La conversación sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ya no se limita a cuánto podrá vender Paraguay en el mercado europeo. Ahora se discute cuántas empresas podrían instalar o trasladar parte de su producción al país para abastecer desde aquí a mercados regionales e internacionales. Es un cambio de enfoque que pone la inversión productiva en el centro de la estrategia económica.
Ese es el planteamiento de un estudio del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP). El trabajo identifica un potencial cercano a US$ 3.700 millones en producción y exportaciones acumuladas a cinco años, vinculado a la posible relocalización de capacidad industrial hacia territorio paraguayo.
Qué mide el modelo RIAE 1.0 y cuánto estima
El estudio se apoya en el modelo de Relocalización Industrial por Arbitraje de Eficiencia (RIAE 1.0), que analiza qué procesos productivos ya instalados en el Mercosur, sobre todo en Brasil y Argentina, podrían ganar competitividad si se trasladaran a Paraguay. Para ello compara costos laborales, energéticos, tributarios y logísticos, e incorpora las fricciones propias de una decisión de este tipo.
La estimación central proyecta una inversión inicial de unos US$ 420,6 millones. Con esa capacidad en funcionamiento, la producción y las exportaciones rondarían los US$ 738,5 millones por año, lo que acumulado en un lustro suma casi US$ 3.692,5 millones. Si se añade el desembolso inicial, el impacto total se acerca a los US$ 4.113 millones.
El escenario también contempla unos US$ 247,1 millones anuales de valor agregado bruto, hasta 14.656 empleos directos y cerca de US$ 75 millones al año en remuneraciones. La UIP aclara que son cifras de piso y no de techo. Una segunda versión del modelo, RIAE 2.0, evaluará la eventual llegada de empresas europeas para servir al Mercosur, a Europa u otros destinos, un componente que todavía no está cuantificado.
Una de las publicaciones consultadas recoge además un escenario más amplio, con una producción bruta superior a los US$ 1.057 millones anuales y más de 12.000 empleos netos.
Electrónica y plásticos concentran la oportunidad
El potencial está muy concentrado. El sector eléctrico y electrónico aportaría alrededor de US$ 243,3 millones de la inversión y generaría unos US$ 419,4 millones anuales de producción. Plásticos sumaría US$ 156,8 millones de inversión y cerca de US$ 290,3 millones de producción por año. Entre ambos explican aproximadamente el 95% del potencial identificado. Completan el panorama oportunidades en confecciones, aluminio y vidrio.
Las ventajas que Paraguay puede poner sobre la mesa
La hipótesis de fondo es que el tamaño del mercado ya no basta para decidir dónde se invierte. Pesan cada vez más el costo de la energía, la carga tributaria, los incentivos, la estabilidad macroeconómica y las condiciones de acceso a mercados. En ese esquema, el país ofrece disponibilidad de energía eléctrica, el régimen de maquila, una presión fiscal menor que la de sus vecinos y estabilidad macroeconómica. A eso se sumaría el acceso preferencial al mercado europeo.
Ya existen antecedentes. La empresa South Atlantic Company/WOFCO trasladó operaciones desde Argentina con una inversión cercana a US$ 43 millones y unos 500 empleos directos. El Grupo Dass, que fabrica para marcas internacionales, se instaló en Itapúa con unos US$ 40 millones y alrededor de 600 puestos directos.
Grado de inversión: la estabilidad es necesaria, pero no suficiente
Estas proyecciones llegan en un momento en que el país busca consolidar su reputación financiera. Fitch Ratings mantuvo recientemente la nota soberana en BB+, con perspectiva positiva, un escalón por debajo del grado de inversión para esa agencia. Moody’s y S&P ya otorgaron esa categoría. La calificadora cuestionó los atrasos del Estado con proveedores, estimados en unos US$ 1.300 millones, y prevé una convergencia fiscal más lenta, mientras el Gobierno apunta a un déficit de 1,5% del PIB en 2028.
El presidente de la UIP, Enrique Duarte, sostuvo que llegar al grado de inversión es un proceso de largo aliento, trabajado desde 2003 con distintos gobiernos, y que mantenerlo resulta aún más difícil. Para el dirigente, el país debe seguir avanzando en formalización, desburocratización, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la institucionalidad jurídica.
Seguridad jurídica: el caso Atome y el costo de la incertidumbre
El conflicto entre el Estado y Atome, empresa que proyectaba una planta de hidrógeno y fertilizantes verdes en Villeta, ilustra el riesgo. La disputa escaló tras la revocación de decretos que fijaban ventajas tarifarias para industrias de alto consumo eléctrico. La compañía notificó la terminación de su contrato con la ANDE, aunque mantiene su ofensiva de arbitraje contra el país.
Duarte opinó que las empresas evalúan sobre todo la rentabilidad de cada proyecto. Sin embargo, el economista Wildo González advirtió que, cuando las reglas pueden cambiar durante la ejecución de una inversión, el empresario exige mayor retorno o simplemente desiste. Para sectores intensivos en energía, como los centros de datos o la transformación de materias primas, la tarifa importa, pero también la certeza de poder proyectar costos a 10, 15 o 20 años.
El caso Rivas y el peso de la institucionalidad
Duarte también se refirió al caso del exsenador Hernán Rivas, que calificó como motivo de vergüenza y como un problema esencialmente interno. A su juicio, la construcción de instituciones confiables exige el trabajo conjunto del sector público, el privado y la sociedad civil. Aunque se trate de episodios políticos, terminan teniendo consecuencias económicas, porque moldean la percepción de riesgo de quienes evalúan invertir.
Mano de obra, logística y la ventana de oportunidad
Los desafíos operativos son concretos. La UIP advierte que la falta de talento técnico y la baja productividad laboral pueden limitar la expansión industrial. A ello se suman la infraestructura logística, el financiamiento y la eficiencia de los trámites públicos. La competencia, además, es global y no solo regional.
La señal alentadora es que el interés inversor persiste. Duarte mencionó consultas de grandes capitales para industrias de transformación y procesamiento de datos para inteligencia artificial, y citó la visita de representantes de Araico, con una inversión proyectada de US$ 12.000 millones. Para el sector industrial, eso demuestra confianza, pero no exime de hacer los deberes en institucionalidad y productividad.
Una oportunidad que depende de lo que se haga ahora
Las cifras de la UIP son escenarios potenciales y no garantías. Su concreción dependerá de que el país convierta la confianza financiera en capital productivo, reduciendo los costos institucionales, logísticos y laborales que aún restan competitividad. La ventana que abre el acuerdo Mercosur-UE existe, pero requiere reglas estables y un Estado que cumpla sus compromisos.
