La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a través de la Resolución General N° 39, que reglamenta el impuesto al valor agregado (IVA), aclara el alcance del servicio de transporte de carga internacional con la intención de lograr el correcto cumplimiento de las obligaciones, según informó ayer.
Explica que la norma señala que se considerará servicio de transporte de carga internacional, correspondiente a la jurisdicción paraguaya, al prestado desde la aduana por la cual se ingresa el bien al país hasta el destino final en territorio nacional o desde el lugar de origen en territorio nacional hasta la aduana de salida definitiva.
Además, establece que en los servicios de transporte terrestre de carga internacional se aplicará como base imponible el 25% del precio total del flete prestado desde el punto de origen en el exterior hasta el punto de destino en el territorio nacional. En este caso se precisa que si el servicio de flete es prestado por un no residente, el importador debe retener el IVA.
En cuanto a las excepciones de retención del IVA, no procederá en la adquisición de: bienes o servicios de entidades bancarias o financieras, salvo cuando estas operaciones se realicen entre las citadas entidades; bienes o servicios de personas físicas afectadas a los regímenes especiales, entre otros, indica la nota.
El diálogo entre sellos privados y Gobierno para negociar la aplicación del impuesto selectivo al consumo (ISC) a la nafta se reanudó ayer, tras incidentes en el encuentro anterior. Para las autoridades, entre G. 50 y G. 100 por litro sería el impacto en el precio al público de la nafta.
El ministro sustituto de Hacienda, Óscar Orué, destacó “como positivo” que se reanudaran las conversaciones con el sector privado, luego de incidentes verbales con el representante del gremio de las Distribuidoras de Combustibles del Paraguay (Dicapar), Guillermo Parra. La reunión se realizó ayer por la tarde, en sede de la Subsecretaría de Tributación (SET).
Orué indicó que esta apertura significa que el sector acepta la interpretación impuesta en la reforma fiscal, lo cual se traduce en reconocer como nuevos productos las mezclas hechas con nafta virgen y por lo tanto, deben tributar, dijo. Añadió que actualmente los emblemas solo pagan el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en la importación, no así por la oferta al público de las mezclas, cuya calidad oscila entre 85 y 90 octanos.
Señaló que el sector contrató al experto en tributación Carlos Zapata, con quien según el ministro sustituto, se logra “hablar el mismo idioma”.
En cuanto a la conclusión del encuentro, Orué expresó que las partes acordaron analizar tres propuestas, que son la de su institución, Aduanas y del sector privado, y que para este jueves se planifica realizar una nueva reunión para que cada sector exponga sus observaciones, se consensúe y se arribe a un acuerdo. Estimó que mañana se podrían plantear varios escenarios, como posponer la aplicación del ISC a la nafta hasta lograr un acuerdo, ya que el período fenece este viernes, o aplicarse la reforma fiscal con un aumento mínimo del precio de la nafta, o sin impacto en el costo al usuario. “En el diésel se logró un acuerdo sin que signifique un golpe al bolsillo del consumidor”, recordó.
El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, acompaña el proceso ya que la institución a su cargo tiene el control de calidad de los combustibles. Señaló que en simulaciones hechas con técnicos de Petropar, se concluyó que entre G. 50 y G. 100 sería el impacto al precio de venta de nafta. Adelantó que la estatal absorberá el costo. Recordó que cada sello puede fijar el precio que considere.
La empresa inversora para la planta de biocombustibles a instalarse en Villeta, departamento Central, informó ayer que el Ministerio del Ambiente aprobó su estudio de impacto ambiental. Se trata del proyecto “Omega Green Paraguay”, que demandará US$ 800 millones.
Se refiere a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) N° 236/2020, por la cual certifica que se cumplen los requisitos que exige la normativa paraguaya en materia ambiental, según comunicado de la firma.
“La DIA nos impulsa aún más a avanzar en este proyecto para que esté a pleno rendimiento en 2023”, afirmó el presidente de ECB Group, Erasmo Carlos Battisella, refiere el manifiesto.
El inicio de la construcción está previsto para este julio. Las obras tendrán una duración estimada de unos 30 meses, lapso en el que generará 3.000 empleos y, durante su operatividad, otros 2.400, recuerda el comunicado.
Durante la construcción, en caso de comprobarse que el proyecto no se ajusta a lo presentado, la “mal llamada licencia ambiental (como se la conoce porque es declaración)” puede ser anulada, respondió ayer la directora de Evaluación de Impacto Ambiental, Carolina Pedrozo, al ser consultada sobre el documento. Acotó que la DIA tiene vigencia de un año y los datos se encuentran registrados en la página web de la estatal. En el considerando se indica que para la obtención del hidrógeno –materia prima para el biocombustible– será mediante electrólisis (reacción electroquímica, proceso que usa mucha energía y agua), siendo que en diciembre último la firma aclaró que ese método se reemplazó por gas. Según expertos, la producción de esa forma es fuente abundante de emisiones de dióxido de carbono (CO2), contaminante, y que ocasiona efecto invernadero.
La recaudación en enero, mediante el Impuesto a la Renta Personal (IRP), fue de G. 3.309 millones, un 15,6% menos que el mismo periodo del año pasado cuando la SET registró G. 3.921 millones de ingresos en este impuesto.
El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, señaló que este impuesto cuenta con aproximadamente 150.000 contribuyentes y con la reforma, que rige desde este año, la expectativa es alcanzar a unas 30.000 personas más. “Lo más importante es la separación de la renta de capital con la renta del trabajo. Si una persona tiene ingreso de G. 80 millones al año, se convierte en contribuyente del IRP. Si esta persona vende un inmueble, lo obtenido de esa venta es una renta al capital. En la ley anterior se juntaba y se sumaban ambas rentas para sacar la ganancia en el año, luego se pagaba el IRP”, manifestó.
Según datos proporcionados por la SET, en el primer mes del 2020, la recaudación G. 1,14 billones, lo que equivale a aproximadamente US$ 175 millones.
El subsecretario señaló que el Estado prevé para este 2020 que los ingresos tributarios crezcan un 7%, en comparación con el periodo anterior, cuando los ingresos registrados fueron de unos G. 23,5 billones.
“Para este periodo esperamos que los ingresos tengan un mejor rendimiento que el año anterior. Sin embargo, se debe mirar como evoluciona el sector productivo, comercial, luego del estancamiento económico que se registró el año pasado”, manifestó el viceministro.
Los excedentes y utilidades distribuidos por cooperativas y mutuales están exentos de la aplicación del Impuesto a los Dividendos y a las Utilidades (IDU), según informe emitido por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Sin embargo, las cooperativas retendrán el IRP cuando paguen o acrediten a sus socios excedentes en concepto de compensación sobre las aportaciones en los términos de la Ley de Cooperativas.
Los rendimientos o beneficios de empresas unipersonales también son excluidos del IDU, ya que los mismos se retienen dentro del IRE Simple y Resimple. El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, explicó con detalles sobre el alcance de esta nueva imposición, el IDU, que afecta específicamente a empresarios, consorcios, accionistas, etc. “La ley en sí como este impuesto, el IDU, es más justo ya que aquellos que registran mayor volumen de ganancias deberán pagar más en comparación a aquellos que menos facturan”, manifestó el viceministro. Agregó que las tasas del IDU son del 8% para los residentes en el país y del 15% para los no residentes en el Paraguay. Ver Infografía.
Comentó que a diferencia del Impuesto a la Renta Personal (IRP) que puede deducirse totalmente, en el caso del IDU no existe esa posibilidad y la tasa se aplica sobre el valor general de las utilidades o dividendos de capital. El mismo rige desde el 1 de enero del 2020.
Las empresas inversionistas, usuarios de zonas francas y las maquiladoras serán los agentes de información del Impuesto a los Dividendos y las Utilidades (IDU), según datos proporcionados por la SET.
Los agentes de información deberán emitir el comprobante de retención, a través de los medios habilitados por la administración tributaria. En el campo de “Base Imposible” deberá consignar el monto de los dividendos, utilidades o rendimientos acreditados o pagados en tales conceptos y en el campo Impuesto Determinado, el valor cero (0).
Estará alcanzada por el IDU la distribución de utilidades, dividendos o rendimientos que fuera decidida por la asamblea o por el órgano competente que tenga tal autoridad o se encuentre contemplada en el estatuto, con posterioridad a la entrada en vigencia del impuesto. Sin embargo, cuando la distribución de las utilidades fue decidida, contemplada antes de la vigencia del IDU y el pago al dueño o accionista es efectivizado con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, dicho pago estará alcanzado por el IRP o el INR, según se trate de residentes a no residentes.
El Banco Central del Paraguay (BCP) realizó su análisis de diferencial de precios con Argentina, un informe que recoge el nivel de precios, principalmente entre Clorinda y Asunción, y en el cual se observa una amplia diferencia, pues comprar en la ciudad fronteriza cuesta mucho más barato.
En su reporte de inflación, los técnicos de la banca matriz comentaron que en promedio los productos argentinos son 18,5% más bajos que los paraguayos, pero que algunos incluso llegan hasta 37% de diferencia.
En cuanto a los productos, el aceite argentino en Clorinda tiene un precio 37,3% menor a los que se compran en las góndolas asuncenas, mientras que la leche líquida y en polvo, así como los condimentos y aderezos, 34% y 32%, respectivamente.
Las frutas frescas y en conserva cuestan 27,8% menos, mientras que la carne vacuna, fresca y en conserva, con 26,6% menos. Entre otros productos de consumo básico, también están los vinos y cervezas, que poseen una rebaja, comparados con Asunción, de 22,2%. Cargar combustible en la fronteriza ciudad te da un ahorro de 16,4%, según la comparación realizada por el Banco Central.
Para la consultora Mentu, la mayor depreciación del peso argentino frente al dólar hace que los bienes sean más baratos del otro lado de la frontera, comparados con los ofrecidos en Paraguay. Agrega que esta situación provoca una alta demanda de productos argentinos, lo que propicia el contrabando. Esta distorsión en la economía argentina fomenta el mercado informal.
En el primer mes del 2020 las recaudaciones por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias (Iragro) ascendieron a G. 2.489 millones, inferior a los G. 6.921 millones que se registraron en enero del año pasado.
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, mencionó que este comportamiento se debe a los números negativos que experimentó el sector agropecuario en el 2019. En el caso de la soja, los problemas comenzaron por la baja producción que repercutió en una caída de la exportación de granos en un 28,5%, situación que también se registró en el envío de carne con una disminución del 7,3% en el envío al mercado internacional.
En cuanto a su participación en las recaudaciones totales, el viceministro dijo que el Iragro tiene un impacto de solo el 3%. Es un impuesto anual que se paga al año siguiente de cada ejercicio.
Para este 2020 las perspectivas son positivas en los rubros de exportación, lo que a su vez favorecerá una mayor recaudación impositiva, pero a esto se suma la vigencia de la Ley Nº 6380 que crea el Impuesto a la Renta Empresarial, que unifica el Iragro y el Impuesto a la Renta Comercial, Industrial y de Servicios.
En ese sentido, Orué explicó que el sistema simplificado apunta a un mejor panorama. “Con el IDU (Impuesto a los Dividendos y Utilidades) se va a recaudar mucho más, porque el sector agrícola y pecuario no pagaba ese 5% al distribuir utilidades, hoy sí ya lo va a tener que hacer y partir del 2021, 8%”, detalló el viceministro.
De acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (UNPFP), Vicente Meza, este segmento atraviesa por un retroceso debido a la falta de asistencia técnica por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de herramientas financieras.
“Queremos que los representantes del MAG salgan de sus oficinas y trabajen con nosotros, que nos asistan técnicamente. Además, necesitamos herramientas financieras reales para poder impulsar los cultivos”, señaló el presidente de la UNPFP.
Agregó también que por falta de recursos, por ejemplo, ahora no hay producción de tomates. “Los productores que sí tienen, están produciendo ahora; nosotros debemos esperar entre marzo y abril para poder cosechar”, explicó el representante del gremio.
Meza explicó también que actualmente, para abastecer la demanda local de tomate, ingresan productos provenientes desde la Argentina. “Existe potencial para plantar y no importar, abastecer con la producción nacional, pero faltan los recursos”, aseveró.
Por su parte, Ulises Torres, encargado de despacho de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), indicó que ante la alta demanda de tomates provenientes desde la Argentina, este producto es el que más circula y que más incidencia tiene entre los productos de este segmento. “Hay mucha cantidad de productos que circulan tanto por medio terrestre como fluvial. Nuestro trabajo es combatir el contrabando; ahora estamos intensificando los controles porque ya casi no hay producción nacional de tomates”, mencionó Torres.
En otro momento, explicó que además del tomate, la cebolla y la zanahoria son otros productos que ingresan en gran cantidad. “Existe mucha importación de zanahorias provenientes del Brasil, es por eso que estamos redoblando los controles”, remarcó.
De acuerdo con los datos de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (UNPFP), la zona de Caaguazú es líder en producción de tomates con cerca de 700 hectáreas cultivadas. Seguida de otros departamentos como Central, Paraguarí, San Pedro, Cordillera, Concepción, Itapúa y Alto Paraná.
Entre todas estas zonas, se tiene una superficie de cultivo superior a las 1.300 hectáreas. El consumo promedio es de 250.000 kilos. La producción nacional de tomates no es suficiente para abastecer la demanda del mercado y, según estimaciones del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), solo alcanza para cubrir un 35% del mercado interno.
La firma Reimpex entregó ayer once vehículos modelo SUV de la marca JAC S2 al Banco Nacional de Fomento (BNF). Fue en un acto realizado en la planta ensambladora de la firma, en la ciudad de Luque.
Los rodados fueron comprados por el banco a través de una licitación pública realizada en diciembre del año pasado, “a fin de brindar mejor gestión de servicios a sus clientes con autos de fabricación nacional”.
La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, destacó esta adquisición a la industria nacional automotriz que aún es incipiente y requiere de apoyo para potenciarse y que la curva de crecimiento se sostenga.
“Es una producción que requiere de acompañamiento. Las compras públicas son una herramienta nada más. Es el público paraguayo el que dará su confianza y afianzamiento a la industria. El BNF es financista de programas para adquirir vehículos 0 kilómetro de calidad y con servicio de post venta garantizado”, recalcó.
El presidente de la ensambladora, Jorge Samaniego, manifestó que esta adquisición del BNF es muy importante para la industria nacional y hasta ahora es la compra más grande que está haciendo el Estado a la planta. Recordó que los SUV JAC S2 son montados desde el año 2017 y fueron los autos que utilizaron los participantes de la reunión el Banco Interamericano de Desarrollo y también para la renovación de la flota de taxis de Asunción.
Subrayó que siguen comprometidos con la inversión en esta parte industrial donde trabajan directamente 200 personas y otras 1.000 en el área de administración, venta y post venta en todo el Paraguay.
Carlos María Florentín, titular del BNF, felicitó a Reimpex por la evolución en la producción que registran.
Los miembros del equipo negociador paraguayo, para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, mantuvieron ayer su primer encuentro oficial en el Palacio de López. El objetivo fue hacer la presentación oficial del organismo y analizar el escenario que se avecina para el Estado en el marco de las conversaciones con Brasil.
Además de los negociadores principales, ya están plenamente confirmados los delegados de las diversas entidades para los cuatro grupos de trabajo. Al respecto, los grupos de trabajo técnico y comercial iniciarán sus reuniones hoy, a las 15.00, en la sede de la ANDE.
Antonio Rivas, canciller nacional, informó que será el coordinador del equipo negociador, pero además representará a Paraguay como Alta Parte Contratante en la mesa con los brasileños. Apuntó que la meta es buscar un acuerdo ya a mediados de 2021, de manera a que se empiece a aplicar antes del 2023, año en que se cumplen 50 años de entrada en vigencia del Tratado.
Acerca de los planteamientos que haría el gobierno paraguayo, el diplomático apuntó que se deben analizar todas las posibilidades, por lo que no es prudente adelantar posturas, ya que los grupos de trabajo tienen que dar sus pareceres.
En lo que se refiere a la visita del canciller brasileño Ernesto Araújo, recalcó que el jefe de Itamaraty solo comunicó que su país está formando su equipo negociador. Por su parte, nuestro país sí ya le pasó los detalles de sus referentes.
“Nosotros ya empezamos a trabajar, una vez que Brasil tenga su grupo de trabajo hablaremos entre las cancillerías, pero Paraguay ya empieza su trabajo. Tenemos muchísimas variables a analizar. Es importante que no adelantemos posiciones, situaciones, sino hacer todo en forma gradual y conforme a lo que van dictando los grupos de trabajo al equipo negociador ”, detalló.
El presidente Mario Abdo Benítez no participó del mitin de la víspera, pero en su representación asistió Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. Además, estuvieron presentes asesores independientes del sector energético, quienes forman parte de la comisión asesora de la Cancillería.
Luis Villordo, presidente y representante de la ANDE en el equipo negociador, manifestó que se recibirán todas las propuestas de la sociedad civil en general. Los grupos de trabajo tendrán que analizar todos los escenarios, por lo que se mantendrán encuentros periódicos.
Uno de los escenarios primordiales que se surge para el Estado paraguayo es la reducción en el precio de la energía de Itaipú o el ingreso de USD 1.000 millones al año para el Tesoro, una vez que la deuda de la central sea cancelada. La amortización total del pasivo está marcada para el 2023, aunque en el 2022 ya quedará solo un pequeño saldo, por lo que la tarifa de Itaipú caerá automáticamente. Consultado sobre esta situación, Villordo aseveró que todas las posibilidades serán analizadas y finalmente los grupos de trabajo darán su recomendación.
“Los grupos de trabajo deben definir las estrategias principales y una de ellas es ponerse de acuerdo en la prospectiva de energía eléctrica del Paraguay, cómo iremos creciendo en los siguientes años. Es el punto de partida. Mañana (hoy) iniciamos los estudios en los grupos técnico y comercial para definir y estudiar cada una de las alternativas a cabalidad”, puntualizó.
El titular de la empresa pública añadió que todas las opciones y escenarios serán entregados al presidente Abdo Benítez, de forma a que se escoja la mejor alternativa y estrategia.
Los diplomáticos brasileños también señalaron que les interesa llegar a un acuerdo antes del 2023.
