El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reunió ayer a los referentes más importantes del sector de la carne, además de representantes de otras instituciones públicas, para socializar el plan que tienen con respecto a la trazabilidad de la carne.
Denis Lichi, titular del MAG contó que se está realizando un estudio de factibilidad de la trazabilidad del producto, con miras a venderlo a cualquier parte del mundo fácilmente. “La idea es que el consumidor en Europa cuando compre una carne paraguaya pueda con el código de barra saber si esa carne estuvo en un establecimiento que cumplió todas las exigencias ambientales, qué clase de animal era, la edad del animal, toda la información en general”, explicó.
Se empezaría a trabajar con 100 a 200 productores, continuó. Primeramente, se reunirá toda la información de las instituciones involucradas, lo que permitirá unificar los datos de la cadena bovina.
Aseguró que el estudio está muy avanzando. “Estamos haciendo un esfuerzo de forma mancomunada para tratar de posicionar a toda la cadena de la carne, no solo al sector primario sino a la industria y a la parte comercial”, resaltó.
Entre las acciones a realizar para fortalecer la cadena bovina, se está viendo la posibilidad de implementar la doble balanza, caja negra o la balanza del productor, dijo.
Actualmente este sistema está siendo utilizado en diferentes países de la región y sirve para transparentar todo lo que ingresa en la industria, explicó. De hecho, el Poder Ejecutivo decretó recientemente la obligatoriedad de su uso, aunque todavía no se tienen determinados los plazos para su aplicación, comentó el ministro.
Revisión realizada por técnicos de Hacienda indica que el impacto del freno económico en los ingresos tributarios representa el 0,5% del PIB. Ministro pide a entidades no inflar sus gastos.
Unos USD 200 millones menos de lo previsto en el Presupuesto General de la Nación (PGN) ingresarán al Fisco este año producto de la desaceleración que viene impactando duramente a la economía paraguaya, según informó el ministro de Hacienda, Benigno López.
El titular del Equipo Económico explicó que ese es el resultado que arrojó la revisión hecha por los técnicos de la cartera tras el cierre de los primeros seis meses del año, por lo que insistió en que no hay recursos para que las entidades inflen sus gastos de cara al cierre del ejercicio.
El PGN prevé que el Fisco recaude este año USD 4.211 millones (G. 25,2 billones), lo que equivale al 10,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Por tanto, el impacto del freno económico en las arcas del Estado representa una caída de 0,5 puntos porcentuales en la presión tributaria.
La recaudación acumulada de impuestos al cierre de julio alcanzó los USD 2.515 millones (G. 15,1 billones). De ese total, USD 1.526 millones corresponden a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y USD 989 millones a Aduanas.
El ministro López recordó que la menor recaudación en este 2019 también impacta en la base de ingresos del PGN 2020.
En ese sentido, se mostró molesto porque el 90% de los pedidos adicionales hechos por las instituciones para el año próximo tiene que ver con beneficios salariales.
Señaló que las entidades públicas deben entender que no se puede maquillar la estimación de ingresos para inflar los gastos, especialmente en salarios, porque eso implica que no hay garantías de cumplimiento de los pagos.
“No podemos maquillar el ingreso para generar salarios nomás otra vez, tenemos que entender cómo funciona esto y entre todos asumir la responsabilidad”, expresó.
El secretario de Estado adelantó que el primer borrador del PGN 2020 será presentado este lunes al presidente Mario Abdo Benítez.
Indicó que actualmente estudian los pedidos adicionales hechos por las entidades, ya que hay un desfasaje de USD 1.700 millones sobre los ingresos que proyecta tener el Fisco. Esto, teniendo en cuenta que entre los anteproyectos institucionales y los pedidos adicionales suman USD 6.000 millones, pero la capacidad de recaudación es de USD 4.300 millones.
Remarcó que desde Hacienda están haciendo el esfuerzo posible por recortar los gastos para tener un mayor espacio para las inversiones sociales.
En ese contexto, dentro del PGN 2020 Hacienda pretende reducir las categorías salariales en un 50%, además de limitar el pago de haberes complementarios y la compra de pasajes, entre otros.
La desaceleración que afectó duramente a la economía nacional en el primer semestre del año hizo que el Equipo Económico Nacional (EEN) reduzca del 7,2% al 5% la proyección de crecimiento de los ingresos tributarios.
Además de los notorios efectos en el consumo, las inversiones y el empleo, el freno impactó a nivel fiscal principalmente en la recaudación aduanera, que tuvo una caída del 2,6% entre enero y julio en comparación al mismo periodo del 2018.
A fines de julio, el Ejecutivo decretó la restricción en nombramientos y compras, y limitó el pago de beneficios salariales para lo que resta del año, con lo que busca ahorrar USD 52 millones.
“Nos estamos preparando igual”, señaló el presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), José Berea, al ser consultado sobre el momento que está atravesando la soja en cuanto a precios.
Otro aspecto que resaltó Berea y que se debe considerar, es que todavía no se cuenta con las proyecciones climáticas. “Confiamos en tener mejor clima que el año pasado y mejores resultados. Si bien los precios están bajos, tenemos que esperar a ver qué sucederá con los mismos en enero”, indicó el titular de la cámara refiriéndose al momento en el que se firman los nuevos contratos.
Recordó también que varios productores siguen acercando sus carpetas para ser refinanciados, lo cual es una consecuencia de la baja producción de soja en la última campaña.
Algo positivo resaltado por Berea, con miras a la próxima campaña de soja, es que el maíz zafriña está cerrando con buenos rendimientos. El éxito de esta siembra servirá para prepararse para la gran campaña de soja.
Por su parte, Cristi Zorrilla, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) filial Caaguazú, dijo que los productores de su zona ya están con todos sus insumos en los galpones, listos para sembrar.
Casi todos los insumos son financiados, comentó. Explicó además que, para adquirir los insumos para la nueva campaña, algunos productores optaron por vender sus maquinarias. “Muchos consiguieron el tema de la refinanciación. En algunos casos se descapitalizaron, pero estamos obligados a seguir cultivando, probablemente lo haremos con menos tecnología”, reflexionó al respecto.
Con respecto al precio, coincidió en que se vive una gran incertidumbre porque no hay forma en que se pueda intervenir en ese aspecto. “En ese sentido, dependemos mucho de las políticas de los grandes compradores” dijo.
Otra zona importante del país donde se siembra soja es el Este. Por ello, consultamos sobre sus perspectivas a Aurio Frighetto, presidente de la CAP de Alto Paraná.
“Empezaremos a sembrar los primeros días de setiembre, creo que a partir del 5 de setiembre ya tendremos las primeras áreas sembradas”, comentó. Para ello, se aguardan buenas lluvias, algo que actualmente no está ocurriendo, resaltó. No obstante, Frighetto reconoció que agosto es un mes de por sí seco. “Esto es normal ahora, pero en setiembre sí necesitaremos las lluvias”, dijo.
Con respecto a la preparación relacionada a la compra de insumos, señaló que los productores están accediendo a diferentes financiamientos, porque la consigna es sembrar o sembrar, a pesar de los resultados desfavorables de la última campaña.
La Seprelad seguirá con el cronograma de la próxima evaluación internacional antilavado, ya que esto debe ser “causa nacional”, dijo ayer el nuevo ministro Carlos Arregui. Espera que la actual crisis política no retrase los trabajos, aunque aún faltan aprobar algunas leyes elementales.
El exfiscal y actual ministro ya se encuentra en pleno ejercicio del cargo, siguiendo el cronograma que había dejado María Epifanía González, su antecesora, ya que estamos a menos de un mes de que se inicie oficialmente el periodo de exámenes sobre los controles antilavado y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat).
Según detalló en entrevista con medios escritos, no se realizarán mayores modificaciones a la estructura institucional, aunque ya solicitó el comisionamiento de algunos funcionarios para ciertas áreas técnicas donde se requieren más apoyo.
Entre las actividades más próximas, Arregui comentó que en esta semana se estarán haciendo unos talleres de preevaluación en el área de financiamiento al terrorismo, para lo cual contarán con una metodología del Banco Mundial. Esto permitirá, entre otras cosas, identificar cuáles son las amenazas y vulnerabilidades al respecto, así como las medidas que pueden mitigar la posibilidad de ocurrencia de este tipo de situaciones.
Arregui también comentó acerca del cronograma de evaluación que comenzará el próximo mes cuando lleguen los primeros formularios. Esto se deberá entregar en diciembre de este año, ya que a partir de enero de 2020 llegarán los evaluadores que por áreas temáticas van a examinar la efectividad de lo declarado y reportado en los formularios.
Arregui tiene en claro que el objetivo fundamental es pasar el examen del Gafilat y se mostró optimista de poder superarlo, aunque reconoció que la actual crisis política que enfrenta el Gobierno podría ser un limitante, de no resolverse en el corto plazo.
“Quisiéramos que no afecte, pero entendemos que es una situación que no puede permanecer inmune, no obstante mi confianza está puesta en este equipo de trabajo y vamos a seguir adelante, independientemente de lo que pueda ir sucediendo”, afirmó.
Todavía hay algunos temas que dependen de otras instancias del Gobierno, como la aprobación de un paquete de 12 leyes que están pendientes en el Congreso. Arregui considera urgente que se apruebe el proyecto que incluye la evasión impositiva como delito precedente del lavado de dinero.
El ministro indicó que Gafilat está al tanto y pendiente de la actual crisis política del país y de los recientes cambios, y aseguró que el cronograma continuará. Arregui fue fiscal de Delitos Económicos y uno de los evaluadores en temas concernientes a la Fiscalía en la anterior evaluación del Gafi, y contaría con el visto bueno de la organización por su experiencia en el campo.
El pago de impuestos con créditos fiscales no deja de crecer con el correr de los meses y ya llegó a los G. 799.595 millones (USD 135 millones al cambio actual) al término de julio.
De acuerdo con el informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), los gravámenes cancelados mediante estos reembolsos registraron un incremento del 37,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto equivale a una variación de G. 217.266 millones (USD 36,7 millones).
El documento indica también que los impuestos abonados con créditos fiscales representan el 8,7% del total de la recaudación que declaró la SET entre enero y julio.
Con estos datos, se evidencia que la recaudación efectiva de la Administración Tributaria tuvo un crecimiento del 8,5%, llegando a los G. 8,3 billones.
Si bien esta situación no preocupa a la SET, ya que los ingresos efectivos están por encima de la meta del 7% prevista a inicios de año, el crecimiento de los pagos con créditos fiscales es uno de los temas que el Gobierno busca reducir con el proyecto de reforma tributaria.
En ese sentido, el documento en estudio en el Congreso elimina los reembolsos a los agroexportadores en concepto del impuesto al valor agregado (IVA), tras estudios que indicaban que las devoluciones eran siete veces más que los aportes de las empresas del rubro en concepto de renta empresarial (Iracis).
Desde la Administración Tributaria indicaron que la contribución del sector debe ser “más sustancial”, teniendo en cuenta el movimiento que generan. Además, señalaron que con el objetivo de fomentar la industrialización de los productos, el proyecto de ley establece tasas diferenciadas en el impuesto a los dividendos y utilidades (IDU) a las empresas que incorporen valor agregado a la materia prima agrícola y hayan invertido al menos USD 5 millones en los últimos años.
La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) ya anunció que de promulgarse este cambio en la reforma, recurrirá a la Justicia para dejarlo sin efecto.
Este gremio ya había logrado la inconstitucionalidad de un decreto que limitaba la devolución del IVA al 50%. Posteriormente Hacienda sacó un nuevo decreto que mantiene la devolución del IVA en 50%.
Los microempresarios son los que más recurren a créditos personales del Banco Nacional de Fomento (BNF) y en segundo lugar están los productores agrícolas, según informó la entidad.
Los ganaderos aparecen en tercer puesto y les siguen quienes solicitan dinero para viviendas, los comerciantes e industriales.
El BNF registra a 4.145 microempresarios que operan con dinero público para generar desarrollo de su economía por medio de la tarea autónoma. Los productores agrícolas que tienen relación con el banco público, por su parte, suman 2.665 personas. Además, unos 1.718 ganaderos están con sus créditos, en tercer lugar, y luego aparecen las familias que recurren al auxilio financiero para la construcción de la vivienda propia. Igualmente, hay unos 818 comerciantes y 115 industriales que se vinculan con créditos del BNF.
El segmento bienestar familiar, que incluye préstamos para vehículos 0 km, compra de deudas, préstamos personales, para equipamiento de viviendas y para estudios superiores, núcleo a 82.733 personas.
“El desarrollo de las microempresas en el Paraguay se percibe por los créditos que solicitan los ciudadanos que buscan el trabajo independiente. Es así que dentro del impacto social de los créditos que desembolsa el BNF, las personas que buscan abrirse paso por iniciativa propia son las que más aprovechan el sistema de ayuda financiera”, sostiene la entidad, en un comunicado.
Daniel Correa, presidente del BNF, dijo que iniciaron conversaciones con sectores de la producción, la industria y el comercio para alentar más créditos y mover más la economía del país.
Con la consigna de fortalecer la oferta turística nacional, mejorar los estándares de servicio, y dar más herramientas a los destinos para fortalecer uno de los ejes de economía local, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) entregará este agosto los primeros 72 reconocimientos a empresas ligadas al turismo que concluyeron con la primera etapa del Sistema Nacional de Calidad Turística del Paraguay (SNCT).
Tal anuncio se dio a conocer tras una presentación conjunta de la Senatur y representantes del consorcio Quara-Cotelco, quienes dieron a conocer los avances y primeros resultados del proyecto que cumple un año y ya cuenta con un exitoso plan piloto a ejecutarse con las empresas adheridas al control de calidad.
El Dr. Gustavo Adolfo Toro, representante del consorcio encargado de la implementación del sistema, explicó que en esta primera etapa participaron 131 empresas en dos grandes departamentos, Alto Paraná (Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias e Iguazú) e Itapúa (Bella Vista, Hohenau, Jesús y Encarnación) de los cuales 72 concluyeron el proceso y serán reconocidas con un sello de calidad nacional turística. Los nombres de las empresas certificadas se darán a conocer en breve. Más informes del sistema en la página web: https://calidadturistica.wixsite.com /snct.
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) envió una nota al titular de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), Miguel Núñez, en la cual solicita un estudio e investigación “del nivel de concentración en el mercado de los frigoríficos”.
El motivo es que los ganaderos consideran que existe un oligopsonio, debido a que “a partir de distintos procesos de fusiones y adquisiciones se han empezado a notar variaciones significativas en el precio del ganado vacuno que están afectando seriamente la rentabilidad y sostenibilidad del sector”.
En específico, denuncia que Minerva Foods acapara las compras de la materia prima y establece así el precio del ganado, el cual ha venido bajando estrepitosamente.
La nota fue enviada el 27 de julio del corriente y aún no se ha tenido retorno, indicaron referentes de la Rural. “Definitivamente estamos en una situación de oligopsonio: Pocos compradores generan una demanda muy concentrada”, señaló la misma fuente.
De hecho, no es la primera vez que la ARP alza la voz en contra de esta situación la cual califican de injusta. Durante su discurso en la inauguración de la Expo 2019, el titular de la Rural, Luis Villasanti, se había referido al tema y destacó que los precios que reciben los productores hoy día son los mismos que recibían en la época en la había alerta por fiebre aftosa.
Es decir, los precios son bajos como si existiera una emergencia sanitaria, siendo que la sanidad animal está en su mejor momento.
“Minerva Foods en el año 2017 compró o arrendó 7 de los 14 frigoríficos que operaban en Paraguay durante el año 2016, operando –a la fecha– 4 frigoríficos: Frigomerc SA, Frigorífico Mercantil Única de Servicios SA (Mussa), JBS Belén y San Antonio”, indica una parte de la nota. De acuerdo a un cálculo de ÚH, alrededor del 70% de los frigoríficos establecidos en Paraguay son de capital brasileño, luego de la última compra hecha por Minerva Foods a mediados del 2017.
La Cámara de Diputados rechazó ayer por amplia mayoría y envió al archivo, el proyecto de ley que crea el instituto paraguayo de la carne. Los detractores de esta propuesta legislativa votaron por el rechazo para evitar así el incremento del gasto público, según argumentaron. El diputado Colym Soroka anunció que presentará un proyecto de ley sobre el mismo tema.
Luego de un buen tiempo de estar a consideración de la Cámara de Diputados, el pleno de este cuerpo legislativo rechazó ayer el proyecto de ley que crea el instituto paraguayo de la carne, por 62 votos en contra.
La propuesta apuntaba a crear un ente público-privado, que apuntale la promoción de la carne paraguaya hacia mercados premium, entre otros objetivos.
El proyecto fue apoyado por el sector ganadero, encabezado por la Asociación Rural del Paraguay. En tanto que la Cámara Paraguaya de Carnes se opuso a esta propuesta. Su titular, Korni Pauls, había dicho que el proyecto necesitaba ser mejorado en varios aspectos, pero que así como se presentó era inviable.
Durante el debate de ayer, el diputado Hugo Ramírez (ANR) sostuvo que la creación de un nuevo ente público es absolutamente innecesaria, ya que en la actualidad existen cinco instituciones encargadas de trabajar por los intereses del sector cárnico y precautelar los derechos ganaderos. También dijo que la creación del instituto va a contramano a las medidas de austeridad propuestas por el sector político, empresarial y la ciudadanía en general.
Colym Soroka, diputado colorado por Itapúa y titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara, anunció que presentará un nuevo proyecto sobre el tema, pero con un mayor alcance, de manera a cubrir vacíos como la regulación sanitaria y de los costos.
A través del Decreto Nº 2217, el Poder Ejecutivo estableció la obligatoriedad de que las plantas frigoríficas instalen las cajas negras, que son básicamente controladores de faena.
El documento fue firmado el pasado 26 de julio y obliga “la instalación de equipos y sistemas de control electrónico de medición y vigilancia de la producción en todas las plantas industriales de faenamiento de ganado y almacenamiento o molienda de granos”, según se lee en el decreto.
Así también, dispone que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y los entes sectoriales, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), sean las autoridades de aplicación de la normativa.
De hecho, aún queda por redactar la reglamentación de este decreto, lo cual se hará a partir de las mencionadas instituciones, informó el presidente del Senacsa, José Carlos Martin.
El titular del servicio sanitario explicó que se abocarán ahora a finiquitar la reglamentación. Teniendo en cuenta esto, estimó que la aplicación total de la normativa tomará un año. “Tenemos una idea de cómo aplicar. Hay dos modelos, el uruguayo y el argentino, cada uno tiene su costo”, explicó.
Martin destacó además que el cobro de impuestos se facilitaría con este sistema. “Esto va a transparentar las operaciones”, añadió.
Se pretende además que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Cámara Paraguaya de las Carnes (CPC) formen parte del proceso, de tal manera que la normativa sea socializada entre todos los sectores involucrados.
Martin aprovechó además para dar un mensaje a los mencionados gremios, los cuales están teniendo opiniones enfrentadas sobre la creación del instituto de la carne. “Tenemos que evitar la pelea entre la Cámara y la ARP, estamos viviendo momentos muy importantes y en los próximos seis meses del año tendremos novedades positivas para el sector cárnico”, reflexionó.
“Tenemos que trabajar todos juntos. El tema del instituto de la carne se tergiversó mucho, y acá toda la cadena gana o pierde”, dijo. Con respecto al proyecto de creación del instituto, dijo que se reunirán con todas las partes para elaborar un proyecto “híbrido a partir de las propuestas de ambos sectores”. “Se sacaría así un proyecto más factible”, concluyó.
