El informe de conclusión del artículo IV del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Paraguay, cuya misión culminó a finales de junio y cuyo directorio ratificó recientemente, traza un mapa amplio de las reformas pendientes, en curso y ya concretadas en el país. El documento técnico repasa el estado de las finanzas públicas, la recaudación tributaria, la calidad del gasto, el sistema previsional, el sector financiero, la propiedad privada, la lucha contra el lavado de activos, la matriz energética y la integridad pública, y advierte que persisten desafíos estructurales como la informalidad laboral, las debilidades en la gestión de las finanzas públicas y la exposición del país a shocks climáticos.
Una consolidación fiscal que se posterga hasta 2028
El personal técnico del FMI reconoce que el proceso de consolidación fiscal continúa, aunque con un ritmo más lento del previsto. El compromiso de retornar en 2026 al límite de 1,5% del PIB que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) fue calificado como parcialmente cumplido, ya que ese objetivo recién se alcanzaría en 2028. Para este año, el organismo proyecta que el déficit fiscal se ubicará en 3,5% del PIB, una cifra que supera tanto la meta original del plan de convergencia como la estimación de 3,2% manejada últimamente por las autoridades económicas paraguayas.
Detrás de esa desviación, el Fondo identifica tres factores: la regularización solo parcial de los atrasos acumulados con proveedores, un desempeño más débil de la recaudación asociado a la apreciación del guaraní, y un mayor gasto en el sector salud.
Las deudas declaradas con el sector proveedor resultan significativas. Las obligaciones pendientes con empresas farmacéuticas rondan los USD 1.000 millones, un monto equivalente al 1,6% del PIB, mientras que la deuda acumulada con empresas constructoras se ubica cerca de los USD 300 millones, es decir, 0,5% del PIB. Durante 2026, el Gobierno logró regularizar unos USD 320 millones de estos compromisos. El personal técnico advierte que las falencias en la gestión de las finanzas públicas que originaron estos atrasos ponen en riesgo tanto la credibilidad de la política fiscal como la culminación del proceso de consolidación.
El llamado a mejorar la recaudación y transparentar los pagos atrasados
Para el FMI, recuperar el sendero fiscal exige redoblar la movilización de ingresos tributarios. El organismo recomienda ampliar la base impositiva mediante una mayor cobertura de la facturación electrónica, un cumplimiento tributario más sólido apoyado en el marco de gestión del riesgo, y la continuidad de los esfuerzos de formalización de la economía. Según sus proyecciones, el conjunto de estas medidas podría generar recursos adicionales equivalentes a 1,2 puntos porcentuales del PIB en el mediano plazo, aunque advierte que ese resultado se irá logrando de manera gradual.
Las autoridades, por su parte, trasladaron al organismo que no contemplan modificar las tasas nominales de los impuestos, sino concentrar los esfuerzos en mejorar el cumplimiento y revisar los regímenes tributarios especiales, que el FMI considera que ameritan una revisión permanente.
En paralelo, el informe insiste en la necesidad de divulgar públicamente un plan para saldar los atrasos con proveedores y de fortalecer la gestión financiera del Estado, coordinando mejor la planificación presupuestaria con el manejo de los flujos de caja. Entre las herramientas mencionadas figura la implementación plena del Sistema Integrado de Gestión de Bienes y Servicios (Sigebys) del Ministerio de Economía y Finanzas, así como su interoperabilidad con los sistemas de control de gasto de los distintos ministerios. El Fondo también recomienda avanzar hacia el registro del gasto público en base devengada, lo que reduciría el desfase entre la entrega efectiva de bienes y servicios y su reflejo en las cuentas fiscales.
Gasto público: reforma del servicio civil y avances parciales en eficiencia
La mejora en la calidad del gasto figura como una recomendación «implementada parcialmente y en curso». El informe destaca el despliegue gradual del Sigebys —que incorpora la precertificación de disponibilidad presupuestaria—, la aplicación progresiva de la reforma del servicio civil promulgada en enero de 2025, la actualización del marco legal de asociaciones público-privadas y el fortalecimiento de la gestión de inversiones a través del EGIP-C.
La reforma de la función pública, señala el organismo, ya establece reglas claras de ascenso profesional, garantiza que la contratación se base en el mérito y promueve evaluaciones más objetivas dentro de las instituciones estatales. Con el respaldo del programa de fortalecimiento de capacidades del FMI, las autoridades trabajan además en una escala salarial que contemple responsabilidades, competencias y experiencia, aunque el Fondo recomienda aplicar los ajustes de forma gradual para mantener contenida la masa salarial.
Salud: un sistema de información que cubre el 80% de los centros asistenciales
En el área sanitaria, el reporte destaca avances en el sistema de información en salud, que actualmente alcanza al 80% de los centros de salud del país. Su expansión, según el documento, permitirá reforzar la gestión de compra de medicamentos. También se registra la incorporación de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud al esquema de trabajo del Sigebys, lo que incluye la adopción de contratos farmacéuticos de menor duración.
Pensiones: la reforma de la Caja Fiscal, un paso positivo pero insuficiente
El sistema previsional paraguayo requiere, según el FMI, una supervisión y una regulación más estrictas, además de ajustes paramétricos a mediano plazo. La recomendación estructural en esta área aparece como «implementada parcialmente»: ya fue creada y entró parcialmente en funcionamiento la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, y se aprobaron las leyes de reforma tanto del sistema de pensiones privado como de la Caja Fiscal.
Sobre esta última reforma, el organismo la calificó como un paso positivo, aunque insistió en que serán necesarias nuevas medidas en el mediano plazo. Se estima que la reforma logrará estabilizar la carga presupuestaria generada por los fondos de pensiones en un rango de entre 0,6% y 0,7% del PIB. Entre los cambios introducidos figuran la incorporación de edades mínimas de jubilación en sectores que antes carecían de ellas, la extensión de los períodos mínimos de cotización y el incremento de la tasa de aporte del 16% al 19% en los sectores con mayor déficit. A esto se suma que, desde mediados de 2026, los empleados contractuales del Estado comenzaron a cotizar al sistema público de pensiones, lo que aliviará en el corto plazo la presión presupuestaria. Pese a ello, el Fondo sostiene que a mediano plazo podrían requerirse nuevas reformas, en el marco de una revisión integral de los regímenes previsionales tanto públicos como privados.
Propiedad, catastro y garantías: avances dispares
En materia de derechos de propiedad, el informe destaca como «implementada» la puesta en marcha del Registro Unificado Nacional (RUN), que entró en funcionamiento en 2026 con el objetivo de reforzar la integridad del catastro. En cambio, la reforma de garantías mobiliarias figura como «parcialmente implementada», mientras que la reforma del régimen de insolvencia quedó calificada como «no implementada», tras haber sido postergada para dar prioridad a otras iniciativas.
Sistema financiero, mercado de capitales y prevención del lavado de activos
El documento recoge el compromiso de las autoridades de monitorear la evolución del crédito al consumo y de avanzar en el desarrollo de herramientas macroprudenciales, además de seguir impulsando el mercado de capitales doméstico. También se plantea la necesidad de dotar de autonomía presupuestaria a la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y de continuar reforzando su capacidad de supervisión sobre las inversiones de los fondos previsionales.
En el frente de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el FMI valora la incorporación de herramientas de supervisión basada en riesgos y el fortalecimiento operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en momentos en que se preparan modificaciones a la Ley 1015. El personal técnico recomienda, además, aprobar la actualización pendiente de la Evaluación Nacional de Riesgos —que aún se encuentra en fase de elaboración de un plan de acción—, corregir con celeridad las debilidades detectadas, revisar de forma integral la regulación sectorial y asegurar recursos suficientes para las instituciones responsables.
Energía e infraestructura: la apuesta de ANDE por la generación renovable
El informe también repasa el avance de reformas vinculadas a la productividad, la inversión privada y la infraestructura energética. Destaca que la Ley 7599 habilita la inversión privada en generación eléctrica renovable no hidroeléctrica, en un contexto en el que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ya inició el proceso de contratación de la primera planta solar de gran escala del país. A esto se suma la Ley 7617, orientada a modernizar y electrificar el transporte público.
En cuanto a la infraestructura de carga eléctrica, el país cuenta actualmente con ocho estaciones, utilizadas por 30 buses eléctricos públicos y 40 privados, y ANDE prevé sumar otras 30 estaciones a nivel nacional durante 2027. En el plano operativo, la estatal eléctrica registró en mayo pérdidas de transmisión de 4,4%, por debajo de la meta de 5,1% fijada para 2026, mientras que las pérdidas de distribución se ubicaron en 19,58%, levemente por encima de la meta de 19,2%.
Resiliencia climática, integridad pública y desafíos pendientes
El Fondo subraya que Paraguay sigue expuesto a shocks climáticos y necesita reforzar su resiliencia frente a desastres naturales, aunque destaca que la baja dependencia de combustibles fósiles constituye una protección ante los shocks energéticos, de allí la relevancia de preservar y ampliar la matriz eléctrica renovable.
En integridad pública, el informe califica como «implementada y en curso» la agenda de gobernanza anticorrupción. Entre los avances mencionados figuran la puesta en marcha del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, un Portal de Denuncias Ciudadanas con mecanismos de protección de datos, un sistema para contrastar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y un sitio web habilitado para denunciar hechos de corrupción, que permite iniciar investigaciones administrativas. También se desarrolla, con apoyo del BID, un estudio de integridad pública orientado a construir un plan de acción alineado con los estándares de la OCDE.
Pese a estos avances, el personal técnico insiste en que persisten la elevada informalidad laboral, las debilidades en la gestión de las finanzas públicas y la vulnerabilidad frente a los shocks climáticos, por lo que mantiene entre las reformas estructurales pendientes la agenda de productividad, diversificación y crecimiento inclusivo.
Crecimiento económico: Paraguay cerraría 2026 con una expansión de 4,4%
En el plano macroeconómico, el FMI proyecta que Paraguay cerrará 2026 con un crecimiento de 4,4%, para luego moderarse en el mediano plazo hacia su nivel potencial de 3,8%. El organismo destacó además el «sólido desempeño macroeconómico» del país, que el año pasado registró una expansión de 6,6%, impulsada por el buen desempeño de los sectores de servicios, manufactura, agricultura, construcción y distribución energética.
Como referencia adicional sobre la presión fiscal futura, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 contempla un incremento del 20% en las transferencias destinadas a la Caja Fiscal, un dato que refleja la magnitud del desafío previsional que enfrenta el país en los próximos años.
