En DIÁLOGO con ECONOMÍA, el doctor Luis Enrique Chase Plate, reconocido jurista y diplomático de amplia trayectoria, quien ha sido Embajador de Paraguay ante Uruguay  y ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Estados Unidos,  conferencista internacional, autor de varios libros que abordan temas del derecho nacional e internacional, y actualmente ejerce la cátedra histórica de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo  en la Universidad Nacional Asunción, analizó las medidas adoptadas por el Estado paraguayo  en el marco de la emergencia sanitaria desde el campo jurídico.

Conversamos sobre una de las preocupaciones generalizadas a nivel mundial y local sobre el daño al Estado de Derecho debido a las restricciones de ciertas garantías constitucionales a causa de las decisiones que debieron tomar los gobiernos para frenar la propagación de la pandemia del covid-19 en sus respectivos países. También abordamos el tema de la postergación local de las elecciones y cuáles podrían ser las consecuencias al sistema democrático y como la gobernabilidad será clave para la recuperación económica.

E- ¿Se vulneraron derechos ciudadanos durante la pandemia?

R- Algo que es muy importante en el Estado de Derecho es el principio de división de poderes, y lógicamente después, la potestad sancionadora de la administración, que vimos cada día que pasaba cómo actuaba el Estado y cuáles eran los instrumentos para hacer que, en caso de desobediencia e incumplimiento de las normas sanitarias, pudieran hacerlas cumplir.

Pero el fundamento jurídico del gobierno estuvo basado en el Código Sanitario, un código muy certero, que fue dictado en el año 1980, y en leyes ambientales, la que sanciona delitos contra el medio ambiente, y en normas del Código Penal.  Ese Código Sanitario da suficiente autoridad, mucha potestad al Poder Ejecutivo para dictar un Decreto como el que dictó. Tiene un artículo muy adecuado para esta situación de emergencia, el artículo 13 de la Ley No. 836/80 y entonces fue oportuna esa disposición para tomar las decisiones.

El Código Sanitario, realmente al estudiarlo, uno puede darse cuenta de que ha sido elaborado por especialistas que se han adelantado a los tiempos. Ahí el Poder Ejecutivo puede declarar, en caso de pandemias o catástrofes, el estado de emergencia sanitaria en la totalidad o parte afectada del territorio nacional, determinando su carácter y estableciendo las medidas procedentes, pudiendo exigir acciones específicas extraordinarias a las instituciones públicas y privadas, así como a la población en general.

Estas disposiciones fueron los basamentos, para que ante esta situación de urgencia y de gran temor, el Poder Ejecutivo tomara, y de forma acertada, las decisiones que inclusive desoyeron los consejos de la Organización Mundial de la Salud, como fue el caso del inicio de la cuarentena el 11 de marzo.

Pero había una norma también internacional, el artículo 27 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969, que autoriza a los Estados a la suspensión de garantías en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado. En este caso, el Estado Parte de la Convención, podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención.  Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Pero el Poder Ejecutivo no invocó esta Convención, sino las normas del Derecho interno, y lógicamente, ante esta situación de extrema urgencia, podría decirse que el pueblo acató, el pueblo no objetó, la población en general estuvo conforme y no impugnó las decisiones del Poder Ejecutivo ante los estrados judiciales. En el fondo, consideró que eran leales y legítimas y que el coronavirus era una verdadera invasión biológica, que ponía en peligro la salud, el bienestar y la seguridad del propio Estado paraguayo.

El órgano administrador del Estado, el Gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, ni el Congreso, tomo la facultad que le autoriza la Constitución, de declarar el Estado de Excepción para hacer frente a esta conmoción interior que traía la pandemia. Lo que aquí se hizo es una restricción de un derecho constitucional, el de tránsito, pero lógicamente esa restricción estaba amparada en la emergencia sanitaria, y se trataba de un caso excepcional que, por su misma naturaleza, no constituía una situación normal, era un hecho extraordinario, de total imprevisión.

No fueron suspendidos ninguno de los derechos fundamentales, se podría dejar en evidencia, y lógicamente vimos que el Estado tenía que asumir esa tremenda e ineludible responsabilidad.  Aquí el problema será pos pandemia, no durante la pandemia, porque vamos a estar nuevamente en el dilema de si esta pos pandemia nos llevara hacia un Estado más autoritario, intervencionista o burocrático”, que son propias cualidades del absolutismo, o si nuestros derechos van a ser mejor reconocidos.

E- ¿Estaban preparadas las leyes para una pandemia de esta envergadura?

R- Acá hay un hecho fundamental: para esto el mundo no estaba preparado.  Las normas jurídicas y sobre todo la norma normarum, como es la Constitución Nacional, fue dictada en tiempos estables y para tiempos normales.

La normativa supone una normalidad, han sido creadas en tiempos bonancibles; entonces mientras se discutía en la convención, pongamos como ejemplo la Constituyente de 1992, no había nada que pudiera temerse en cuanto a una pandemia. Habían existido muchas pandemias en el mundo, como la de 1918 con la fiebre española, que se produjo en realidad en EEUU y Francia, y esa llegó a Paraguay, ocasionando muchas muertes; sin embargo, nadie recordó este antecedente.

 Algunos pensadores y filósofos piensan que habría un cambio en cuanto al ejercicio del Poder.  Las décadas finales del siglo XX fueron de fortalecimiento y una consagración de la democracia. Sin embargo, después de esta pandemia, podría venir o acentuarse más autoritarismo, y lógicamente se tendría restringidos en parte las libertades y las garantías. Pero no sabemos todavía a ciencia cierta el futuro, yo creo que el Estado tiene un fin jurídico y que este fin jurídico va más allá de la propia voluntad del Estado.

Immanuel Kant decía que hay que adaptar al Estado a los puros principios de la razón y renunciaba a preocuparse por la felicidad y el bienestar de los ciudadanos; este postulado es parte de la teoría liberal burguesa. Pero la tendencia más solidaria, es que el Estado no sólo se preocupe y tenga como fin la seguridad, el orden público, el respeto a la propiedad privada, el respeto a las libertades fundamentales, sino también lograr la felicidad y el bienestar de los ciudadanos. Que el derecho a la vida implica, precisamente, el deber del Estado no solo a respetar los derechos y las libertades reconocidos, sino esencialmente a luchar contra la pobreza, los altos niveles de desigualdad, la falta de resultados y la mala calidad de los servicios públicos. Esto es muy importante, porque el liberalismo no reconoció como fin primordial del Estado, la felicidad y bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, en instrumentos tan trascendentales de la historia política de las naciones, como la Constitución de Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, ya consagran como fin del Estado también lograr la felicidad y bienestar de los ciudadanos. Esta ausencia del Estado, hace que los niveles de insatisfacción del pueblo vayan en continuo aumento y como consecuencia se produzca en su seno la fatiga democrática o la fatiga hacia la democracia. El anémico crecimiento económico y el aumento de la pobreza en el Paraguay, nos está llevando hacia situaciones muy conflictivas y peligrosas.

Lógicamente, que la situación excepcional, hacen que un Estado como el nuestro, u otro de cualquier parte del mundo, tenga que endeudarse para proteger y ayudar a nuestros conciudadanos con menores recursos, e inclusive en estado de informalidad. Esto refuerza la teoría del Estado de Derecho y su esencial misión, planteándonos hacia donde se conduce la nave del Estado, y cual será finalmente su puerto de desembarque.  Yo creo que se nos plantea varias interrogantes que vendrá la hora de analizar.

E- La pandemia tuvo como consecuencia la postergación de las elecciones, ¿es un riesgo para la democracia?

R- Yo creo que no va a afectar, primero, porque la democracia se rige no solo por las leyes, porque las leyes no hacen la democracia, la democracia la hacen los hombres, la construyen los hombres, y en ese camino es muy importante el concepto que tengamos sobre la democracia.

Se han tomado rígidas medida administrativas y legales, de orden sanitario. Creemos que estamos en una democracia, en donde la voluntad general se manifiesta mediante leyes.  El Congreso Nacional, para bien o para mal, ha dictado una Ley que suspende las elecciones. Es una medida que no podía ser de otro modo, porque hacer campaña o hacer elecciones en este momento, no sabemos a dónde nos puede llevar.

No creo que sea algo contra la democracia, yo creo que fue una decisión juiciosa y se ha tomado porque también hay que tener en cuenta que muchas veces tantas elecciones, unas a lado de otras, van contra la democracia. Y aquí el peligro es que la llamada democracia se convierta, si es que ya no se convirtió, en una plutocracia, porque hacer campaña política significa mucho dinero, y nadie sabe de dónde sale todo ese dinero.  Estas leyes que se dictan para la rendición de cuenta del sistema electoral, no funcionan.

Entonces nos encontramos, con casos de gente, que reconocen que pagaron mucho dinero para ser diputado o senador; entonces resulta que los curules se pagan, se pagan como las canonjías o prebendas para pertenecer a un cabildo de Iglesia, o como se pagaba para obtener una silla   de Obispo o Cardenal, en cierta época.

Esto, imposibilita a que los mejores ingresen a los asientos o curules del parlamento o a las intendencias o juntas departamentales. Un personaje, un tanto enfadado dijo: “sin plata no hay cargo de Diputado o de Senador”. Son evidentes vicios o abusos de nuestra política criolla, que trae la corrupción de las costumbres y de la vida cotidiana. Es ese el mayor problema que tenemos, cómo hacemos que los mejores lleguen, de lo contario siempre vamos a tener a los atrevidos incapaces e ignorantes, pero soberbios; a los “vai vai”, sentados en estas sillas en donde deberían estar los mejores hombres. Me refiero al “ser animado racional, varón o mujer”

E- ¿Cuán importante es la gobernabilidad para recuperarnos socioeconómicamente tras esta pandemia?

R- La gobernabilidad es muy importante para recuperar este desaceleramiento económico que estamos teniendo, pero que no es culpa del Estado ni de ninguno, es una cuestión que roza con la teoría de la imprevisión, que puede venir en cualquier momento.

Pero esa gobernabilidad no significa que todos tienen que estar contestes y uniformes, que tienen que aprobar las decisiones políticas o administrativas del Gobierno, pero tampoco que hay que darle un cheque en blanco, no. La democracia se basa, precisamente, en un sistema de frenos y contrapesos, no hay que asustarse si el parlamento está en contra del presidente, o si el presidente no está conforme con la decisión del parlamento, porque eso es democracia.

Ahora, yo dudaría que sea democracia, si todos los Poderes del Estado están uniformados, porque ahí no hay democracia, ahí hay una sola voluntad que manda, un solo pensamiento. Entonces ahí hay autoritarismo, totalitarismo, tiranía; ahí estamos bajo el absolutismo justamente, donde todo está dominado por una sola persona. Hay que buscar que las grandes controversias de la nación, sean resueltas mediante grandes discusiones y debates, lo que ya no existe, ni siquiera en el Congreso.

Nosotros tenemos un parlamento callado, un parlamento en silencio, que vota, pero no discute, que importa el votador, pero no debate; no hay confrontación de ideas, de doctrinas ni de proyectos. En los antiguos e históricos parlamentos democráticos del primer mundo, los debates duran noches enteras e incluso durante semanas sobre un solo tema.

E- Cómo calificaría la actuación de los mandatarios como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Nayib Bukele ante la pandemia?

R- Bolsonaro y Trump, y por sobre todo Trump, tienen una concepción especial de cómo se combate esta pandemia. No obligaron a la población a ciertas medidas que en otros países sí se obligó, de manera que no podríamos decir que hubo autoritarismo porque fue una concepción de “dejar hacer”, una concepción liberal, de no acudir, de no responder urgentemente a una pandemia. Podemos decir que no hubo autoritarismo, lo que hubo es desidia, hubo ausencia del Estado. Hubo problemas inclusive con gobernadores que pedían que se tomen medidas restrictivas y suspensión de libertades y de derechos, inclusive.

En el caso del Presidente del Brasil, que tiene una concepción no científica de los que es esta pandemia, creo que ha tenido repercusiones muy negativas, porque el número de muertos del Brasil es tremendo y el número de contagiados también. Bolsonaro tuvo problemas y tuvo ya dos ministros de salud y no sé si pudo nombrar a un tercero y lógicamente, es una cuestión de que no pudo imponer su autoridad sobre los gobernadores en todo el Brasil, porque sus poderes en ese sentido, son limitados en esta materia e inclusive tuvo disposiciones del Tribunal Supremo que suspendieron ciertas decisiones que había tomado. Pero esas decisiones no se relacionaban exclusivamente con la pandemia y con esto, sino con otras cuestiones del Estado, como el nombramiento del jefe o director de la Policía Federal y cosas así.

Bolsonaro no impuso la cuarentena, al contrario, desafió la cuarentena y ahí tenemos el ejemplo de qué es lo que está pasando en Brasil, apeligrando incluso a sus vecinos.

Y ahora el propio presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, tuvo que ser examinado y corrió el riesgo de la cuarentena, con algunos colaboradores, porque había estado en el Departamento de Rivera y fue ahí para observar personalmente y cerrar la frontera, ya que toda esa zona está afectada, tiene medidas restrictivas por contagios que vienen de Brasil.

Bukele creo que es un autoritario, creo que es un hombre que no respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos y que toma decisiones que son inconsultas. Pero en estos países,  que pasaron por ciertas situaciones convulsas, y entonces quien está arriba, quien tiene el poder, lo tiene todo.

E- Pasada la pandemia, ¿deberían líderes de países como China y Brasil responder ante tribunales internacionales?

R- Existe una Corte Penal Internacional que no es lo mismo que la Corte Internacional de Justicia de las Nacionales Unidas, ambos tienen su sede en La Haya, Países Bajos.  Esa Corte Penal Internacional, permanente, tiene la misión de juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresiones de lesa humanidad.  En virtud del Tratado de Roma, Estatuto de este Tribunal, cualquier autoridad o persona particular puede ser llevada a juicio y entonces existe esa posibilidad. Los Estados Unidos no reconocen a esta Corte Internacional. Sin embargo, la cuestión es ¿quién lleva a los poderosos? ¿Quién lo plantea?, y ese es el problema, quién lo va a llevar ante un tribunal de esta naturaleza.

Hubo muchos planteamientos, es una situación también del dilema entre la fuerza y el derecho, porque ¿quién plantearía contra China y qué aplicabilidad tendría un Tribunal que no tiene fuerza pública? Porque la Justicia sin el auxilio de la fuerza no funciona, el derecho sin la coerción en lirismo.  Recuerdo que Azorín, el gran escritor de la generación del 98, decía que: “ha dicho un filósofo que los humanos, no pudiendo hacer que lo justo sea lo fuerte, han hecho que lo fuerte sea lo justo”. Afirmaba que, en este espejismo, en este juego consolador vive la humanidad.

También, se comenta que, en la última década, una desviación ideológica ha marcado a estos tribunales.  Quizás a veces, no han visto, hechos deleznables que se produjeron en países con Gobiernos de una práctica o sentido tiránico y dictatorial. Algunos juristas observaron ciertos cuestionamientos, con relación a actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.