Capaco y Cavialpa piden corregir los desequilibrios del proyecto presupuestario, mientras el nuevo ministro de Obras Públicas promete continuidad de los trabajos, auditoría y reuniones periódicas con el sector.
Un reclamo conjunto en plena transición
La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) pidieron revisar el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. En un comunicado conjunto, advirtieron que el documento presenta desequilibrios y no contempla fondos suficientes para las obras prioritarias ni para los compromisos que el Estado ya asumió con las empresas.
El reclamo llega en un momento de cambios en el Ejecutivo. Pedro Alliana asumió la Presidencia tras la destitución de Santiago Peña mediante juicio político, cuyo detonante fue el escándalo de Ueno Bank. El nuevo mandatario designó a Juan Carlos Baruja al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en reemplazo de Claudia Centurión.
Una deuda estimada en US$ 350 millones
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, calculó que el Estado adeuda a las constructoras alrededor de US$ 190 millones en capital. A esa cifra se suman unos US$ 160 millones en intereses por los retrasos acumulados, lo que lleva la obligación total a cerca de US$ 350 millones.
El dirigente admitió que resulta difícil precisar el monto actualizado, y aclaró que se trata de la estimación que maneja el gremio. Aun así, la magnitud ilustra el peso que tienen los atrasos para un sector que financia buena parte de la obra pública antes de cobrarla.
Liquidez bajo presión y una cadena productiva expuesta
Según los gremios, las empresas cumplieron con sus contratos y ejecutaron las obras encomendadas, pero el Estado no pagó a tiempo. En la práctica, advierten, las constructoras terminaron asumiendo el costo de obligaciones ajenas.
El impacto se siente primero en la liquidez y la continuidad de las operaciones, y luego en toda la cadena: trabajadores, proveedores y subcontratistas. Para Heisecke, los atrasos afectan la ejecución de las obras, el empleo y el entramado de proveedores. De allí la insistencia del sector en regularizar los pagos para que las dificultades financieras no frenen el ritmo de los proyectos.
El temor a una nueva postergación
La principal inquietud de las cámaras es que la construcción vuelva a quedar relegada en el reparto de los recursos del próximo año. Esto significaría aplazar obras y pagos que consideran esenciales para sostener la actividad.
Por eso reclaman que el PGN 2027 incorpore los proyectos que quedaron fuera, establezca un calendario de pagos claro y permita planificar la ejecución durante todo el ejercicio. También insistieron en que las empresas no deben cargar con las consecuencias del desorden fiscal ni de decisiones sobre el manejo de fondos públicos que hoy son objeto de investigaciones y procesos penales.
La respuesta del MOPC: continuidad, control y diálogo
El ministro Baruja se reunió con ambas cámaras y buscó transmitir tranquilidad. Aseguró que las obras públicas no se detendrán y que serán un motor importante del desarrollo económico. Según explicó, la línea fijada por el Ejecutivo combina austeridad, transparencia y trabajo en territorio, con prioridad para los proyectos que ya están en ejecución.
Anunció además un canal de diálogo directo y permanente con el sector, con reuniones quincenales para monitorear el avance de las obras. En paralelo, adelantó un corte administrativo, algo habitual en cada cambio de gestión, y una verificación y auditoría de todos los trabajos realizados por la institución. Si surgen irregularidades, dijo, se actuará con firmeza.
Datos precisos de la deuda y coordinación con Economía
Sobre el punto que más preocupa a las empresas, el ministro prometió que en pocos días el MOPC tendrá datos exactos de la situación de la deuda dentro de la institución. Ese relevamiento permitirá contrastar la estimación del sector con las cifras oficiales.
Baruja destacó también que trabaja en coordinación directa con el equipo económico para asegurar los fondos que requiere la inversión en infraestructura. Ese vínculo con el área económica será determinante, porque el debate presupuestario se define allí.
Estabilidad y seguridad jurídica como condición de la inversión
Heisecke reconoció que la crisis de Ueno Bank también golpeó al sector de manera directa e indirecta, y recordó que dos de cada tres paraguayos tenían una cuenta en esa entidad. Planteó que la prioridad debe ser esclarecer los hechos con transparencia y conforme a la ley, y proteger a los ahorristas y a los recursos públicos y previsionales.
Agregó que el país necesita preservar la estabilidad institucional y generar confianza. A su juicio, eso es indispensable para sostener la inversión y el empleo, y para que las obras públicas avancen con reglas claras y seguridad jurídica.
Qué está en juego para la economía
La construcción genera empleo, moviliza inversión y crea la infraestructura que necesitan la producción y la integración del territorio. Cuando los pagos se demoran o las obras se aplazan, el efecto se extiende más allá de las empresas y llega a quienes viven de esa cadena.
Capaco valoró la apertura al diálogo y expresó un voto de confianza a la nueva gestión. La expectativa del sector es que las promesas del MOPC y la revisión del PGN 2027 se traduzcan en un cronograma de pagos concreto, obras con respaldo presupuestario y la previsibilidad que reclaman las empresas.
