El Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público, conocido como la Caja Fiscal, cerró el primer cuatrimestre de 2026 con un déficit acumulado de G. 882.136 millones, equivalente a aproximadamente USD 144,6 millones al tipo de cambio de cierre de abril. La brecha entre ingresos y egresos del fondo alcanzó el 42%, una diferencia que se financia en su mayor parte con recursos tributarios aportados por la ciudadanía paraguaya y que representa casi USD 1,1 millones de déficit por día, según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Un desequilibrio que crece tanto en guaraníes como en dólares
El desequilibrio previsional mostró un crecimiento interanual de 8,3% en moneda local: en el mismo período de 2025, el déficit había alcanzado G. 814.352 millones, equivalente en ese momento a unos USD 102 millones. Sin embargo, al medirlo en dólares, la expansión es considerablemente mayor: la apreciación del guaraní frente al dólar durante el último año amplificó el impacto en términos de la divisa estadounidense, llevando la variación a un 40% en términos comparativos.
Solo en el mes de abril, la diferencia entre aportes y pagos fue de G. 212.577 millones, es decir, alrededor de USD 34 millones en un solo mes. En el acumulado enero-abril, los ingresos del fondo totalizaron G. 1,19 billones, mientras que los egresos alcanzaron G. 2,079 billones, confirmando que la tendencia deficitaria se mantiene constante mes a mes.
Maestros, policías y militares, los sectores más comprometidos
Los sectores con mayor desequilibrio continúan siendo los docentes, los policías y los militares. El sector del magisterio lidera el déficit con G. 417.242 millones (USD 68,4 millones): sus aportes sumaron G. 448.599 millones, pero sus egresos ascendieron a G. 865.841 millones. Los policías acumularon aportes por G. 164.638 millones frente a egresos de G. 392.156 millones, generando un saldo negativo de G. 227.518 millones (USD 37,2 millones). Los militares, por su parte, registraron ingresos de G. 87.992 millones y gastos de G. 313.635 millones, con una brecha negativa de G. 225.643 millones (USD 36,9 millones).
En términos relativos, los militares presentan la mayor disparidad: sus egresos superan en 72% a sus ingresos. Les siguen los policías con un 58%, los docentes con un 48%, los docentes universitarios con un 23% y los magistrados judiciales con un 20%.
Los empleados públicos entran por primera vez en zona deficitaria
Un dato que llama especialmente la atención es que los empleados públicos, históricamente el único sector de la Caja Fiscal con superávit, registraron en abril una pérdida del 3%, equivalente a G. 2.810 millones o aproximadamente USD 460.655. Es la primera vez que este grupo ingresa a los números rojos en términos mensuales.
En el acumulado del año, la administración pública aún conserva un sobrante de G. 14.461 millones, equivalente a un 4% de diferencia positiva, aunque esa reserva se redujo en 64,5% respecto al mismo período del año anterior, lo que anticipa que, de continuar la tendencia, el sector podría consolidarse como deficitario en los próximos meses.
Conforme a la nueva reforma de la Caja Fiscal promulgada por el presidente Santiago Peña en marzo pasado mediante la Ley 7633, los empleados públicos que resulten completamente deficitarios deberán comenzar a aportar un 3% adicional al fondo, al igual que los sectores que ya acumulan pérdidas.
Una reforma que llegó recortada tras presiones gremiales
La ley de reforma previsional aprobada por el Congreso es considerada insuficiente por técnicos del sector. La propuesta original del Ejecutivo proyectaba reducir el déficit en un 60%, pero las modificaciones introducidas durante el debate parlamentario, en buena parte como resultado de la presión ejercida por el sector docente, derivaron en una denominada «reforma light» que, según estimaciones, apenas logrará recortar el desequilibrio en un 40%. En la práctica, la medida empujaría el problema hacia adelante sin resolverlo estructuralmente.
Más aportantes en camino, pero la solución no es inmediata
A fines de abril, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 5929/2026, que reglamenta el artículo 84 de la Ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil. La norma dispone la incorporación al sistema previsional público de los empleados y contratados de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) pertenecientes al ámbito del Poder Ejecutivo. La integración efectiva comenzará en el segundo semestre de este ejercicio fiscal, con una incorporación gradual que también incluirá a funcionarios de los demás poderes del Estado.
Actualmente, la Caja Fiscal cuenta con 238.490 aportantes activos: el 36% son empleados públicos, el 34% docentes, el 16% policías, el 7% militares, el 6% docentes universitarios y los restantes 3.035, magistrados judiciales. Los beneficiarios activos suman 82.037, de los cuales 72.329 son jubilados y 12.448 son pensionados o herederos.
El Tesoro transfiere G. 20,4 billones en cuatro meses y el gasto rígido presiona las cuentas públicas
En paralelo al deterioro previsional, las transferencias de la Tesorería General para financiar la Administración Central acumularon G. 20,446 billones entre enero y abril de 2026, un incremento de G. 1,757 billones respecto al mismo período de 2025, equivalente a una variación de 9,4%.
El rubro de Servicios Personales fue el de mayor crecimiento en términos absolutos: pasó de G. 7,023 billones a G. 7,910 billones, un aumento de G. 886.759 millones que representa una variación del 12,6%. El componente salarial se consolida así como el principal destino de los recursos del Tesoro.
El Servicio de la Deuda mostró la mayor expansión relativa: sus transferencias crecieron de G. 3,282 billones a G. 4,007 billones, un alza de G. 725.400 millones equivalente al 22,1%. Este comportamiento refleja el creciente peso de los compromisos financieros dentro de las cuentas públicas y la mayor participación del endeudamiento en la estructura fiscal del Estado.
Las transferencias destinadas a Jubilaciones y Pensiones también aumentaron, de G. 2,814 billones a G. 3,108 billones, un incremento de G. 294.304 millones equivalente al 10,5%. Este componente, al igual que el salarial y el de deuda, forma parte del gasto rígido del Estado, es decir, obligaciones permanentes sobre las que existe escaso margen de ajuste en el corto plazo.
La inversión pública, la gran perdedora del ajuste
En contraposición al avance de los gastos rígidos, la inversión pública acusó una de las principales contracciones dentro de la estructura del gasto. Las transferencias destinadas a inversiones cayeron de G. 1,605 billones a G. 1,198 billones, una reducción de G. 406.504 millones equivalente al 25,3%. El dato pone de manifiesto una tendencia preocupante: mientras las obligaciones previsionales, salariales y financieras absorben una porción creciente del presupuesto, los recursos disponibles para infraestructura y desarrollo se reducen, comprometiendo la capacidad del Estado de generar condiciones para el crecimiento económico en el mediano y largo plazo.
