El sector de la construcción en Paraguay atraviesa una de sus crisis más agudas en años recientes. La acumulación de deuda estatal —que suma unos US$ 200 millones en certificados impagos y cerca de US$ 110 millones en intereses por atrasos— ha derivado en la paralización de 17 obras públicas, la convocatoria de acreedores de seis empresas constructoras y la pérdida de más de 50.000 empleos directos. El problema, lejos de ser un fenómeno aislado, se extiende también al sector farmacéutico, donde una deuda del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) de US$ 1.216 millones con proveedores de medicamentos amenaza con interrumpir tratamientos de pacientes crónicos en hospitales públicos. En conjunto, el Estado paraguayo arrastra compromisos impagos que superan los US$ 1.570 millones con el sector privado, en una situación que los propios gremios empresariales califican como insostenible.
Obras estratégicas paralizadas en salud, educación e infraestructura vial
La deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas constructoras asciende a US$ 360 millones, cifra que incluye los certificados pendientes y los intereses acumulados. Este atraso ha tenido efectos concretos y verificables sobre obras de alto impacto social y económico en distintas regiones del país.
En el área de salud, los trabajos de mantenimiento y reparación edilicia de hospitales en Central y Capital, ejecutados por A&C Warehouse S.A. y Diego Rafael Beconi Ochipinti para el MSPBS, se encuentran completamente detenidos. Lo mismo ocurre con el mantenimiento de otras dependencias del Ministerio de Salud, a cargo de Corporación Lemuria S.A. y del mismo contratista.
En educación, la construcción y reparación de infraestructura en 43 colegios técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) quedó suspendida, afectando a las empresas Ascent S.A., Consorcio MEC, Diego Rafael Beconi Ochipinti y Las Cumbres S.A.
En infraestructura vial, la lista de proyectos detenidos bajo la órbita del MOPC es extensa. Entre ellos figuran el tramo San Juan–Ybyraty, ejecutado por Construpar, Tecsul y Caldetec; el corredor San Lorenzo–Plan Central 2, a cargo del Consorcio Ybera; los tres lotes de San Juan Misiones, con MM, Construpar y Tecsul como contratistas; los lotes de Graneros del Sur, a cargo de Concret Mix y EDB; y el tramo Villeta km 40–Alberdi, ejecutado por ICSA, DC, TR y Vialtec. También se encuentran paralizados los lotes del Plan Central 3, que abarcan localidades como Itá, Lambaré, Itauguá, Ypacaraí, Luque y Nueva Asunción, con empresas como Covipa, Chávez Construcciones, Miguel Ángel Chávez Hausman, Constructora Feldmann S.A., Consorcio Centro Sur, Iniciativas Constructivas S.A. y LT S.A.
Otros proyectos afectados son la construcción del geriátrico «Amadeo Buongermini» del Instituto de Previsión Social (IPS), a cargo del Consorcio ALCH, y la Ruta PY 12, Lote 4, parcialmente paralizada y ejecutada por el Consorcio Chaco Sur.
El efecto dominó sobre el empleo y la cadena productiva
El impacto de la crisis no se limita a las obras físicas. Según el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, el sector llegó a emplear a más de 300.000 trabajadores en su momento de mayor actividad. Hoy ocupa a aproximadamente 245.000 personas, lo que representa la pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo en los últimos años. Este deterioro se propaga por toda la cadena productiva, afectando a proveedores de materiales, subcontratistas y sus entornos familiares.
Las empresas constructoras, que dependen en gran medida del financiamiento bancario para sostener la ejecución de sus proyectos, enfrentan un escenario financiero cada vez más restrictivo. La falta de certeza en el cobro de sus acreencias eleva el riesgo percibido por las entidades del sistema financiero, lo que se traduce en menores líneas de crédito y tasas de interés más elevadas. Como consecuencia, varias compañías han comenzado a frenar nuevos proyectos, suspender la adquisición de maquinaria y reducir la capacitación de su personal, comprometiendo no solo la coyuntura actual sino la capacidad operativa futura del sector.
La caída sostenida del presupuesto destinado a infraestructura y la ausencia de previsibilidad en los pagos representan, advierten los gremios, un freno estructural para el desarrollo del país. La falta de rutas, viviendas e infraestructura básica limita directamente las posibilidades de expansión económica a mediano y largo plazo.
El factoring como solución en negociación y un proyecto de ley para los intereses
Ante la magnitud de la crisis, la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y Cavialpa trabajan junto al Gobierno en el diseño de un mecanismo de cesión de derechos de cobro —conocido como factoring— que permitiría a las empresas obtener liquidez a través de entidades financieras, sin depender de los tiempos del desembolso estatal. Los gremios ya remitieron al MEF una propuesta de reglamentación elaborada en conjunto con estudios jurídicos y el sistema financiero.
El esquema no tomará como base la Ley N.° 6542/2023 de factoraje, como se barajó en un principio, sino una disposición incorporada en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, con el objetivo de lograr una aplicación más ágil frente a la urgencia del sector. En paralelo, se impulsa en el Congreso un proyecto de ley orientado a garantizar el pago de los intereses acumulados, que ya totalizan unos US$ 110 millones.
Los gremios también alertan sobre un problema adicional que agrava el panorama: la falta de desembolsos en obras financiadas por organismos multilaterales de crédito, pese a que los recursos ya están disponibles. Sin una solución inmediata en todos estos frentes, advierten que podrían sumarse más empresas en situación de insolvencia y aumentar la cantidad de obras detenidas.
La deuda farmacéutica y el riesgo de interrupción de tratamientos médicos
La crisis de pagos del Estado no se circunscribe a la construcción. El MSPBS acumula una deuda de US$ 1.216 millones con proveedores farmacéuticos, y las negociaciones para saldarla atraviesan un momento de alta incertidumbre tras la salida del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, que frenó el avance de los acuerdos en curso.
Una reunión que estaba prevista para este martes entre representantes del sector y autoridades del MEF fue postergada ante la ausencia de nuevas autoridades designadas en la cartera. El presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Luis Ávila, confirmó que el sector aguarda la nueva designación del ministro de Economía para retomar las tratativas.
La situación es calificada como crítica por los propios proveedores. Según voceros del sector, lo que está en juego no es una advertencia teórica sino una consecuencia directa e inminente de la falta de pago: el riesgo de interrupción en el acceso a tratamientos médicos para pacientes crónicos que se atienden en hospitales públicos. «Esto ya no es una advertencia teórica, es una consecuencia directa de la falta de pago», advirtieron desde el sector.
Desde Cifarma señalaron que este problema viene siendo conversado desde julio del año pasado y que lo que se requiere ahora es capacidad de resolución y continuidad en la ejecución de los acuerdos, sin pausas ni transiciones prolongadas.
Las barreras legales que complican el pago a proveedores farmacéuticos
En el marco de las negociaciones con el sector farmacéutico, también se promueve el mecanismo de factoraje como vía para destrabar los cobros. Sin embargo, la normativa vigente impone restricciones que dificultan su implementación plena. Si bien el artículo 279 del PGN habilita la cesión de derechos de cobro tanto para el MSPBS como para el MOPC, el decreto reglamentario en el caso del sector salud establece que dichas cesiones deben realizarse exclusivamente sobre el subgrupo del objeto de gasto 350, correspondiente únicamente a medicamentos. Esto dejaría a varios proveedores fuera del alcance del mecanismo de cobro, sin posibilidad de acceder a la solución propuesta.
Para superar este obstáculo, ya se presentó la semana pasada en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente y ampliar el alcance de las cesiones de derechos, en una señal de que la solución definitiva depende tanto de la voluntad política como de ajustes legislativos que aún están pendientes de aprobación.
