Estados Unidos activó desde las 12:01 de la madrugada del viernes un nuevo esquema arancelario que alcanza a unos 60 socios comerciales —cerca de 90 economías si se contabilizan por separado los miembros de la Unión Europea— con tipos de entre el 10 % y el 12,5 %. La medida sustituye al arancel universal del 10 % que expiraba esa misma hora y constituye la última escalada de la ofensiva comercial impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder.
Un fallo del Tribunal Supremo obliga a rediseñar el muro arancelario
El esquema original, anunciado por Trump el 2 de abril de 2025 como el «día de la liberación» o «día de la independencia económica de Estados Unidos», fue declarado ilegal meses después por el Tribunal Supremo. Los jueces determinaron que el presidente se había extralimitado al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para justificar los llamados aranceles recíprocos, una norma reservada a situaciones de emergencia nacional. Aquel día, un eufórico Trump había asegurado que el país llevaba años siendo objeto de un trato injusto por parte de sus socios comerciales.
Para llenar el vacío dejado por la sentencia, la Casa Blanca recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles temporales cuando existan «problemas fundamentales de balanza de pagos que requieran restringir importaciones». Esta vía, sin embargo, tiene dos límites estrictos: un tope máximo del 15 % y una vigencia de 150 días, tras los cuales el Congreso debe ratificar la medida para prolongarla. La Administración nunca llevó el asunto al Congreso, consciente de que no reunía los votos necesarios en plena antesala de las elecciones legislativas de mitad de mandato, por lo que el plazo venció este viernes sin alternativa de prórroga.
El trabajo forzoso, el nuevo argumento legal de Washington
Ante ese callejón sin salida, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, activó la Sección 301 de la Ley de Comercio, que faculta al presidente a gravar a países que incurran en prácticas «desleales, injustificables o discriminatorias» contra las empresas estadounidenses. Esta vez el argumento central es el incumplimiento de las prohibiciones sobre importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
Este artículo exige una investigación previa de la Oficina del Representante Comercial (USTR) a partir de una denuncia, y en este caso Greer abrió un expediente contra 60 economías, aunque la Casa Blanca mantiene en reserva los detalles de esas investigaciones. El funcionario defendió la medida señalando que busca corregir una violación de derechos humanos y una práctica que distorsiona el comercio internacional, con el objetivo declarado de mejorar las condiciones laborales a nivel global. A diferencia de la Sección 122, la Sección 301 no fija un techo máximo para los aranceles, lo que deja a Trump la puerta abierta para incrementarlos más adelante sin necesidad de un nuevo respaldo legal. Paradójicamente, este mecanismo no fue concebido para amparar aranceles de alcance tan extendido, pero en la práctica termina afectando al 99,4 % de las importaciones estadounidenses.
Cómo se determina el tipo aplicado a cada país
El nivel del arancel —10 % o 12,5 %— depende del grado de cumplimiento de cada nación respecto a las normas contra el trabajo forzoso. La USTR fija el tipo del 10 % para los países que ya cuentan con una prohibición de este tipo de importaciones pero aún no la aplican de forma efectiva, grupo en el que se ubican Canadá, México, la Unión Europea, Indonesia, Ecuador y Pakistán. La misma tasa se aplica a quienes se comprometieron a aprobar dicha normativa, como Argentina, Bangladés, Camboya, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia y Taiwán, así como al Reino Unido, que dispone de un régimen parcial pero insuficiente. Hasta el momento, diez socios comerciales ya han acordado incorporar esta prohibición en sus acuerdos con Estados Unidos, y otros países la adoptaron de forma reciente como respuesta directa a las investigaciones abiertas por Washington.
El resto de las economías, consideradas por la Casa Blanca como carentes de cualquier regulación en la materia, quedan sujetas a la tasa más alta, del 12,5 %.
Casi 90 países en la lista, con fuerte peso latinoamericano
Aunque la orden ejecutiva habla formalmente de 60 socios comerciales al contar a la Unión Europea como bloque único, la cifra real se aproxima a los 90 países al desagregar a sus 27 miembros. El listado completo incluye a Alemania, Angola, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bahréin, Bangladés, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, Chequia, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Letonia, Libia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, México, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Dominicana, Rumanía, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, Venezuela y Vietnam.
América Latina concentra una porción relevante de la lista, con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela entre los afectados.
Canadá, un caso aparte con un arancel del 50 %
Días antes de esta nueva ronda, la Administración Trump ya había golpeado a Canadá por una vía legal diferente. Apelando a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, Washington impuso un arancel del 50 % a los productos canadienses, una medida que se suma —y no sustituye— a la tasa del 10 % que ahora recibe el país bajo el nuevo esquema de la Sección 301, ligado al trabajo forzoso.
Investigación paralela sobre exceso de capacidad productiva
De forma simultánea, el Departamento de Comercio investiga a otras 16 economías, que concentran la mayor parte del comercio exterior de Estados Unidos, por presunto exceso de capacidad de producción, una práctica que Washington asocia con la caída de precios globales y el perjuicio a los productores estadounidenses. Se espera que esta segunda vía derive en aranceles adicionales, posiblemente más elevados que los actuales, antes de que termine el año.
La Unión Europea, entre el acuerdo de Turnberry y la nueva incertidumbre
El verano pasado, la Unión Europea había cerrado con Washington, en la cumbre celebrada en Turnberry (Escocia), una tasa preferencial cercana al 15 % a cambio de compromisos en inversión en defensa y traslado de producción a territorio estadounidense. El nuevo esquema, aunque en apariencia más moderado, precisa que los productos procedentes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Suiza y Taiwán se calculan «netos» de los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF), el mecanismo que garantiza que cualquier ventaja arancelaria otorgada a un socio se extienda automáticamente al resto de miembros del sistema. En la práctica, esto implica que la Unión Europea solo verá encarecidos aquellos productos que hoy pagan un arancel inferior al 10 %, quedando en una posición de desventaja competitiva frente a otros bloques. Trump, además, ya ha amenazado con elevar los aranceles hasta el 100 % a los países que apliquen impuestos digitales a las grandes tecnológicas —la denominada «tasa Google»—, lo que añade un nuevo frente de tensión sobre el futuro de estas negociaciones.
Consumidores y empresas, en el centro del impacto
La Casa Blanca sostiene que los aranceles protegerán el empleo manufacturero estadounidense, fomentarán la competencia justa y presionarán a otros países en materia de derechos laborales. No obstante, buena parte de los economistas advierte que el efecto más inmediato recaerá sobre los precios internos: al ser las empresas importadoras quienes pagan el arancel, la práctica habitual consiste en trasladar ese costo adicional al consumidor final, encareciendo productos de uso cotidiano como el café o los microondas. Trump también ha utilizado estas facultades para presionar a países como México en asuntos ajenos al comercio, entre ellos las normas laborales.
La reacción de los socios comerciales no se ha hecho esperar: varios gobiernos y grupos empresariales evalúan acciones legales o medidas de represalia, en un escenario que, lejos de cerrar el conflicto arancelario iniciado en 2025, lo vuelve más complejo, caótico y jurídicamente sofisticado, con un entramado legal más difícil de revertir ante los tribunales.
