El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reveló que, a mayo de 2026, el Estado paraguayo administra un portafolio activo de préstamos internacionales por un total de USD 1.631,6 millones, destinados al financiamiento de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos. De ese monto, USD 1.177,6 millones provienen de organismos multilaterales y bilaterales de primer nivel, entre los que figuran el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Los USD 454 millones restantes se encuentran en etapa de estudio en la Cámara de Senadores.
El Banco Mundial y la JICA lideran los compromisos más cuantiosos
El financiamiento de mayor envergadura dentro del portafolio corresponde a USD 280 millones del Banco Mundial, orientados a la ejecución del proyecto de Logística Multimodal en Itapúa, cuya ejecución estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Este proceso cuenta ya con el decreto que habilita el inicio formal de las gestiones. En segundo lugar se ubica un préstamo de USD 228,6 millones proveniente de la JICA, también bajo ejecución del MOPC, que financiará el mejoramiento del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico de la Región Suroeste, con contrato ya suscrito. Ambas operaciones apuntan a consolidar la infraestructura vial y logística del sur del país, una región de alta actividad agroindustrial y fronteriza.
La Ruta Bioceánica y la conectividad rural, ejes del financiamiento del BID
El BID concentra una participación significativa en el portafolio, con compromisos que totalizan unos USD 399 millones distribuidos en distintos proyectos. El más notable es un préstamo de USD 200 millones con contrato suscrito, destinado a fortalecer la conectividad territorial e integración de la Región Occidental del Paraguay a través de la Ruta Bioceánica, una obra de alcance regional que posicionaría al país como corredor estratégico entre el Atlántico y el Pacífico. Los USD 129 millones restantes del BID se distribuirán entre el mejoramiento de la conectividad rural, la rehabilitación y modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray, un proyecto de apoyo a la inserción internacional y facilitación comercial a cargo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y el plan Innovación Empresarial II, impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay (Conacyt).
Energía eléctrica y saneamiento urbano, con respaldo del BEI y la CAF
En materia energética, el BID y el BEI aportarán conjuntamente USD 140 millones, distribuidos en partes iguales de USD 70 millones cada uno, para financiar la expansión del Sistema de Transmisión de Alta Tensión y Fortalecimiento Institucional en su tercera fase, a cargo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Por su parte, el Banco Mundial destinará USD 100 millones a programas del sector agroforestal canalizados a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), mientras que la CAF aportará otros USD 100 millones para financiar el saneamiento de cuatro ciudades de la Región Oriental, mediante la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) del MOPC.
El MEF reglamenta el factoraje para ordenar el pago a proveedoras del Estado
En paralelo a la gestión de los créditos externos, el MEF emitió la resolución número 296, que establece las disposiciones complementarias para implementar el régimen de cesión de derechos de cobro, mecanismo también conocido como factoraje. Esta herramienta, prevista en el artículo 279 de la Ley 7609/2025 del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, busca regularizar los montos pendientes con proveedoras del Estado, especialmente constructoras y empresas farmacéuticas. El Estado acumula una deuda estimada superior a USD 1.000 millones con proveedoras del sector salud y alrededor de USD 300 millones con firmas del rubro de la construcción.
Condiciones, plazos y criterios de aplicación del mecanismo
La resolución establece que el mecanismo aplicará exclusivamente a deudas exigibles hasta el ejercicio fiscal 2025. Las solicitudes de autorización serán priorizadas conforme a la cronología de las obligaciones, atendiendo primero las más antiguas, aunque de manera excepcional podrá considerarse la afectación de servicios críticos debidamente justificada. Para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), solo podrán cederse las deudas generadas en el subgrupo de gasto 350, correspondiente a productos e instrumentales químicos y medicinales. En el caso del MOPC, únicamente serán objeto de cesión las deudas del subgrupo 520, relativo a construcciones. Ambas carteras deberán presentar sus solicitudes de autorización antes del 30 de junio de 2026, fecha tras la cual no se admitirán nuevas peticiones.
El Estado no asumirá costos financieros adicionales derivados de la operación
Un aspecto central de la reglamentación es la distribución de los costos de la operación. El artículo 6 de la resolución precisa que el monto susceptible de cesión corresponderá exclusivamente al valor nominal de la factura, menos la contribución del 0,4% destinada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El documento es categórico al señalar que cualquier costo financiero, comisión, descuento o interés derivado de la operación será asumido exclusivamente por las partes intervinientes en la cesión, sin posibilidad de trasladarlo al Estado. Una vez formalizada la operación, el proveedor cedente perderá todo derecho a reclamar al Estado montos adicionales al reconocido en la cesión, lo que blindará al fisco de pasivos imprevistos.
Un proyecto paralelo en el Congreso, aún sin resolución
Pese a la puesta en marcha del mecanismo de factoraje, persiste un debate legislativo pendiente. Existe un proyecto de ley que busca ampliar el alcance del régimen para incluir servicios esenciales de salud y trasladar al Gobierno la carga de las comisiones financieras, en lugar de que estas recaigan sobre los proveedores. Sin embargo, dicha iniciativa no ha prosperado en el Congreso y continúa dilatándose su tratamiento, lo que mantiene en incertidumbre a un sector que reclama condiciones más equitativas en el proceso de cobro de sus acreencias con el Estado.
