La crisis de pagos del Estado paraguayo con el sector de la construcción escaló al plano internacional. La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) emitió un pronunciamiento oficial respaldando el reclamo de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y exigiendo al gobierno de Santiago Peña que salde compromisos que superan los US$ 300 millones. El organismo regional advirtió que el incumplimiento contractual no solo paraliza obras y destruye empleos, sino que daña la credibilidad institucional del país ante América Latina.
Deuda supera los US$ 300 millones con intereses impagos desde la gestión anterior
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, detalló que la deuda estatal tiene dos componentes críticos. Por un lado, los certificados de obras ejecutadas que se acumulan mensualmente, con empresas que no reciben pagos desde hace uno o dos años. Por otro, intereses que rondan los US$ 110 millones, correspondientes a contratos de la administración anterior que nunca fueron honrados.
«Cuando asumió la actual administración, se abonó solo una parte del capital y se postergó el pago de intereses, que hasta hoy no fueron honrados», explicó Heisecke. El empresario subrayó que estos intereses generan nuevas deudas, ya que las empresas debieron recurrir a préstamos bancarios para mantener operaciones y evitar despidos masivos.
La situación refleja una problemática dual que compromete tanto la sostenibilidad financiera de las empresas como la estabilidad laboral del sector, uno de los principales motores de empleo del país.
Organismo regional cuestiona responsabilidad institucional del Estado paraguayo
Desde su sede en México, la FIIC —que agrupa a las cámaras nacionales de construcción de América Latina y el Caribe— emitió un comunicado contundente manifestando su «firme respaldo» al gremio paraguayo. El documento califica el cumplimiento de los contratos como una obligación que trasciende cambios de gobierno.
«El desarrollo de la infraestructura constituye un motor esencial del progreso social y económico. Para que esto sea posible, el Estado paraguayo debe honrar de inmediato los compromisos financieros asumidos y respetar las cláusulas pactadas», señala el pronunciamiento.
La federación fue más allá al advertir sobre las consecuencias visibles del incumplimiento: paralización de obras, pérdida de empleos, debilitamiento del tejido empresarial y deterioro de la confianza en la institucionalidad paraguaya. «Cumplir con los contratos firmados no es un acto de buena voluntad: es una obligación del Estado y una condición indispensable para el progreso sostenido», advirtió la FIIC, exhortando al presidente Peña y al Ministerio de Economía a tomar medidas inmediatas.
Presupuesto 2026 del MOPC destinará la mitad de sus recursos a saldar deudas
La crisis financiera se proyecta al ejercicio fiscal 2026 con un panorama preocupante. Representantes de los gremios de construcción se reunieron con el senador Natalicio Chase, presidente de la Comisión de Obras Públicas, quien reconoció que la situación planteada «es bastante delicada».
Chase reveló que del presupuesto de US$ 500 millones previsto para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el próximo año, la mitad se utilizaría exclusivamente para pagar deudas acumuladas. Esta realidad reduce drásticamente la capacidad de inversión en nueva infraestructura.
Paul Sarubbi, de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), expuso la inviabilidad del presupuesto proyectado: «Por un lado están las deudas, hay US$ 210 millones de deudas, más US$ 100 millones de intereses y las necesidades de ejecución para el año que viene. Haciendo números el presupuesto no va. Creemos que debe haber un aumento presupuestario».
Cadena productiva completa sufre el impacto de los atrasos en pagos
Sarubbi advirtió que toda la cadena del sector construcción padece las consecuencias de la morosidad estatal. «Cuando no podemos cobrar empezamos a fallar con toda la cadena. La idea es no paralizar las obras, no es la primera opción. Lo que sucede es que las empresas empiezan a enlentecer las obras», explicó.
Diego Lamar, vicepresidente de Capaco, cuestionó las prioridades presupuestarias del gobierno. «Entendemos que se está cuidando el tope fiscal, pero también se usaron recursos en Tucano, radares, entre otros. Para las empresas del sector es fundamental que el Estado priorice los pagos», señaló.
Lamar expresó preocupación por la reducción efectiva de inversión en obras nuevas: «Al final se estaría reduciendo las obras a unos US$ 100 y US$ 120 millones», cifra considerada insuficiente para las necesidades de infraestructura del país.
Convocatoria urgente a autoridades económicas para buscar soluciones
El senador Chase anunció que convocará a una reunión de urgencia al ministro de Economía, Carlos Fernández, y a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, antes de analizar el presupuesto. El encuentro podría realizarse en los próximos días.
Los gremios plantearon la necesidad de explorar soluciones financieras también con el sector bancario, dada la situación crítica que enfrentan muchas empresas. «Hoy la situación de muchas empresas es apretada y tendríamos que buscar soluciones financieras también con los bancos», indicó Sarubbi.
La crisis evidencia una tensión entre la política de austeridad fiscal del gobierno y las obligaciones contractuales del Estado, con consecuencias que trascienden lo financiero y comprometen la capacidad productiva del sector, el empleo y la reputación institucional del Paraguay en el contexto regional.
