Miembros del Consejo Asesor Agrario de la Agricultura Familiar (CAAF) se reunieron ayer con el ministro de Agricultura y Ganadería, Marcos Medina, a fin de consensuar nuevas políticas públicas que favorezcan al sector de los pequeños productores.
El CAAF aglomera a 40 organizaciones de los 17 departamentos del país. Lo que se busca es que este consejo sea el intermediario entre la cartera agropecuaria, el sector productivo y otros integrantes de la sociedad civil que se encuentran vinculadas entre sí, explicó Medina, según publicó la agencia IP Paraguay.
“Con la reunión lo que se busca es poder coordinar las políticas públicas que apunten al uso de nuevas tecnologías, mediante la capacitación y la asistencia técnica. Desde el MAG, reiteramos el compromiso, las buenas intenciones y voluntad que tiene el Gobierno de trabajar con este sector”, expresó.
Medina sostuvo que es cierto que los tractores no son suficientes, pero que es un inicio para trabajar la modernización del sector, además de capacitar en liderazgo, mercado y en todo aquello que rodea a políticas públicas que finalmente permitan que los agricultores accedan a mejores condiciones de vida.
Finalmente, el ministro dijo que mediante la programación coordinada con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) proseguirán con la entrega de kits de alimentos hasta cumplir con la totalidad que se había acordado en el marco de la Ley de Emergencia a la Agricultura Familiar Campesina.
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo, salió al paso de manifestaciones desde el Ejecutivo que pretenden reflotar la sanción del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, pero con su versión sobre el control y que excluye a los jubilados dueños del dinero.
Dijo que vio que la ministra de Hacienda, Lea Giménez, y otros dijeron que esta ley es importante. “Estamos totalmente de acuerdo en la importancia, pero nosotros creemos que debe ser aprobado el proyecto consensuado que hemos presentado y no el que ahora pretende de nuevo el Ejecutivo”, apuntó.
Felippo precisó que en el proyecto que presentaron al Parlamento se estableció que en el control participen los dueños de la plata, es decir, los jubilados, pero que ahora el Gobierno pretende excluir instalando un consejo que se reunirá una vez al año.
“Al que escribió esto yo le considero un ridículo. Donde se ha visto un consejo que se reúna solo una vez al año. Nosotros, en nuestro proyecto ponemos que el consejo es el que decide qué se hará con la plata que es de los jubilados”, sentenció.
Debido a la incertidumbre acerca de la normativa de retenciones, y por la falta de dictamen del Ministerio del Trabajo, lo más prudente será diferir la entrada en vigencia, sostuvo el dirigente y empresario Beltrán Macchi.
El titular de Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) indicó que el sector empresarial está pendiente de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, debido a la discusión sobre la legalidad de las retenciones al salario del obrero, y en vista de las recomendaciones de los asesores laboralistas que coinciden en que el procedimiento de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) no es correcto.
No obstante, acotó que los empleadores se encuentran en una situación complicada, ya que el incumplimiento de una norma tributaria puede traducirse en inconvenientes y multas para las empresas, mientras que, por otro lado, está la interpretación jurídica, que las expone al reclamo de los empleados.
“Creemos que lo más prudente en este caso es diferir la entrada en vigencia de la resolución 119/2017 hasta que podamos disipar algunas de las consecuencias y dudas jurídicas, principalmente en el ámbito laboral, y a fin de dar más tiempo a las empresas para organizarse”, precisó Beltrán Macchi.
La citada resolución de la SET debe entrar en vigencia el 1 de setiembre próximo, pero hasta ayer el Ministerio de Trabajo no se expidió al respecto. Expertos laboralistas cuestionan la contraposición al Art. 240 del Código Laboral sobre las facultades para deducir importes de los salarios.
De hecho, ya se presentaron varias acciones judiciales para suspender sus efectos; los primeros en hacerlo fueron 194 fiscales la semana pasada, y se aguardan acciones judiciales por parte de los magistrados, defensores públicos y trabajadores.
Aunque desde un comienzo las autoridades de la SET señalaron que la retención será para contribuyentes que perciban G. 10.000.000 o más, finalmente este monto solo se aplicará a los asalariados, mientras que para los profesionales independientes, contribuyentes del IRP, la obligatoriedad de las retenciones será desde cualquier monto y el porcentaje a retener de los honorarios en este caso será del 1%.
Por lo expuesto, la abogada laboralista Nora Ruoti sostiene que la resolución de la SET establece incluso más beneficios a los asalariados que a los demás contribuyentes. Además, tampoco están obligados a presentar la constancia de no retención.
Con relación a la imposibilidad de retener el salario dispuesta en el Código del Trabajo, indicó que respeta la opinión de los expertos, y expresó que desde su punto de vista “no hay rebaja o disminución del salario” sino el pago de un impuesto por adelantado.
Por otra parte, la licenciada Alba Talavera, del Colegio de Contadores del Paraguay (CCP), cuestionó que desde el principio no hubo una buena intención por parte de la Administración Tributaria para que la norma sea clara a todos los afectados.
El gremio había sugerido también la postergación de la normativa tributaria, a fin de esclarecer las dudas jurídicas y técnicas en la aplicación de las retenciones a los ingresos de los trabajadores. Además, la citada norma (resolución 119/2017) no especifica la forma de devolución de los créditos favorables a los contribuyentes.
Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténticos (CUTA), indicó a nuestro diario que las centrales obreras se reunirán hoy (martes) con el propósito de analizar las acciones a seguir en torno a la polémica resolución 119/2017 de la SET que dispone la retención de los salarios a partir de G. 10.000.000.
Por el momento aún no iniciaron las acciones judiciales desde el sector laboral, pero esta reunión será clave para definir los pasos a seguir, precisó. Al respecto, dijo que los diferentes gremios laborales están pendientes del dictamen del Ministerio de Trabajo sobre el tema.
La doctora Verónica Serafini, analista del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), aseguró que en las economías desarrolladas ya no se toma solo el crecimiento del producto interno bruto (PIB) determinar si existe o no desarrollo del país.
“En los años 70 ya se empezó a ver que el crecimiento medido por el PIB ya tenía problemas como indicador para evaluar la economía. En los 80 definitivamente se deja de lado este enfoque y desde los años 90 no hay ningún economista serio ni teoría económica que se limite a este indicador para juzgar el desempeño económico”, puntualizó.
Sin embargo, dijo que tampoco se niega el rol del crecimiento del PIB, sino que hay que ser consciente de que el crecimiento por sí solo no genera mejoras sustanciales en otros indicadores económicos como los relativos al empleo, los ingresos, la desigualdad, menos aún en el bienestar social. También hay que tener claro que hay patrones de crecimiento con más impacto que otros, añadió.
“En el caso particular de las estadísticas dadas a conocer (por la Dgeec), resulta llamativo que luego de 6 años de crecimiento (2010-2016) a una tasa promedio del 6% que es relativamente alta para cualquier país del mundo, persistan graves problemas. Más aún en el sector urbano que es donde tiene cobertura la Encuesta Continua de Empleo (ECE), que es donde en los últimos años se ha visto una fuerte inversión de capital y en el sector de las construcciones”, detalló.
Serafini indicó que se observan aumentos en el nivel educativo y en las horas de trabajo. Según la ECE 2010 (primer trimestre), 41,8% de la población ocupada asalariada gana menos de un salario mínimo, en el 2017 (primer trimestre) esta se mantiene alta en 32,1%. Creció la proporción de personas que trabajan más de 40 horas, del 68,6% al 73,0%, y el nivel educativo. En el 2010 solo el 26% de la población ocupada tenía más de 12 años de estudio, en el 2017 esta proporción sube a 39%. También se incrementó la proporción de personas que trabajan en empresas medianas y grandes, expresó.
Unas 12.420 sociedades anónimas están registradas en el país, según la Abogacía del Tesoro. Las mismas presentan regularmente los informes y documentaciones pertinentes requeridas por la legislación, indicó ayer a nuestro diario Roger Benítez, jefe del Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades.
De prosperar el proyecto de reordenamiento de las sociedades, estas empresas deberán exigir a sus accionistas con títulos al portador a nominarlas o registrarlas a fin de que puedan seguir operando en plaza. Si bien la Abogacía es el órgano de control de las sociedades, ya no se realizan verificaciones in situ de las asambleas, esto a partir de una disposición vigente desde el 2008, por lo que la presencia de los accionistas anónimos pasa desapercibido ante los órganos de control.
Ante la permisividad de la legislación y de las autoridades, muchas sociedades anónimas o acciones al portador permanecen entre cuatro a cinco años, tiempo en que arman esquemas de lavado de dinero, evasión y otros delitos a través de empresas fantasma, y luego desaparecen. Las sociedades simplemente deben informar sobre la realización de la asamblea y presentar los informes requeridos a través de medios magnéticos, sin necesidad de presentar documentos físicos. Otra facilidad para las SA es la ausencia de sanciones económicas por la falta de presentación de estos requerimientos, según datos recogidos.
Sin embargo, Benítez detalló que las sociedades responden positivamente a la presentación de documentos para obtener la certificación, requisito indispensable para trámites bancarios, aduaneros, etc. Sobre la nominación de las acciones, el funcionario detalló que será de gran utilidad para llegar al beneficiario final, y para adoptar medidas preventivas. El proyecto que elimina las SA debía tratarse el miércoles, pero fue postergardo para la próxima semana por falta de quórum. La Cámara Baja requiere de mayoría absoluta (41) para ratificarse en la eliminación de las SA.
El desempleo abierto en el primer trimestre de 2017 afectó en mayor proporción a las mujeres, unas 56.194 frente a 45.023 varones. El éxodo rural y la alta demanda en primer empleo agudizan la situación del empleo en Central.
Si bien los datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos muestran que la tasa de desempleo abierto en Asunción y Central afectó mayormente a las mujeres, este fenómeno del desempleo femenino se viene observando en el campo desde hace un buen tiempo, indicó la economista Lila Moliniers. Cabe destacar que los resultados de la encuesta de empleo del primer trimestre que la DGEEC dio a conocer esta semana corresponden a Asunción y Central, mientras que se esperan los datos globales para finales de este mes.
La analista, miembro de la Sociedad de Economía Polític del Paraguay (Seppy), explicó que el incremento del desempleo en el campo luego se traslada a la ciudad, ya que las personas optan por migrar a Asunción y alrededores al no hallar una ocupación estable, o forzados por desplazamientos, desalojos, etc. Según detalló, esas personas son las más expuestas a la subocupación o a estar desempleadas, debido a la falta de preparación o calificación para puestos laborales que se demandan en esta parte del país.
En estas condiciones, unas 56.194 mujeres buscaban empleo durante el primer trimestre del año, frente a 45.023 hombres. De acuerdo con los datos de la DGEEC, el sector terciario (comercio y servicios) ocupa la mayor parte de la fuerza laboral en Central, cerca del 80%, seguido del sector industrial.
También se destaca el sector de la construcción, que tuvo una dinámica muy importante en los últimos años y por ende un impacto muy positivo en la generación de empleos para varones.
Primer empleo Otro de los factores que incrementa el riesgo del desempleo en Central es el flujo creciente de jóvenes en edad de trabajar.
Hay una demanda insatisfecha de jóvenes por el primer empleo, y pese a los esfuerzos para conectar con las ofertas del mercado, estas resultan insuficientes o bien no reúnen los requerimientos de las empresas, indicó finalmente la economista consultada.
La tasa de desempleo abierto en el primer trimestre fue de 8,4%, superior a la tasa del 7,6% de 2016. La subocupación también se incrementó, pese a la generalizada estimación de mayor crecimiento en 2017.
Solo semanas atrás, diversos organismos internacionales habían señalado que Paraguay tendría la economía más dinámica de la región. De hecho, el Banco Central del Paraguay (BCP) pronosticó que la expansión del producto interno bruto (PIB) superará el 4%. Analistas económicos señalan que ya no se puede tomar como referencia el crecimiento del PIB a la hora de hablar de desarrollo. En ese sentido, los últimos números de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) para Asunción y el Departamento Central no son muy alentadores.
De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE), correspondiente al primer trimestre del corriente año, la tasa de ocupación se redujo del 92,4% (1.111.314 habitantes) a 91,6% (1.109.340). El desempleo abierto registró un incremento, dado que se ubicó en 8,4% (101.217 personas) y en el mismo periodo del año pasado la tasa había significado 7,6% (91.581), lo que equivale a 9.636 nuevos desempleados. La población económicamente activa (PEA) se calculó en 1.210.557 personas.
Elizabeth Barrios, titular de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec), explicó que el incremento en el desempleo se debe principalmente a que existe una mayor cantidad de personas que están buscando trabajo, especialmente las mujeres más jóvenes, quienes se están insertando por primera vez.
Sin embargo, también hay miles de ciudadanos que han sido despedidos o desvinculados (cesantes). La franja etaria de 19 a 25 años es la que tiene mayor número de desempleados, precisó.
En lo que se refiere a la subocupación, esta ascendió a 12,4% (149.520 pobladores), siendo que en el primer trimestre del 2016 se situaba en 11,4% (137.063). Este segmento se divide en los subocupados visibles (menos de 30 horas de trabajo a la semana) y los asalariados que reciben menos del salario mínimo. Para el primer grupo la tasa es de 3,7%, contra 3,8% del año pasado; mientras que para el segundo la tasa es de 8,7%, contra 7,6% de 2016.
A fines del año pasado hubo un incremento del salario mínimo, lo que hizo que crezca la cantidad de personas del grupo de los asalariados que no llegan a percibir el sueldo base, detalló Barrios.
Por otro lado, aumentó la formalización en los rubros de la industria y la construcción. De un índice del 19,5% en los primeros tres meses del 2016, subió a 23,1% en el presente año. El sector terciario (comercio, restaurantes y hoteles) disminuyó de 79,5% a 76,4%.
En lo que respecta a la categoría ocupacional, el 15,6% de la población empleada la componen los funcionarios públicos y el 48,1% se encuentra en el sector privado. Hubo una reducción en el grupo de los trabajadores por cuenta propia, puesto que la cifra llegó a 19,4% en este 2017, contra 22,5%.
El nuevo titular del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza Ugarte, que el día anterior se reunió con autoridades del Ministerio de Hacienda, hizo ayer lo propio con el presidente de la República, Horacio Cartes, en el Palacio de López, donde posteriormente conversó con la prensa y confirmó lo anunciado por el ministro Santiago Peña, en el sentido de que dicha entidad ya está estudiando un pedido de financiamiento para la reconstrucción de la ruta Transchaco.
Carranza Ugarte dijo que la intención es aprobar el crédito antes de fin de año, dada la importancia de la citada vía que permitirá al Paraguay “reducir la brecha en infraestructura” y tener más conectividad, adelantando que el monto total de financiamiento que precisa dicha obra está en alrededor de los US$ 400 millones.
Peña había dicho que la CAF aportaría un préstamo de aproximadamente US$ 250 millones, y ayer Carranza Ugarte indicó que en la financiación también participará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se supone otorgará el resto que hace falta.
El Gobierno suspendió recientemente la adjudicación de la Transchaco por el alto costo de la única oferta presentada en la licitación por el sistema “llave en mano”. Hoy, el promedio de costo por kilómetro de ruta asfaltada en el país es de un millón de dólares, uno de los precios más altos de la región, que tiene un promedio de US$ 700.000, según los críticos.
Por otro lado, Carranza destacó que la CAF tiene para nuestro país un crédito de 300 millones dólares a ser destinado a obras de energía.
Los créditos bancarios destinados al sector de la construcción disminuyeron 4,5% al finalizar el mes de abril, mientras que para viviendas (compra, reparación o ampliación) aumentaron 11,3%, según el informe “indicadores financieros” del Banco Central del Paraguay (BCP).
En cuanto a construcciones, en abril del año pasado la cartera de crédito llegó a más de G. 1,743 billones (US$ 314,9 millones), pero para abril último se redujo a G. 1,664 billones (US$ 300,7 millones), lo que equivale a la mencionada baja del 4,5%.
En este sector de la economía, que incluye los proyectos de gran porte, como edificios, condominios y otros, la morosidad viene aumentando desde diciembre del año pasado, para situarse al cierre de abril en 5,23%.
En cuanto a viviendas, en abril del año pasado el monto de los créditos ascendía a G. 2,219 billones (US$ 401 millones), pero para abril de este año subió a G. 2,472 billones (US$ 446,7 millones), que implica un crecimiento de 11,3%. La morosidad en este sector también viene subiendo desde diciembre del año pasado, para situarse en 2,14% al final de abril último, según los datos del BCP.
La cartera crediticia de los bancos también se incrementó para las industrias manufactureras en un 2,73%, pasando de G. 5,280 billones (US$ 954 millones) a G. 5,424 billones (US$ 980,1 millones) en abril pasado.
Representantes de los pobladores del Bañado Tacumbú firmaron un acuerdo con el Gobierno Central y Municipal de Asunción para el inicio de la construcción de la franja costera sur. En total se invertirán USD 230 millones y se construirán 5.000 viviendas.
El proyecto pretende convertirse en una solución definitiva al problema de las inundaciones en los bañados. Se trata de la construcción de una avenida con cuatro carriles de casi 8 kilómetros, que arrancará en la calle Colón y rodeará el río Paraguay hasta el cerro Lambaré.
Se prevé además la construcción de 5.000 viviendas, de las cuales 1.600 serán edificadas en la primera de tres etapas. La inversión estimada es de USD 230 millones.
El acuerdo fue firmado, por una parte, por representantes del Grupo de Trabajo Interinstitucional –conformado por el Ejecutivo, el Ministerio de Obras Públicas, Secretaría Técnica de Planificación, Itaipú, Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) y la Municipalidad de Asunción– y por la otra, por pobladores del Bañado Tacumbú.
Durante el acto de presentación el presidente Horacio Cartes agradeció a todas las instituciones que participan del proyecto y destacó la gestión de James Spalding al frente de la Itaipú. «Acá estamos priorizando a la gente, mucho más allá de discursos políticos y cuestiones electorales, acá estamos priorizando la gente», expresó.
Destacó que será un privilegio para las familias que suelen sufrir las inundaciones vivir en las casas que se construirán.
«Yo doy gracias a Dios por este momento. Dar gracias a Dios de que realmente para nosotros como gobierno fue nuestra obsesión la gente, y hoy siento que hemos empezado y estamos poniendo la vara muy alta. No van a poder venir a cambiarle estos lugares por casitas de madera terciada, van a tener que ser lugares con iglesias, con plazas y avenidas y realmente que la gente pueda tener una vida por fin que se merece», refirió el mandatario.
Las primeras 1.600 viviendas se construirán en el barrio Tacumbú, con todos los servicios básicos.
