El gremio propone destinar los fondos a la compra de grúas y vehículos, mientras se profundiza el debate sobre la urgencia de modernizar un sistema que arrastra pérdidas de hasta US$ 300 millones al año
Sindicatos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) presionan para que la institución no destine recursos a una licitación que buscaría incorporar tecnología de supervisión, monitoreo y organización de los servicios tercerizados, con el objetivo de reducir pérdidas que —según estimaciones de la propia administración— alcanzarían hasta 300 millones de dólares anuales. Actualmente, la ANDE evalúa la propuesta escuchando las posiciones tanto del sector sindical como las de quienes impulsan la modernización del sistema.
Un problema que ya ubica a la ANDE entre los peores índices de la región
El debate se da en un contexto de cifras alarmantes. Según datos recientes, las pérdidas eléctricas en la red nacional alcanzan actualmente un 25% del total de la energía inyectada por la ANDE, un índice que coloca a la institución con los niveles de desperdicio más altos de toda Sudamérica, muy por encima del rango considerado aceptable a nivel regional, que se ubica entre el 15% y el 17%. Solo por facturación no cobrada a causa de estas pérdidas, la fuga financiera anual se estima en 150 millones de dólares.
A esto se suman casos puntuales que ilustran la magnitud del problema: en mayo de este año, la ANDE detectó en Itapúa una conexión clandestina en media tensión que alimentaba de forma irregular a una planta asfáltica, con un perjuicio patrimonial que superó los 314 millones de guaraníes, derivado a la Fiscalía como hecho punible. En julio, un operativo en Paraguarí permitió retirar 180 conexiones directas sin medidor en una sola intervención, en el marco del Plan de Reducción de Pérdidas de la institución. El robo de electricidad dejó además de ser una simple falta administrativa: desde 2024, con la sanción de la Ley N.º 7300/24, está tipificado como hecho punible, con penas que pueden llegar hasta los diez años de privación de libertad, un marco que la institución sigue aplicando activamente en sus operativos durante este año.
Entre los fenómenos que más preocupan a la ANDE se encuentra el auge de la criptominería ilegal, que utiliza conexiones clandestinas de alto consumo para operar sin ser detectada y que ya generó pérdidas considerables al Estado paraguayo. Es justamente este tipo de esquemas, de difícil detección con los métodos de control actuales, los que la nueva licitación tecnológica buscaría combatir de manera más eficaz, mediante el monitoreo permanente y el registro centralizado de datos que permitirían identificar con mayor rapidez y precisión los consumos irregulares de alta escala.
Una modernización que la región ya viene aplicando
La licitación en cuestión contempla un data center para el registro de cada proceso, software de última generación para la coordinación de cuadrillas fijas, y mecanismos de monitoreo orientados a detectar conexiones clandestinas y hechos de corrupción vinculados a sobornos para evitar la regularización de conexiones ilegales.
Para los impulsores del proyecto, se trata de una inversión fundamental: la ANDE arrastra un sistema de fiscalización arcaico que, a diferencia de lo que ya aplican otros países de la región, no cuenta con herramientas tecnológicas para controlar de manera estricta y en tiempo real los trabajos tercerizados. Precisamente, la implementación de esta tecnología buscará corregir irregularidades como conexiones clandestinas y trabajos mal ejecutados por parte de empresas tercerizadas contratadas por la ANDE, además de funcionar como un mecanismo de control y fiscalización sobre los propios trabajadores de la institución, garantizando así eficiencia, transparencia y seguridad en todos los sectores involucrados.
En ese sentido, se plantea que la modernización no busca únicamente el ahorro institucional, sino también traducirse en un mejor servicio para los usuarios, con una respuesta más rápida, dinámica y precisa ante fallas, fraudes y trabajos mal ejecutados.
La postura sindical
El sindicato plantea que, en lugar de licitar este sistema con un operador externo, los recursos se destinen a la compra de grúas, vehículos y equipamiento para que sean los propios trabajadores de la ANDE quienes ejecuten estas tareas. De acuerdo con la información disponible, parte de ese equipamiento sería destinado además a otras áreas de la administración, sin un enfoque exclusivo en la labor de fiscalización que se busca cubrir con la licitación.
Quienes respaldan la licitación advierten que esta alternativa implicaría sostener el mismo esquema de trabajo que hoy no logra controlar las pérdidas, en lugar de avanzar hacia una tecnología de mayor alcance y precisión, y dejaría sin resolver el vacío de fiscalización sobre los servicios tercerizados.
El trasfondo del conflicto
La disputa expone una tensión entre dos modelos: por un lado, la incorporación de un ente de control tecnológico externo con capacidad de fiscalizar de forma estricta la productividad y el uso de recursos en los trabajos tercerizados; por otro, un esquema donde la propia institución —a través de su personal sindicalizado— mantendría el control directo de esas tareas, sin la supervisión de un tercero neutral.
Hasta el momento, la ANDE no ha fijado una postura oficial definitiva ni una fecha para la resolución de la licitación.
