La administración del presidente Donald Trump propuso este lunes imponer un arancel del 25 % sobre numerosas importaciones procedentes de Brasil, invocando la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 ante lo que Washington califica como un patrón de prácticas comerciales «irrazonables o discriminatorias» que perjudican a los exportadores e inversores estadounidenses. La medida, anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), no entra en vigor de forma inmediata y abre un período de negociación con Brasilia que concluye el 15 de julio de 2026.
Una investigación de largo alcance con seis frentes abiertos
La USTR publicó los resultados de una investigación iniciada en julio de 2025 que identificó seis áreas de conflicto estructural con Brasil. En materia de comercio digital, el organismo señaló que tribunales brasileños han dictado órdenes reservadas que obligaron a empresas estadounidenses a retirar contenidos de carácter político y a suspender perfiles de residentes de Estados Unidos, en referencia directa a la resolución del Supremo Tribunal Federal que ordenó la suspensión temporal de la red social X el año pasado.
En el ámbito de los servicios de pago, la USTR apuntó al tratamiento preferencial que el Banco Central de Brasil otorga al sistema PIX, la plataforma de pagos instantáneos de titularidad pública, en detrimento de la competitividad de las tarjetas de crédito y los operadores de pago estadounidenses. En propiedad intelectual, Washington criticó que Brasil no aplica con suficiente rigor las normas que impiden la entrada de productos falsificados al mercado, y que las empresas biofarmacéuticas siguen encontrando obstáculos para la homologación de sus patentes. A estos frentes se suman los acuerdos comerciales preferenciales que Brasil mantiene con México e India, la suspensión del tratamiento arancelario equilibrado al etanol estadounidense y la insuficiente lucha contra la deforestación ilegal.
El mecanismo de la Sección 301: un instrumento de presión con historia
La Sección 301 de la Ley de Comercio es el mismo instrumento que Trump utilizó durante su primer mandato para desencadenar la guerra comercial con China mediante la imposición de aranceles generalizados sobre cientos de miles de millones de dólares en productos. Su activación permite al Gobierno estadounidense adoptar «medidas de respuesta» unilaterales cuando concluye que las políticas de un socio comercial son discriminatorias o suponen una carga para el comercio de Estados Unidos, sin necesidad de pasar por el mecanismo de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio.
El representante comercial Jamieson Greer confirmó que inició el proceso «siguiendo instrucciones directas del presidente Trump» y reconoció que ambas partes han celebrado «varias reuniones constructivas» en el último año, aunque subrayó que persisten «diferencias sustanciales» sobre las cuestiones identificadas. «Espero con interés continuar el diálogo con el Gobierno brasileño antes de la fecha límite legal del 15 de julio de 2026», declaró Greer, dejando abierta la posibilidad de que los aranceles queden sin efecto si Brasilia adopta los cambios reclamados.
Productos excluidos y el arancel no sustituye a los gravámenes de seguridad nacional
El arancel propuesto del 25 % no se aplicaría de forma indiscriminada. La USTR precisó que quedan excluidas las importaciones brasileñas ya sujetas a aranceles de seguridad nacional en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esto significa que el acero, el aluminio y el cobre brasileños, gravados con un 50 %, los productos acabados fabricados con dichos metales, los vehículos de motor y sus piezas, sometidos a un arancel del 25 %, no acumularían el nuevo gravamen.
Asimismo, la propuesta exime expresamente a sectores estratégicos o sensibles para la economía bilateral: carne de vacuno, café, tierras raras, otros metales y minerales específicos, aeronaves y componentes aeronáuticos, petróleo crudo y derivados del petróleo, compuestos farmacéuticos, productos químicos orgánicos, fertilizantes y muchas frutas y frutos secos. Las exclusiones revelan que Washington busca presionar sin provocar un encarecimiento inmediato de materias primas críticas para su propia industria.
Modificaciones paralelas en aranceles a metales y maquinaria agrícola
Paralelamente al anuncio sobre Brasil, la Casa Blanca comunicó ajustes en los aranceles aplicados a determinadas importaciones de acero, aluminio y cobre con impacto directo sobre la agricultura. El gravamen sobre equipos agrícolas, como cosechadoras y maquinaria especializada, se reducirá del 25 % al 15 %. Además, se ampliará el número de equipos que podrán acogerse a ese tipo reducido y se rebajará hasta el 10 % el arancel aplicable a ciertos bienes de equipo que incorporen al menos un 85 % de acero y aluminio de origen estadounidense en peso, frente al umbral del 95 % exigido hasta ahora. Estos cambios reflejan la presión del lobby agroindustrial estadounidense, que había advertido sobre el impacto de los aranceles en sus costes de producción.
El precedente de los aranceles del 50 % y la intervención del Tribunal Supremo
La propuesta actual hay que leerla en el contexto de una escalada que arrancó en julio de 2025, cuando Trump impuso aranceles de hasta el 50 % sobre productos brasileños. Una parte significativa de ese gravamen fue interpretada en Brasil y en medios diplomáticos como una represalia encubierta por el proceso judicial abierto contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario republicano. Aquellos aranceles fueron anulados por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en febrero de 2026, aunque la anulación no restableció completamente las condiciones de acceso previas al mercado estadounidense: Brasil quedó sujeto al arancel global del 10 % que Washington mantiene sobre las exportaciones del país sudamericano.
El nuevo arancel del 25 % vendría a sustituir parcialmente ese gravamen del 50 %, aunque con una base jurídica más sólida, anclada en la investigación de la Sección 301, lo que reduciría su vulnerabilidad ante un eventual nuevo desafío judicial.
Plazos, audiencia pública y margen para la negociación
La USTR ha establecido un calendario preciso antes de que cualquier arancel pueda entrar en vigor. Los interesados podrán presentar comentarios sobre la propuesta hasta el 1 de julio. El 6 de julio se celebrará una audiencia pública en la que empresas, asociaciones sectoriales y representantes gubernamentales podrán exponer sus posiciones. El plazo final para que la administración adopte medidas de respuesta en el marco de la investigación de la Sección 301 vence el 15 de julio de 2026.
Este calendario otorga a Brasil un margen de seis semanas para negociar ajustes en las políticas cuestionadas o alcanzar compromisos que permitan a Washington retirar o moderar la propuesta. La experiencia de la primera ronda de aranceles del 50 %, que fue parcialmente desactivada tras conversaciones directas entre Trump y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sugiere que el canal diplomático sigue abierto, aunque el actual nivel de detalle de las exigencias estadounidenses indica que la negociación será técnicamente más exigente que la anterior.
