La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) emitió el fin de semana un comunicado en el que exhorta a las autoridades encargadas de la lucha contra el contrabando a adoptar las medidas pertinentes ante los últimos hechos de ingreso ilegal de productos foráneos.
El pronunciamiento expresa la preocupación del sector por la falta de acciones en los procedimientos administrativos y judiciales en los casos de cargamentos de contrabando que fueron incautados hace semanas, y que de seguir por esta vía tendrían consecuencias negativas, como la liberación de la carga, según afirman.
El gremio dice haber sido “testigo mudo” de operativos en contra del contrabando que finalmente quedaron sin concluir. Exhorta a adoptar fuertes medidas para que se apliquen sanciones y condenas a los responsables de los ilícitos.
Lo nuestro primero se denomina un programa impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que fomenta la creación de cooperativas para la distribución y comercialización de productos hortícolas como tomate, papa, cebolla y mandioca.
Este plan contempla el establecimiento de dos grandes centros de acopio, distribución y venta de los productos mencionados, que asegurará a los agricultores un mercado para la comercialización en los supermercados del país, mediante un acuerdo firmado con la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu).
Estos centros estarán ubicados en Caaguazú, para el tomate y la mandioca; y en Paraguarí, para la papa y la cebolla. “Estos centros funcionarán inicialmente como una precooperativa, en que el Estado estará presente el tiempo suficiente hasta que se conviertan en cooperativas y puedan caminar solas”, especificó el ministro Rodolfo Friedmann. Remarcó que el acuerdo con la Capasu ya está firmando y que los técnicos del MAG están culminando el diseño del proyecto. “Ya tenemos el local que vamos a utilizar y estamos trabajando en el relevamiento del equipamiento que será necesario, como cámaras de frío, clasificadoras, transporte, etcétera”, expresó y agregó que este programa se materializa en enero del año próximo.
Friedmann hizo el anuncio durante el lanzamiento de las Ferias Agropecuarias de diciembre, denominada Año Paha. La feria principal se realizará el 17 y 18 de diciembre, en la Costanera de Asunción. El calendario consta de 160 ferias que se harán en Central, Cordillera, Alto Paraná, Misiones e Itapúa.
El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Antonio Rivas, volvió a expresar la queja de este país mediterráneo por las asimetrías económicas entre los socios del Mercosur, durante una reunión ministerial previa a la cumbre del bloque.
Rivas, cuyo país asumirá la presidencia semestral del bloque en la cumbre que se celebra mañana en la ciudad brasileña de Bento Gonçalves, situó entre las prioridades de esa próxima gestión la promoción de medidas para “la superación de las asimetrías” entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Los abismos que existen entre las economías de esos cuatro países son objeto de quejas desde hace décadas en Uruguay y Paraguay, los dos socios “menores”, que exigen medidas que permitan atenuar esas diferencias.
Rivas citó iniciativas ya aprobadas en el bloque y que contemplan el inicio de una nueva fase del Fondo Estructural para la Convergencia del Mercosur (Focem), la cual espera poner en marcha durante el semestre de presidencia paraguaya.
Según Rivas, esas “disparidades” deben ser “atendidas” tanto entre los Estados miembros del Mercosur como también en cada una de las negociaciones externas que lleve adelante el bloque.
En ese marco, el canciller paraguayo también adelantó que su país pretende “renovar esfuerzos” para concluir las negociaciones ya en marcha para sendos acuerdos de libre comercio con Canadá, Corea del Sur, Líbano, Indonesia y Singapur.
Del mismo modo, reiteró su confianza en que durante el próximo semestre se pueda concluir el proceso de revisión legal del acuerdo anunciado a mediados de este año con la Unión Europea (UE), a fin de iniciar los trámites para que sea refrendado por los parlamentos de los cuatro países.
En la misma reunión acudieron los cancilleres del Mercosur de Argentina, Uruguay y Brasil.
El informe sobre la exportación de las industrias maquiladoras, correspondiente al mes de noviembre de 2019, reporta que los envíos de ese mes ascienden a US$ 54.814.766, lo que representan una disminución del 9% con relación al mismo periodo del año anterior, reportó ayer el Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME).
El rubro autopartes encabeza la lista, con el 51% del total exportado en el mes; le sigue confecciones y textiles, con 20,5%; luego en menor porcentaje se ubican los plásticos y sus manufacturas y productos farmacéuticos, destaca el informe del CNIME.
El principal destino de los productos nacionales del sector, en un 90%, fueron países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur), siendo Brasil y Argentina en mayor proporción. El 10% de las exportaciones restantes se ha dirigido al resto del mundo, tales como Estados Unidos, Tailandia, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador y México.
Actualmente, 203 empresas operan bajo el régimen de maquila y emplean a 18.680 personas. Los principales beneficios del régimen son tributo único del 1% sobre el valor agregado nacional; la importación de bienes de capital, partes y herramientas, materias primas e insumos con suspensión de aranceles e impuestos; la inexistencia de límites del capital a invertir y puede ser nacional o extranjero, entre otros.
El contrabando de bebidas en época de fin de año es una de las mayores preocupaciones del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), además de la reglamentación de la reforma fiscal, que rige desde el 2020. Estos y otros puntos fueron abordados con los titulares de Tributación y de Aduanas.
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, afirmó que se intensificarán las acciones para combatir el contrabando de bebidas en estas semanas, temporada que registra un repunte de su consumo en coincidencia con las fiestas de fin de año.
Las declaraciones las brindó tras la reunión mantenida en el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), en la tarde de ayer, donde participaron los directivos y el director de Aduanas, Julio Fernández.
Orué indicó que en el encuentro brindó detalles de la aplicación de la reforma tributaria que rige desde este 1 de enero, además de pormenores referentes a los controles al contrabando, fiscalizaciones tributarias y aspectos del régimen de turismo. “Entre lo puntos abordados estuvo el nuevo impuesto a la renta empresarial, que junta tres impuestos (IRACIS, IRAGRO y IRPC) y el impuesto dividido en utilidades y su implicancia”, expresó. Agregó que en quince días más se van a dictar los decretos y reglamentaciones finales.
Neri Giménez, presidente del CIP, recalcó una inquietud planteada que es acerca del precio del dólar fijado en las casas de cambio y el que figura en los bancos, que presenta una amplia diferencia, expresó. “Esta desigualdad nos preocupa sobremanera”, resaltó.
En cuanto a los temas conversados con el titular de Aduanas, Giménez destacó la implementación del rastreo satelital a los contenedores que llegan al país. “Es muy interesante porque permitirá un seguimiento a las cargas, será útil para combatir al contrabando”, opinó. Añadió que también se profundizó acerca del Sistema Integral de Verificación de Cargas (Siveca), que es para controlar las cargas que salen de China y Hong Kong con destino a Paraguay. Señaló que los dos temas serán prioritarios en 2020.
El Poder Ejecutivo promulgó ayer dos leyes denominadas antilavado: La N° 6446 “Que crea el Registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el Registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay; y la N° 6.452 “Que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1160/1997 y su modificatoria Ley N° 3440/2008”.
Respecto de la primera normativa, en cuanto a las sanciones, se especifica que las personas que incumplan sus disposiciones serán pasibles de multas directas de 50 a 500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, o hasta el 30 por ciento de las utilidades o dividendos a ser distribuidos entre sus accionistas o socios.
Los montos de las multas serán destinados exclusivamente a programas de prevención y mitigación de riesgos, el lavado de activos, y a la formalización del sistema financiero, económico y tributario.
El alcance de la segunda ley citada hace referencia a la promoción fraudulenta de inversiones, conectada a la venta de valores bursátiles, derechos a obtener tales valores o certificados destinados a garantizar la participación de las ganancias de una empresa; o bien a la oferta de aumentar la inversión en tales certificados, proporcionando datos falsos o incompletos a destinatarios. Lo anterior será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa.
También se aplicará la misma pena cuando el hecho se refiera a certificados de participación en un patrimonio que la empresa administra en nombre propio, pero por cuenta ajena.
Recordemos que el Gafilat estuvo en el país recientemente, con autoridades de los 3 poderes del Estado y otros organismos, como Seprelad, liderado por el ministro Carlos Arregui, para analizar qué tan efectiva es nuestra lucha contra el crimen organizado.
Integrantes de la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip), lado paraguayo, se reunió ayer para afinar detalles del pliego de bases y condiciones (PBC) para la licitación del dragado del río Paraná, que será vía excepción y pagado por Obras Públicas. Se trata de un trabajo histórico, puesto que es la primera vez que se realiza una intervención de esta magnitud en las aguas compartidas con Argentina.
El llamado será vía excepción porque se busca que en febrero del año que viene, el río Paraná se encuentre navegable. Actualmente, los barcos viajan con dificultades, explicó José Ávila, de la Dirección de Proyectos Estratégicos (Dipe) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Ávila especificó que se dispondrá de US$ 4 millones, que sería para el dragado de 350.000 m3 y que en dos meses se tendría que terminar. Estimó que en 15 días se iniciarán los trabajos.
Lucas Krivenchuk, representante del sector privado, señaló que se aguarda el informe de la profundidad de las aguas, que se conocerá con la batimetría, y con eso se establecerán los puntos prioritarios, que serán aquellos que están por debajo de los siete pies de calado. “La idea de que se realice vía excepción es para garantizar el transporte de soja, que se inicia a finales de enero y febrero”, dijo ayer. Agregó que la intervención del río se da después de 30 años.
Al respecto, Ávila señaló que el dragado lo pagará el Paraguay, atendiendo que es el más interesado, al ser el que más utiliza la hidrovía por el transporte de cargas. Según Obras Públicas, por el río Paraná se transportan 2,5 millones de toneladas de cargas.
Cancillería había reportado que en la quincena del mes pasado, se obtuvo el permiso de Argentina para realizar los trabajos en el río Paraná. El objetivo es normalizar las condiciones de navegabilidad, en particular el tramo que comprende desde la represa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) hasta la confluencia con el río Paraguay.
La zona sur del país es de alto potencial productivo y las exportaciones se realizan por barcos. La bajante crítica de las aguas del Paraná impide la normal navegación, lo cual obliga a que los barcos tengan menos carga de su capacidad para garantizar su llegada a destino.
De una población cercana a 7 millones de habitantes en el 2018, más de 5 millones de compatriotas no contaban con ningún tipo de cobertura a la salud, según resultados de la Encuesta Permanente de Hogares que dio a conocer la DGEEC. La alta informalidad laboral es una de las principales causas.
El acceso a seguridad social en nuestro país es casi un privilegio, ya que solo el 27,1% de nuestros compatriotas en el 2018 contaba con seguro médico, lo que abarca a unos 1.889.133 ciudadanos, de acuerdo con un reciente informe basado en los datos anuales de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC).
Por otra parte, al comparar estos datos con el año anterior (2017) se observa que hubo un estancamiento, ya que mantiene la misma proporción, con casi dos tercios de la población que está desprotegida y, por tanto, es vulnerable ante situaciones complejas de la salud.
Al desagregar por área de residencia, se observa que la situación es más crítica en el campo, donde solo el 14% de los compatriotas de esa zona (370.916 personas) tiene acceso a la seguridad social y, ante la precariedad de los centros de salud regionales, muchos deben trasladarse hasta la capital para tratamiento de enfermedades complejas. Mientras, en el área urbana, la población con cobertura médica llega al 35,2% de este grupo, unas 1.521.192 personas.
El reporte revela además que la mayor cobertura de asegurados a nivel nacional tiene el Instituto de Previsión Social (IPS), que abarca el 19,4% de la población total del país, lo que representa un global de 1.352.368 ciudadanos.
De esta cantidad que cubre el IPS, 1.071.750 personas residen en áreas urbanas, mientras que 280.837 viven en zonas rurales.
La baja cobertura social que causa la informalidad es uno de los principales frenos para el desarrollo y la productividad del país, mencionan reportes de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Esta situación se da por distintas razones, como empleos precarios donde no alcanzan el salario mínimo, la ocupación cuentapropista (pequeños comerciantes).
Considerando los rubros, las actividades con alta participación de informalidad son la construcción y el comercio, restaurantes y hoteles. Sin embargo, el trabajo doméstico tiene el mayor porcentaje de ocupación informal: 9 de cada 10 personas de 15 y más años de edad, son trabajadoras domésticas y están en condición de informalidad, indica la DGEEC.
Además de la población ocupada compuesta por 3.211.225 de compatriotas, el 29% se dedica a actividad por cuenta propia, es decir, 931.255 personas, y la mayoría de ellas no aporta a ningún seguro social por salud o jubilación.
Un reciente estudio de la consultora Pro Desarrollo Paraguay confirmó el incremento de la actividad informal en nuestro país, que en 2018 movilizó US$ 16.522 millones. Una gran parte de la economía en negro está ligada a la evasión impositiva y laboral. Empresas que no registran a sus empleados en el IPS y que pagan menos del mínimo legal vigente. Datos de la DGEEC 2018 refieren, a su vez, que más del 40% de los trabajadores en el sector privado perciben menos de un salario mínimo.
Entre tanto, tampoco hay avances en estímulos para la formalización del pequeño comerciante, para facilitar a los pobladores herramientas más amigables y sin tanto protocolo para acceder a ellas.
La Aduana nacional obligará a sus funcionarios de puestos clave a utilizar cámaras corporales desde este mes. Ante la posibilidad de ser atacado de ilegal, Julio Fernández, titular de la institución, dijo que “prefiere correr el riesgo”.
Desde este mes de diciembre, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a cargo de Julio Fernández, obligará a los funcionarios que ocupan puestos principales a usar cámaras corporales. “Esas cámaras van a grabar vídeo y audio de la actuación de los funcionarios, si apagan, si se alejan del lugar de trabajo. No son muchas cámaras, pero vamos a colocar en lugares clave”, expresó ayer Fernández al explicar detalles de la iniciativa tomada.
En relación a la posibilidad de que se declare ilegal dicha medida, señaló que “correrá el riesgo”.
Aduanas también empezó a utilizar desde hace poco otras tecnologías, como los drones, en su intento por frenar la corrupción interna. “Permiten ver los movimientos en las riberas de los ríos”, argumentó Fernández, quien dijo que en principio no se instalarán muchas cámaras. El costo será de unos G. 200 millones.
Los aduaneros cobran jugosas coimas para permitir el ingreso de cargas ilegalmente, para no controlar vehículos con mercaderías de contrabando que circulan en zona secundaria o para dar cobertura en el tránsito de vehículos con contrabando.
También cobran para conceder dictámenes favorables que no corresponden y acelerar dictámenes favorables que corresponden. Otro negocio es ingresar a la institución antes del horario para evitar reverificaciones por parte de fiscalizadores; verificar cargas en canal rojo en tiempo récord; validación informática de la verificación de mercaderías (sin abrir el contenedor); verificación y validación informática de varios despachos con canal rojo (en un minuto 3, 4 contenedores), según los informes recogidos.
Son varios los funcionarios que han caído por cometer diferentes delitos. El mayor escándalo fue en mayo, cuando el Gral. (SR) Ramón Benítez, director del Detave (Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada) fue detenido por coima. El caso salpicó hasta a periodistas.
Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no pudo invertir el mes pasado los USD 120 millones que prometió en obras y solo ya le queda este mes para incrementar su nivel de ejecución. Esto para que la cartera pueda justificar el incremento del déficit fiscal (3%) que consiguió en el Gobierno.
Según un informe que remitió ayer la cartera, en el mes de noviembre el MOPC solo invirtió G. 340.203 millones (USD 54 millones al cambio actual) en los pagos por las diferentes obras que están en ejecución, que respecto a octubre tuvo una caída del 34%.
Esta situación obliga a la institución a ejecutar alrededor de USD 150 millones este mes, para poder llegar a la promesa de inversión de USD 200 millones, que fue el principal motivo del incremento del tope fiscal.
El viceministro de Finanzas, Carlino Velázquez, señaló a este diario que no llegaron a la meta inicial porque el incremento del déficit fiscal se aprobó muy tarde. “Tuvimos solo una semana para ejecutar tras el incremento del tope fiscal, pero en diciembre vamos a recuperar”, expresó.
Sin embargo, el funcionario no está seguro si llegarán a los USD 200 millones que prometieron invertir en noviembre y diciembre. “No creo que lleguemos a eso, aunque vamos a incrementar la ejecución”, expresó.
De acuerdo con el reporte, el MOPC ejecutó en obras propiamente (nivel 500 de inversiones) G. 3,5 billones (USD 560,1 millones) hasta noviembre, con una ejecución del 71% de su presupuesto de 4,9 billones y un crecimiento de 54% con respecto al mismo periodo del año 2018.
Según el escrito, a esto se deben agregar los proyectos financiados bajo la modalidad de llave en mano y Alianza Público Privada (APP) con lo cual las inversiones de la cartera de Estado asciende a G. 4,8 billones en obras.
“Con estas cifras, el MOPC logró superar la ejecución de los años anteriores”, resalta el informe.
En cuanto a su presupuesto general, el MOPC ejecutó al mes de noviembre del presente ejercicio fiscal G. 4,2 billones, lo cual representa una ejecución del 71% y un crecimiento del 47% con respecto al mismo periodo del año 2018.
El presupuesto vigente general de la cartera es de 5,9 billones, de los cuales 4,9 millones son para obras propiamente, como se menciona más arriba.
El mes de mayor inversión del MOPC este año sigue siendo octubre con una ejecución de G. 522.281 millones. La administración del ministro Arnoldo Wiens tuvo un cuestionado inicio, pero tras las críticas incrementó su ejecución.
