El supermercadismo es un sector que aglutina a gran cantidad de trabajadores. Christian Cieplik, empresario del ámbito, indica que no aceptan a ningún proveedor que no haya registrado a todos sus empleados en IPS.
Dice que es un círculo vicioso no formalizar el empleo con seguro y beneficios, porque incluso se continúa alimentando el contrabando con la informalidad, ya que muchos terminan “hombreando” en el paso de mercaderías en la frontera permeable, sin ganar siquiera el mínimo.
Agrega que las tres principales ciudades del país son fronterizas, con lo que resulta siempre difícil invertir en empresas con trabajos formales, ya que el mercado está inundado de contrabando y así la competencia será siempre tan desleal, y los costos no darán a quienes quieren mantener el negocio cumpliendo con todos los impuestos existentes.
“En los supermercados hay rotación importante, somos formadores de primer empleo, si bien a un costo económico importante, pero lo hacemos a conciencia. Además, hay enseñanza de manualidades, panadería, confitería, rotisería, carnicería y otros”, según indicó el empresario.
Trabajo inscribió a 12.274 nuevos empleados con seguro social y en total están registrados 615.520 trabajadores. La informalidad todavía alcanza al 65% de las personas remuneradas.
Si bien todavía existe alrededor de un 65% del ámbito del empleo en la nebulosa de la informalidad, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) logró este año, hasta agosto, formalizar a 3.750 nuevas empresas, que registraron a 12.274 nuevos trabajadores.
Con esto, ya son 60.303 patronales activas inscriptas, con un total de 615.520 personas que trabajan recibiendo el beneficio médico del Instituto de Previsión Social (IPS) y aportan a la jubilación, según datos oficiales.
De acuerdo con el Decreto 8304, en su artículo Nº 3, se establece que todos los empleadores deben inscribirse en la Dirección de Registro Obrero Patronal del Ministerio de Trabajo, en un plazo máximo de 60 días desde el inicio de la relación laboral.
Según Luis Orué, viceministro de Trabajo, la aspiración de las autoridades del ramo es disminuir un 5% anual la tasa de informalidad, con lo cual al final del mandato actual se debería alcanzar un 25%. Teniendo en cuenta que la informalidad alcanza el 65%, para el final del mandato de Mario Abdo Benítez se estaría bajando a 40% el total de trabajadores del país excluidos del seguro y otros beneficios.
El registro y la formalización de las empresas y trabajadores son siempre auspiciosos, y más en el escenario de desaceleración y hasta recesión económica que experimenta el país en este año.
Además del registro, otra de las acciones desarrolladas por la Dirección de Obrero Patronal es que fiscaliza y controla, ya sea en las rutas (para los conductores) como entrevistas en empresas, para saber quiénes cuentan con el seguro social. También últimamente hubo mucho movimiento al promulgarse la ley que favorece a las empleadas domésticas, según dijo.
“En primer lugar, tuvimos una salida masiva de las domésticas del seguro, pero con las semanas sucesivas fueron migrando de modalidad, ya que salieron del régimen general para insertarse en el parcial. Con eso ya son 2.500 las registradas y casi 4.000 domésticas asesoradas sobre el mismo”, dijo.
El régimen general, según recordó, es el que contempla las 8 horas diarias para acceder al salario mínimo; mientras que el parcial fue establecido por ley y hace alusión a un tiempo de entre 16 a 32 horas semanales, con posibilidad de pagar a destajo.
Dentro del cruce de datos que desarrolla la entidad con el IPS, se había encontrado al iniciar la actual administración un marco de 220.000 personas fuera del sistema de seguridad social y que no estaban computadas aún en el IPS, pero de esas, unas 40.000 ya se pudieron registrar, “porque el IPS no tiene una capacidad de absorber a tanta cantidad de una vez; sino que debe ser paulatino”, explicó.
El incumplimiento de la inscripción en el Registro Obrero Patronal dentro del plazo previsto es pasible de multas de 10 a 30 jornales.
En lo que se refiere al ámbito del empleo, existen 12.507 perfiles cargados en los registros digitales de la cartera de Estado, y 61 empresas en la plataforma Paraempleo, que vincula la oferta con la demanda laboral; mientras que se acumularon ya 44 ferias de empleo impulsadas con el sector privado.
Productores pidieron al mandatario mano dura con los invasores y terminar con los conflictos políticos para trabajar tranquilos. Fue ayer en el lanzamiento de la campaña sojera 2019/2020.
La campaña sojera 2019/2020 inició ayer oficialmente en la ciudad de Obligado, Departamento de Itapúa, con fuertes reclamos y pedidos por parte de productores al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien, al igual que otras autoridades, participó del lanzamiento simbólico de la zafra, desarrollado en el predio de la Agrodinámica Colonias Unidas.
Las críticas por parte de los sojeros fueron lanzadas con relación a la crispación política desatada recientemente por la firma del acta de Itaipú, y la inseguridad existente en el campo con las constantes invasiones de tierras.
Agustín Konrad, presidente de la Cooperativa Colonias Unidas, expresó que lo ocurrido (mala campaña pasada, sus efectos en la economía y la crisis política) sirva como un llamado de atención al Gobierno.
“Eso faltaba realmente, en diciembre cuando vengas (al presidente) a participar de nuestra Agrodinámica, vas a contar la realidad de crecimiento del país, porque la realidad fue que tuvimos 5 a 6 meses de lluvia, no pudimos trabajar y ahora, cuando íbamos a empezar a trabajar, vinieron los problemas políticos. Ojalá que eso ya no suceda porque no le deja a uno trabajar”, dijo.
Por su parte, Eugenio Sholler, titular de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), pidió a Abdo Benítez poner mano dura y firmeza respecto a la seguridad, para que los productores puedan trabajar.
“Hay mucha inseguridad. Queremos plantar más, señor presidente. Pero hay mucha invasión, y ustedes lo saben, hay miles de hectáreas invadidas, que si no se liberan no vamos a producir más grano, ni más carne, leche, ni yerba. Necesitamos seguridad en este país, rutas transitables, necesitamos chacras para cultivar granos, para recaudar, no para mi bolsillo, sino para nuestros bolsillos, para sacar este país adelante”, sostuvo.
Las solicitudes de Sholler fueron replicadas por Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), quien pidió a Marito que las instituciones funcionen, que haya sanción para los invasores de tierras y que, por sobre todo, se hagan cumplir las leyes.
La previsión de la campaña sojera 2019/2020 es llegar a sembrar unas 3.544.000 hectáreas y producir cerca de 10.500.000 toneladas de la oleaginosa.
Sin embargo, los productores mencionaron que están en riesgo unas 100.000 hectáreas por culpa de invasores, que en caso de no ser sembradas estarán repercutiendo en 300.000 toneladas menos de producción y unos USD 84 millones que pueden dejar de ingresar al país a causa de eso.
La anterior campaña 2018/2019 experimentó muy malos resultados debido a la sequía, que repercutió en una producción de tan solo unos 7,850 millones de toneladas, que, a su vez, se tradujo en USD 1.340 millones menos que dejaron de ingresar al país este año.
En ese sentido, los sojeros mencionaron que las expectativas sobre las condiciones climáticas, durante el periodo de esta campaña, son bastantes alentadoras, con lluvias normales desde este mes, sin alerta de sequía e inundaciones.
Paraguay debe seguir apostando al acuerdo Mercosur-UE, a pesar del anuncio hecho desde el Parlamento francés, de que votaría en contra, dijo Carlos Jorge Biedermann, de la CAP.
“El posible rechazo del acuerdo UE- Mercosur siempre fue una posibilidad, porque las partes deben estar totalmente conformes. Se adelantó Francia, pero en realidad no sabemos qué pasará con Argentina”, señaló ayer el presidente de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Carlos Jorge Biedermann. El mismo habló del tema tras una reunión con los economistas Santiago Peña y Carlos Fernández Valdovinos, sobre la coyuntura local y regional.
El líder empresarial comentó que Brasil también tomó posición sobre el acuerdo UE-Mercosur y que, dependiendo de lo que suceda en Argentina, se optará por posturas diferentes en relación al bloque.
“Todos los temas que incluyen a países y que afectan intereses merecen ser atendidos en tiempo y forma, y hay todavía muchas discusiones pendientes, pero tenemos que seguir apostando a la intención”, propuso el representante del gremio de empresarios anunciantes.
Enfatizó que el referido acuerdo aduanero podrá ser muy importante para el desarrollo del Paraguay, porque obligará a mejorar nuestra industria en muchos aspectos, a elevar la competitividad, así como a tener mejores reglas de juego.
“El convenio firmado entre ambos bloques de países nos permitirá acceder a un gran y exigente mercado y si localmente hacemos bien los deberes, podremos atraer muchas inversiones, que impulsarán al país hacia un mayor desarrollo”, indicó.
Recordó que desde el principio se dijo que hay un proceso que se debe ejecutar para concretar el acuerdo y dentro del mismo está Francia, aunque pueden surgir más trabas. “La intención y decisión política para dar vigencia al acuerdo están, resta ver la parte de ejecución”, finalizó.
Por otra parte, el economista Santiago Peña, exministro de Hacienda, señaló que será difícil la ratificación del acuerdo UE-Mercosur, porque luego del bullicio de la firma, surge ahora el anuncio de políticos franceses, de que su parlamento no acompañaría la decisión. “Todo el conflicto internacional en torno al problema ecológico del Amazonas, en Brasil, serían el impedimento para que el Parlamento francés acompañe la ratificación y, además, porque el sector agrícola ganadero de ese país saldría perjudicado”, explicó el especialista.
El asesor económico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), Rubén Ramírez Lezcano, pidió que se respete el tope fiscal del Presupuesto General de la Nación. “Paraguay está reendeudándose cada vez más para pagar deudas, y la capacidad de pago se va reduciendo”, señaló.
Explicó que desde el punto de vista de la recaudación, el PGN está complicado, porque se prevé gastar unos US$ 14.000 millones, mientras que las recaudaciones serán de US$ 5.000 millones. La diferencia se cubrirá vía endeudamiento, acotó.
En doce meses, la diferencia cambiaria observada entre las cotizaciones manejadas por los bancos (mayoristas) y las casas de cambios (minoristas), al momento de vender dólares al público, casi llegó a triplicarse (277% más).
El 4 de setiembre del 2018, las casas de cambios vendieron cada dólar a G. 5.800, mientras que en esa misma fecha, los bancos manejaron un precio promedio de G. 5.831 para la divisa, según datos del BCP, observándose una diferencia de G. 31 (más caro en los bancos).
Sin embargo, ayer, la diferencia entre la cotización manejada por los bancos y la utilizada por las casas de cambios, fue de G. 117 más caro, ya que los bancos vendieron la moneda norteamericana a G. 6.267 y las casas de cambios a G. 6.150, según datos del mercado cambiario local.
“A los importadores nos preocupa que haya una diferencia muy amplia en el tipo de cambio del dólar entre las casas de cambios y los bancos, es una diferencia muy grande. Hace un año aproximadamente que se ve una brecha que cada vez es más grande, entre las cotizaciones de uno y otro”, cuestionó Neri Giménez, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP).
El empresario mencionó que el abuso por parte de los bancos en la cotización del dólar encarece bastante el costo de importación, que posteriormente repercute en el precio final del producto adquirido por el consumidor final.
“Nosotros importamos todo en base a la cotización que manejan los bancos, no a la cotización de las casas de cambios, todo pagamos en base a la cotización del banco, la casa de cambio es prácticamente para turistas. En base a la cotización del banco, además de pagar a nuestros proveedores del exterior; pagamos aranceles, impuestos, entre otros”, dijo.
En ese mismo sentido, Giménez motivó a las autoridades del país, especialmente al ente regulador (el Banco Central del Paraguay) a tener en cuenta este dato, que hoy afecta al sector importador, más con la caída del consumo y la desaceleración económica por la cual atraviesa Paraguay.
“La pregunta del millón es por qué hay esa diferencia entre la cotización de los bancos y las casas de cambios, por qué se tiene que manejar dos cambios para el dólar a nivel país, es como una especie del dólar blue, uno es más caro que otro”, dijo.
El empresario sostuvo que, seguramente, los bancos respaldarán esa diferencia con el costo del traslado del dinero, pero volvió a reiterar que vender un dólar en G. 100 más caro genera un amplio sobrecosto.
El grupo empresarial Shalter Paraguay, juntamente con la industria tomatera Argentina Horvindul de la ciudad de Mendoza, pretenden abrir una industria procesadora de tomate en la zona metropolitana de Asunción y requieren de provisión segura de materia prima de primera calidad para su procesamiento industrial.
Con miras a ese emprendimiento, visitaron esta semana a productores de esta ciudad, para ver el sistema de trabajo de los horticultores, conocer sus dificultades y estudiar la factibilidad del proyecto.
Los empresarios pretenden proveer de semillas e insumos a los productores de esta localidad y, en contrapartida piden a los labriegos suministrar tomates para el procesamiento industrial.
El empresario Walter Gwynn indicó que pese a que el proyecto es muy incipiente, es de corto plazo. Dijo que el primer paso sería demostrar a los horticultores que en una hectárea pueden obtener mayor producción, mejorando la forma de cultivo con las plantaciones de otras variedades. Añadió que el objetivo es que tanto productores como industriales saquen ganancias en el sistema de trabajo y que ambos deben poner de su parte.
El agricultor Abel Brítez dijo que el propósito de los empresarios es visto con muy buenos ojos por los productores (ellos ahora están con superproducción), y que se está registrando un avance en la intención del trabajo conjunto.
El proyecto de presupuesto 2020 de las entidades descentralizadas aumenta 5,8% con respecto al presupuesto vigente desde inicios de este año. Aparecen dos nuevas instituciones en este sector conformado por 71 entidades, que se financian con recursos del tesoro y generados por el servicio que prestan.
Las entidades descentralizadas tienen asignadas un total de G. 39,6 billones (US$ 6.205 millones) dentro del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN), que el Ejecutivo puso a consideración del Congreso la pasada semana.
El monto implica un incremento de G. 2,1 billones (US$ 340,7 millones) con respecto al vigente en enero de 2019 (sin ampliación), y eso equivale a 5,8%.
El sector de entidades descentralizadas está conformado por 71 instituciones, por citar algunas: Banco Central del Paraguay (BCP), las 17 gobernaciones departamentales, Indi, Conatel, Aduanas, Indert, IPS, las cajas de jubilaciones, las empresas públicas como ANDE, Petropar, ANNP, Dinac e INC; el BNF, AFD y las universidades nacionales.
Una buena parte de estas entidades reciben recursos del Ministerio de Hacienda para su funcionamiento y otras se financian con los fondos que recaudan por la provisión de servicios a la población.
En el grupo de entes autónomos y autárquicos aparece una nueva: la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal con G. 1.843 millones; mientras que en el grupo de las universidades nacionales se incluye a la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, con G. 6.031 millones.
La única agrupación que registra una caída de 2,1% en su presupuesto es el de gobiernos departamentales, mientras que las entidades financieras oficiales observan un incremento del 13,8%.
Proyecto de PGN estipula que, de los USD 547 millones que se emitirán el año próximo, USD 369 millones se destinarán al repago del pasivo. El recambio de deuda mediante bonos crecerá 23%.
El bicicleteo de la deuda mediante la emisión de bonos crecerá en USD 69 millones el próximo año, según se desprende del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2020. El documento fue presentado por el Ministerio de Hacienda al Congreso el viernes pasado.
De acuerdo con la propuesta, el Gobierno pretende colocar títulos del Tesoro por USD 547 millones, tanto a nivel local como en el mercado internacional.
De ese total, USD 369 millones se utilizarán para el repago de los compromisos que están por vencer; es decir, se cambia deuda vieja por deuda nueva. El monto utilizado para el bicicleteo corresponde al 67,5% de la totalidad de los bonos que serán emitidos en 2020, mientras que la inversión representa solo el 24%.
En comparación a este ejercicio, el bicicleteo de la deuda vía bonos en el año siguiente tendrá un crecimiento del 23%, considerando que el presupuesto vigente autoriza a utilizar USD 300 millones para la administración del pasivo estatal, equivalente al 50% de los bonos emitidos.
El rápido crecimiento de la deuda vía bonos es una de las críticas más constantes por parte de analistas económicos, quienes ven con preocupación el cumplimiento de las obligaciones considerando la alta rigidez del PGN. Actualmente, el 93% de los recursos públicos se destinan a los gastos rígidos.
Sin embargo, desde Hacienda aseguraron que en el PGN 2020 se establece una estrategia de endeudamiento prudente y acorde a la capacidad de la economía.
Señalaron que este tipo de procedimientos permite mejorar el perfil del pasivo, alargando los vencimientos y mejorando los intereses. Esto hace que, a su vez, se puedan mantener los fondos para inversiones sociales y físicas.
El Gobierno de Mario Abdo Benítez prevé endeudar al Estado por USD 1.551 millones en el año próximo, unos USD 250 millones más de lo aprobado para este año. Actualmente, la deuda pública asciende a unos USD 8.530,4 millones, de los cuales el 57% corresponden a la tomada mediante los bonos.
El proyecto de PGN para el 2020 alcanza USD 13.403 millones, lo que representa un crecimiento del 6,8% con respecto al vigente.
La propuesta del Gobierno incluye un déficit del 1,5% del PIB, incorpora un aumento del 16% para los docentes desde julio y prevé destinar USD 2.005 millones para continuar con el proceso de dinamización de la economía, entre otros detalles.
La plena vigencia de las leyes de Defensa de la Competencia y del Consumidor, de modo a consolidar un modelo de crecimiento económico con reglas claras, predecibles e igualitarias, con responsabilidad social, solicita a las autoridades la Cámara Paraguaya de la Industria del Hormigón Elaborado (Capihe). Dicha organización está presidida por Carlos Mateo Balmelli y su gerente general es el Ing. Enio Quevedo.
“El Gobierno Nacional debería dar importancia a los complejos escenarios endógenos y exógenos que enfrenta el país, cuyas particularidades son de público conocimiento y que han ralentizado el crecimiento económico”, señala
“Aplicar las medidas anticíclicas correspondientes, de una manera clara y firme, de modo a revertir con determinación la situación ocasionada por los factores señalados”, solicita la Capihe.
También señala que como integrante del sector de la construcción, el gremio sumará sus mejores esfuerzos para la provisión de productos elaborados de acuerdo a las normas técnicas correspondientes, alcanzando los estándares más altos de calidad existentes en el mercado, en beneficio del consumidor.
La ANNP debe abonar a SIF América el 10% de las tasas portuarias, pese a que el aumento de recaudación no fue mediante su software. Mejoró por la suba de aranceles, cuya resolución exigen anular tres gremios empresariales.
La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) deberá desembolsar a la empresa SIF América, de Eduardo Tursi, el 10% de lo que recaude en concepto de tasas portuarias.
Es lo que estipula el Anexo II que firmó a espaldas de la Dirección Nacional de Contrataciones (DNCP) el 7 de enero último entre la ANNP y SIF América.
Hasta el mes de julio, la ANNP venía abonando a SIF América el 2,5% de las tasas portuarias, porque se había establecido ese porcentaje en el caso en que la facturación no supere la línea base fijada para cada terminal. Por ejemplo, para el puerto de Ciudad del Este se fijó en G. 2.943 millones, monto que venía facturando mensualmente. Desde la aplicación de la resolución 226/19 a principios de agosto, que elevó la tasa de entre US$ 15 y US$ 3.100, dependiendo del valor de la carga, la recaudación en el Este superó los G. 4.400 millones, por lo que el pago a SIF subió 10%.
La resolución permitió a la ANNP incrementar significativamente sus ingresos. En agosto superó la línea base fijados para los 12 puertos, de acuerdo al Anexo II. Esto demuestra que la mejora de la recaudación no se debió al sistema informático de SIF América, sino a la anulación de la vieja resolución 041/2009 que permitió incrementar los aranceles hasta el 200%, en algunos casos.
Son siete puertos de los doce establecidos en el Anexo II los que tienen el sistema de Sofía: Ciudad del Este, Chaco’i y Villeta fueron instalados en febrero; en Pedro Juan Caballero y José Falcón en el mes de abril; Encarnación en mayo y Salto del Guairá en junio.
En una nota enviada a la Dirección Nacional de Empresas Públicas, la ANNP explica que debe abonar el 10% de lo recaudado a SIF América por el sistema tecnológico proveído.
La resolución que permite duplicar los ingresos es cuestionada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y la Cámara de Terminales y Puertos Privados del Paraguay (Caterppa).
Los gremios enviaron dos notas al Poder Ejecutivo en las que exigen la cancelación de la resolución de la ANNP, porque hace más de 16 años no puede implementar el Área de Control Integrado (ACI) y que al aumentar sus aranceles está cobrando por servicios no prestados.
Desde hace cuatro meses la Contraloría de la República analiza el contrato y los anexos que firmó la ANNP con SIF América, luego de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) calificara de irregular y se declarara incompetente para dictaminar. Los auditores informaron el mes pasado a nuestro diario que enviaron el borrador a la ANNP para el descargo. Una vez superada esa etapa, darán a conocer el informe, dijeron. El contrato otorgado en diciembre por la ANNP a SIF de G. 6.000 millones, era de un año, para proveer el sistema. El 7 de enero de 2019 firmó dos anexos que le ata por diez años a la empresa privada y le obliga a abonar entre el 2,5% y 10% de cada tasa portuaria que cobra.
