La deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas contratistas volvió a subir y ronda los USD 200 millones, según un informe de la cartera de Estado consolidado de forma parcial a octubre, que sitúa la cifra exacta en USD 199 millones. El aumento llega después de un septiembre con pocos desembolsos. Ese mes dejó sin cancelar una parte importante de los compromisos que las firmas ya habían facturado.
Para el sector de la construcción, el dato confirma que los atrasos de pago se han vuelto un problema recurrente. Para el Estado es una alerta de gestión financiera, porque cada certificado sin pagar agrega una obligación que no desaparece y que se encarece con el tiempo.
Cómo se compone la deuda: fondos externos, recursos locales y arrastre de años anteriores
El detalle del informe permite entender de dónde viene el problema. Del total adeudado, alrededor del 59,6 % (unos USD 119 millones, que otros reportes redondean a USD 120 millones) corresponde a obras financiadas con préstamos y recursos externos. El 40,4 % restante, unos USD 80 millones, proviene de proyectos con fondos locales.
Por antigüedad, el 45,9 % de lo adeudado corresponde a compromisos de este año y el 10,9 % a 2025. Otros porcentajes menores se remontan a 2024, 2023, 2022 y 2021. Un 37,2 % no tiene el período especificado, un vacío de información que complica el seguimiento del pasivo. Que existan deudas de hasta cinco ejercicios atrás muestra que parte del problema es un arrastre histórico y no solo un tropiezo reciente de caja.
Por concepto, el 65,4 % del total, cerca de USD 130 millones, corresponde a certificados de obra. Son trabajos ya ejecutados, medidos y aprobados, de modo que el Estado debe por una prestación recibida, no por un anticipo ni una estimación futura.
El cierre de 2026: una brecha de USD 17 millones y la dependencia de una reprogramación
Las proyecciones para el último trimestre no son alentadoras. La ejecución prevista para proyectos con fondos locales es de USD 70 millones, mientras que la capacidad de pago dentro del presupuesto vigente se limita a USD 53 millones. Y ese monto depende de una reprogramación presupuestaria que aún está pendiente.
La diferencia, de unos USD 17 millones, anticipa que el pasivo seguirá creciendo hasta fin de año si no hay recursos adicionales. Por eso el MOPC solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una ampliación de USD 100 millones para los proyectos con fondos locales. La respuesta del MEF será decisiva para saber si la deuda se estabiliza o se amplía.
2027: entre USD 610 millones y más de USD 1.000 millones para mantener las obras
El panorama para el próximo ejercicio es más exigente. Para sostener en 2027 las obras con financiamiento externo se necesitan USD 350 millones. Si la ampliación de este año no se concreta, esa cifra sube a USD 450 millones.
A eso se suma el presupuesto de USD 260 millones previsto para obras con recursos locales. Con la ampliación de 2026, mantener todos los proyectos en marcha requeriría USD 610 millones. Sin ella, la necesidad asciende a USD 710 millones.
Estas cifras ni siquiera contemplan nuevas licitaciones ni el arranque de proyectos ya adjudicados. Si se incluyen, los requerimientos superan los USD 1.000 millones. La planificación de la inversión pública en infraestructura queda así sujeta a una restricción fiscal difícil de ignorar.
El costo oculto de pagar tarde: intereses, sobrecostos y recursos que se desvían
Pagar con retraso no es neutro para las finanzas públicas. El primer efecto es la desaceleración de los trabajos, lo que posterga la entrega de rutas, puentes y otras obras de las que depende la población y la actividad productiva.
El segundo efecto es financiero. El Estado puede enfrentar intereses punitorios por la mora y gastos adicionales si debe emitir bonos o contratar nuevos préstamos para cumplir sus compromisos. Las obras se encarecen y parte del dinero público se destina a cubrir costos que podrían haberse evitado, recursos que bien podrían financiar nuevos proyectos.
Empresas, trabajadores y proveedores: el eslabón más débil de la cadena
Las constructoras deben seguir pagando salarios, proveedores, combustible y mantenimiento de equipos mientras esperan sus cobros. Si los atrasos se prolongan, su capacidad financiera se deteriora. En el peor escenario esto compromete la continuidad de los trabajos y deja en riesgo a toda la cadena de proveedores, así como al empleo que generan.
El momento agrava la situación. Con la llegada de las fiestas de fin de año, las empresas deben afrontar aguinaldos y otras obligaciones laborales. La incertidumbre sobre los cobros puede generar tensiones con los trabajadores y un clima de descontento que, en un contexto económico sensible, convendría evitar.
Obras en marcha, pero con la presión financiera a cuestas
Pese al panorama de pagos, los trabajos continúan. Este sábado, el presidente Santiago Peña y la ministra del MOPC, Claudia Centurión, visitaron dos obras: la futura sede de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP) y el mejoramiento de la avenida General Aquino (Tape Tuja), que conecta Asunción con Luque.
Estas visitas muestran la voluntad de mantener el ritmo de ejecución. Sin embargo, el desafío de fondo es compatibilizar las obras comprometidas con los recursos efectivamente disponibles. De ello dependerá que el costo de la falta de previsión financiera no recaiga sobre las empresas, los trabajadores y, finalmente, sobre los ciudadanos que esperan esas obras.
Una definición pendiente para el MEF y el MOPC
La deuda con las contratistas se ha convertido en un termómetro de la relación entre ambición de inversión pública y disciplina presupuestaria. Los próximos días serán clave para saber si se aprueba la reprogramación y la ampliación solicitada, y con qué prioridades se pagarán los certificados pendientes.
Más allá de la coyuntura, el caso plantea una pregunta de fondo para la política económica paraguaya: cómo asegurar que cada obra licitada cuente con su respaldo financiero antes de arrancar, para que el crecimiento de la infraestructura no termine pasando factura por vía de intereses, retrasos y empresas debilitadas.
