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viernes, septiembre 12, 2025
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Importadores piden fin al contrabando de bebidas

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El contrabando de bebidas en época de fin de año es una de las mayores preocupaciones del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), además de la reglamentación de la reforma fiscal, que rige desde el 2020. Estos y otros puntos fueron abordados con los titulares de Tributación y de Aduanas.

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, afirmó que se intensificarán las acciones para combatir el contrabando de bebidas en estas semanas, temporada que registra un repunte de su consumo en coincidencia con las fiestas de fin de año.

Las declaraciones las brindó tras la reunión mantenida en el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), en la tarde de ayer, donde participaron los directivos y el director de Aduanas, Julio Fernández.

Orué indicó que en el encuentro brindó detalles de la aplicación de la reforma tributaria que rige desde este 1 de enero, además de pormenores referentes a los controles al contrabando, fiscalizaciones tributarias y aspectos del régimen de turismo. “Entre lo puntos abordados estuvo el nuevo impuesto a la renta empresarial, que junta tres impuestos (IRACIS, IRAGRO y IRPC) y el impuesto dividido en utilidades y su implicancia”, expresó. Agregó que en quince días más se van a dictar los decretos y reglamentaciones finales.

Neri Giménez, presidente del CIP, recalcó una inquietud planteada que es acerca del precio del dólar fijado en las casas de cambio y el que figura en los bancos, que presenta una amplia diferencia, expresó. “Esta desigualdad nos preocupa sobremanera”, resaltó.

En cuanto a los temas conversados con el titular de Aduanas, Giménez destacó la implementación del rastreo satelital a los contenedores que llegan al país. “Es muy interesante porque permitirá un seguimiento a las cargas, será útil para combatir al contrabando”, opinó. Añadió que también se profundizó acerca del Sistema Integral de Verificación de Cargas (Siveca), que es para controlar las cargas que salen de China y Hong Kong con destino a Paraguay. Señaló que los dos temas serán prioritarios en 2020.

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El Poder Ejecutivo promulgó ayer dos leyes antilavado

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El Poder Ejecutivo promulgó ayer dos leyes denominadas antilavado: La N° 6446 “Que crea el Registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el Registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay; y la N° 6.452 “Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1160/1997 y su modificatoria Ley N° 3440/2008”.

Respecto de la primera normativa, en cuanto a las sanciones, se especifica que las personas que incumplan sus disposiciones serán pasibles de multas directas de 50 a 500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, o hasta el 30 por ciento de las utilidades o dividendos a ser distribuidos entre sus accionistas o socios.

Los montos de las multas serán destinados exclusivamente a programas de prevención y mitigación de riesgos, el lavado de activos, y a la formalización del sistema financiero, económico y tributario.

El alcance de la segunda ley citada hace referencia a la promoción fraudulenta de inversiones, conectada a la venta de valores bursátiles, derechos a obtener tales valores o certificados destinados a garantizar la participación de las ganancias de una empresa; o bien a la oferta de aumentar la inversión en tales certificados, proporcionando datos falsos o incompletos a destinatarios. Lo anterior será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa.

También se aplicará la misma pena cuando el hecho se refiera a certificados de participación en un patrimonio que la empresa administra en nombre propio, pero por cuenta ajena.

Recordemos que el Gafilat estuvo en el país recientemente, con autoridades de los 3 poderes del Estado y otros organismos, como Seprelad, liderado por el ministro Carlos Arregui, para analizar qué tan efectiva es nuestra lucha contra el crimen organizado.

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Por primera vez en 30 años, Paraguay dragará el río Paraná

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Integrantes de la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip), lado paraguayo, se reunió ayer para afinar detalles del pliego de bases y condiciones (PBC) para la licitación del dragado del río Paraná, que será vía excepción y pagado por Obras Públicas. Se trata de un trabajo histórico, puesto que es la primera vez que se realiza una intervención de esta magnitud en las aguas compartidas con Argentina.

El llamado será vía excepción porque se busca que en febrero del año que viene, el río Paraná se encuentre navegable. Actualmente, los barcos viajan con dificultades, explicó José Ávila, de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Ávila especificó que se dispondrá de US$ 4 millones, que sería para el dragado de 350.000 m3 y que en dos meses se tendría que terminar. Estimó que en 15 días se iniciarán los trabajos.

Lucas Krivenchuk, representante del sector privado, señaló que se aguarda el informe de la profundidad de las aguas, que se conocerá con la batimetría, y con eso se establecerán los puntos prioritarios, que serán aquellos que están por debajo de los siete pies de calado. “La idea de que se realice vía excepción es para garantizar el transporte de soja, que se inicia a finales de enero y febrero”, dijo ayer. Agregó que la intervención del río se da después de 30 años.

Al respecto, Ávila señaló que el dragado lo pagará el Paraguay, atendiendo que es el más interesado, al ser el que más utiliza la hidrovía por el transporte de cargas. Según Obras Públicas, por el río Paraná se transportan 2,5 millones de toneladas de cargas.

Cancillería había reportado que en la quincena del mes pasado, se obtuvo el permiso de Argentina para realizar los trabajos en el río Paraná. El objetivo es normalizar las condiciones de navegabilidad, en particular el tramo que comprende desde la represa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) hasta la confluencia con el río Paraguay.

La zona sur del país es de alto potencial productivo y las exportaciones se realizan por barcos. La bajante crítica de las aguas del Paraná impide la normal navegación, lo cual obliga a que los barcos tengan menos carga de su capacidad para garantizar su llegada a destino.

ABC color

Solo el 27% de la población accede a un seguro médico

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De una población cercana a 7 millones de habitantes en el 2018, más de 5 millones de compatriotas no contaban con ningún tipo de cobertura a la salud, según resultados de la Encuesta Permanente de Hogares que dio a conocer la DGEEC. La alta informalidad laboral es una de las principales causas.

El acceso a seguridad social en nuestro país es casi un privilegio, ya que solo el 27,1% de nuestros compatriotas en el 2018 contaba con seguro médico, lo que abarca a unos 1.889.133 ciudadanos, de acuerdo con un reciente informe basado en los datos anuales de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC).

Por otra parte, al comparar estos datos con el año anterior (2017) se observa que hubo un estancamiento, ya que mantiene la misma proporción, con casi dos tercios de la población que está desprotegida y, por tanto, es vulnerable ante situaciones complejas de la salud.

Al desagregar por área de residencia, se observa que la situación es más crítica en el campo, donde solo el 14% de los compatriotas de esa zona (370.916 personas) tiene acceso a la seguridad social y, ante la precariedad de los centros de salud regionales, muchos deben trasladarse hasta la capital para tratamiento de enfermedades complejas. Mientras, en el área urbana, la población con cobertura médica llega al 35,2% de este grupo, unas 1.521.192 personas.

El reporte revela además que la mayor cobertura de asegurados a nivel nacional tiene el Instituto de Previsión Social (IPS), que abarca el 19,4% de la población total del país, lo que representa un global de 1.352.368 ciudadanos.

De esta cantidad que cubre el IPS, 1.071.750 personas residen en áreas urbanas, mientras que 280.837 viven en zonas rurales.

La baja cobertura social que causa la informalidad es uno de los principales frenos para el desarrollo y la productividad del país, mencionan reportes de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Esta situación se da por distintas razones, como empleos precarios donde no alcanzan el salario mínimo, la ocupación cuentapropista (pequeños comerciantes).

Considerando los rubros, las actividades con alta participación de informalidad son la construcción y el comercio, restaurantes y hoteles. Sin embargo, el trabajo doméstico tiene el mayor porcentaje de ocupación informal: 9 de cada 10 personas de 15 y más años de edad, son trabajadoras domésticas y están en condición de informalidad, indica la DGEEC.

Además de la población ocupada compuesta por 3.211.225 de compatriotas, el 29% se dedica a actividad por cuenta propia, es decir, 931.255 personas, y la mayoría de ellas no aporta a ningún seguro social por salud o jubilación.

Un reciente estudio de la consultora Pro Desarrollo Paraguay confirmó el incremento de la actividad informal en nuestro país, que en 2018 movilizó US$ 16.522 millones. Una gran parte de la economía en negro está ligada a la evasión impositiva y laboral. Empresas que no registran a sus empleados en el IPS y que pagan menos del mínimo legal vigente. Datos de la DGEEC 2018 refieren, a su vez, que más del 40% de los trabajadores en el sector privado perciben menos de un salario mínimo.

Entre tanto, tampoco hay avances en estímulos para la formalización del pequeño comerciante, para facilitar a los pobladores herramientas más amigables y sin tanto protocolo para acceder a ellas.

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La Aduana incluirá uso de cámaras corporales en lucha anticorrupción

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La Aduana nacional obligará a sus funcionarios de puestos clave a utilizar cámaras corporales desde este mes. Ante la posibilidad de ser atacado de ilegal, Julio Fernández, titular de la institución, dijo que “prefiere correr el riesgo”.

Desde este mes de diciembre, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a cargo de Julio Fernández, obligará a los funcionarios que ocupan puestos principales a usar cámaras corporales. “Esas cámaras van a grabar vídeo y audio de la actuación de los funcionarios, si apagan, si se alejan del lugar de trabajo. No son muchas cámaras, pero vamos a colocar en lugares clave”, expresó ayer Fernández al explicar detalles de la iniciativa tomada.

En relación a la posibilidad de que se declare ilegal dicha medida, señaló que “correrá el riesgo”.

Aduanas también empezó a utilizar desde hace poco otras tecnologías, como los drones, en su intento por frenar la corrupción interna. “Permiten ver los movimientos en las riberas de los ríos”, argumentó Fernández, quien dijo que en principio no se instalarán muchas cámaras. El costo será de unos G. 200 millones.

Los aduaneros cobran jugosas coimas para permitir el ingreso de cargas ilegalmente, para no controlar vehículos con mercaderías de contrabando que circulan en zona secundaria o para dar cobertura en el tránsito de vehículos con contrabando.

También cobran para conceder dictámenes favorables que no corresponden y acelerar dictámenes favorables que corresponden. Otro negocio es ingresar a la institución antes del horario para evitar reverificaciones por parte de fiscalizadores; verificar cargas en canal rojo en tiempo récord; validación informática de la verificación de mercaderías (sin abrir el contenedor); verificación y validación informática de varios despachos con canal rojo (en un minuto 3, 4 contenedores), según los informes recogidos.

Son varios los funcionarios que han caído por cometer diferentes delitos. El mayor escándalo fue en mayo, cuando el Gral. (SR) Ramón Benítez, director del Detave (Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada) fue detenido por coima. El caso salpicó hasta a periodistas.

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MOPC debe ejecutar este mes unos USD 150 millones

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Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no pudo invertir el mes pasado los USD 120 millones que prometió en obras y solo ya le queda este mes para incrementar su nivel de ejecución. Esto para que la cartera pueda justificar el incremento del déficit fiscal (3%) que consiguió en el Gobierno.

Según un informe que remitió ayer la cartera, en el mes de noviembre el MOPC solo invirtió G. 340.203 millones (USD 54 millones al cambio actual) en los pagos por las diferentes obras que están en ejecución, que respecto a octubre tuvo una caída del 34%.

Esta situación obliga a la institución a ejecutar alrededor de USD 150 millones este mes, para poder llegar a la promesa de inversión de USD 200 millones, que fue el principal motivo del incremento del tope fiscal.

El viceministro de Finanzas, Carlino Velázquez, señaló a este diario que no llegaron a la meta inicial porque el incremento del déficit fiscal se aprobó muy tarde. “Tuvimos solo una semana para ejecutar tras el incremento del tope fiscal, pero en diciembre vamos a recuperar”, expresó.

Sin embargo, el funcionario no está seguro si llegarán a los USD 200 millones que prometieron invertir en noviembre y diciembre. “No creo que lleguemos a eso, aunque vamos a incrementar la ejecución”, expresó.

De acuerdo con el reporte, el MOPC ejecutó en obras propiamente (nivel 500 de inversiones) G. 3,5 billones (USD 560,1 millones) hasta noviembre, con una ejecución del 71% de su presupuesto de 4,9 billones y un crecimiento de 54% con respecto al mismo periodo del año 2018.

Según el escrito, a esto se deben agregar los proyectos financiados bajo la modalidad de llave en mano y Alianza Público Privada (APP) con lo cual las inversiones de la cartera de Estado asciende a G. 4,8 billones en obras.

“Con estas cifras, el MOPC logró superar la ejecución de los años anteriores”, resalta el informe.

En cuanto a su presupuesto general, el MOPC ejecutó al mes de noviembre del presente ejercicio fiscal G. 4,2 billones, lo cual representa una ejecución del 71% y un crecimiento del 47% con respecto al mismo periodo del año 2018.

El presupuesto vigente general de la cartera es de 5,9 billones, de los cuales 4,9 millones son para obras propiamente, como se menciona más arriba.

El mes de mayor inversión del MOPC este año sigue siendo octubre con una ejecución de G. 522.281 millones. La administración del ministro Arnoldo Wiens tuvo un cuestionado inicio, pero tras las críticas incrementó su ejecución.

ÚH

Gremio de empresarias busca más protagonismo en mipymes

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La Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (Apep) tiene como objetivo tener un mayor protagonismo y ganar espacios en el sector de las mipymes, según expresaron durante una reunión mantenida con Isaac Godoy, viceministro de Mipymes, del Ministerio de Industria y Comercio.

La titular de la Apep, Celina Lezcano Flores, dijo que en este encuentro expusieron la visión que tienen como gremio de mujeres y proyectar las acciones para el 2020.

Afirmó que compartieron con Godoy la hoja de ruta que disponen y sobre las alianzas que desde esta instancia tienen con gremios y otras instituciones públicas.

Subrayó que también se comprometieron “en seguir aunando esfuerzos en las mipymes, porque estamos convencidas de que tenemos que seguir trabajando en alianza con el Viceministerio y con los demás gremios y sectores privados para que lo realizado pueda tener un mejor resultado”.

Recordó que estuvieron en la última reunión del Foro del Sistema Nacional de Mipymes, donde se interiorizaron sobre los resultados positivos alcanzados y lo que se debería mejorar del sector.

Lezcano Flores dijo que creen que la unión del sector público con el privado es lo mejor que le puede pasar al país, “y también trabajar en las políticas públicas, porque es lo que nos afecta como ciudadanos y no solamente como sector empresarial”.

Finalmente, apuntó que aún les resta mucho camino por recorrer, esperan llegar lejos y están confiadas en “el efecto multiplicador que tenemos las mujeres y que es muy fructífero para el país, la familia y todos los ciudadanos”.

ÚH

Tarjetas: Tras críticas, diputado niega proyecto para subir tasas

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Ante las críticas que recibió sobre el caso de las tasas de interés de tarjetas de crédito, el diputado colorado Carlos Núñez Salinas negó que haya planteado eliminar el tope a intereses, 24 horas después de haber anunciado a los medios que la semana venidera se presentaría el proyecto de ley al respecto.

Indicó que lo que se presentó tan solo fue un informe desde la Comisión Especial de Economía, con 46 temas recogidos con base en reclamos de sectores económicos y se priorizaron 6 temas, entre los que aparece el de las tasas.

“La semana que viene presentamos ya la Ley de Tarjetas”, expresó Núñez en reunión de prensa en Diputados el martes pasado, cuando se presentó el citado informe. Sin embargo, al día siguiente desmintió el anuncio a Monumental, indicando que no existe ningún proyecto para elevar las tasas de las tarjetas de crédito.

“Solo se puso sobre la mesa que en 2015, cuando se topeó el interés, eso tuvo como resultado el beneficio a la clase media y alta, pero unas 350.000 personas perdieron sus tarjetas y quedaron fuera del sistema porque recurrieron a otros instrumentos”, dijo.

La idea, a su criterio, es solo brindar una opción a esas personas mediante otros proyectos, pero no necesariamente que se alce el porcentaje. “No se buscará perjudicar a quienes tengan el beneficio ganado por la legislación vigente, pero hay otra parte que queda fuera del sistema”, destacó.

Según se había anunciado, la propuesta incluía agregar un articulado que delimite a las tasas de interés de tarjetas de crédito dentro del rango hasta el cual son consideradas no usurarias.

ÚH

Gremio celebra golpe al contrabando de prendas

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En la Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay (AICP) celebraron los últimos decomisos de grandes cargas de prendas ilegales. No obstante, advierten que la práctica ilegal continúa permeando pese a los controles, y perjudica a la industria local.

Es lo que señaló ayer la gerente general del citado gremio, Adriana Chaparro, al ser consultada cómo tomaron las últimas incautaciones hechas por parte del organismo gubernamental UIC anticontrabando. El pasado martes, en Puerto Seguro de Villeta, tres camiones de gran porte fueron incautados por transportar ilegalmente un volumen importante de prendas, pero que en el manifiesto estaban declaradas como juguetes.

Chaparro dijo que el ingreso ilegal de prendas siempre hubo y continúa, pero con los productos que cayeron últimamente a través de acciones de control de la UIC, ven un panorama más positivo.

Respecto al origen de la carga que viene de Montevideo y no del puerto chileno de Iquique, indicó que los dos siempre fueron los puntos de carga para luego venir e ingresar al país. “Llegan e ingresan por aquí. Posiblemente se hace una triangulación porque las cantidades son muy superiores a lo que requiere nuestro mercado y la población”, puntualizó.

Añadió que la UIC es la que está investigando el último caso de Villeta y lo importante es que cayeron cargamentos de gran volumen, se están tomando medidas y “estamos esperanzados de que se siga combatiendo”.

Remarcó que el ingreso ilegal o subvalorado de prendas afecta muy negativamente a la mano de obra paraguaya, especialmente, a los pequeños talleres que, en muchos casos, se ven obligados a cerrar porque resulta imposible competir con los productos ilegales.

Mencionó que en las noticias vio que uno de los camiones decomisados en Villeta declaró una carga por valor de 18.000 dólares, suma ínfima respecto a lo que se encontró en la verificación.

“Es así que se encuentran inconsistencias de que no se pagan los impuestos. Así es imposible competir”, sentenció finalmente.

ÚH

Precio del tomate se encarece 30% en las distribuidoras

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Cada caja de 18 kg de tomate nacional liso y perita cuesta en promedio entre 110.000 y 120.000 guaraníes. Los montos representan una suba del 30% de la hortaliza con relación a principios de noviembre.

La campaña de cosecha de la hortaliza está completando sus últimas semanas y por una menor oferta, sus precios van aumentando en los depósitos que surten a los mercados y súper, lo que a su vez afecta al bolsillo del consumidor final.

De acuerdo con el Servicio de Información de Mercados Agropecuarios cada caja de tomate liso, que se utiliza generalmente para las ensaladas, costaba el 1 de noviembre G. 91.667, mientras que la variedad Santa Cruz, conocida como perita y que se usa mayormente para salsas, ascendía a G. 85.000.

Estos precios sufrieron un incremento del 30% en promedio en menos de 30 días y la tendencia es que siga en aumento.

Sin embargo, el coordinador del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas, Máximo González, refirió que este comportamiento de mercado no se traduce en las fincas, donde los productores continúan recibiendo un pago ínfimo de G. 2.500 a G. 3.000 por kg.

Por su parte, el director de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Aníbal Roa, afirmó que los tomates de mejor calidad sí están recibiendo un mayor pago, que incluso llega a G. 5.000 por kg en algunos casos.

Para González es el Gobierno el que debe asistir a los agricultores con infraestructura, como techo, malla de mediasombra y sistema de riego, para tener una producción continua.

ÚH