Un proyecto de agricultura conservacionista es desarrollado con 250 pequeños productores de compañías de este distrito, con el fin de instalar un modelo de producción sustentable y de mayor rinde.
La idea es que el proyecto sirva como modelo para otras comunidades, al emplear técnicas de manejo y conservación de suelos que minimicen los “gastos culturales”, permita recuperar el suelo mediante aplicación de abonos verdes y la rotación de cultivos y aumentar la productividad, explicó el Ing. Agr. Lucio Cañete, quien tiene a su cargo la coordinación del programa, desde el departamento de Producción y Desarrollo de Yacyretá, que es el financista y lo desarrolló juntamente con la gobernación de Itapúa y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Entre julio y agosto se prevé la preparación de suelos y siembra, para lo cual los productores recibirán gratuitamente semillas, trabajo con máquinas agrícolas, cal agrícola y semillas de maíz, también acompañamiento para la cosecha y comercialización.
La comunidad de Fleitas Cue está ubicada a más de 30 kilómetros al noreste del centro urbano de San Pedro del Paraná. Siete asentamientos, incluida Fleitas Cue, están integrados al proyecto. Son poblaciones con tierras muy degradadas, donde el nivel de rendimiento promedio del maíz oscila en los 600 a 700 kilos por hectárea y con este programa se proyecta llegar a al menos 3.000 kilos por hectárea, dijo a su vez el Ing. Agr. Diosnel Bareiro, técnico del DEAG, del MAG.
Industriales metalúrgicos reclaman mayor participación en las obras públicas y una rápida acción para dinamizar la actividad económica.
Que el Gobierno priorice a la industria nacional cuando se encaren y ejecuten obras públicas, es el reclamo que eleva el Centro de Industriales Metalúrgicos (Cime), que este año tiene una fuerte presencia en el Pabellón Industrial de la Expo.
“La adquisición de bienes de producción nacional es primordial para la reactivación de la economía. Si el Gobierno compra más de afuera, lo único que hace es reactivar lo foráneo y repercute negativamente a nivel local”, dijo el titular del gremio, ingeniero Carlos Perasso.
Este afirmó que en este primer semestre, el sector registró una baja en la comercialización de los productos en un 40% en relación con el mismo periodo del año anterior. “El sector metalúrgico está bastante resentido por la situación actual. Como gremio estamos contactando con los asociados y encontramos una merma en la productividad. Eso nos preocupa”, manifestó.
No obstante, apuntó que pese a la desaceleración existente, muchas empresas están apostando a la ampliación de infraestructura, de la capacidad instalada, viendo más mercados de exportación y por ende inyectan más inversión esperanzados en que se revierta el escenario y repunte nuevamente el país.
De hecho, añadió que más inversores brasileños exploran el mercado con fines de instalar industrias metalúrgicas en el país.
Ante el temor de que la ley que regula el empleo parcial sea utilizada como excusa para cometer abusos y se precarice aún más la situación laboral de los trabajadores, la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) presentó ante la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Carla Bacigalupo, las necesidades de control que imperan en este ámbito.
Carlos Jorge Biedermann, presidente de la CAP, anunció que integrarán una comisión que analizará este tema, ya que tienen algunos cuestionamientos a la normativa en cuestión. “Si bien la ley nos parece excelente, nos preocupa cómo se va a controlar, nos preocupa que algunos abusen de la ley y contraten a la gente como empleo parcial y los tengan trabajando como si fuera un empleo normal”, advirtió.
Otros problemas expuestos por Biedermann se relacionan con abusos cometidos en instancias de los juzgados laborales y la presencia de numerosas empresas, a las que calificó como seudoempresas, que no están en el esquema del MTESS ni del IPS.
“Estamos compitiendo entre desiguales, hay gente que hace de la evasión fiscal o de no tener a su gente en IPS su estrategia de competencia; eso, además de ser ilegal, se convierte en una competencia informal que para nosotros es intolerable”, reclamó.
Mencionó además la preocupación del sector privado respecto a la alta informalidad que persiste entre los trabajadores. “Nos preocupa que de cada 5 empleados, 2 nomás estén en IPS (Instituto de Previsión Social), eso significa que hay una tremenda oportunidad en términos de minimizar la informalidad ilegal, que perjudica al sistema formal”, recalcó.
Por otro lado, el titular de la CAP destacó la visión de capacitación y de inclusión que se está observando en la manera en que se afrontan los desafíos al interior del mercado laboral y que la modernización del sistema de gestión del trabajo fue uno de los principales temas que abordaron en la reunión que mantuvieron ayer con Bacigalupo.
La ministra, por su parte, expuso ante la CAP detalles de la Ley 6339/19 “Que Regula el Empleo Parcial”, la Ley 5407/15 de Empleo Doméstico, el Contrato de Aprendizaje, la estrategia Integrada para la Formalización del Empleo en Paraguay, capacitaciones y sistema Identidad, y el relanzamiento de las Mesas Sectoriales.
Recordó que la ley de empleo parcial tiene como meta inicial formalizar a 129.000 personas que hoy, según los datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec), ya están trabajan bajo esta modalidad contractual.
“Por supuesto, después vemos cómo se comporta el mercado, si esto genera nuevas oportunidades de empleo; eso va a depender mucho de la apuesta de las empresas y un buen sistema de aplicación de la ley, que ya está a nuestro cargo”, dijo. Informó que prevén completar en un mes la reglamentación de esta ley.
Impulsores de la “Industria eléctrica nacional” presentaron a la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados el anteproyecto de “ley general”, que busca regular –entre otras cosas– la generación, transporte, distribución, servicios de recarga energética y comercialización de la energía eléctrica.
El proyecto de legislación, impulsado por los ingenieros Nelson Cristaldo y Javier Villate busca, asimismo, establecer reglas claras para los intercambios internacionales de energía eléctrica, complementando lo estipulado en los tratados internacionales relativos a la materia y acordados por el Gobierno Nacional. Además, la gestión técnica, económica y fiscalización del sistema eléctrico nacional, que incluye las interconexiones con los sistemas eléctricos de los países vecinos y con los mercados eléctricos regionales.
Según el proyecto, la ley tiene por finalidad propiciar el abastecimiento de la demanda de los servicios de energía eléctrica y el acceso de la comunidad, bajo criterios de eficiencia económica, viabilidad financiera, calidad y confiabilidad de servicio, dentro de un marco de uso racional y eficiente de los diversos recursos energéticos del país.
Igualmente, pretende establecer el marco legal que garantice el suministro de energía eléctrica al “mínimo coste” e incentive la eficiencia económica en el desarrollo de las actividades de generación, transporte, distribución, servicios de recarga energética y comercialización, así como en el uso de la energía eléctrica.
En ese mismo sentido, busca promover la competencia y la participación del sector privado como instrumentos básicos para incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios, mediante las modalidades que se consideren más convenientes al efecto. Igualmente, promover políticas de responsabilidad social y ambiental en toda actividad de la industria eléctrica, y asegurar la protección de los derechos de los usuarios.
Según el anteproyecto, las actividades relacionadas a la industria eléctrica se regirán por siguientes principios:
Eficiencia: obliga a la correcta y óptima asignación y utilización de los recursos en el suministro de electricidad a costo mínimo.
Transparencia: exige que las autoridades responsables de los procesos regulatorios conduzcan de manera pública, asegurando el acceso a la información sobre los mismos a toda autoridad competente y personas que demuestren interés, y que dichas autoridades rindan cuenta de su gestión, en la forma establecida por las normas legales aplicables y los reglamentos.
Calidad: obliga a observar los requisitos técnicos que establezcan los reglamentos.
Continuidad: El suministro debe ser prestado sin interrupciones, a no ser las programadas por razones técnicas debidamente justificadas, las que resultaren de fuerza mayor o de las sanciones impuestas al consumidor por incumplimiento de sus obligaciones o uso fraudulento de la electricidad, entre otros.
El anteproyecto de ley también crea la Superintendencia de electricidad como el organismo con jurisdicción nacional que cumple la función de regulación de las actividades de la industria eléctrica y le corresponderá la aplicación de la ley. La misma será una entidad autárquica en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, con independencia funcional, presupuestaria y facultades administrativas suficientes para asegurar la capacidad técnica y financiera necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. Su integración y funcionamiento en la misma ley que crea.
Representantes de distintos sindicatos se reunieron con el senador Salyn Buzarquis para analizar los alcances que tendría el mencionado proyecto de ley que establece horarios diferenciados en la función pública, de modo a descomprimir el cuello de botella que significa el ingreso y salida de Asunción durante los días hábiles.
Al final del encuentro, se acordó que acompañarían la propuesta legislativa, la cual está pendiente de tratamiento en el pleno de la Cámara Alta. De acuerdo con Buzarquis, habrían los votos suficientes para aprobar el proyecto en general para que luego de 15 días se traten los articulados en consenso con los principales actores de la sociedad, eso atendiendo a que la ley modificará la rutina de las personas.
Vale recordar que este tipo de iniciativas funciona de manera positiva en otras ciudades de la región como Montevideo y Buenos Aires ayudando a descomprimir el tráfico vehicular en horarios pico y estimulando la economía nocturna.
Según el proyectista, en promedio se reducirá de dos horas a cuarenta y cinco minutos el tiempo de ingreso y salida entre el área metropolitana y Asunción. Al reducir el tiempo de traslado, transportes públicos y vehículos privados reducirán un 30% el consumo de combustible.
A su vez, con el horario escalonado, las empresas de transporte podrán trasladar a más gente con la misma flota. En la actualidad, la congestión en horas pico hace que uno de cada cinco pasajeros no logre subir al bus.
Con este proyecto se prolongará el día, lo que activará la economía nocturna, de entretenimiento y promoverá más inversiones en espacios de recreación y turismo. Con la reactivación de ciudades, bares, restaurantes y tiendas, aumentarán los puestos de trabajo directos en indirectos.
Esta mejor forma de organización, aumentará la calidad de vida y productividad del capital humano. A reducir la exigencia horaria, permitirá un mejor descanso y aumento del rendimiento escolar, puntualizó Buzarquis.
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) anunció que procederá a cruzar datos de contribuyentes a través del sistema Marangatu para detectar inconsistencias en declaraciones juradas y, si cabe, hacer emplazamientos para la rectificación de impuestos de hasta 5 años atrás.
La referida medida fue anunciada ayer por el viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, al explicar el alcance de la Resolución Gral. N° 22 por la cual se implementa el sistema para la gestión de las inconsistencias a través del Marangatu.
Domínguez señaló que esta herramienta se aplica como mecanismo para aumentar la recaudación y en el marco de lo que recomendó el Equipo Económico, tanto a la SET como a Aduanas, de apretar los controles para obtener mayores ingresos en el segundo semestre del año.
El Ministerio de Hacienda ya redujo la estimación de crecimiento de ingreso tributario de 7,2% a 5% para este ejercicio, atendiendo la desaceleración económica que afecta al país, también disminuyó la disponibilidad de recursos para las entidades públicas mediante el plan de caja y para el proyecto de presupuesto 2020 estableció un tope.
Con este nuevo sistema se busca conseguir mayores ingresos para compensar la menor recaudación, ya que al realizar el cruce de datos el sistema notificará a los contribuyentes cuyas declaraciones tengan inconsistencias y estos tendrán un plazo de 40 días hábiles para rectificar o ratificarse.
En caso de rectificar, abonará la diferencia del impuesto no ingresado sin tener que pagar multa y, por el contrario, de ratificarse se le solicitará los documentos y entrará en un proceso de verificación que podría terminar en el pago del impuesto y la multa.
El fisco tiene hoy más de 861.000 contribuyentes (grandes, medianos y pequeños) y según lo señalado por el viceministro, no solo podrán efectuar los cruces de aquí para adelante sino también hasta cinco años atrás, como lo permite la ley.
Domínguez expresó, junto con los directores de la SET, que con esta herramienta se busca aumentar el número de contribuyentes y reducir la brecha de evasión.
Las notificaciones harán a través del “Buzón Marandu” en la bandeja de “Aviso de Inconsistencias Impositivas” y se indicará la cantidad identificadas y el número de selección.
Señalaron que las inconsistencias son diferencias identificadas por el sistema Marangatu de manera autónoma, que surgen por la comparación entre la información presentada por el contribuyente en sus declaraciones juradas y las diferentes informaciones recabadas por el sistema de las diversas bases de datos.
Tributación hará un reacondicionamiento del sistema informático para la implementación de los impuestos que forman parte de la ley de la reforma. Esto deberá estar listo para el 31 de diciembre, ya que el proyecto de ley, que aún está en estudio en el Congreso, tras su aprobación entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2020. El viceministro Fabián Domínguez dijo que se hará el acondicionamiento en materia de impuesto a la renta empresarial (IRE) y su régimen Resimple, también el impuesto a las utilidades y los dividendos (IDU), mientras que el impuesto a la renta personal (IRP) no requerirá de mayores cambios porque la estructura se mantiene igual, con amplia deducibilidad y la base imponible es la misma.
La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei) advirtió ayer que el proyecto de ley que presentará el Frente Guasu en el Congreso, que busca regular el precio y las condiciones de los alquileres para viviendas del país, matará el desarrollo inmobiliario que venía creciendo sostenidamente.
“Es una total locura, un proyecto de ley totalmente confiscatorio y lo único que se busca con esto es matar el desarrollo inmobiliario”, expresó el ingeniero Raúl Constantino, presidente del gremio y resaltó que el proyecto “populista” es inconstitucional.
Lamentó que los legisladores no se preocupen en facilitar los instrumentos financieros para que la gente pueda acceder al crédito hipotecario y de esta forma que accedan a viviendas. “Esto no tiene sustento, ni jurídico, ni de antecedentes. Se dan las atribuciones de fijar cuánto la gente tiene que cobrar por su alquiler”, explicó.
Siguió: “Nosotros estamos en una economía de libre mercado donde la oferta y la demanda se regulan solas. Con esta misma teoría, el día de mañana nos pueden decir que todos tienen que tener auto y que los vehículos tengan que costar tanto. Es una arbitrariedad, una medida populista sin sustento”.
Destacó que el desarrollo inmobiliario ayuda a sostener la economía con la generación de empleo y la inversión de más de USD 300 millones al año, que está en riesgo con este tipo de proyectos de ley.
A su turno, Víctor González Acosta, director de Capadei, señaló que el proyecto pretende violar las leyes del país de libre mercado y también señaló que es inconstitucional. “Con esto se busca la destrucción del mercado inmobiliario. Sinceramente, creo que responde a una campaña electoralista mediática y populista. Hay que ganar votos de cualquier manera, no importa si hace pisoteando la Constitución Nacional. Es lamentable desde todo punto de vista”, manifestó el empresario.
Los ganadores del concurso Con Vos Paraguay Crece, organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Itaipú Binacional, en el marco del proyecto de Fortalecimiento y Desarrollo de Microemprendedores (FDM); aprovecharon la Expo de Mariano Roque Alonso para dar a conocer sus proyectos en el Patio Cultural.
Las 20 iniciativas, de diferentes tipos, llamaron la atención de los participantes y muchas de ellas incluso ya pudieron ser comercializadas.
Suburbios Muebles Motors es la empresa impulsada por jóvenes emprendedores de Caaguazú y se trata del reciclaje de partes de vehículos para elaborar mesas, livings, sillas, hasta dispensers para cerveza. Natalia Mendoza, una de las propietarias, explicó que el negocio empezó hace un año y medio, tras ver la poca reutilización de recursos en Paraguay (ni el 10%), por lo que se vio la posibilidad de ofrecer artículos innovadores, no tanto por moda, sino por necesidad. Los muebles se pueden entregar a cualquier punto del país e incluso los clientes pueden elegir qué quieren y de qué marca de vehículo en específico.
“Se venden bien, ayer (domingo) trajimos una parrilla de una Toyota Bandeirante que tenían dos faros, como velador. Se puede colgar en el quincho o en la sala. También tenemos planteritas hechas de pistones desde G. 100.000”, detalló la empresaria.
Helce Melgarejo fue otro ganador con su compañía Forma, que se especializa en la fabricación de armazones de anteojos a partir de petereby, cedro y tajy. Los lentes de petereby cuestan G. 450.000, mientras que los de cedro se encuentran desde G. 600.000.
Las gafas se pueden personalizar, pero además la empresa produce carcasas para celulares, entre otros objetos. El emprendedor apuntó que los extranjeros valoran mucho sus creaciones, por lo que tuvo buenas ventas.
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) criticó el borrador del proyecto de ley que presentará el Frente Guasu en el Congreso, que busca regular el precio y las condiciones de los alquileres para viviendas del país, además de agregar nuevos impuestos a los propietarios de inmuebles desocupados.
El asesor legal del gremio, el abogado Miguel Aranda, señaló que lo que se pretende con la normativa es inconstitucional y que busca confiscar propiedades privadas, antes que regular los precios.
“Es un borrador de proyecto inconstitucional. Sabemos que existe un déficit de viviendas en el país y también, obviamente, de acuerdo con la Constitución Nacional el Estado va a garantizar la vivienda digna a todos los paraguayos. Pero, lastimosamente, este proyecto tergiversa totalmente esta disposición constitucional”, resaltó.
Mencionó que, por ejemplo, se establecen impuestos por tener desocupado un inmueble por cierto tiempo y que si el propietario debe impuestos por el mismo por dos años, dan la potestad de expropiar el inmueble. Sobre este punto, cita el artículo 32 del borrador que crea “el impuesto al inmueble urbano ocioso (IIUO), igual al 30% del impuesto inmobiliario multiplicado por cada año en que dicho inmueble se encuentre ocioso, en caso de construcciones deshabitadas; e igual al 60% del impuesto inmobiliario multiplicado por cada año en que dicho inmueble se encuentre ocioso, en caso de baldíos urbanos, en tanto no sean utilizados para una construcción, huerta urbana o de mantenimiento de un ecosistema”.
En cuanto a las intenciones confiscatorias, cita el artículo 23 que alega: “Los municipios adquirirán, mediante expropiación, los inmuebles privados urbanos pertenecientes a su ejido urbano, que no tengan al día el pago de impuestos, abandonados por 2 (dos) años o más. En la expropiación se considerará un crédito a favor del Municipio el impuesto inmobiliario y otros servicios municipales adeudados”.
El profesional resaltó que “esto viola las garantías de la propiedad privada” amparadas por la Constitución y las leyes. “El remedio es peor que la enfermedad de esta forma”.
Por otro lado, criticó las exigencias mínimas de construcción que pretenden obligar al propietario para poder alquilar, que están plasmadas en el artículo 4, donde se establecen dimensiones mínimas para viviendas antiguas y nuevas, servicios básicos, equipamientos, entre otros. Vale señalar que el borrador del proyecto de ley establece que los alquileres cuenten entre 548.000 (25% del salario mínimo) hasta 1.315.000 (60% del salario mínimo), dependiendo de la superficie y la cantidad de ambientes.
Economistas del «think tank» (laboratorio de ideas) conservador estadounidense Heritage Foundation señalaron este martes en Asunción que el mercado laboral paraguayo carece de flexibilidad y que existen dificultades y obstáculos para la creación de negocios.
Esos fueron dos de los indicadores en los que Heritage Foundation observa posibilidad de mejoras en la economía paraguaya, a la que sitúa en el puesto 85 de los 186 países que componen su Índice de Libertad Económica.
«Paraguay lo está haciendo bastante bien en algunos indicadores, pero en otros está atrás», dijo durante la presentación del índice en Asunción uno de los directivos de la Fundación, Terry Miller.
Para Heritage Foundation, Paraguay muestra un buen desempeño en apertura de mercado, sobre todo si se tiene en cuenta el proteccionismo de países vecinos como Argentina y Brasil, y destaca también en estabilidad monetaria y fiscal.
Sin embargo, las normativas del mercado laboral y de creación de empresas están anticuadas, según las conclusiones de esta Fundación.
Paraguay obtuvo en esta clasificación un resultado de 61,8 puntos, lo que coloca al país suramericano en el medio de la tabla, aunque alejado, en libertad económica, de territorios como Hong Kong (90,2 puntos), Singapur (89,4) o Nueva Zelanda (84,4).
Por el contrario, en el marco del Mercosur, solo Uruguay le supera, con una puntuación de 68,6 enteros, mientras que Argentina y Brasil quedan por detrás, con 52,2 y 51,9 puntos, respectivamente.
Durante la conferencia, Miller insistió en que la intención de este índice no es señalar «las políticas que tienen que hacer» sino ofrecer «una mirada más cercana».
No obstante, otro investigador de este «think tank», Anthony Kim, expuso durante su intervención que tienen «una visión muy clara» y que «esa misma visión se puede aplicar a Paraguay».
«Queremos construir en Paraguay libertad, oportunidad, prosperidad en la sociedad civil», apuntó Kim, al mismo tiempo que recomendó «pensar e implementar nuevas políticas que inyecten más flexibilidad y competitividad».
En los últimos años, Paraguay se ha mantenido sin apenas variaciones en su puntuación, una estabilidad que para Miller es «mejor que volver atrás», como expresó en una conferencia de prensa posterior al acto.
Ahí volvió a referirse a las deficiencias en algunos de los indicadores analizados e insistió en que algunos como el combate a la corrupción o la efectividad de la Justicia «pueden ser muy difíciles de cambiar» y requieren de «liderazgo político».
Asimismo, apuntó que para que la economía paraguaya pueda dejar de basarse únicamente en el sector primario debe apostar por agregar valor a su producción de materias primas a través del procesamiento.
Miller aludió también a los dos grandes vecinos del país, Brasil y Argentina, economías a las que sigue ligado a pesar del incipiente desacople, y se mostró bastante optimista respecto al desempeño de Paraguay.
El economista reconoció que existe «un poco de riesgo» en el entorno regional, pero prefirió enfocarlo como «enormes oportunidades para Paraguay».
En su opinión, si Argentina y Brasil no emprenden reformas que permitan incrementar su crecimiento económico y su productividad, pero Paraguay sí las hace, la situación se transformará en una «tremenda oportunidad» de desarrollo que dependerá solo de Paraguay.
