El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, presentado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), llega al Congreso con un debate de fondo: cuánto margen real tiene el Estado paraguayo para invertir cuando buena parte de sus recursos ya está comprometida. El tema importa tanto dentro del país como para inversionistas y organismos que siguen la evolución fiscal de una de las economías más estables de la región.
El plan se estudia en la Comisión Bicameral de Presupuesto, que tiene hasta el viernes 30 de octubre para emitir su dictamen. Luego deberá pasar por ambas cámaras del Congreso y, si todo avanza según el calendario, será promulgado por el Ejecutivo en diciembre.
Los salarios públicos absorben una cuarta parte de los recursos
El rubro de servicios personales previsto para 2027 asciende a G. 37,9 billones, unos USD 5.879 millones al tipo de cambio de referencia del proyecto (G. 6.458 por dólar). Eso equivale a casi el 25% de todos los recursos disponibles para el próximo ejercicio.
El anexo de personal contempla 343.793 cargos, apenas por debajo de los 347.000 de la ley vigente de 2026. La reducción es marginal, y varias instituciones, como las universidades públicas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, plantearon además solicitudes para crear nuevas plazas.
La distribución por entidades refleja la estructura del Estado:
- Ministerio de Educación y Ciencias: 97.332 cargos, por la gran cantidad de docentes.
- Ministerio del Interior: 48.303, con la incorporación prevista de 5.000 nuevos policías.
- Ministerio de Salud Pública: 35.953.
- Ministerio de Defensa Nacional: 26.604.
- Universidad Nacional de Asunción: 26.088.
El peso de la nómina frente a la recaudación tributaria
Medido contra los ingresos tributarios, el impacto es mayor. De cada G. 100 que el Estado prevé recaudar en impuestos, G. 61 se destinarían al pago de remuneraciones, alrededor de G. 29,8 billones (USD 4.627 millones). Del total de esa masa salarial, el 49% corresponde al sector educativo, el 24% a seguridad, el 9% al Poder Judicial, el 8% a otras entidades de la Administración Central, otro 8% a instituciones descentralizadas y el 2% al Poder Legislativo.
Gastos rígidos: más de la mitad del presupuesto
A los salarios se suman otros compromisos difíciles de recortar. Las transferencias representan el 18% del total, con G. 30,4 billones (USD 4.705 millones). El servicio de la deuda pública demandará G. 18 billones (USD 2.781 millones), el 11% del presupuesto. Aunque este monto bajaría por la menor cotización del dólar, se mantiene como el cuarto mayor componente del gasto.
En conjunto, salarios, transferencias y deuda suman cerca de G. 86,3 billones (USD 13.366 millones), alrededor del 52% del presupuesto, pese al discurso de austeridad del Gobierno.
Para la inversión queda un espacio acotado. Se prevén G. 15 billones (USD 2.327 millones) en inversión física, el 9% del total, y G. 23,7 billones (USD 3.668 millones) en inversión financiera, el 14%. Parte de los recursos para obras se destinaría a cubrir deudas acumuladas con contratistas, lo que reduce el efecto de nuevos proyectos.
US$ 1.900 millones de nueva deuda para ponerse al día
Uno de los puntos más sensibles es el endeudamiento. El MEF prevé alrededor de USD 1.900 millones de nueva deuda en 2027, destinados a regularizar compromisos pendientes con los sectores de salud y obras públicas, y a financiar proyectos.
Ante la Comisión Bicameral, el ministro de Economía, Óscar Lovera, explicó que el proyecto separará de forma explícita el dinero para pagar obligaciones anteriores del destinado a nuevas compras de medicamentos e insumos. Según indicó, en años anteriores una misma asignación debía cubrir ambos fines, lo que restaba capacidad de adquisición al sistema sanitario.
Deudas con proveedores: avances en obras, rezago en salud
La situación de las deudas flotantes es desigual entre sectores. En el caso de las empresas viales, las obligaciones rondaban los USD 220 millones al cierre de 2025 y habrían bajado a unos USD 40 millones durante 2026. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantiene unos USD 130 millones pendientes de pago en total. El ministro admitió que los certificados de obra ingresados en diciembre podrían quedar para 2027 por los plazos administrativos, aunque proyecta un saldo muy inferior al de 2025.
En salud, el panorama es más complejo. La deuda contabilizada al cierre de 2025 fue de USD 1.050 millones y el Gobierno aspira a mantenerla en ese nivel, sin que siga creciendo. El proyecto de 2027 contempla además una programación específica para nuevos medicamentos e insumos, diferenciada de las partidas para cancelar atrasos.
Controles y transparencia: lo que piden los legisladores
Los parlamentarios cuestionaron el uso de crédito para cubrir obligaciones anteriores y preguntaron qué impedirá que el Estado vuelva a acumular deudas sin registro oportuno. El MEF respondió con una reforma administrativa: el circuito que une la entrega de medicamentos con el registro de facturas en Salud Pública, que podía tardar seis meses y pasar por unas 60 dependencias, se habría reducido a unas 17.
También presentó el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigebys), que busca vincular los contratos públicos con las facturas electrónicas para identificar los compromisos desde su emisión. La herramienta funciona desde enero, sin implementación plena, y la meta es gestionar todo el presupuesto con ella en 2027.
Una senadora reclamó además la lista de empresas farmacéuticas y viales con cuentas pendientes, con el monto adeudado a cada una. El ministro se comprometió a gestionar la entrega de esa información.
Déficit fiscal: el desafío de volver a la senda de convergencia
El plan de convergencia fiscal del Ejecutivo prevé cerrar 2026 con un déficit de 3,2% del PIB, tras cancelar parte de las deudas, y un 3,9% en 2027 por el efecto de los compromisos pendientes. La meta oficial es retornar a un déficit de 1,5% del PIB en 2028.
El economista y ex ministro de Hacienda Dionisio Borda advirtió que el proyecto no introduce cambios sustanciales y que mantiene los problemas fiscales de fondo, con un escenario de mayor gasto y endeudamiento. A su criterio, será difícil alcanzar esa meta en 2028.
Una discusión que definirá la credibilidad fiscal
El debate sobre el PGN 2027 pone en primer plano una tensión conocida: sostener una estructura estatal con alto gasto corriente mientras se cumple con las metas de responsabilidad fiscal. La calidad del gasto, la transparencia sobre acreedores y la capacidad de evitar nuevos atrasos serán factores clave para la confianza de empresas, inversionistas y organismos multilaterales en el próximo ejercicio.
