Con 80 votos, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de Ley de Insolvencia y vuelve a la Cámara de Senadores para su ratificación o aceptación del rechazo.
Tras una gran cantidad de cuestionamientos del sector civil, los diputados resolvieron unánimemente que “no es el momento” de tratar un proyecto de esta índole, basándose en los problemas y la incertidumbre económica provocada por la pandemia del covid-19.
La diputada Rocío Vallejo, durante su intervención explicó que este proyecto se presentó en un contexto totalmente diferente al actual y cuestionó la razón por la que se volvió a presentar en estos tiempos.
Señaló que existen 300.000 mipymes en el Paraguay, de las cuales el 50% no cuenta con liquidez ni solvencia y tienen por lo menos dos meses de atraso en el pago de sus obligaciones. Asimismo, manifestó que son casi 3.000 los asociados al sector de eventos que, sin contar a los no asociados, “aún no han tenido siquiera la oportunidad para trabajar para poder pagar sus deudas”.
Por su parte, el diputado Raúl Latorre señaló que “en este momento que los compatriotas están pasando por una situación tan difícil con grandes pérdidas en materia laboral, terribles pérdidas en materia empresarial”.
El proyecto de Ley de Insolvencia pretende, entre sus puntos más cuestionados, establecer que si hay 70 días de mora por alguna deuda, los acreedores podrán gestionar la quiebra del deudor. Así también, establece que, con la segunda cuota sin pago, el empresario ya entra en cesación.
Otro de los polémicos puntos, determina que el afectado deberá contratar abogados y pagar a los síndicos, y una vez que se determine el apoderamiento legal de todos los bienes del deudor, estos serían administrados por los síndicos de quiebra que deberán liquidar todo el patrimonio para pagar al deudor.
