La caída de la entidad dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus cuentas, pero su origen, su alcance y los mecanismos de respuesta difieren de los de Argentina hace un cuarto de siglo.

Ueno Bank era una de las entidades con mayor número de clientes de Paraguay y concentraba cerca del 9% de los depósitos del sistema financiero. Cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) la intervino, el 3 de noviembre, reapareció de inmediato una palabra con enorme carga histórica: corralito. La imagen de ahorristas sin acceso a su dinero y de un sistema político bajo presión remite a diciembre de 2001 en Argentina. Sin embargo, la comparación, aplicada sin matices, oscurece más de lo que explica.

Dos crisis con raíces distintas

El colapso argentino fue la consecuencia de un modelo económico agotado. Con el peso atado al dólar por la Convertibilidad, el país arrastraba años de recesión y una paridad cada vez más difícil de sostener. Ante el temor a una devaluación, los ahorristas salieron a retirar sus depósitos y el gobierno respondió limitando los retiros en efectivo a unos 250 pesos semanales en todo el sistema bancario. La medida no logró contener el malestar: el estallido social precipitó la caída del presidente y una sucesión de mandatarios en pocos días.

En Paraguay, el punto de partida es otro. Ueno fue intervenido por irregularidades y por una situación de solvencia muy deteriorada: según los análisis divulgados, su índice habría estado por debajo del 6%, menos de la mitad del mínimo exigido. No hubo una corrida generalizada ni una crisis cambiaria, sino la caída de una sola entidad que, por su tamaño, tuvo un fuerte impacto social. El resto de la banca continuó operando con normalidad.

Una restricción acotada, sin conversión de monedas

La diferencia más visible está en el alcance. Mientras que en Argentina las limitaciones alcanzaron a todos los bancos y a todos los ahorristas, en Paraguay el congelamiento quedó circunscripto a la entidad intervenida. Hubo una suspensión transitoria de rescates en fondos mutuos ligados a Ueno, pero fue levantada.

Tampoco hay en el caso paraguayo un equivalente a lo que sucedió después en Argentina, cuando los depósitos en dólares se convirtieron a pesos en condiciones desfavorables y parte de los fondos se devolvió en bonos. En Paraguay no se modificó la moneda de los depósitos ni se impusieron controles de cambio.

Un fondo de garantía que sí existe

El factor que más separa ambas experiencias es la red de protección. Argentina enfrentó su crisis sin un mecanismo capaz de absorberla. Paraguay cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante, unos US$36.500, y que alcanza a cerca del 97% de los ahorristas. Según el BCP, el fondo dispone de unos US$1.600 millones en liquidez, aproximadamente el doble de los depósitos asegurados en Ueno.

La devolución se hace en dos tiempos: primero, un anticipo de hasta 121.760.000 guaraníes, que se acredita en cuentas que cada cliente ya posee en otros bancos o en una cuenta nueva habilitada para ese fin; después, el pago del saldo garantizado, una vez concluida la conciliación de cuentas.

Hasta el 9 de noviembre, 1.738.804 depositantes, el 93,1% de quienes tienen derecho al anticipo, ya lo habían recibido. En conjunto se acreditaron unos 2,1 billones de guaraníes (millones de millones, en la numeración hispana), equivalentes a US$341,5 millones. El 7% restante, que corresponde a saldos mayores y a cuentas que requieren verificaciones adicionales, como certificados de depósito de ahorro o cuentas con bloqueos, debía quedar atendido antes del cierre del plazo legal, el 11 de noviembre. No debe confundirse este porcentaje con el 97% mencionado antes: aquel mide cuántos ahorristas están cubiertos por la garantía, y este, cuántos ya cobraron el anticipo.

Lo que sí se parece: el costo político y el riesgo de contagio

Hay puntos de contacto con el caso argentino. Como en 2001, la crisis financiera se cruzó con una crisis institucional: la caída de Ueno derivó en un juicio político contra el entonces presidente Santiago Peña, quien quedó detenido, y en la asunción de Pedro Alliana al frente del Ejecutivo. El impacto alcanzó también al Banco Central, cuya conducción fue renovada, y avanzan los procesos contra varios de los responsables identificados.

A diferencia de lo ocurrido en Argentina, donde la inestabilidad se prolongó con cinco presidentes en pocos días, en Paraguay el traspaso se dio dentro de los mecanismos constitucionales. Persiste, no obstante, un riesgo que sí acercaría ambas historias: que la desconfianza se extienda y clientes de otros bancos retiren sus ahorros por temor. Por ahora, los analistas no observan señales de contagio y describen un sistema financiero sólido, con los problemas concentrados en una entidad y en sus empresas vinculadas.

La incógnita de los fondos públicos

La principal incertidumbre no pasa por el pequeño ahorrista, sino por los depósitos que exceden la cobertura y, en particular, por los recursos estatales. Ueno administraba dinero del IPS (seguridad social), del Ministerio de Economía, de Petropar, de las binacionales Itaipú y Yacyretá y de la Caja Fiscal. Si la liquidación no alcanza para cubrirlos, esos fondos podrían sufrir pérdidas en un contexto de presión sobre las cuentas públicas.

El debate está abierto, los bancos sostienen que el fondo de garantía está integrado por aportes privados y se resisten a que se utilice para reponer dinero del Estado. Mientras el BCP avanza en la liquidación de activos para recuperar recursos, de esa discusión dependerá en buena medida el costo final de la crisis. Y de que el sistema conserve la confianza del público dependerá que Ueno quede como el caso de una entidad que cayó y no como el inicio de algo mayor.