La filial de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de Ciudad del Este consiguió otra facturación récord en septiembre pasado. El total recaudado trepó a G. 4.852 millones, casi similar al monto facturado en agosto (G. 4.900 millones).
En meses anteriores, ese puerto apenas recaudaba entre G. 2.500 millones a G. 3.200 millones. Esta suba es producto de una maniobra de la actual administración de Ramón Retamozo, que canceló en julio pasado una resolución que fijaba tasas más reducidas a las cargas clasificadas en el Decreto 12.297/08, y aumentó los aranceles hasta en 150% en algunos casos.
La resolución n° 266 que incrementó los ingresos de la ANNP benefició también a SIF América, de Eduardo Tursi, proveedora de un software (sistema Sofía) a fines del año pasado mediante una adjudicación directa y con un contrato de G. 6.000 millones. En un convenio firmado a espaldas de Contrataciones Públicas en enero último, la administración de Puertos se comprometió a abonar por diez años a la citada empresa privada, en el caso de Ciudad del Este, el 2,5% por cada tasa sobre una línea base de G. 2.943 millones y el 10% al superar dicha línea base, lo que se excedió ampliamente en agosto y setiembre.
Consultado Retamozo respecto al pago a SIF dijo que: “Yo no le pago, los que pagan son los despachantes e importadores. Acá no se firma acuerdo, ni mucho menos hay repartija de plata, informate mejor”. Su asesor Gustavo Núñez tampoco dio montos porque “no está autorizado a dar”. Ni explicó si existe alguna política para discriminar el aumento logrado con el sistema Sofía o mediante la resolución 266/19 que canceló a la 41/09.
En el convenio firmado tras bambalinas se incluyó una cláusula de confidencialidad de las operaciones. Fuentes extraoficiales señalan que SIF se habría llevado poco más de G. 400 millones del puerto de Ciudad del Este, teniendo en cuenta el 10% fijado en el convenio por cada tasa portuaria al superar la línea base de G. 2.943 millones.
Los pocos empresarios que aún utilizan los puertos paraguayos (el 91% utiliza los privados) para sus transacciones comerciales solicitaron al Gobierno reducir nuevamente las tasas por la retracción económica. Fueron escuchados, pero sus reclamos fueron ignorados.
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