En el primer mes del 2020 las recaudaciones por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Agropecuarias (Iragro) ascendieron a G. 2.489 millones, inferior a los G. 6.921 millones que se registraron en enero del año pasado.
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, mencionó que este comportamiento se debe a los números negativos que experimentó el sector agropecuario en el 2019. En el caso de la soja, los problemas comenzaron por la baja producción que repercutió en una caída de la exportación de granos en un 28,5%, situación que también se registró en el envío de carne con una disminución del 7,3% en el envío al mercado internacional.
En cuanto a su participación en las recaudaciones totales, el viceministro dijo que el Iragro tiene un impacto de solo el 3%. Es un impuesto anual que se paga al año siguiente de cada ejercicio.
Para este 2020 las perspectivas son positivas en los rubros de exportación, lo que a su vez favorecerá una mayor recaudación impositiva, pero a esto se suma la vigencia de la Ley Nº 6380 que crea el Impuesto a la Renta Empresarial, que unifica el Iragro y el Impuesto a la Renta Comercial, Industrial y de Servicios.
En ese sentido, Orué explicó que el sistema simplificado apunta a un mejor panorama. “Con el IDU (Impuesto a los Dividendos y Utilidades) se va a recaudar mucho más, porque el sector agrícola y pecuario no pagaba ese 5% al distribuir utilidades, hoy sí ya lo va a tener que hacer y partir del 2021, 8%”, detalló el viceministro.
De acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (UNPFP), Vicente Meza, este segmento atraviesa por un retroceso debido a la falta de asistencia técnica por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de herramientas financieras.
“Queremos que los representantes del MAG salgan de sus oficinas y trabajen con nosotros, que nos asistan técnicamente. Además, necesitamos herramientas financieras reales para poder impulsar los cultivos”, señaló el presidente de la UNPFP.
Agregó también que por falta de recursos, por ejemplo, ahora no hay producción de tomates. “Los productores que sí tienen, están produciendo ahora; nosotros debemos esperar entre marzo y abril para poder cosechar”, explicó el representante del gremio.
Meza explicó también que actualmente, para abastecer la demanda local de tomate, ingresan productos provenientes desde la Argentina. “Existe potencial para plantar y no importar, abastecer con la producción nacional, pero faltan los recursos”, aseveró.
Por su parte, Ulises Torres, encargado de despacho de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), indicó que ante la alta demanda de tomates provenientes desde la Argentina, este producto es el que más circula y que más incidencia tiene entre los productos de este segmento. “Hay mucha cantidad de productos que circulan tanto por medio terrestre como fluvial. Nuestro trabajo es combatir el contrabando; ahora estamos intensificando los controles porque ya casi no hay producción nacional de tomates”, mencionó Torres.
En otro momento, explicó que además del tomate, la cebolla y la zanahoria son otros productos que ingresan en gran cantidad. “Existe mucha importación de zanahorias provenientes del Brasil, es por eso que estamos redoblando los controles”, remarcó.
De acuerdo con los datos de la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (UNPFP), la zona de Caaguazú es líder en producción de tomates con cerca de 700 hectáreas cultivadas. Seguida de otros departamentos como Central, Paraguarí, San Pedro, Cordillera, Concepción, Itapúa y Alto Paraná.
Entre todas estas zonas, se tiene una superficie de cultivo superior a las 1.300 hectáreas. El consumo promedio es de 250.000 kilos. La producción nacional de tomates no es suficiente para abastecer la demanda del mercado y, según estimaciones del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), solo alcanza para cubrir un 35% del mercado interno.
La firma Reimpex entregó ayer once vehículos modelo SUV de la marca JAC S2 al Banco Nacional de Fomento (BNF). Fue en un acto realizado en la planta ensambladora de la firma, en la ciudad de Luque.
Los rodados fueron comprados por el banco a través de una licitación pública realizada en diciembre del año pasado, “a fin de brindar mejor gestión de servicios a sus clientes con autos de fabricación nacional”.
La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, destacó esta adquisición a la industria nacional automotriz que aún es incipiente y requiere de apoyo para potenciarse y que la curva de crecimiento se sostenga.
“Es una producción que requiere de acompañamiento. Las compras públicas son una herramienta nada más. Es el público paraguayo el que dará su confianza y afianzamiento a la industria. El BNF es financista de programas para adquirir vehículos 0 kilómetro de calidad y con servicio de post venta garantizado”, recalcó.
El presidente de la ensambladora, Jorge Samaniego, manifestó que esta adquisición del BNF es muy importante para la industria nacional y hasta ahora es la compra más grande que está haciendo el Estado a la planta. Recordó que los SUV JAC S2 son montados desde el año 2017 y fueron los autos que utilizaron los participantes de la reunión el Banco Interamericano de Desarrollo y también para la renovación de la flota de taxis de Asunción.
Subrayó que siguen comprometidos con la inversión en esta parte industrial donde trabajan directamente 200 personas y otras 1.000 en el área de administración, venta y post venta en todo el Paraguay.
Carlos María Florentín, titular del BNF, felicitó a Reimpex por la evolución en la producción que registran.
Los miembros del equipo negociador paraguayo, para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, mantuvieron ayer su primer encuentro oficial en el Palacio de López. El objetivo fue hacer la presentación oficial del organismo y analizar el escenario que se avecina para el Estado en el marco de las conversaciones con Brasil.
Además de los negociadores principales, ya están plenamente confirmados los delegados de las diversas entidades para los cuatro grupos de trabajo. Al respecto, los grupos de trabajo técnico y comercial iniciarán sus reuniones hoy, a las 15.00, en la sede de la ANDE.
Antonio Rivas, canciller nacional, informó que será el coordinador del equipo negociador, pero además representará a Paraguay como Alta Parte Contratante en la mesa con los brasileños. Apuntó que la meta es buscar un acuerdo ya a mediados de 2021, de manera a que se empiece a aplicar antes del 2023, año en que se cumplen 50 años de entrada en vigencia del Tratado.
Acerca de los planteamientos que haría el gobierno paraguayo, el diplomático apuntó que se deben analizar todas las posibilidades, por lo que no es prudente adelantar posturas, ya que los grupos de trabajo tienen que dar sus pareceres.
En lo que se refiere a la visita del canciller brasileño Ernesto Araújo, recalcó que el jefe de Itamaraty solo comunicó que su país está formando su equipo negociador. Por su parte, nuestro país sí ya le pasó los detalles de sus referentes.
“Nosotros ya empezamos a trabajar, una vez que Brasil tenga su grupo de trabajo hablaremos entre las cancillerías, pero Paraguay ya empieza su trabajo. Tenemos muchísimas variables a analizar. Es importante que no adelantemos posiciones, situaciones, sino hacer todo en forma gradual y conforme a lo que van dictando los grupos de trabajo al equipo negociador ”, detalló.
El presidente Mario Abdo Benítez no participó del mitin de la víspera, pero en su representación asistió Juan Ernesto Villamayor, jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. Además, estuvieron presentes asesores independientes del sector energético, quienes forman parte de la comisión asesora de la Cancillería.
Luis Villordo, presidente y representante de la ANDE en el equipo negociador, manifestó que se recibirán todas las propuestas de la sociedad civil en general. Los grupos de trabajo tendrán que analizar todos los escenarios, por lo que se mantendrán encuentros periódicos.
Uno de los escenarios primordiales que se surge para el Estado paraguayo es la reducción en el precio de la energía de Itaipú o el ingreso de USD 1.000 millones al año para el Tesoro, una vez que la deuda de la central sea cancelada. La amortización total del pasivo está marcada para el 2023, aunque en el 2022 ya quedará solo un pequeño saldo, por lo que la tarifa de Itaipú caerá automáticamente. Consultado sobre esta situación, Villordo aseveró que todas las posibilidades serán analizadas y finalmente los grupos de trabajo darán su recomendación.
“Los grupos de trabajo deben definir las estrategias principales y una de ellas es ponerse de acuerdo en la prospectiva de energía eléctrica del Paraguay, cómo iremos creciendo en los siguientes años. Es el punto de partida. Mañana (hoy) iniciamos los estudios en los grupos técnico y comercial para definir y estudiar cada una de las alternativas a cabalidad”, puntualizó.
El titular de la empresa pública añadió que todas las opciones y escenarios serán entregados al presidente Abdo Benítez, de forma a que se escoja la mejor alternativa y estrategia.
Los diplomáticos brasileños también señalaron que les interesa llegar a un acuerdo antes del 2023.
Luego de 15 años de vigencia de la Ley N° 2448/04 de artesanía, los trabajadores ya no están exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos indirectos, como resultado de la reforma fiscal.
Este aspecto y su implicancia fue uno de los puntos que más se consultó en el taller de la nueva normativa y su impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), desarrollado ayer en el Ministerio de Industria y Comercio.
Elizabeth Franco, representante de una asociación de artesanos, señaló que el espíritu del beneficio era facilitar los mecanismos de negocio de los artesanos, considerando además que incluye a los indígenas. “Agrupamos a los artesanos para abaratar costos y potenciar las ventas. Ahora con el hecho de que seamos organizados implicará más impuestos”, expresó, puesto que los grupos organizados se clasifican como Renta Empresarial (IRE) general.
Agregó que para acogerse a facilidades del IRE Simple y Resimple, los artesanos deberán trabajar solos, ya que el pago de tributos se establece conforme al volumen de ventas registradas. “Algunos venden al mes por un millón, al año son doce millones”, citó para añadir que el tope del sistema Resimple es de G. 20 millones anual.
Por su parte, la titular del Instituto Paraguayo de Artesanía, Adriana Ortiz, indicó que ese punto de la reforma fiscal sorprendió al sector y que hubo una bajada de línea de “formalizar a todas las unidades de negocios”, incluyendo a los pequeños, como chiperas y yuyeras.
El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) renovará su malla curricular y contratará nuevos instructores para nuevas capacitaciones direccionadas específicamente a los supermercados. Actualmente, hay más de 300 vacancias que se buscan cubrir con estas modificaciones.
Hacer efectiva la contratación de las personas que cumplieron con el periodo de prueba es el objetivo de un acuerdo entre la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), que tiene a su cargo el funcionamiento del SNPP. Para ello es necesario que los aspirantes reciban capacitaciones específicas que respondan a las vacancias.
Uno de los inconvenientes que suelen registrarse es que para un puesto laboral se presenta un candidato que responde a otro oficio y, por tanto, no dura su permanencia en la empresa. “Lo que tratamos es de hacer de la manera más responsable e inteligente posible las búsquedas”, expresó al respecto el presidente del gremio, Alberto Sborovsky, quien cerró el acuerdo ayer con la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo.
Entre las búsquedas más importantes figuran vacancias en panadería, confitería, carnicería y caja. Para mejorar el contenido de las capacitaciones, Capasu propuso la renovación de la malla curricular del SNPP, junto con orientadores que tienen experiencia con las necesidades de los súper.
En este proceso se utilizará además la plataforma digital de intermediación laboral Para Empleo, que reúne a personas, empresas, puestos de trabajo y proyectos en un sitio virtual que opera en tiempo real. Alrededor de 25.000 personas se encuentran en este sistema que se lanzó en el 2018.
Allí los candidatos ingresan sus datos y su oficio o profesión, pero también pueden participar empleadores que demandan recursos humanos. De acuerdo con el perfil, podrán formar parte de este programa que en principio dispone de 300 lugares.
También se adoptarán las nuevas modalidades contractuales de tiempo parcial y contrato de aprendiz, para potenciar el trabajo juvenil en el sector formal. El primero contempla entre 16 y 32 horas trabajadas mediante un contrato, en tanto que el segundo reglamenta el Código del Trabajo y establece que podrán estar bajo el régimen de aprendiz los menores desde los 16 años hasta los jóvenes de 25, quienes cobrarán un salario no inferior al 60% del mínimo legal y al igual que el caso anterior, deben estar inscriptos en el seguro social.
Para conocer acerca de las normativas, el personal de los supermercados también participará de un taller, aunque no se fijó un cupo para este sector.
El programa incluye a los 350 supermercados que forman parte de Capasu a nivel país. Sborovsky mencionó que las capacitaciones primeramente se realizarán en Asunción y luego se extenderán al interior del país.
La Subsecretaría de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas brindaron un informe de recaudación positiva en enero al presidente Mario Abdo Benítez, en el orden del 6% y 13%, respectivamente.
Luego de la reunión mantenida con el jefe de Estado en Palacio de López, el titular de la SET, Oscar Orué, dijo que con el titular de Aduanas dieron resultados del cierre de enero en materia de ingresos, que fueron positivos.
“Hay números positivos tanto en la Dirección Nacional de Aduanas como en la Subsecretaría de Tributación”, subrayó.
Sobre la SET precisó que en enero tuvieron una recaudación del 6 por ciento más en total con relación a lo que fue enero de 2019 y representa 1,1 billón de guaraníes.
“Realmente, 2019 fue un año muy complicado. Todo lo que se recaudó a nivel de la SET fue diez por ciento aproximadamente. Eso le informamos al señor presidente”, recalcó.
Sobre el aspecto que incidió para el incremento de los ingresos, Orué dijo que fue principalmente el aumento del consumo. “Tuvimos un indicador de casi 13 por ciento más de lo que es el impuesto al valor agregado (IVA), de lo que son tributos internos, considerando el nivel de consumo de diciembre”, enfatizó.
Dijo que la SET lleva trece meses continuados de superávit desde el año pasado. Indicó que esto es una buena señal, atendiendo a que el 2019 fue muy difícil económicamente y tuvieron números negativos, principalmente, con el Iragro. “Esperemos que este 2020 haya cambio y sea más positivo”, recalcó.
También estimó que hubo más circulante en enero teniendo en cuenta que el nivel de consumo indica que fue así, aunque este punto lo maneja mejor el Banco Central del Paraguay (BCP).
Consultado si la reforma tributaria va a contribuir con mejores recaudaciones, el titular de la SET manifestó que no solo va a mejorar los ingresos, sino implicará una mayor formalización de la economía.
Por su parte, Fernández dijo que básicamente informó un resultado positivo logrado en ingresos durante el mes de enero. Dijo que alcanzaron una recaudación superior en el orden del 13 por ciento a lo alcanzado en enero de 2019.
“También a nivel histórico fue el mejor enero de todos los tiempos el de este año. Respecto al 2019 fue un 13 por ciento y respecto al 2018 también estuvo por encima y evidentemente eso se da porque hay una recuperación“ , subrayó
Puntualizó que esta vez volvieron a tener saldos positivos en la importación de vehículos, combustibles y una serie de rubros adicionales.
Fernández apuntó que enero no es un mes de alta recaudación debido a que arranca el año y la gente se toma vacaciones, como también hay reducción en las importaciones.
“Aún así fue un mes muy interesante. Nos aproximamos a los 950.000 millones de guaraníes de recaudación y esperamos volver a tener un buen mes de febrero”, enfatizó.
Remarcó que los 950.000 millones ingresados representan una marca histórica alcanzada en todos los tiempos en el mes de enero. Finalmente, apuntó que parte de este resultado positivo tiene que ver con la eficiencia en la gestión y, que de hecho, ya se vio reflejada en el mes de diciembre pasado con una mejor recaudación.
Productores agrícolas consiguieron que el Poder Ejecutivo, vía decreto, reduzca el porcentaje de retención del impuesto a la renta empresarial (IRE) al 1%, según el titular de la UGP, Héctor Cristaldo.
Luego del reclamo de los agricultores ante la incidencia de la retención del IRE (Impuesto a la Renta Empresarial) para vender sus productos con autofactura, el Gobierno redujo el porcentaje de retención al 1%.
Esta medida estará vigente por seis meses y permitirá, además, que el productor pueda seguir vendiendo con autofactura.
“Planteamos una revisión general y la habilitación de la autofactura sin retención. Al final logramos que se retenga solo el 1%, que no es lo ideal, pero es un avance para que el productor pueda vender por ahora”, manifestó el ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
Añadió que es una solución transitoria, hasta julio, y que luego habrá que encontrar un sistema más práctico y simple, que no tenga impacto en el flujo de ingreso de la gente.
Indicó, igualmente, que una de las fallas del IRE es que, al ser aplicado a los productores que no tienen factura (es decir que se manejan con autofactura), se les cobra 10% a cuenta de una supuesta ganancia (del 30%), que en rigor no existe.
“La otra gran falla es presuponer que todo el mundo tiene RUC, y en Paraguay no es así: hay alrededor de 100.000 personas en el campo que no tienen RUC, y eso no cambiará de un día para otro”, señaló el titular del gremio productor.
Expresó, además, que hay apertura por parte de las instituciones pertinentes y que tienen esperanzas en la solución de este problema en los próximos meses.
El Decreto N° 3276/20 señala en su considerando que, el Poder Ejecutivo, con la intención de no generar distorsiones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en virtud de las particularidades propias del sector, resuelve de manera excepcional y transitoria la reducción de la renta neta, a ser considerada a los efectos de la retención del IRE, al momento de la adquisición de ciertos bienes de personas físicas, pequeños productores.
De esta forma, declara en su artículo 1°: dispónese de manera excepcional, hasta el 31 de julio de 2020, que los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), quienes conforme con el Artículo 93 del Anexo del Decreto N° 3182/19, deban retener el impuesto a personas físicas pequeños productores cuando adquieran productos agrícolas frutícolas, hortícolas y pecuarios señalados… aplicarán la retención del IRE, Régimen Especial, considerando como Renta Neta el 10% del precio de la operación monto sobre el cual se aplicará la tasa general del IRE.
El ministro de Hacienda, Benigno López, afirmó ayer que si el pago de beneficios complementarios al salario es un derecho adquirido como dicen los sindicatos públicos, en lugar de manifestarse violentamente deberían recurrir a la justicia.
A su criterio, todo contrato es revisable y en una sociedad decente y desarrollada las discusiones jurídicas se resuelven en los tribunales. “Por qué no quieren llevar la discusión ahí, porqué usan la amenaza, la estrategia del amedrentamiento y el cierre o la no provisión de los servicios públicos, como hicieron ayer en el Banco Central del Paraguay (BCP)”, indico el ministro.
Considera lamentable que se tengan “reacciones primitivas” en una entidad que se supone es el ejemplo. como es el BCP, con relación a la medida de cerrar el paso a los vehículos de caudales que los funcionarios realizaron como protesta.
El ministro hizo declaraciones ayer en Palacio de Gobierno, luego de una reunión que mantuvo con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
En cuanto a la posibilidad de que exista un “chantaje electoral”, ya que estamos en un año de elecciones y los sindicalistas podrían amenazar con no votar a los candidatos oficiales si se les retira los beneficios, López afirmó que eso ya no funciona y que más bien la ciudadanía se va a fijar en lo que se viene haciendo con los recursos para dar respuestas a los contribuyentes.
López se mostró partidario del diálogo y no de la confrontación, pero también firme para mantener las restricciones al pago de beneficios adicionales (ayuda vacacional, alimentaria, gratificaciones, entre otros) dispuestas a través del decreto que reglamenta la ley presupuesto.
Agregó que para el pago de estos beneficios se tenía previsto más de US$ 75 millones e insistió en que es el inicio del proceso para mejorar el gasto público que reclama la ciudadanía.
Dejó en claro que no se recortaron salarios y que los funcionarios seguirán cobrando estos beneficios, pero limitados y es esto lo que motiva la protesta de algunos sindicatos, ya que evidentemente venían cobrando más.
López insistió en que el gobierno asumió un compromiso con la mejora del gasto público, ya que el año pasado se llevó a cabo una importante reforma tributaria que va a implicar mayores recursos para el Estado “y lo peor que podría darse es que esos recursos, en lugar de ir a donde tiene que ir, vayan de nuevo a salarios”.
El representante de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) ante la Junta Asesora y de Control del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), doctor Diego Torales, insistió en que el ente agrario ya no debe adquirir más tierras.
“Quieren que se trate en Junta Asesora la compra de más tierras, pero nosotros aprobamos y nunca se paga y sigue aumentando la deuda –del Indert–”, sostuvo Torales.
Añadió que el problema es que si no se empieza a pagar lo que se debe, eso genera como una suerte de bola de nieve que podría ser peligroso por las consecuencias que acarrearía”. El representante de la Rural ante el ente agrario reiteró que el patrimonio de la institución pública está en torno a 1 millón de hectáreas de tierras y sobre eso no existen registros genuinos.
Actualmente el Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) del Indert se encuentra haciendo un catastro para individualizar quiénes están ocupando esas propiedades, apuntó Torales.
“Solo con ese catastro se podrá saber en manos de quiénes se encuentran todos esos inmuebles y si realmente faltan tierras para repartir. A partir de ahí se podría analizar de vuelta la necesidad o no de comprar más tierras desde el Indert”, expresó finalmente el doctor Diego Torales, miembro de la Junta Asesora.
