contenido falso; pero está bien, la reflexión siempre la tomamos bien”, manifestó.
Preguntado si se reunió o habló (sobre Itaipú) con Efraín Alegre, atendiendo a una versión surgida en el Senado, dijo: “No. Soy el único dueño de lo que yo pueda decir y siempre digo la verdad. La única vez que me reuní con él fue en el local del partido (PLRA), fue público, como todas las reuniones que tengo”.
Consultado sobre la supuesta amenaza de Bolsonaro, de que Brasil no está dispuesto a ceder a Paraguay la energía de Itaipú que le corresponde, contestó: “Hoy día tenemos una excelente relación con el presidente Bolsonaro, no hay ningún tipo de amenaza, habrá habido buenas relaciones en otros tiempos, pero nuestra relación (hoy) con el presidente Bolsonaro y con todo su equipo de trabajo es realmente óptima”.
En cuanto al tema de la revisión del Anexo C, del Tratado de Itaipú, dijo: “Estoy seguro de que el avance del proceso de renegociación del Tratado de Itaipú también va a consolidar esta amistad y hermandad…”.
Cuando se le insistió si hablaron con su colega de Itaipú el viernes 1, respondió: “Nada, estuvimos en el acto, donde fue todo público”.
Según una fuente fidedigna, que participó de los actos previos y posteriores de la “palada inicial”, pero que solicitó el anonimato, Jair Bolsonaro, adelantó a Marito que su país “no está en condiciones” de dejar que Paraguay acceda al 50% de la energía que le corresponde en Itaipú, porque no tiene otra fuente alternativa.
Comentó también que el Presidente brasileño habló abiertamente de estas cuestiones, manifestando que –a cambio– su Gobierno está dispuesto, por ejemplo, a financiar (no a regalar) la “ruta bioceánica completa”, cuya construcción obviamente estará a cargo de empresas brasileñas, y para disimular dejarán algunas “migajas” para las firmas paraguayas.
A pesar de la supuesta amenaza emitida por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, la ANDE busca crear las condiciones óptimas para que nuestro país acceda al 100% de lo que le corresponde en la represa binacional, de unos 7.000 MW. Para el efecto, su titular, Pedro Ferreira, y el ministro de Hacienda, Benigno López, presentaron el lunes último a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores el proyecto de ley que aprueba el préstamo de US$ 170 millones, otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), para la construcción de dos líneas de transmisión de 500 kV, que saldrán de la margen derecha y llegarán hasta Colonia Yguazú (alrededor de 50 Km).
Luego de que se publicara la supuesta vinculación del Banco Basa con la investigación del caso Lava Jato, en Brasil, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifanía González, recalcó que el Banco Central del Paraguay (BCP) debe realizar una revisión de las actividades de exportación de billetes efectuadas por la entidad financiera perteneciente al Grupo Cartes, especialmente por su relación con Banco Paulista.
La titular de Seprelad no descartó que esté ante operaciones sospechosas de lavado de dinero, en caso de que se detecte que no se efectuó la debida diligencia. “Amerita la revisión del caso, yo creo que hasta el propio banco (Basa) va a querer una revisión del caso; nosotros (Seprelad) no podemos entrar en una institución, la revisión in situ en este caso lo hace el Banco Central”, sostuvo.
El diario brasileño O Globo sorprendió el domingo al sistema financiero local con la publicación en la que menciona que el Banco Amambay (Basa) forma supuestamente parte de la investigación del caso conocido regionalmente como Lava Jato, ya que el Banco Paulista, con sede en São Paulo (Brasil) recibía divisas por valor de 6,7 billones de reales (aproximadamente USD 1,7 billones), a través de aviones especialmente fletados para esas acciones.
“Lo que ahí hay que evaluar es, si producto de qué viene esa operación (…); hay que hacer la debida diligencia especialmente cuando estas operaciones son complejas, insólitas y significativas, especialmente cuando se trata de remesas (…); luego, a quién se está enviando estos billetes, hay que cuidar con quiénes estamos interactuando”, dijo.
González anunció que el 2 de junio próximo entrará en vigencia la nueva normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en bancos y financieras, donde se amplían mecanismos de control en relaciones de corresponsalía, remesas físicas y requisitos de identificación para operaciones de remesas, entre otras.
Reconoció que los riesgos de que se cometan actos de lavado de activos “siempre van a existir”, especialmente cuando se trata de transferencia física de billetes, por lo que consideró importante la acción que se ejecute cuando se detectan casos sospechosos para salir airosos del próximo examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Joshua Abreu, recalcó por su parte que la coordinación entre los tres poderes del Estado es vital para lograr resultados en el combate al lavado de dinero y cumplir así las recomendaciones internacionales que se brindaron a Paraguay para evitar ingresar a la lista gris.
Informó que se conformó el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, que integran los entes reguladores como el BCP, la CNV, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y otras instituciones, a fin de afinar estrategias en conjunto para detectar y prevenir casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. “Nos reunimos para ver cuál sería el plan estratégico para encarar lo que se viene con Gafilat”, explicó.
La Superintendencia de Bancos no conoce ni ha sido notificada formalmente por ninguna autoridad competente del Brasil sobre el alcance de la investigación en la que supuestamente se vincula al Banco Basa, según puntualizó ente regulador.
“En tal sentido, la Superintendencia de Bancos no dispone de información suficiente para emitir opiniones sobre eventuales responsabilidades del banco paraguayo en el caso Lava Jato”, especificó la fuente. Hay una resolución del BCP por la cual es obligatorio para bancos obtener la autorización para remesar físicamente divisas al exterior, respondió.
La Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) reemplazará las funciones que cumplía el fallido Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave). El nuevo organismo estará a cargo de Germán Zonetti.
En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el director de Aduanas, Julio Fernández, informó que Zonetti dirigirá los trabajos en la COIA tras el cierre del Detave, ocurrido al constatarse que algunos de sus integrantes cobraban coimas, incluido su director.
“El 80% del personal que estaba trabajando en ese departamento pasó a disposición de RR.HH. y otros están imputados, en tanto que el 20% quedó para cuestiones administrativas, que tienen que ver con el cuidado de las instalaciones que tenemos”, refirió Fernández.
Anunció que la COIA adoptará nuevas modalidades de trabajo, con “cambios radicales”, mediante el uso “masivo de la tecnología y de inteligencia” para los trabajos de control.
Zonetti anunció que implementarán algunos cambios en la modalidad de trabajo, como en los controles móviles, dejando de lado los puestos fijos, así como harán intercambio de información con sus pares de los países vecinos. “Es importante basar el trabajo de COIA en inteligencia. También monitorear los puntos de entrada de jurisdicción aduanera, así como los accesos irregulares por donde ingresan las mercaderías”, dijo.
Destacó que la implementación de la tecnología será fundamental, con audio y video para los procedimientos de control, de modo que queden registros. Buscarán que los móviles cuenten con esas herramientas, para brindar mayor transparencia a las verificaciones.
Por su parte, Emilio Fúster, titular de la Unidad Interinstitucional, dijo que el responsable de COIA es contador y que proviene del Banco Nacional de Fomento. Contó que posee más de 20 años de antigüedad. Agregó, que cuenta con una especialización en prevención de lavado de dinero.
