Las principales plataformas digitales del mundo llegaron a un acuerdo extrajudicial con el distrito escolar del condado de Breathitt, en Kentucky, para poner fin a una demanda que las acusaba de diseñar productos adictivos que deterioraron la salud mental de los adolescentes y agotaron los recursos institucionales de las escuelas. El monto total pactado asciende a aproximadamente US$27 millones, una cifra que supera en un 8% el presupuesto anual de ese distrito, estimado en US$25 millones.
Un acuerdo con cifras desiguales entre las empresas involucradas
Los montos individuales de cada compañía quedaron registrados en documentos obtenidos bajo las leyes de acceso a la información pública del estado de Kentucky. Meta Platforms, propietaria de Facebook e Instagram, acordó el pago más elevado: US$9 millones. Snap y TikTok —cuya matriz es la empresa china ByteDance— pactaron desembolsar US$8 millones cada una. YouTube, plataforma de video perteneciente a Alphabet (la matriz de Google), negoció una contribución algo superior a US$2 millones.
En ese último caso, el acuerdo incluyó un elemento diferenciador: YouTube fue la única compañía que, además del pago económico, se comprometió a ofrecer al distrito programas de capacitación para que los docentes puedan integrar de manera más efectiva su plataforma en los entornos educativos. Las restantes empresas no asumieron compromisos de modificar sus funciones ni sus operaciones, y ninguna admitió irregularidades como parte de los términos acordados.
El caso Breathitt: un distrito pequeño en el centro de un litigio histórico
El condado de Breathitt es un distrito enclavado en las estribaciones de los montes Apalaches, con menos de 2.000 alumnos, que fue seleccionado por las propias empresas demandadas para representar a los pequeños distritos rurales, que constituyen casi la mitad del total de demandas escolares presentadas en todo el país. La elección resultó estratégica para los demandados: esperaban que un caso pequeño y manejable sirviera como contrapeso favorable antes de enfrentar a los grandes sistemas educativos urbanos.
Sin embargo, el resultado fue el opuesto al esperado. El distrito había exigido más de US$60 millones para financiar programas de salud mental vinculados al uso excesivo de redes sociales y para desarrollar materiales pedagógicos sobre los riesgos del entorno digital. El superintendente del distrito, Phillip Watts, declaró en una deposición que dedicaba alrededor del 20% de su tiempo laboral a gestionar asuntos relacionados con las plataformas digitales.
La directora de la escuela secundaria del condado entre 2016 y 2019, Carolyn McDaniel, fue aún más explícita. Describió un escenario en el que los alumnos introducían teléfonos a escondidas en las aulas, grababan peleas durante la jornada escolar, vandalizaban la propiedad y se hostigaban entre sí en línea. «Fue un enorme desperdicio de recursos», afirmó en una entrevista. «Tenía dos subdirectores y dedicaban al menos el 50% de su tiempo a las redes sociales.» McDaniel trabaja actualmente en un instituto de Tennessee y sostiene que la situación no ha mejorado sino que se ha agravado.
Un frente judicial que no se cierra con este acuerdo
El acuerdo evitó lo que estaba programado como el primer juicio en Estados Unidos promovido por un distrito escolar contra las grandes tecnológicas, fijado para el 12 de junio en un tribunal federal de Oakland, California. Pero el alivio para las plataformas es, a todas luces, provisional.
Más de 1.300 distritos escolares en todo el país han presentado demandas similares y aguardan turno ante los tribunales. El próximo proceso de referencia, impulsado esta vez por los demandantes y centrado en el Distrito Escolar Unificado de Tucson, Arizona —que reclama más de US$1.100 millones para financiar un programa de salud mental a largo plazo—, tiene fecha tentativa para febrero de 2027. A esos casos se suman los del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.
Los acuerdos alcanzados en Kentucky podrían interpretarse como una señal de apertura de las compañías hacia una solución negociada más amplia. Sin embargo, el costo potencial total del conjunto de litigios es de una escala que difícilmente pueda resolverse mediante acuerdos individuales: los analistas estiman que la responsabilidad civil acumulada podría alcanzar los US$400.000 millones.
Un patrón de condenas que acumula precedentes desfavorables para las plataformas
El caso de Breathitt no es el único frente activo. En marzo de este año, un jurado del tribunal estatal de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube responsables de los daños causados a una mujer de 20 años que alegó haber desarrollado una adicción a las redes sociales que derivó en una grave angustia emocional. La indemnización fijada fue de US$6 millones, una cifra simbólica frente a la dimensión económica de ambas compañías —valuadas en billones de dólares—, pero que constituye un precedente legal de peso para los miles de casos que aún esperan resolución judicial. En ese mismo proceso, Snap y TikTok habían llegado a acuerdos confidenciales antes de llegar a la instancia oral.
Ese mismo mes, un jurado de Nuevo México condenó a Meta a pagar US$375 millones por no haber protegido adecuadamente a los menores frente a riesgos en línea. La secuencia de fallos adversos dibuja un paisaje procesal que las empresas no pueden ignorar.
El negocio de la atención infantil bajo escrutinio judicial
En el fondo de cada una de estas demandas subyace una acusación estructural: que las plataformas diseñaron deliberadamente mecanismos para maximizar el tiempo de permanencia de los usuarios, incluidos los menores, mediante funciones como el desplazamiento infinito de contenido, la reproducción automática de videos y sistemas de recomendación algorítmica orientados a la retención compulsiva. Los demandantes sostienen que las empresas conocían los efectos nocivos de esos mecanismos sobre la salud mental de los jóvenes y optaron por no corregirlos.
La analogía con la industria tabacalera, que durante décadas diseñó productos para generar adicción y ocultó sus efectos sobre la salud, ha sido invocada de manera recurrente en los escritos judiciales. En los últimos cuatro años se han presentado más de 6.000 demandas —de particulares, distritos escolares y fiscales generales estatales— contra los principales actores del sector, consolidando un litigio multijurisdiccional sin precedentes en la historia del derecho tecnológico estadounidense.
El Estado de Kentucky también va a juicio, y pide US$40.000 millones
El escenario se complica adicionalmente para Meta en el ámbito estatal. Kentucky forma parte de un grupo de aproximadamente treinta estados que han iniciado acciones judiciales independientes contra la compañía por los daños asociados al uso de sus plataformas. Ese proceso tiene previsto comenzar en agosto en Oakland, California, y el fiscal general del estado ya anticipó que buscará sanciones civiles por hasta US$40.000 millones solo para Kentucky.
La magnitud de esa cifra, sumada a la presión acumulada de los litigios escolares y las demandas individuales, plantea una pregunta que el sector tecnológico ya no puede eludir: si los acuerdos puntuales como el de Breathitt son el inicio de una estrategia de contención ordenada, o simplemente la primera grieta visible de un dique que está cediendo.
