La Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) perdió 1.023 millones de dólares en 2025 por operaciones financieras vinculadas al oro de sus reservas. Su presidente, Juan Manuel Olmos, afirmó que en toda la historia de auditorías sobre los estados contables de la entidad nunca se había registrado un quebranto de esa magnitud. Tampoco se había visto, agregó, que las reservas físicas de oro se usaran en transacciones de riesgo.
El dato surge de la revisión de los balances al 31 de diciembre de 2025. En términos estrictos, la AGN consideró que esos estados contables son razonables en lo técnico y en lo patrimonial. El problema no está en cómo se registraron los números, sino en las decisiones que originaron esa pérdida.
Cómo se armó la operatoria con derivados
Según el organismo, el esquema nació durante la actual conducción del BCRA, encabezada por Santiago Bausili. En 2025 la entidad concertó derivados liquidables en dólares, presentados con fines de cobertura, y tomó parte del oro de las reservas como activo subyacente o de respaldo. Es decir, el metal funcionó como base de contratos financieros cuyo resultado dependía de la evolución de su precio.
El resultado contable fue una pérdida de 1,5 billones de pesos, cubierta con divisas del propio Banco Central. De los USD 1.023 millones, unos 960 millones corresponden al resultado negativo de las operaciones y 62,8 millones a primas de opciones. Olmos aclaró que al cierre del ejercicio ya no quedaban posiciones abiertas. La pérdida, entonces, está consolidada y no hay riesgo pendiente de liquidarse, aunque eso no mitiga el daño ya causado.
El contraste incómodo: el oro subía y el BCRA perdía
La paradoja es llamativa. Durante 2025 el precio internacional del oro avanzó con fuerza y la tenencia del Banco Central generó una ganancia patrimonial superior a los 8 billones de pesos. Ese metal, recordó la AGN, no fue adquirido por la gestión actual, sino durante las de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont.
Olmos separó con claridad ambos conceptos: una cosa es la revalorización contable de un activo que ya estaba en el balance, y otra la operatoria realizada sobre el oro subyacente. Dicho de otro modo, el BCRA se benefició de una suba que no gestionó, mientras que lo que sí decidió hacer con ese activo le costó más de mil millones de dólares. Una cobertura bien diseñada debería amortiguar riesgos, no convertir un activo en alza en una fuente de pérdidas. Que el organismo auditor use términos como “especular” y “erró el cálculo” sugiere que la operación se parecía más a una apuesta direccional que a un seguro.
Qué significa perder USD 1.000 millones en un país con reservas escasas
La cifra adquiere otra dimensión en una economía que depende de acumular reservas y que ha convivido durante años con restricciones de divisas. Las pérdidas se saldaron con dólares del Banco Central, los mismos que sostienen la credibilidad del esquema cambiario, respaldan los compromisos externos y sirven de colchón ante shocks. Cada dólar que se fue en primas y liquidaciones negativas es un dólar que no refuerza esa capacidad de respuesta.
También cabe preguntarse por la lógica de la decisión. El oro es, por definición, un activo de reserva valorado porque no depende de la solvencia de ningún emisor. Usarlo como garantía o subyacente de contratos introduce riesgos de contraparte y condiciones de disponibilidad que no existen cuando permanece bajo custodia directa. Sin conocer los contratos y las garantías pactadas, es imposible dimensionar a qué quedó expuesto el país.
La otra auditoría: el traslado de los lingotes
El capítulo contable es solo una parte del problema. La AGN lleva adelante otra auditoría, de gestión, sobre las reservas físicas de oro y su traslado al exterior. Según Olmos, ese trabajo debe determinar por qué se decidió sacar el metal del país, hacia dónde fue enviado y si hubo algún beneficio específico para el BCRA o para terceros. El informe ya está en manos del Banco Central, que debe presentar su descargo.
La entidad habría demorado la entrega de información e incluso intentado trabarla invocando supuestas cláusulas secretas. De acuerdo con ese medio, el oro se habría enviado inicialmente al Banco de Inglaterra, aunque no está claro si sigue allí. Se presupone que los fondos que litigan en Londres por los cupones atados al PBI siguen con atención el caso. Se trata de una versión anónima que conviene tomar con cautela, pero que ilustra por qué la opacidad es costosa: cuando el Estado no informa, el mercado y los acreedores especulan por su cuenta.
Responsabilidades, controles y preguntas abiertas
El episodio no se agota en la gestión de Bausili y del ministro Luis Caputo, señalados por la oposición y por los medios consultados. Surgen interrogantes sobre quiénes aprobaron las operaciones en el Directorio, qué advertencias hicieron las áreas técnicas y qué rol cumplieron las firmas externas que certificaron los balances. La eventual existencia de responsabilidades penales dependería de que se probara que los estados contables contienen información falsa o incompleta, un extremo que por ahora no está acreditado. Un legislador opositor, además, sostuvo que la responsabilidad alcanzaría también a los directores; es una postura política, no una conclusión de la AGN.
La maniobra involucró lingotes enviados a Londres. Por la limitación técnica de acceso, solo pude consultar el encabezado y el resumen de esa nota, no su desarrollo completo.
Una gestión que deberá rendir cuentas
El Banco Central dice proteger la estabilidad macroeconómica, pero una pérdida de esta escala, producida mientras el activo subyacente se valorizaba, exige explicaciones técnicas, contractuales y políticas. Para empezar, hay que conocer los contratos y las contrapartes, y saber si el oro sigue siendo plenamente disponible. También, por qué se eligió una estrategia con tanto riesgo para un activo de reserva y quién la autorizó.
Mientras tanto, el resultado de 2025 ya tiene número: USD 1.023 millones. El destino y las condiciones del oro, en cambio, siguen sin respuesta completa. Como resumió un técnico de la AGN, empieza ahora una “arqueología contable” que probablemente determine hasta dónde llegan las consecuencias.
