El caso contra el club inglés pone en juego un patrimonio valuado en miles de millones de euros, la credibilidad regulatoria de la Premier League y la relación comercial entre Reino Unido y Abu Dabi.
Un fallo que redefine las reglas del negocio del fútbol
La Premier League atraviesa una de las semanas más delicadas de su historia comercial. Una comisión independiente declaró culpable al Manchester City de 114 de los 115 cargos presentados por incumplir las normas financieras de la competencia. Los hechos abarcan nueve temporadas, entre 2009/10 y 2017/18. Además, la comisión consideró probada la mayor parte de las imputaciones por falta de cooperación con la investigación.
La liga calificó el dictamen como el más trascendente de su trayectoria. La razón no es solo deportiva: estamos ante la validación formal de que un club puede haber manipulado sus cuentas para competir con una ventaja que el resto del mercado no tenía. Para una industria que factura miles de millones por derechos televisivos, patrocinios y mercado de pases, la integridad de los balances es un activo tan importante como los goles.
Ingresos inflados y gastos maquillados
El núcleo de la acusación es contable. Según la comisión, el club utilizó contratos comerciales que no reflejaban los acuerdos reales con patrocinadores y terceros. Esa ingeniería permitía aumentar artificialmente los ingresos declarados y reducir los gastos operativos que figuraban en los balances.
Las cifras que circulan dimensionan el problema. De unos 1.118 millones de euros contabilizados como patrocinios de empresas de Abu Dabi, vinculadas directa o indirectamente a los propietarios, apenas alrededor de 150 millones habrían sido pagados por patrocinadores genuinos. Los cerca de 900 millones restantes habrían sido aportados por el Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ADUG), el vehículo de capital riesgo con el que se adquirió el club. Su dueño es el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, integrante de la familia real emiratí y vicepresidente del país.
En términos económicos, la acusación equivale a presentar como ingreso de mercado lo que en realidad habría sido capital del propietario. Ese dinero, disfrazado de ingreso comercial, permitía cumplir las reglas de sostenibilidad que limitan el gasto de los clubes según lo que generan.
Una ventaja competitiva medida en fichajes y títulos
El efecto práctico de esa inyección fue una capacidad de compra fuera de escala. Según las estimaciones de un portal especializado en el mercado de transferencias, el City invirtió unos 1.190 millones de euros en refuerzos durante el período, casi el doble de los 612 millones del Barcelona, el segundo club en ese ranking.
Esa potencia financiera coincidió con una etapa de éxitos domésticos: tres títulos de la Premier League con tres entrenadores distintos, además de varias Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield, según el recuento. Por eso, varios clubes ingleses observan el proceso con atención. De confirmarse la sanción, podrían reclamar compensaciones deportivas, como la reasignación de trofeos, y económicas por competencia desleal.
Qué castigos están sobre la mesa
La Premier League contempla diez sanciones posibles, que van de una simple advertencia formal a la expulsión de la competencia. La lista incluye multas, quita retroactiva de puntos, restricciones al número de jugadores inscriptos en torneos de la UEFA, prohibición de incorporar futbolistas para esas competiciones, descalificación o exclusión de torneos continentales, retiro de títulos y descenso de categoría. Esta última opción procede cuando el club es hallado culpable de al menos la mitad de los cargos, un umbral que el City superó con holgura.
El escenario más probable, según lo que trasciende, no es una expulsión que lo mande a la cuarta categoría. Eso crearía un problema inédito para la Premier League y la English Football League, y obligaría a anular los resultados ya obtenidos si se aplicara en plena temporada. La alternativa que gana terreno es una deducción de puntos lo bastante grande como para provocar el descenso a la Championship, acompañada de una multa elevada. Incluso podría sumarse una segunda quita que prolongue su permanencia en la segunda división al menos un año más. La EFL no estaría obligada a aceptar una sanción dictada por otro organismo, aunque se estima que lo haría.
El calendario: apelación y fallo definitivo
La investigación se inició en diciembre de 2018, tras la filtración de documentos financieros del club a un medio alemán. La liga presentó la denuncia formal en febrero de 2023 y la audiencia se extendió durante 42 días, hasta diciembre de 2024. El veredicto de culpabilidad llegó recién a fines de septiembre de 2026, y la pena aún no fue fijada.
El club presentó una apelación en la que alega errores de derecho en el procedimiento y busca evitar el castigo deportivo, o al menos convertirlo en una sanción puramente monetaria. Una nueva audiencia de la comisión deberá resolver, y no se espera una definición antes de fines de enero. La liga pretendería comunicar la pena antes de conocer el resultado de la apelación, lo que mantiene la incertidumbre sobre la clasificación de la temporada en curso.
El precedente de 2020 y la cautela que impone
Los antecedentes aconsejan prudencia. Hace seis años, la UEFA sancionó al City con dos años de exclusión de las copas europeas y una multa de 30 millones de euros. El club recurrió ante el Tribunal Arbitral del Deporte, que entendió que las acusaciones sobre patrocinios inflados no estaban suficientemente probadas y redujo la multa a 10 millones. En 2014, el club ya había recibido una sanción de 60 millones de euros y una reducción del plantel que podía inscribir en la Champions League.
La diferencia ahora es el ámbito: se trata de una comisión de la propia liga, con un expediente construido durante años y una declaración de culpabilidad casi total.
Un club en su mejor momento deportivo y en su peor frente legal
La paradoja es llamativa. El equipo, ahora dirigido por Enzo Maresca tras la salida de Pep Guardiola después de una década, ganó sus primeros siete partidos de la temporada y lidera en solitario la tabla. Durante el último mercado de pases incorporó a Enzo Fernández por 145 millones de euros, la cifra más alta de su historia.
Un descenso por quita de puntos alteraría la valuación de esa plantilla, los contratos comerciales y los ingresos por derechos de transmisión. Una caída a la segunda división implica una reducción drástica de ingresos televisivos y la pérdida del atractivo para patrocinadores y futbolistas de primer nivel. El rendimiento del plantel podría verse afectado si figuras clave deciden replantear su futuro.
Propiedad en el centro: ¿quién respalda al club?
La eventual continuidad de los actuales dueños también está en cuestión. Si la apelación fracasa, la permanencia del jeque Mansour y de ADUG quedaría bajo escrutinio, lo que presiona al Regulador Independiente del Fútbol, presidido por David Kogan, sobre cuyo margen de intervención en la gestión de los clubes existen dudas.
Una salida de los propietarios abriría un interrogante financiero. El club sostiene que recibe cientos de millones de ingresos procedentes directamente del Gobierno de Abu Dabi, y no está claro que otro comprador pudiera sostener esa estructura con una marca dañada.
El negocio del propietario ha sido, no obstante, extraordinariamente rentable. ADUG adquirió el club en 2008 por unos 200 millones de euros, y hoy su valor ronda los 4.500 millones. Esa revalorización explica por qué la defensa institucional es férrea: el presidente, Khaldoon al-Mubarak, afirmó públicamente que no darán oportunidad a quienes quieren socavar el momento del club.
Intereses cruzados entre la inversión extranjera y diplomacia económica
El caso trasciende el deporte. Según trascendió, el presidente del club se reunió en Downing Street con el secretario de Comercio británico, y se habría advertido que Emiratos Árabes Unidos podría retirar una inversión de miles de millones de euros en el corredor tecnológico Oxford-Cambridge si la liga castiga al City. Se trata de versiones periodísticas, no de hechos confirmados oficialmente.
Existe además un vínculo local. El primer ministro, Andy Burnham, fue hasta junio alcalde de Manchester, ciudad donde ADUG y el Ayuntamiento crearon una sociedad inmobiliaria con más de 1.000 millones de euros en fondos para desarrollar terrenos y construir viviendas en zonas deprimidas. Una sanción ejemplar podría, entonces, tensionar proyectos de inversión extranjera directa y desarrollo urbano que van mucho más allá de la pelota.
El caso Chelsea: ¿vara distinta para otros infractores?
El fallo reavivó el debate sobre la coherencia regulatoria. El empresario y expdirigente Simon Jordan sostiene que el Chelsea fue un infractor más grave que el City y que recibió menos reproche público. Su argumento es cronológico: el Chelsea ya estaba consolidado cuando la liga endureció las reglas de gasto, y aun así siguió incumpliendo años después, mientras que el City, que llegó más tarde, habría recurrido a artificios para abrirse paso en un mercado cerrado.
Los hechos del Chelsea corresponden a la era de Roman Abramovich, que comenzó en 2003 y dejó 21 títulos importantes. Los actuales propietarios, el consorcio BlueCo, informaron voluntariamente pagos no declarados por 47,5 millones de libras, canalizados a través de terceros entre 2011 y 2018 y vinculados a operaciones de futbolistas como Eden Hazard, Willian y Nemanja Matic. La sanción fue una multa de unos 10 millones de libras y una prohibición de fichar durante un año, suspendida mientras no haya reincidencia. A ello se sumaron una restricción de nueve meses para incorporar jóvenes a la cantera y una multa de 750.000 libras por irregularidades en el registro de juveniles.
La liga determinó que el Chelsea habría cumplido las reglas de rentabilidad y sostenibilidad aun si los pagos se hubieran declarado, y la autodenuncia atenuó la pena. Esa diferencia en la cooperación es, precisamente, lo que separa ambos casos desde el punto de vista regulatorio.
Otros antecedentes europeos
El caso del City se inscribe en una lista de clubes sancionados por vulnerar las reglas de equilibrio financiero:
- París Saint-Germain (2014): multa de 60 millones de euros y reducción de 25 a 21 jugadores inscribibles en la Champions League.
- AC Milan: además de la deducción de puntos por el escándalo del Calciopoli en 2006, fue excluido de la Europa League 2019-20 por incumplir la sostenibilidad financiera, en un período marcado por una gestión deficiente bajo propietarios chinos.
- Barcelona (2025): multa de hasta 60 millones de euros por irregularidades en las operaciones de 2023 y 2024; 15 millones se abonaron de inmediato y los 45 restantes se negociaron en los dos mercados de pases siguientes.
La comparación muestra que, hasta ahora, la mayoría de las sanciones fueron económicas o limitaron la inscripción de jugadores. Una quita de puntos que conduzca al descenso por irregularidades contables sería un salto cualitativo.
Lo que está en juego para el modelo de negocio del fútbol
El desenlace marcará un precedente sobre cuánto puede tolerar la industria que los propietarios con respaldo estatal o patrimonial extraordinario influyan en los resultados deportivos. Si la sanción se confirma, el mensaje a inversores, patrocinadores y socios comerciales será que las reglas de sostenibilidad pueden aplicarse con consecuencias severas incluso a clubes de enorme valor. Si la apelación prospera y la pena se reduce a una multa, se reforzará la idea de que, para los grandes grupos inversores, el costo de infringir las normas es manejable.
En cualquier caso, la incertidumbre se prolongará al menos hasta fines de enero, y con ella la tensión sobre la clasificación, el valor de los activos del club y las relaciones económicas que lo rodean.
