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Productores logran reducir retención de renta empresarial al 1 por ciento

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Hector-Cristaldo
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Productores agrícolas consiguieron que el Poder Ejecutivo, vía decreto, reduzca el porcentaje de retención del impuesto a la renta empresarial (IRE) al 1%, según el titular de la UGP, Héctor Cristaldo.

Luego del reclamo de los agricultores ante la incidencia de la retención del IRE (Impuesto a la Renta Empresarial) para vender sus productos con autofactura, el Gobierno redujo el porcentaje de retención al 1%.

Esta medida estará vigente por seis meses y permitirá, además, que el productor pueda seguir vendiendo con autofactura.

“Planteamos una revisión general y la habilitación de la autofactura sin retención. Al final logramos que se retenga solo el 1%, que no es lo ideal, pero es un avance para que el productor pueda vender por ahora”, manifestó el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Añadió que es una solución transitoria, hasta julio, y que luego habrá que encontrar un sistema más práctico y simple, que no tenga impacto en el flujo de ingreso de la gente.

Indicó, igualmente, que una de las fallas del IRE es que, al ser aplicado a los productores que no tienen factura (es decir que se manejan con autofactura), se les cobra 10% a cuenta de una supuesta ganancia (del 30%), que en rigor no existe.

“La otra gran falla es presuponer que todo el mundo tiene RUC, y en Paraguay no es así: hay alrededor de 100.000 personas en el campo que no tienen RUC, y eso no cambiará de un día para otro”, señaló el titular del gremio productor.

Expresó, además, que hay apertura por parte de las instituciones pertinentes y que tienen esperanzas en la solución de este problema en los próximos meses.

El Decreto N° 3276/20 señala en su considerando que, el Poder Ejecutivo, con la intención de no generar distorsiones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en virtud de las particularidades propias del sector, resuelve de manera excepcional y transitoria la reducción de la renta neta, a ser considerada a los efectos de la retención del IRE, al momento de la adquisición de ciertos bienes de personas físicas, pequeños productores.

De esta forma, declara en su artículo 1°: dispónese de manera excepcional, hasta el 31 de julio de 2020, que los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), quienes conforme con el Artículo 93 del Anexo del Decreto N° 3182/19, deban retener el impuesto a personas físicas pequeños productores cuando adquieran productos agrícolas frutícolas, hortícolas y pecuarios señalados… aplicarán la retención del IRE, Régimen Especial, considerando como Renta Neta el 10% del precio de la operación monto sobre el cual se aplicará la tasa general del IRE.

ABC color

Benigno lamenta “reacción primitiva” en Banco Central

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Benigno-lopez
Benigno-lopez

El ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó ayer que si el pago de beneficios complementarios al salario es un derecho adquirido como dicen los sindicatos públicos, en lugar de manifestarse violentamente deberían recurrir a la justicia.

A su criterio, todo contrato es revisable y en una sociedad decente y desarrollada las discusiones jurídicas se resuelven en los tribunales. “Por qué no quieren llevar la discusión ahí, porqué usan la amenaza, la estrategia del amedrentamiento y el cierre o la no provisión de los servicios públicos, como hicieron ayer en el Banco Central del Paraguay (BCP)”, indico el ministro.

Considera lamentable que se tengan “reacciones primitivas” en una entidad que se supone es el ejemplo. como es el BCP, con relación a la medida de cerrar el paso a los vehículos de caudales que los funcionarios realizaron como protesta.

El ministro hizo declaraciones ayer en Palacio de Gobierno, luego de una reunión que mantuvo con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

En cuanto a la posibilidad de que exista un “chantaje electoral”, ya que estamos en un año de elecciones y los sindicalistas podrían amenazar con no votar a los candidatos oficiales si se les retira los beneficios, López afirmó que eso ya no funciona y que más bien la ciudadanía se va a fijar en lo que se viene haciendo con los recursos para dar respuestas a los contribuyentes.

López se mostró partidario del diálogo y no de la confrontación, pero también firme para mantener las restricciones al pago de beneficios adicionales (ayuda vacacional, alimentaria, gratificaciones, entre otros) dispuestas a través del decreto que reglamenta la ley presupuesto.

Agregó que para el pago de estos beneficios se tenía previsto más de US$ 75 millones e insistió en que es el inicio del proceso para mejorar el gasto público que reclama la ciudadanía.

Dejó en claro que no se recortaron salarios y que los funcionarios seguirán cobrando estos beneficios, pero limitados y es esto lo que motiva la protesta de algunos sindicatos, ya que evidentemente venían cobrando más.

López insistió en que el gobierno asumió un compromiso con la mejora del gasto público, ya que el año pasado se llevó a cabo una importante reforma tributaria que va a implicar mayores recursos para el Estado “y lo peor que podría darse es que esos recursos, en lugar de ir a donde tiene que ir, vayan de nuevo a salarios”.

ABC color

La ARP insiste en no comprar más tierras

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deforestacion
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El representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) ante la Junta Asesora y de Control del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), doctor Diego Torales, insistió en que el ente agrario ya no debe adquirir más tierras.

“Quieren que se trate en Junta Asesora la compra de más tierras, pero nosotros aprobamos y nunca se paga y sigue aumentando la deuda –del Indert–”, sostuvo Torales.

Añadió que el problema es que si no se empieza a pagar lo que se debe, eso genera como una suerte de bola de nieve que podría ser peligroso por las consecuencias que acarrearía”. El representante de la Rural ante el ente agrario reiteró que el patrimonio de la institución pública está en torno a 1 millón de hectáreas de tierras y sobre eso no existen registros genuinos.

Actualmente el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) del Indert se encuentra haciendo un catastro para individualizar quiénes están ocupando esas propiedades, apuntó Torales.

“Solo con ese catastro se podrá saber en manos de quiénes se encuentran todos esos inmuebles y si realmente faltan tierras para repartir. A partir de ahí se podría analizar de vuelta la necesidad o no de comprar más tierras desde el Indert”, expresó finalmente el doctor Diego Torales, miembro de la Junta Asesora.

ABC color

Pago de deuda crece 14,5%, pero ingresos apenas 1,7%

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El pago de la deuda pública cerró el 2019 en unos G. 3,7 billones (USD 584,3 millones al cambio actual), lo que implica un aumento del 14,5% en la ejecución de este concepto frente al 2018, según el documento publicado en la víspera por el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con este resultado, en términos porcentuales, el crecimiento del servicio del pasivo estatal es 8 veces superior al crecimiento registrado en los ingresos tributarios. Esto, teniendo en cuenta que la recaudación de impuestos alcanzó el año pasado los G. 23,5 billones (USD 3.701 millones), resultado que representa un incremento de apenas el 1,7% en relación al 2018.

Si bien el pago de la deuda total representa solo el 16% de todo lo que ingresó al Fisco en tributos, esta situación es motivo de preocupación en analistas económicos.

En ese sentido, el directivo de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, Luis Rojas, remarcó que si los ingresos no acompañan la toma de deuda, el Tesoro deberá idear estrategias en los años de vencimiento de los bonos soberanos, ya que si no se tiene los ingresos necesarios, se deberá poner límites a los gastos sensibles, como educación, salud o viviendas.

El primer vencimiento de los títulos del Tesoro colocados en el mercado extranjero será en el 2023. Ese año, fenecen los papeles colocados en 2013 y 2015, por valor de USD 780 millones. Si a esto se suman los pagos de intereses, los compromisos que deben ser cancelados en ese ejercicio llegan a los USD 1.000 millones.

De acuerdo con los datos de Hacienda, del total desembolsado para el servicio de la deuda pública por el Gobierno Central, G. 1,9 billones (USD 308,4 millones) corresponden al pago de los intereses.

Este indicador registró un crecimiento del 26,6% en comparación al 2018, ejercicio en que se desembolsaron G. 1,5 billones (USD 243,6 millones) para honrar los intereses.

El pago de los intereses de la deuda es cubierto anualmente con los ingresos provenientes del cobro de impuestos, mientras que el pago del capital se realiza con los bonos soberanos, según dispone la Ley de Administración Financiera.

Al igual que el crecimiento de la deuda estatal cada año, principalmente para financiar obras, el servicio de los compromisos también se va convirtiendo en una mayor carga para las finanzas públicas.

La deuda pública paraguaya alcanza en la actualidad USD 8.761,4 millones, lo que equivale al 22,7% del Producto Interno Bruto (PIB), según el último reporte de Hacienda.

El informe del Fisco señala que del total de los compromisos, USD 7.176,1 millones corresponden a los compromisos asumidos internacionalmente, cifra que representa una participación del 81,9%.

La deuda interna, por su parte, alcanzó los USD 1.585,3 millones, equivalentes al restante 18,1% del total.

ÚH

Gasto ejecutado el año pasado creció 12,6%

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Los gastos realizados por la administración central el año pasado alcanzaron G. 42,8 billones (US$ 6.614 millones al cambio vigente), según el informe correspondiente al cierre del ejercicio 2019, que dio a conocer ayer el Ministerio de Hacienda.

La cartera señala que este monto ejecutado representa un aumento del 12,6% con relación al mismo periodo del año pasado, lo que equivale a G. 4,8 billones (US$ 756 millones) más.

El informe indica que 16,9 billones (US$ 2.661 millones), equivalente al 40% de lo ejecutado, correspondió a gastos en servicios personales (salarios y otros beneficios).

Añade, que en este concepto de servicios personales las entidades con mayor participación fueron el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con el 33%, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con 18%, el Ministerio del Interior con 13% y el Ministerio de Defensa Nacional, con el 8%.

El informe de Hacienda también explica que la inversión física demandó G. 4,9 billones (US$ 772 millones), lo que representó un aumento del 32,9%, con respecto a 2018. En tanto, las transferencias se realizaron por G. 11,8 billones (US$ 1.858 millones), la mayor parte correspondiente al Ministerio de Hacienda para pagos a jubilados y pensionados de la función pública, transferencia monetaria a gobiernos subnacionales y pago de la pensión alimentaria a adultos mayores.

ABC color

Itaipú impulsó el uso de paneles en el Chaco

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Paneles-solares
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Son 160 paneles solares que forman parte del proyecto seguridad energética en loca­lidades aisladas del Chaco paraguayo.

Fue impulsado justamente por Itaipú Bina­cional es la instalación de paneles solares y eólicos en la remota Quinta División de Infantería, situada en Mayor Pablo Lagerenza, Alto Para­guay.

Mediante la planta de energía solar, el cuartel de la Quinta División de Infantería cuenta con una pista iluminada con luces led para operar todo el tiempo. También la zona de Bahía Negra tiene proyec­tado utilizar este tipo de tec­nología con la colaboración de Itaipú.

Un foco discutible en estos tiempos está relacionado con el consumo de los deri­vados del petróleo, los com­bustibles, que son uno de los mayores contaminantes (tanto diésel como nafta) que producen emisiones de CO2 (dióxido de carbono) que bien podría ser reempla­zado por la energía solar a través de los vehículos eléc­tricos.

En este aspecto, Itaipú viene impulsado la creación de la “ruta verde” que se trata de cargadores ubicados entre Asunción y Ciudad del Este para la recarga de automó­viles que se muevan con la electricidad que generan los paneles solares. Un pro­yecto que se ha demorado en su concreción por diferentes motivos.

Además, está el costo de las unidades que utilizan dicha tecnología, que poco a poco están siendo importadas por las diferentes marcas presentes en el país.

Las energías fósiles son uno de los causantes del efecto invernadero que en Para­guay, así como en el resto del mundo, ocasionan inunda­ciones y sequías.

La Nación

Zona Franca hace dos meses paga arancel a Brasil como si fuera China

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zona-franca
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Desde noviembre, empresarios que operan en Zona Franca deben pagar aranceles entre 16% y 30% al Brasil, como si fuera de China o de cualquier país de extrazona, porque no se les reconoce su certificado de origen de zona franca en Paraguay, integrante del Mercosur.

El abogado tributarista Artur Ricardo Ratc, que asesora varias industrias instaladas en una zona franca de Ciudad del Este, dijo que los empresarios brasileños tienen la idea de que Paraguay no es un local seguro para inversiones, tras la pérdida de competitividad de las fábricas de zonas francas por la aplicación de un nuevo arancel en Brasil. “Para todos los empresarios de Brasil la idea es que Paraguay no es un lugar para inversiones, no es seguro para crecer blindado con seguridad jurídica”, expresó Ratc, en su oficina ubicada en la Zona Franca Global, en esta ciudad.

Además de la nombrada, la zona franca Trans Trade SA funciona en Ciudad del Este y ambas albergan 35 industrias que emplean a más de 3.000 trabajadores (ver infografía).

Las fábricas que operan bajo el referido régimen fiscal perdieron competitividad en Brasil (principal mercado), luego de que se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico una disposición del Mercado Común del Sur (Mercosur), que prohíbe la emisión de certificado de origen a productos elaborados en zonas francas. Con la nueva disposición los industriales de zonas francas deben abonar un impuesto de exportación en Brasil, que va entre 16% y 30%.

A raíz de esta situación las empresas Industria Paraguaya de Papeles SA, Py Industria y Comercio de Compuestos de PVC SA y Oximing Paraguay SA suspendieron sus actividades, mientras que compañías como Inova Tecnomecánica SA, ZM Sudamérica SA y Hecaplast Paraguay operan a medias.

Ratc señaló que es necesario que el Gobierno converse con su par del vecino país para salvar a las industrias en zona franca. “En el gobierno anterior (de Horacio Cartes) teníamos un foco muy grande de traer con la máxima seguridad a las empresas; necesitamos eso en este gobierno”, destacó.

Los representantes de las zonas francas plantearon la problemática ante las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), pero hasta ahora no tuvieron una respuesta favorable.

Los industriales de zonas francas tienen la opción de convertirse para operar en el régimen maquila. Sin embargo, bajo dicha modalidad las empresas activan con mayor burocracia y gastos, según Ratc.

El abogado tributarista representante del Colegio de Abogados de Brasil, explicó que en zonas francas se abona 0,5% de impuesto sobre bienes exportados, mientras que en la maquila el 1%. Además, existe mayor flexibilidad para los trámites aduaneros.

El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, quien lideraba las negociaciones con los empresarios, evitó responder reiteradamente sobre los avances que habría en la solución propuesta a los hombres de negocios, que consiste en cambiarse del régimen de zona franca al de maquila. Los representantes de esas compañías habían aceptado la proposición del referido cambio, con la promesa de las autoridades de que agilizarían los procesos y demorarían solamente seis semanas. El acuerdo se hizo el año pasado pero aún no se materializó.

ABC color

La reducción de la retención del IRE a los productores será por seis meses

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PRODUCTORES
PRODUCTORES

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto Nº 3276 por el cual se reduce de 3% a 1% la retención a los productores que no están registrados como aportantes del impuesto a la renta empresarial. La medida excepcional regirá hasta el 31 de julio para dar tiempo a los agricultores a inscribirse en el Registro Único del Contribuyente (RUC).

El documento ahora considera una renta neta del 10% –anteriormente era del 30%– sobre el cual se aplicará la tasa general del IRE, que también es del 10%.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, comentó que de manera inmediata la retención afecta a los pequeños productores de sésamo, que están en plena cosecha y que en días serán objeto de los descuentos por parte de los acopiadores, de acuerdo a lo que establece el Decreto reglamentario Nº 3182 de la reforma tributaria.

“Creemos que en estos seis meses ya vamos a hacer una muy fuerte campaña entonces, una vez que estén inscriptos los productores, ya no van a tener ese inconveniente”, expresó el secretario de Estado luego de confirmar que el mandatario ya dio su visto bueno a la decisión consensuada con la Subsecretaría de Estado de Tributación.

Los labriegos deben inscribirse en el RUC para figurar como contribuyentes del IRE en el Régimen Especial de Personas Físicas Pequeños Productores, a partir de allí ya no tendrán retenciones por parte de los compradores, pero deberán abonar desde el año siguiente G. 1.000 por cada millón de ventas facturadas.

Desde la Unión de Gremios de la Producción habían pedido la suspensión de su aplicación, pero igualmente aceptan la baja al 1%, dijo su vicepresidente, José Berea.

En cuanto a la Asociación Rural del Paraguay, que también conforma este gremio, su tesorero, Jorge Dos Santos, manifestó que cualquier retención es injusta. “De todas formas es menos perjudicial que te retengan el 1% a que te retengan el 3%”, expresó.

ÚH

En mayo concluirá el diseño final del puente Asunción-Chaco’i

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Puente a chaco'i
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Puente a chaco'i
Puente a chaco’i

Para el mes de mayo, el Consorcio Unión, integrado por las empresas CDD Construcciones SA y la Constructora Heisecke SA, estará terminando el diseño final de la obra para iniciar la construcción del puente que unirá Asunción con Chaco’i.

Así anunciaron ayer representantes del mencionado grupo tras una reunión mantenida con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens y su equipo técnico.

Reinaldo Delgado, director de la empresa CDD Construcciones, explicó que la reunión celebrada ayer por la mañana fue para informar al titular del MOPC sobre los avances que se tienen en esta etapa de la obra.

Resaltó que la complejidad del proyecto requiere analizar hasta los más mínimos detalles, principalmente teniendo en cuenta su ubicación, para que durante su proceso constructivo, no afecte la navegabilidad del río Paraguay y su entorno.

En el encuentro también estuvieron directivos de la empresa portuguesa ConstruGomes, especialista en puentes atirantados y actual subcontratista del Consorcio Unión, que tiene a su cargo la elaboración del diseño final de ingeniería.

El puente Asunción-Chaco’i tendrá 449 metros de longitud y el trayecto total será 7.400 metros, desde el empalme con la ruta José Falcón, en la Región Occidental, hasta su empalme con la avenida Primer Presidente, en la Costanera Norte de Asunción. La luz del puente será de 260 metros.

El plazo de ejecución es de 36 meses a partir de la orden de inicio. El monto de la adjudicación es por G. 789.417 millones (USD 123,3 millones al cambio actual).

ÚH

Gobierno dice que inyectó más de US$ 1.305 millones

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El Gobierno inyectó a la economía más de US$ 1.305 millones en el cierre del ejercicio 2019, señala un informe con datos preliminares que dio a conocer ayer el Ministerio de Hacienda.

La entidad indica que esta inyección de capital forma parte de las acciones implementadas para reactivar la economía, a través de los tres pilares de acción, que constituyen la aceleración de las inversiones públicas, el apoyo y protección social, y la ayuda a la producción y al comercio.

Explica que de acuerdo con los datos, se distingue que la aceleración de las inversiones públicas alcanzó US$ 971.294.811 (82%); el monto inyectado al apoyo y protección social fue de US$ 81.865.766 (59%); y la ayuda a la producción y al comercio se ubicó con US$ 252.612.167 (94%).

“Los compromisos que tuvieron un mejor desempeño dentro de las inversiones públicas son: infraestructura para la educación; obras de Itaipú; ruta 9; rutas y caminos vecinales; entrega de fondos a gobernaciones; alcantarillados; y rutas 2 y 7”, añade la nota.

Además, el mejoramiento de las condiciones de aprendizaje; las oficinas de gobierno; inversión en salud; ruta bioceánica; mejoramiento del sistema eléctrico; obras de Yacyretá; penitenciarías; construcción de viviendas sociales; y proyectos de agua y saneamiento.

La mayor inversión en infraestructura terminó incrementando el déficit fiscal a 2,8% del PIB, muy por encima del tope de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que se dio con autorización del Congreso, a partir de un pedido efectuado por el Ejecutivo con el argumento de que era necesario mantener el ritmo de ejecución para reactivar la economía.

ABC color