La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) presentó a la Cámara de Senadores un proyecto de Ley para la “Creación del Registro Nacional de Organizaciones, Artistas y Gestores Culturales”.
Sede de la Secretaría Nacional de Cultura. Foto: Gentileza.
Este proyecto busca crear un registro de artistas y trabajadores de la cultura mediante el cual se podrán sistematizar datos relevantes que servirán como base para establecer políticas públicas equitativas, inclusivas y favorables para el sector cultural, según el informe de la SNC.
Igualmente, establece que el Registro sea dependiente de la SNC, teniendo en cuenta que es la institución rectora de las políticas culturales del país, y que atiende las necesidades del sector, por lo tanto, deberá sistematizar los datos, así como establecer su funcionamiento y velar por el cumplimiento de la presente ley.
Según Cultura, en el Paraguay, hasta el momento, no existen datos oficiales precisos del sector que sirvan de referencia y con los cuales se pueda contar para instaurar una visión más amplia sobre el estado de los artistas, así como las necesidades a corto, mediano o largo plazo que podrían tener o el estado de vulnerabilidad en que se encuentren.
La riqueza natural del Paraguay, principalmente sustentada sobre la tierra y el agua, produce anualmente alimentos para más de 70 millones de personas y genera energía renovable, en coproducción con Brasil y Argentina, capaz de iluminar millones de hogares. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente, de vital importancia para la producción y la industria y que tiene la misión de proteger, fiscalizar y controlar el uso de los recursos, está sumergido en un paupérrimo presupuesto que apenas le permite contar con 14 fiscalizadores para todo el territorio y 57 guardaparques para cuidar 2.600.000 hectáreas de reservas.
Si bien se elevó a la categoría de ministerio desde el 2018, su estructura y su presupuesto siguen siendo tan limitados que, hasta ahora, la aplicación de tantas leyes ambientales duerme el sueño de los justos, en los viejos estantes, hasta hace poco y, en las zigzagueantes ranuras de los ordenadores en la actualidad, luego de la digitalización de los archivos.
En una conversación con los directores, administrativo y financiero del Ministerio así como técnicos ambientales, Economía.com.py pudo acceder a un diagnóstico que demuestra la situación del principal ente de control en cuanto a recursos para cumplir con la misión de proteger la calidad del aire y del agua; de conceder licencias para habilitar áreas de producción agrícola y ganadera; de construcciones y de industrias; de fiscalizar el cumplimiento de un sinfín de leyes ambientales y de garantizar un ambiente sano en toda la República.
El Lic. Víctor Yambay, director administrativo; el Lic. Julio Verthe, director financiero y Nora Paez, de la Dirección Nacional de Cambios Climáticos fueron nuestros interlocutores durante la entrevista en la sede del Ministerio.
Víctor Yambay, director administrativo del MADES.
Mencionaron que, si bien la Secretaría se elevó a la categoría de ministerio en el 2018, la estructura sigue siendo igual y, el presupuesto, incluso sufrió recortes. Estos constituyen un obstáculo serio para el buen cumplimiento de las funciones que tiene el Ministerio del Ambiente y Desarrollo (MADES).
Transparencia
El Lic. Yambay, quien ingresó con el ministro Ariel Oviedo a la institución, recordó que la nueva administración se ocupó en primer lugar de incorporar tecnología en el desarrollo de gestión para agilizar los trámites y transparentar todo el proceso. Así, implementaron el sistema informático para que todos, tanto los usuarios como las autoridades, tengan acceso y puedan controlar que los trámites se hagan en tiempo y forma.
Con estos cambios también evitaron las especulaciones y hasta posibles actos de corrupción en el proceso de la concesión de licencias ambientales y otras autorizaciones ya que los trabajos se distribuyen aleatoriamente.
El sistema además incorporó el pago electrónico con lo que los usuarios ya no necesitan trasladarse hasta la oficina para cumplir con los requerimientos.
Direcciones
El MADES tiene 5 direcciones generales:
Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales.
Dirección General de Gestión Ambiental.
Dirección General del Aire.
Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad.
Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos.
Todas estas dependencias tienen la misión de garantizar el equilibrio entre la producción, la industria, el desarrollo económico y un ambiente saludable a toda la población. De ahí la necesidad de los recursos necesarios para su buen funcionamiento.
Julio Verthe, director financiero del MADES.
Sin embargo, ya lleva muchos años marchando solamente con 14 fiscalizadores para controlar el cumplimiento de todas las áreas que le compete al ministerio y 57 guardaparques para cuidar 2 millones, seiscientos hectáreas de bosques de las áreas protegidas.
Todos asumen de la consecuencia negativa de esta situación, pero el presupuesto no les permite la contratación de más personal técnico para cumplir la tarea de control. «tenemos todo preparado para abrir los concursos y contratar a los técnicos, químicos, ingenieros hídricos, seguridad, especialistas ambientales pero las limitaciones a los ministerios no nos permiten», remarca el director financiero.
Solo para dimensionar la falencia se debe comparar que, para custodiar 2 millones seiscientos mil hectáreas, el MADES cuenta con 57 guardaparques –muchos en período de jubilación-, lo que equivale a 1 guardia por cada 10 mil hectáreas. Los organismos internacionales recomiendan 1 guardia por cada 500 hectáreas, es decir, se necesita por lo menos 5 mil guardias.
Presupuesto
El presupuesto del MADES del 2020 gira alrededor de 54 mil millones de guaraníes. Solo si se compara con la gobernación de Central que maneja aproximadamente de 155 mil millones de guaraníes, la diferencia es 100 mil millones de guaraníes más, guardando la gran diferencia de responsabilidades.
Nora Paez, técnica de la Dirección Nacional de Cambios Climáticos.
De los 54 mil millones de guaraníes el Tesoro Público (M.H.), Fuente 10 provee el 58% que afecta directamente a salarios, y el 42% son cubiertas por recaudación propia (tasas, multas y otros).
Considerando las alianzas y acuerdos de cooperaciones con organismos internacionales, gran parte del funcionamiento del MADES se debe a esos recursos provenientes del exterior. No obstante, como las donaciones están sujetas a programas específicos no pueden disponer, por ejemplo, para contratación de personal técnico.
Logística
Atendiendo que los análisis y las licencias que otorgan desde el MADES constituyen herramientas claves para mover la economía se entiende que debería contar con los instrumentos tecnológicos apropiados. Sin embargo, el ministerio no cuenta más que con 27 vehículos en funcionamiento, un drone a disposición del equipo de comunicación y, últimamente, algunos que otros GoPro para las fiscalizaciones.
Sabiendo que gran parte de las reservas son utilizadas por los delincuentes para las plantaciones de marihuanas y hasta para industrializar la droga, por lo mínimo, el MADES debería contar con aparatos sofisticados para el control. Estamos en la Semana del Medio Ambiente y de seguro muchos hablarán de la importancia de proteger nuestra riqueza natural, pero mientras no somos conscientes proveer a los organismos de control las herramientas necesarias para cumplir con su misión, el futuro de nuestros recursos naturales es cada vez más sombrío.
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) brindará hoy charlas virtuales en el marco de la Semana del Ambiente, con el objetivo de exponer la postura y acciones del país con relación al cambio climático.
En ese sentido, a las 10:00 horas, realizarán el webinar “Acción climática en Paraguay”; mientras que a las 13:30 se desarrollará como tema “Situación actual y oportunidades de la restauración ecológica como mecanismo de mitigación al cambio climático”.
El mandatario acusó a la Organización Mundial para la Salud de haber gestionado mal la emergencia sanitaria del coronavirus al creer en exceso las informaciones aportadas por China.
«Hoy, romperemos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud», anunció Trump en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca, en la que no aceptó preguntas.
La semana pasada Trump emplazó 30 días al organismo a realizar reformas o de lo contrario cortaría los fondos permanentemente. Sin embargo, anticipadamente, el viernes 29 de mayo anunció la ruptura de la relación con la OMS. “Se ha negado a actuar y a acometer las reformas solicitadas” aseguró.
El aporte de EE.UU. al organismo supone entre 400 y 500 millones de dólares anuales. Un 15% de presupuesto total del organismo, indicó la Agencia de noticias EFE.
La disposición ocurrió después de que twitter haya notificado por primera vez una publicación de Trump. La notificación de verificación de hechos muestra un signo de exclamación azul en el tuit instando a los lectores a obtener mayor información al respecto.
Donald Trump firmó el jueves 28 de mayo una orden ejecutiva contra la censura de las compañías de redes sociales. Le medida busca eliminar el amparo de responsabilidad legal si las compañías de redes sociales deciden censurar o editar el contenido.
El mandatario argumentó que las empresas tienen un “poder incontrolado para la censura” y se refirió a los gigantes tecnológicos como “equivalentes a un monopolio”.
“Estamos aquí hoy para defender la libertad de expresión de uno de los mayores peligros” expreso Trump durante la firma del decreto en la Casa Blanca. “Estamos hartos de eso”, dijo.
La orden no deroga la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, pero la Administración evalúa una ley adicional que complemente la medida presidencial, informó RT en español.
Foto: Reuters. Alberto Fernández, Presidente de Argentina
El Gobierno anunció este lunes la extensión del plazo para alcanzar un acuerdo con los acreedores de la deuda externa hasta el 12 de junio, el plazo vencía el 2 de junio informó la agencia Télam.
El monto que la Casa Rosada busca renegociar con los acreedores es de US$ 66.300 millones en bonos de deuda.
El Ministerio de Economía argentino informó que “se encuentra evaluando la posibilidad de introducir ajustes adicionales” a la propuesta inicial “con el objetivo de maximizar el apoyo de los inversores, sin dejar de preservar al mismo tiempo sus objetivos de sostenibilidad de la deuda”, en un comunicado.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado en el que consideró “consistente” la oferta del Gobierno argentino. «El análisis del personal técnico demuestra que la propuesta revisada de reestructuración de la deuda de las autoridades argentinas sería consistente con el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad», manifestó el FMI.
Fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), intervinieron una cantera de tierra y piedra, ubicada en la ciudad de Luque, ya que en el lugar se realizaban trabajos de excavación y nivelación, sin contar con Declaración de Impacto Ambiental, documento imprescindible para cualquier trabajo de movimiento de suelo.
Foto: Gentileza MADES.
Según el informe de los técnicos del MADES, en el lugar se constató la explotación de una cantera de tierra y piedra de una superficie de 6.200 m2 aproximadamente, supuestamente para nivelación del terreno. La tierra excedente está siendo comercializada. También se observó la explotación de piedras “Areniscas Columnares”, similares a las que se encuentran en las áreas protegidas de Cerro Coi y Chorori.
La propiedad linda con viviendas habitadas correspondientes a la Compañía Maramburé de la ciudad de Luque y además no contaba con permiso de la Municipalidad de Luque, según constataron los propios funcionarios de la comuna quienes acompañaron el procedimiento.
Según el informe del MADES, el recorrido por el lugar se realizó con acompañamiento del propietario, el cual fue notificado por trasgredir la Ley N° 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”. La intervención fue acompañada también por efectivos de la Policía Nacional.
Representantes del Ministerio de Salud y de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) continuaron las visitas de verificación a establecimientos hoteleros del interior del país que podrían sumarse al proyecto «Hotel Salud», y alojar a connacionales retornados del exterior para que cumplan la cuarentena obligatoria.
Foto: Agencia IP.
El programa «Hotel Salud» cuenta actualmente con 25 hoteles disponibles para los compatriotas provenientes del exterior y que deben hacer una cuarentena de 14 días para evitar la propagación comunitaria de covid-19. La mayoría de los casos de la enfermedad registrados en Paraguay corresponde a casos importados del extranjero.
Los alojamientos adheridos al proyecto Hotel Salud se encuentran distribuidos en Asunción, Gran Asunción, Ciudad del Este, Hernandarias, Encarnación, Concepción y Salto del Guairá. Los mismos, tienen disponibles un total de 1.417 habitaciones, de las cuales 474 están ocupadas y 943 ya están dispuestas para los connacionales que llegan al país desde todas partes del mundo.
La habilitación de hoteles para el cumplimiento de la cuarentena sirvió para la reactivación del sector hotelero, parado desde inicios de la crisis ocasionada por la covid-19.
El hospedaje es costeado por el usuario, y para ello, los hoteles disponen de tarifas sociales acordes a las comodidades que ofrece cada uno, que incluyen desayuno, almuerzo, merienda y cena; así como servicio opcional el lavado de prendas de vestir.
Para cumplir la cuarentena en hoteles, los paraguayos que vayan a regresar del extranjero deben realizar las gestiones a través de los consulados en el país desde donde están residiendo. Estas oficinas diplomáticas cuentan con toda la información y el contacto directo para las reservas pertinentes.
El Vaticano dispuso en la fecha una normativa de compras centradas en la «transparencia, centralización y competencia», lo que implicará que la Santa Sede dejará de comprar a empresas y personas que residan en paraísos fiscales.
Foto: Agencia IP.
Según la agencia Télam de Argentina, el decreto del Papa Francisco busca “permitir una gestión más eficaz de los recursos”, por lo cual el Vicario de Cristo, emitió un conjunto de reglas destinadas a promover la transparencia, el control y la competencia en adjudicación de contratos públicos celebrados en nombre de la Santa Sede y la Ciudad de Vaticano.
La legislación refiere que serán excluidos de las compras los proveedores «residentes o establecidos en Estados o territorios con regímenes fiscales preferenciales según lo dispuesto por las instituciones internacionales, de acuerdo a lo definido por la secretaría para la Economía, o si tienen participación directa o indirecta de sujetos residentes o establecido en los Estados o territorios antes mencionados».
Esta legislación se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y sustituye y reemplaza a todas las normas sobre la materia vigentes en modo disperso entre la Administración Patrimonial de la Sede Apostólica (APSA) y la Gobernación del Vaticano, y será válida para todos los entes de la Santa Sede.
El fin de la nueva norma es el uso sostenible de los fondos internos, así como la transparencia de los procesos de adjudicación, según plantea el artículo 1.
El artículo 5 de la nueva ley plantea la búsqueda de la «eticidad en el orientamiento de las elecciones económicas y de los interlocutores sobre parámetros de respeto de la Doctrina Social de la Iglesia».
El decreto también puntualiza la importancia de evitar «conflictos de intereses», para lo que se adoptarán medidas para «evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la paridad de tratamiento a todos los operadores económicos» oferentes de bienes y servicios a la Santa Sede.
Además de por la residencia en paraísos fiscales, el elenco de prestadores de la Santa Sede excluirá a los operadores que en el momento estén siendo investigados o tengan condenas de primer grado por participación en organizaciones criminales, corrupción, fraude o delitos terroristas, por lavado o por explotación de menores.
Habrá, además, una lista de precios de referencia para los bienes y servicios que el Vaticano busque contratar. Las compras, que buscarán ser planificadas hasta el 31 de octubre de cada año, serán supervisadas por un cuerpo de peritos formado por empleados del Vaticano.
A través de un convenio, La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) intercambiarán información técnica sobre las empresas que postulen a las contrataciones del Estado.
Foto: Gentileza DNCP.
Si bien se reservarán los datos que por ley son confidenciales, existen otros como los estadísticos por rubro de comercialización y precios de referencia obtenidos mediante los datos tributarios, entre otros, que podrán ser intercambiados mediante el convenio.
El director de la DNCP, Pablo Seitz, explicó que la institución a su cargo cuenta con datos estadísticos sumamente importantes en materia de tributaria como por ejemplo poder saber o presumir cuánto es lo que por sector podría llegar a tener una empresa de renta. «Ese es un elemento muy importante cuando hablamos de los márgenes de ganancia que componen los precios de referencia», explicó.
Agregó que sería importante también saber cuáles son los precios de referencia del mercado. «Todo el tiempo estamos buscando que las compras públicas se aproximen más en eficiencia y en costos al mercado privado», sostuvo.
En ese sentido, refirió que que la mayor base de datos legítima y válida del mercado privado se encuentran en Tributación. «Entonces sin afectar absolutamente en nada a la confidencialidad de la información tributaria a nivel de clasificación por rubro podemos llegar a hacer trabajos muy importantes», manifestó.
Seitz manifestó que la DNCP ya cuenta con información casi al 100% disponible para la ciudadanía y que lo que se pretende con esta iniciativa es “contar con una base y herramienta tecnológica que permitirá investigar cuál es el dato que necesita cada una de las autoridades públicas relacionadas al mundo compras públicas para que así logren trabajar más eficientemente”.
Aclaró que no es lo mismo contar con una resolución firmada y escaneada en el portal de la DNCP que contar con el mismo documento, pero con el desglose estructurado de cada uno de los elementos de esa resolución sea un dato preciso para cada una de las instituciones del Estado.
«Es una cuestión que ya entra a hilar muy fino lo tecnológico y lo informático, pero es exactamente el lugar donde las instituciones deben trabajar, en lo fino en la puntada milimétrica de lo informático para detectar una operación que podría llegar a repercutir en una gran irregularidad en los distintos sistemas de la administración pública», explicó.
Asimismo, refirió que se debe enseñar al sistema a detectar anomalías y “trabajar en inteligencia artificial” y este tipo de convenio marcan los primeros pasos hacía esa modalidad de actividad administrativa.
Por su parte, el viceministro de Tributación, Oscar Orué manifestó que el convenio servirá para que ambas instituciones intercambien información y que esa información sea “mucho más utilizable” de manera preestablecida en parámetros y de manera directa.
