El endeudamiento del Sector Público Total creció 21,4% desde 2024, mientras el Gobierno reconoce pasivos ocultos con proveedores por US$ 1.270 millones que llevarán el déficit al 3,2% del PIB
La deuda pública del Sector Público Total (SPT) de Paraguay cerró el primer semestre de 2026 en US$ 21.947 millones, según el último informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La cifra confirma una tendencia de crecimiento sostenido del endeudamiento estatal en los últimos años y coincide con el reconocimiento oficial de un fuerte deterioro fiscal, producto de deudas con proveedores que no habían sido incorporadas oportunamente a las cuentas públicas.
Cómo se compone la deuda pública total
Del total de obligaciones, la Deuda Pública de la Administración Central (DPAC) concentra la mayor parte, con US$ 19.222 millones, equivalentes al 87,6% del total y al 30,1% del PIB. El resto, US$ 2.724,9 millones, corresponde a deuda pública con garantía soberana, que representa el 12,4% del total y el 4,3% del producto interno bruto.
Medida en relación con el tamaño de la economía, la deuda pública total equivale al 34,4% del PIB, un porcentaje inferior al 41,1% registrado en diciembre de 2025. El MEF atribuye esta reducción no a una menor deuda, sino a un mayor valor estimado del PIB en dólares y al efecto del tipo de cambio utilizado para convertir las cifras.
Un crecimiento que se sostiene desde 2024
Los registros oficiales muestran una trayectoria ascendente del endeudamiento público en los últimos años. La deuda del Sector Público Total pasó de US$ 18.083 millones en 2024 a US$ 20.448 millones en 2025, hasta llegar a los US$ 21.947 millones actuales, lo que implica un incremento cercano al 21,4% —unos US$ 3.864 millones adicionales— respecto de 2024.
La Administración Central siguió una evolución similar: su deuda avanzó de US$ 16.217 millones en 2024 a aproximadamente US$ 17.932 millones en 2025, hasta alcanzar los US$ 19.222 millones en junio de 2026, un alza de alrededor del 18,5% frente al cierre de 2024.
Solo en el primer semestre de este año, el saldo global aumentó US$ 1.498,7 millones respecto de diciembre de 2025, impulsado principalmente por nuevas emisiones de bonos y desembolsos de créditos.
La deuda externa continúa siendo predominante
Pese a los esfuerzos por diversificar las fuentes de financiamiento, la mayor parte del endeudamiento paraguayo sigue en manos de acreedores externos. A junio de 2026, la deuda externa del Sector Público Total llegó a US$ 18.331,9 millones, equivalentes al 83,5% del total y al 28,7% del PIB. La deuda interna, en tanto, sumó US$ 3.614,7 millones, con una participación del 16,5% y del 5,7% del producto interno bruto.
Sin embargo, el componente interno crece a un ritmo más acelerado. Desde 2024, la deuda interna del SPT pasó de US$ 2.361 millones a US$ 3.062 millones en 2025 y a US$ 3.615 millones en el primer semestre de 2026, una expansión del 53,1%. La deuda externa, en el mismo lapso, avanzó de US$ 15.722 millones a US$ 18.332 millones, un aumento del 16,6%.
En la Administración Central se repite el patrón: el componente interno subió de US$ 1.604 millones en 2024 a US$ 1.968 millones en 2025 y a US$ 2.379 millones en junio de 2026, mientras que la deuda externa pasó de US$ 14.613 millones a US$ 16.843 millones en el mismo período.
Composición por moneda y avance de la desdolarización
El 73,0% de la deuda de la Administración Central está denominada en dólares estadounidenses, reflejo del peso de los préstamos con organismos multilaterales y bilaterales, así como de las emisiones soberanas en los mercados internacionales. Los bonos soberanos suman US$ 9.042,8 millones, equivalentes a cerca del 47,0% de la DPAC, mientras que el 24,9% de las obligaciones ya está denominado en moneda local.
Este último dato responde a la estrategia de desdolarización iniciada en noviembre de 2023 con operaciones de conversión de préstamos. En febrero de 2024, Paraguay realizó su primera emisión internacional de bonos soberanos en guaraníes, por el equivalente a US$ 500 millones, y en marzo de 2025 concretó una segunda colocación en moneda local por US$ 600 millones. Pese a estos avances, el informe del MEF confirma que la deuda externa y la denominada en dólares siguen concentrando la mayor parte del endeudamiento público del país.
Cómo se distribuye la deuda externa
Dentro de la deuda externa, los préstamos multilaterales representan el 39,1% del saldo, con US$ 8.576 millones otorgados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y FONPLATA, entre otros. Los bonos internacionales, por su parte, explican el 41,2% de la deuda externa, con un saldo de US$ 9.042 millones al cierre de junio, tras crecer un 10,1% —unos US$ 829 millones— respecto de diciembre de 2025. El resto corresponde a compromisos bajo la modalidad llave en mano de la Ley N° 5.074/2013, que suman US$ 491,3 millones.
El déficit fiscal se duplica por pasivos no registrados
Más allá del stock de deuda, el otro dato que marcó la coyuntura económica fue el reconocimiento, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, de deudas con proveedores del Estado por US$ 1.270 millones que no habían sido incorporadas en tiempo y forma a las cuentas públicas. Esta revelación llevó al déficit fiscal a corregirse al alza, del 1,5% del PIB establecido como límite por la Ley de Responsabilidad Fiscal a un 3,2% en 2026, con una proyección del 3,9% para 2027.
Según las cifras oficiales, si se excluye el componente vinculado a la amortización de estas deudas atrasadas, el déficit de 2026 se ubicaría en 2%. La diferencia de 1,2 puntos porcentuales corresponde exclusivamente a la gestión de estos pasivos con proveedores. Un comportamiento similar explicaría el salto al 3,9% proyectado para 2027.
Con este ajuste, Paraguay se aparta del techo fiscal del 1,5% del PIB durante al menos dos años más, hasta 2028, en lo que constituye la segunda vez que la gestión de las finanzas públicas debe reconocer pasivos que no habían sido registrados oportunamente, poniendo en tensión un pilar que históricamente sostuvo la credibilidad macroeconómica del país.
Salud y obras públicas, los sectores más comprometidos
El grueso de la deuda oculta corresponde al sector sanitario y farmacéutico, con pasivos por US$ 1.050 millones. El atraso en estos pagos no solo genera un problema contable: compromete el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos para el sistema de salud pública, con riesgo de agravar la situación sanitaria del país.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) concentra los US$ 220 millones restantes. La falta de pago a empresas constructoras golpea directamente la formación bruta de capital fijo, frena la actividad del sector de la construcción, destruye empleos y ralentiza el crecimiento económico potencial.
La respuesta del Gobierno: cesión de deuda y nuevo endeudamiento
Para afrontar este pasivo, el MEF proyecta saldar la deuda con las empresas farmacéuticas mediante la cesión de derechos de cobro al sistema financiero privado, por un monto estimado de entre US$ 400 y US$ 450 millones. Bajo este esquema, los bancos adquieren la deuda e inyectan liquidez a las farmacéuticas, mientras el Estado se compromete a repagar a las entidades financieras en un plazo de 36 meses.
Para el saldo restante —parte de la deuda de salud y la totalidad de la de obras públicas—, el Gobierno recurrirá a mecanismos tradicionales de financiamiento, como la emisión de bonos soberanos o la contratación de créditos con organismos multilaterales, instrumentos que requerirán autorización previa del Congreso Nacional.
Ingresos estancados y dudas sobre la calidad del gasto
El panorama fiscal se complica además por el comportamiento de los ingresos públicos, que muestran señales de estancamiento por la débil recaudación impositiva y por los menores aportes de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.
A esto se suma un cuestionamiento sobre la calidad del gasto público, ya que buena parte de la deuda reconocida incluye sobrecostos, bienes y servicios de mala calidad y una gestión deficiente de los contratos, situación que se hizo evidente en el caso del Instituto de Previsión Social (IPS).
Un ajuste que golpeará la prestación de servicios públicos
El esquema diseñado por el Gobierno para ordenar estos pasivos, aunque busca dar una salida financiera al problema, tendrá un costo en términos de política social. Los analistas advierten que la solución tendrá un efecto negativo sobre la oferta pública de servicios, profundizando la deuda social que el Estado mantiene con la ciudadanía, en áreas sensibles como educación, salud, protección social y agricultura, cuyo financiamiento quedará más restringido en los próximos años.
