El gremio empresarial responde a iniciativas legislativas que buscan reducir los fondos destinados a estudios, diseños, supervisión y fiscalización de proyectos de infraestructura
La Cámara Paraguaya de Consultores (CPC) emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que expresa su inquietud frente a proyectos impulsados desde el Congreso Nacional que apuntarían a recortar o debilitar el financiamiento destinado a la consultoría de ingeniería en obras estatales. El pronunciamiento, difundido junto al respaldo institucional de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) y de la Federación Panamericana de Consultores, plantea que este tipo de recortes podría traducirse en un perjuicio económico mayor al que se busca evitar.
Un servicio que el gremio define como estructural, no accesorio
En el corazón del documento se encuentra un argumento central: la consultoría de ingeniería —que incluye estudios previos, diseño de proyectos, supervisión de obra y fiscalización— no debe entenderse como un rubro prescindible dentro del gasto público. Según sostiene la CPC, se trata de una herramienta técnica indispensable para garantizar que las inversiones del Estado se ejecuten de forma eficiente, transparente y sostenible en el tiempo.
El gremio advierte que intentar generar ahorros fiscales eliminando o reduciendo estas partidas podría producir el efecto contrario al buscado. Entre los riesgos que enumera se destacan errores de diseño, deficiencias en la construcción, sobrecostos, ampliaciones de plazo y controversias contractuales, todos ellos factores que históricamente han encarecido las obras públicas en distintos países de la región cuando se prescinde de un control técnico adecuado.
La réplica a Samaniego: prevenir fallas no es un lujo, es ahorro real
El planteamiento adquiere especial relevancia frente a la propuesta de la senadora Lilian Samaniego, quien impulsa recortar USD 81 millones en consultorías para financiar un piso salarial médico de G. 7.000.000 mensuales. La Cámara responde con firmeza y sin confrontación estéril. Comparte la legitimidad del reclamo salarial del sector médico, pero rechaza que la consultoría de ingeniería sea equiparada, sin matices, a un gasto superfluo. El gremio insiste en que esta actividad no es un servicio del que se pueda prescindir como si careciera de utilidad; por el contrario, constituye la instancia técnica que garantiza que cada obra pública responda a un estudio serio, a un diseño correctamente calculado y a una supervisión que anticipe fallas antes de que se materialicen en el terreno.
Eliminarla o reducirla de manera indiscriminada no equivale a liberar recursos ociosos, sino a desmontar una función preventiva cuya ausencia suele pagarse después, y con creces, en forma de sobrecostos, retrasos y obras de menor durabilidad. Tratar dos necesidades legítimas del Estado —salud y control técnico de infraestructura— como si compitieran por la misma bolsa de recursos simplifica un debate que exige distinguir con precisión qué proporción de ese monto corresponde efectivamente a estudios técnicos de obras, y qué proporción a otro tipo de contrataciones, una diferenciación que, hasta el momento, no fue explicitada públicamente.
Rendición de cuentas sin resignar el control técnico
El comunicado no se limita a defender el rol de las consultoras frente a un eventual recorte presupuestario. La CPC también reconoce la necesidad de racionalizar el gasto público y exige que las propias empresas del sector cumplan con estándares profesionales y contractuales exigentes. En ese sentido, el gremio remarca que la actividad debe someterse a controles, evaluaciones y mejoras permanentes.
La distinción que traza la Cámara es clara: una cosa es exigir eficiencia y transparencia en el uso de los recursos destinados a la consultoría, y otra muy distinta es eliminar o debilitar el control técnico que esa consultoría provee sobre las obras de infraestructura.
La pregunta que el gremio instala en el debate público
Más allá del pronunciamiento formal, el comunicado busca reorientar los términos de la discusión legislativa. La CPC plantea que el debate no debería limitarse a cuánto podría ahorrar el Estado si reduce los fondos asignados a la consultoría de obras, sino a una pregunta de mayor alcance: cuánto podría perder el país si ejecuta obras de gran magnitud sin un control técnico suficiente, independiente y oportuno.
Esta reformulación busca trasladar el eje del análisis desde el corto plazo —el ahorro inmediato en una partida presupuestaria— hacia el mediano y largo plazo, donde los costos de una obra mal diseñada o mal supervisada suelen manifestarse en sobrecostos, litigios y obras de menor calidad o vida útil reducida.
El contexto: más infraestructura, pero con mayores exigencias de calidad
El comunicado se enmarca en un escenario en el que Paraguay busca acelerar la ejecución de infraestructura pública, un objetivo que la propia CPC dice compartir. Sin embargo, el gremio insiste en que esa mayor velocidad de ejecución no debe lograrse a expensas de la calidad, la transparencia y la responsabilidad técnica en el manejo de los proyectos.
Esta tensión entre celeridad y rigurosidad técnica es un punto recurrente en los debates sobre gestión de inversión pública en distintos países, especialmente cuando los volúmenes de obra financiados por el Estado crecen y las estructuras de control no logran adaptarse al mismo ritmo.
El llamado final de la Cámara
El comunicado, firmado por la Comisión Directiva de la Cámara Paraguaya de Consultores, cierra con un exhorto directo a las autoridades nacionales y a las instituciones del Estado para que preserven y fortalezcan un sistema de consultoría profesional, independiente y eficiente, proporcional a la magnitud y complejidad que han alcanzado las inversiones públicas en el país.
La conclusión que el gremio busca instalar en la opinión pública es contundente: ejecutar una obra pública sin estudios, diseño y control técnico adecuados no representa un ahorro genuino para el Estado, sino un riesgo financiero y estructural que, en última instancia, terminan asumiendo todos los contribuyentes paraguayos.
