Paraguay pierde la perspectiva positiva que sostenía su calificación crediticia. La agencia internacional advierte que el colapso de Ueno Bank, con su carga fiscal y su sacudón político, puede terminar en una rebaja de la nota.
Un revés que llega en el mejor momento para la economía y en el peor para la confianza
Fitch Ratings colocó la calificación soberana de Paraguay, hoy en BB+, en “revisión negativa” y retiró la perspectiva positiva que mantenía desde hace meses. El cambio es relevante porque implica que la agencia ya no ve probable una mejora de la nota. Ahora evalúa si corresponde un recorte.
La decisión pesa por el momento. A fines de septiembre, la misma calificadora había ratificado el BB+ con perspectiva positiva y había dejado la puerta entreabierta para el grado de inversión, que exige alcanzar el escalón BBB-. Apenas semanas después, el país quedó mucho más lejos de esa meta.
Fitch es la única de las tres grandes agencias que todavía no otorga ese sello a Paraguay. Moody’s lo concedió en 2024, con una nota Baa3, y S&P Global lo hizo a fines de 2025, al subir la calificación a BBB-. Con la decisión de esta semana, el país pierde el impulso que podía cerrar ese camino.
Qué pasó con Ueno y por qué la agencia lo considera un riesgo país
El Banco Central del Paraguay declaró en resolución a Ueno Bank a comienzos de noviembre. Era la sexta entidad del sistema, concentraba cerca del 9% de los depósitos totales y atendía a casi la mitad de la población. La medida llegó cuando su índice de solvencia cayó por debajo del mínimo regulatorio, por préstamos irregulares a partes vinculadas.
El congelamiento inicial de las cuentas provocó protestas masivas. La Justicia detuvo al menos a ocho ejecutivos de la entidad. La crisis escaló al plano político y terminó con el juicio político y la destitución de Santiago Peña, por sus vínculos con el banco. Pedro Alliana asumió la Presidencia y gobernará hasta completar el mandato en agosto de 2028.
Para Fitch, el problema trasciende al banco. Lo que está en juego es la solidez de las instituciones, la continuidad de las políticas económicas y la capacidad del Estado para responder sin deteriorar sus cuentas.
El agujero fiscal: USD 900 millones en depósitos públicos sin garantía
El punto más sensible es el de los depósitos. Ueno manejaba unos USD 2.900 millones. El Fondo de Garantía de Depósitos cuenta con USD 1.600 millones en activos, de los cuales USD 900 millones son líquidos sin contar bonos públicos. Alcanza para cubrir los USD 900 millones de depósitos asegurados, que corresponden al 97% de los clientes.
El riesgo está en los USD 2.100 millones no asegurados. Cerca de USD 900 millones pertenecen al sector público, entre ellos el Instituto de Previsión Social y las entidades hidroeléctricas binacionales. Los otros USD 1.200 millones son de entidades privadas.
Si el Gobierno cede a la presión de compensar a estos depositantes, enfrentaría una contingencia inicial de al menos el 1,5% del PIB, unos USD 900 millones. Esa factura recaería sobre un Tesoro que ya venía ajustado, y el dinero comprometido incluye parte de los fondos de jubilaciones de miles de aportantes.
Déficit en ascenso y una meta fiscal que se aleja
El escenario fiscal previo ya mostraba desgaste. El déficit proyectado sube al 3,2% del PIB en 2026 y al 3,9% en 2027, frente al 2,0% de 2025. Fitch considera improbable que se cumpla la meta del 1,5% fijada para 2028.
La deuda pública, en cambio, sigue siendo una fortaleza relativa. Se estima en 32,6% del PIB para este año, muy por debajo de la mediana de 52% de los países con calificación BB. Ese margen explica por qué la agencia mantiene la nota por ahora, pero el ritmo de crecimiento del endeudamiento es lo que se vigila.
Crédito y crecimiento: el efecto que sentirán empresas y familias
El golpe no se limita a las cuentas públicas. Fitch proyecta riesgos a la baja para la actividad, con un crecimiento de 4,5% en 2026 y de 4,0% entre 2027 y 2028. El crédito había crecido con fuerza, al 16,5% interanual en septiembre, y Ueno explicaba una cuarta parte de esa expansión. Sin su aporte, lo previsible es una desaceleración.
Para el sector productivo y comercial, eso significa financiamiento más escaso y más caro en un momento de menor confianza. Si las empresas tienen dificultades para acceder a sus depósitos y a nuevos préstamos, la inversión privada y el consumo pueden resentirse.
El regreso a los mercados internacionales, en juego
Paraguay prevé volver a los mercados de bonos globales a principios de 2027. La revisión negativa condiciona esa operación. Fitch advierte que la crisis puede afectar el momento, el tamaño, el costo y la moneda de la emisión.
Un mayor riesgo país se traduce en tasas más altas, y cada punto adicional de interés encarece el servicio de la deuda en un contexto de mayores necesidades de financiamiento. De ahí que la estabilidad política y la gestión de la crisis bancaria sean ahora variables económicas de primer orden.
Las fortalezas que todavía sostienen la nota
La calificadora reconoce los puntos a favor del país. Mantiene políticas macroeconómicas prudentes y coherentes, una deuda baja y una sólida liquidez externa que amortigua el choque. Además, por ahora no ve riesgo de inestabilidad sistémica, porque el resto de los bancos relevantes conserva niveles aceptables de solvencia y liquidez.
También señala debilidades de fondo: una recaudación fiscal baja, un mercado de capitales local poco profundo y una gobernanza ubicada en el percentil 39 del Banco Mundial, con cuestionamientos al control de la corrupción, al Estado de derecho y a la capacidad de supervisión del Banco Central.
Lo que Paraguay debe demostrar en los próximos meses
Fitch fue explícita sobre lo que pondrá a prueba. La devolución oportuna de los fondos a los depositantes, la rendición de cuentas de los responsables y el manejo del costo fiscal serán determinantes. Si el Gobierno logra contener las consecuencias políticas y frenar el avance de la deuda, la nota podría mantenerse. De lo contrario, la rebaja se vuelve inminente y el grado de inversión queda aún más lejos.
Para el país, el desafío es doble: cerrar el capítulo Ueno con transparencia y recuperar la senda de disciplina fiscal que le valió el reconocimiento de los mercados.
