Paraguay volvió a quedar a las puertas del grado de inversión de Fitch Ratings. La calificadora mantuvo al país en BB+, aunque mejoró la perspectiva a positiva, una señal de que reconoce avances en la economía, pero considera que todavía existen obstáculos suficientemente importantes como para no elevar la nota. El problema central no está en la capacidad de crecimiento de Paraguay ni exclusivamente en el nivel de endeudamiento, sino en la dificultad del Estado para demostrar una mejora fiscal sostenida y creíble.
Fitch reconoce que la economía paraguaya creció 6,6% en 2025 y proyecta una expansión de 4,5% para 2026. También destaca que la deuda pública se redujo de 37,5% a 31,7% del PIB en 2025 y que disminuyó la participación de la deuda denominada en moneda extranjera. Sin embargo, estos avances todavía no compensan las dudas que persisten sobre la trayectoria del déficit, la acumulación de obligaciones con proveedores, la rigidez del gasto público, la reducida base de ingresos y las debilidades institucionales.
El déficit sigue siendo el principal obstáculo
El principal problema para Paraguay es que la reducción del déficit todavía depende de una trayectoria que Fitch considera más lenta que la establecida oficialmente por el Gobierno. El plan fiscal contempla llevar el déficit hasta 3,2% del PIB en 2026 y 3,9% en 2027, para alcanzar finalmente el límite de 1,5% en 2028.
El problema es que Fitch no considera suficientemente probable que ese objetivo se cumpla en el plazo previsto. Su proyección ubica el déficit en torno al 2% del PIB en 2028, por encima del 1,5% planteado oficialmente, y además advierte que existen riesgos al alza derivados de las presiones sobre el gasto. La diferencia puede parecer pequeña en términos porcentuales, pero para una calificadora constituye una señal relevante: significa que la consolidación fiscal anunciada todavía no se tradujo en una trayectoria que pueda considerarse plenamente creíble.
La cuestión adquiere mayor importancia porque la convergencia al 1,5% del PIB ya fue postergada. El objetivo que originalmente debía alcanzarse en 2026 pasó a 2028. Para Fitch, esta modificación de los plazos se suma a las desviaciones respecto de la regla fiscal registradas desde 2019 y afecta la credibilidad de la política fiscal.
El Estado acumula obligaciones mientras intenta reducir el déficit
Uno de los elementos más delicados es la existencia de aproximadamente US$1.300 millones en atrasos con proveedores, equivalentes a cerca del 2% del PIB. La mayor parte corresponde a empresas constructoras y farmacéuticas.
El problema no se limita al monto. Fitch señala que esos atrasos reflejan obligaciones que no fueron autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y recuerda que se trata de una situación que se suma a otro episodio de atrasos registrado en 2023. Para la calificadora, esta práctica, junto con las desviaciones de la regla fiscal, contribuyó a debilitar la credibilidad de la política fiscal.
El Gobierno contempla destinar alrededor de 1,8 puntos porcentuales del PIB para saldar la mayor parte de esas obligaciones. El mecanismo tampoco será inmediato ni uniforme: los atrasos correspondientes al sector de la construcción están previstos para ser atendidos mediante partidas presupuestarias en 2026, mientras que los compromisos con empresas farmacéuticas serían abordados en 2027 mediante la cesión de derechos de cobro, distribuida entre 2026 y 2029.
Esto significa que una parte importante del esfuerzo fiscal de los próximos años estará destinada a corregir obligaciones acumuladas anteriormente. Al mismo tiempo, el Gobierno proyecta otros 2,3 puntos del PIB en mayores gastos vinculados principalmente con salud y obras públicas. La combinación limita el margen disponible para conseguir una reducción rápida del déficit.
Casi 70% de los recursos ya está comprometido
La estructura del gasto público agrega otra dificultad. Entre enero y agosto de 2026, las transferencias de recursos para financiar a la Administración Central alcanzaron G. 42,46 billones, frente a G. 40,25 billones en el mismo período de 2025, un aumento de 5,5%.
El principal componente fueron los Servicios Personales, con G. 16,34 billones, un incremento de 10,3%. Las Jubilaciones y Pensiones llegaron a G. 6,40 billones, con una expansión de 11,2%. En cambio, el gasto relacionado con la deuda disminuyó 10,5%, de G. 7,17 billones a G. 6,42 billones.
La importancia está en la composición y no solamente en el crecimiento total. Servicios Personales, Jubilaciones y Pensiones, y Deuda representaron conjuntamente cerca del 70% de los recursos transferidos durante el período. Por lo tanto, una proporción muy elevada de los recursos públicos está vinculada a compromisos que tienen escaso margen de reducción inmediata.
La reducción del gasto relacionado con la deuda ayudó a contener el crecimiento global de las transferencias, pero no eliminó la presión derivada de salarios y jubilaciones. Los Servicios Personales y las Jubilaciones y Pensiones aumentaron con fuerza durante el período, mientras que otros componentes también registraron incrementos, como medicamentos, alimentos y servicios básicos.
El resultado es una estructura presupuestaria en la que el Estado tiene menos capacidad para ajustar rápidamente sus gastos si los ingresos se desaceleran o si aparece una necesidad adicional de consolidación fiscal.
La deuda pública bajó, pero la tendencia puede volver a cambiar
La evolución de la deuda constituye uno de los elementos positivos reconocidos por Fitch. La deuda pública pasó de representar 37,5% del PIB en 2024 a 31,7% en 2025. Además, la proporción de deuda denominada en moneda extranjera cayó de 90,2% en 2023 a 74,5% en junio de 2026.
Sin embargo, la reducción registrada hasta ahora no elimina las preocupaciones sobre la trayectoria futura. De hecho, Fitch proyecta que la deuda vuelva a aumentar hasta aproximadamente 34,5% del PIB en 2028. El punto central, por tanto, no es solamente el nivel actual de endeudamiento, sino si el Gobierno conseguirá mantener una trayectoria fiscal capaz de estabilizarlo.
Esto explica por qué el comportamiento de la deuda no resulta suficiente para obtener el grado de inversión. Un país puede presentar un nivel de deuda relativamente contenido y, al mismo tiempo, enfrentar dudas sobre la capacidad de mantener esa posición si los déficits permanecen elevados durante varios años.
La Caja Fiscal mantiene abierta una presión de largo plazo
A las obligaciones actuales se suma una presión de carácter estructural: la Caja Fiscal. Las proyecciones citadas en el análisis ubican su déficit en 1,2% del PIB para 2034 incluso después de la reforma, frente a 1,6% en un escenario sin reforma.
La diferencia muestra que las modificaciones realizadas pueden reducir el problema, pero no lo eliminan. Esto es importante para la evaluación de las finanzas públicas porque las presiones previsionales no desaparecen con una reducción coyuntural del déficit del Gobierno central.
En otras palabras, el Estado no solamente debe corregir el desequilibrio fiscal de los próximos años. También debe demostrar que puede contener obligaciones que continuarán presionando las cuentas públicas en el largo plazo.
El problema de los ingresos limita el margen de maniobra
Fitch también identifica como una debilidad la reducida base de ingresos públicos. Esta característica limita la capacidad del Estado para absorber shocks sin recurrir a mayor endeudamiento, recortes de gasto o nuevas medidas fiscales.
La situación resulta especialmente relevante para Paraguay porque el país mantiene una exposición significativa a factores climáticos. Sequías y fenómenos como El Niño pueden afectar tanto la producción agrícola como la generación hidroeléctrica. La diversificación de la economía ha reducido parcialmente ese impacto, pero no elimina la vulnerabilidad.
Una base de ingresos estrecha implica que, ante una caída de la actividad o una emergencia que exija mayores desembolsos, el margen de reacción fiscal es menor. Por eso, para Fitch, ampliar la base de ingresos forma parte de las condiciones que podrían contribuir a una futura mejora de la calificación.
La debilidad institucional también tiene un costo financiero
La evaluación de Fitch no se limita a las variables estrictamente fiscales. La calificadora también identifica debilidades en la capacidad institucional, el Estado de derecho y los indicadores de corrupción. Paraguay se encuentra en el percentil 39 de los indicadores mundiales de gobernanza utilizados por Fitch.
La relevancia económica de este factor está en que la calidad institucional forma parte del perfil crediticio de un país. La capacidad de aprobar, ejecutar y sostener reformas fiscales durante varios años es tan importante como el anuncio inicial de esas medidas.
En este punto, la acumulación de atrasos y las desviaciones de la regla fiscal adquieren una dimensión adicional: no se trata solamente de cuánto dinero debe el Estado o de cuánto se desvía el déficit, sino de la capacidad institucional para cumplir las reglas presupuestarias y evitar que las obligaciones se acumulen fuera de la planificación fiscal.
Un mercado de capitales todavía limitado reduce las alternativas
Otro de los obstáculos identificados por Fitch es el escaso desarrollo del mercado de capitales doméstico. Para una economía que necesita financiar al Estado durante períodos prolongados, contar con un mercado local profundo permite ampliar las alternativas de financiamiento y reducir determinadas vulnerabilidades.
La limitación del mercado interno, por el contrario, restringe la flexibilidad de la financiación fiscal. Esto adquiere mayor importancia cuando el Gobierno necesita administrar simultáneamente déficit, vencimientos de deuda y obligaciones acumuladas con proveedores.
Por eso, el fortalecimiento del mercado de capitales no constituye solamente una cuestión financiera. También forma parte de la capacidad del Estado para administrar su política fiscal con mayor margen de maniobra.
El crecimiento no alcanza para compensar las debilidades fiscales
Paraguay tiene uno de los elementos que cualquier calificadora considera favorable: crecimiento económico. El PIB aumentó 6,6% en 2025 y Fitch proyecta una expansión de 4,5% para 2026, con una posterior moderación hacia tasas cercanas al 4%.
Pero el crecimiento no resuelve automáticamente los problemas de las cuentas públicas. Una economía puede expandirse rápidamente y, al mismo tiempo, mantener un déficit elevado, acumular obligaciones con proveedores o aumentar compromisos permanentes de gasto.
El caso paraguayo muestra precisamente esa tensión. La economía presenta buenos indicadores de actividad y una deuda pública que se redujo con fuerza en 2025, pero el Estado todavía debe demostrar que puede convertir ese crecimiento en una posición fiscal más sólida y duradera.
A esto se suma la incertidumbre que Fitch observa sobre algunos grandes proyectos de inversión, entre ellos Paracel y Atome. Estos proyectos pueden contribuir a sostener el crecimiento y diversificar la economía, pero la calificadora advierte que todavía existen elementos de incertidumbre en torno a su desarrollo.
El grado de inversión exige resultados, no solamente proyecciones
La diferencia entre mantener una perspectiva positiva y obtener efectivamente el grado de inversión está, en buena medida, en la capacidad de transformar los compromisos anunciados en resultados verificables. Fitch reconoce avances importantes: crecimiento elevado, reducción de la deuda pública, menor exposición cambiaria y una perspectiva de expansión económica que sigue siendo favorable. Pero también identifica problemas que no se solucionan únicamente mediante nuevas metas fiscales.
El déficit debe converger efectivamente hacia el 1,5% del PIB; los atrasos con proveedores deben ser evitados de manera permanente; la base de ingresos necesita ampliarse; el gasto debe adquirir mayor flexibilidad y las reformas institucionales deben mostrar resultados sostenidos.
La propia perspectiva positiva de Fitch indica que una eventual mejora de la calificación dependerá de una consolidación fiscal creíble, de una mayor confianza en un crecimiento elevado y sostenido, del avance de grandes proyectos de inversión, de una ampliación de la base de ingresos, de la prevención de nuevos atrasos y de señales de mejora sostenida en la gobernanza. Por eso, el principal obstáculo para Paraguay no parece ser la falta de crecimiento económico. El desafío es demostrar que el Estado puede administrar ese crecimiento con una disciplina fiscal suficiente para evitar que el déficit, los atrasos y los compromisos permanentes vuelvan a deteriorar las cuentas públicas.
Paraguay tiene una economía que crece más rápido de lo que logra ordenar sus cuentas públicas. Mientras esa brecha no se cierre, la mejora de la calificación seguirá dependiendo de que el Estado demuestre disciplina fiscal de manera sostenida y no solamente mediante nuevas proyecciones.
