Las lluvias registradas animaron a los productores de San Pedro a resembrar la soja, luego de haber perdido el cultivo de la primera siembra por falta de humedad y el extremo calor, según el informe semanal de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
Alejandro Colmán, pequeño agricultor de la zona, destacó que están contentos por las buenas precipitaciones registradas en esta región del país, ya que permitió iniciar la resiembra de soja y mirar con mejores perspectivas la presente campaña. Indicó que muchos agricultores ya cuentan con semillas que fueron proveídas por el Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio).
El pasado fin de semana ya iniciaron los trabajos de siembra y se renovaron las esperanzas, informó el productor.
Colmán manifestó que gracias al sector público y privado la zona puede crecer en cuanto a producción de granos. Mediante proyectos impulsados por el sector público y la cooperación y asistencia que brinda el sector privado se pudo crecer en cuanto a mecanización de cultivos, uso de tecnología y aumento en la producción de granos, principalmente de soja, maíz y sésamo, destacó.
El segmento de los pequeños productores aumentó 4 puntos porcentuales su participación en la superficie de siembra de soja. Hace dos temporadas, en la zafra 2016-17, la participación de los pequeños productores que tienen menos de 20 hectáreas era del 23%, mientras que en la última campaña, 2018-19, la incidencia subió al 27%.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) prometió invertir USD 120 millones solo este mes, lo que se podrá concretar con el incremento del tope del déficit fiscal en 3%, según informó el viceministro de Finanzas de la cartera, Carlino Velázquez.
Señaló que este monto incluye algunos compromisos ya asumidos con algunas contratistas y que el resto dependerá de los certificados de obras que se presenten la próxima semana.
Asimismo, señaló que la cartera espera invertir USD 80 millones más en diciembre, principalmente para el pago de anticipo del Puente Asunción – Chaco’i y los lotes que aún faltan adjudicar de la ruta Transchaco. Empero, estos pagos se darán si no se registran protestas en el proceso de la licitación.
“Esto (el aumento del 3%) nos habilita para pagar todo lo que tenemos comprometido, siempre y cuando las empresas cumplan con todos los requisitos, los certificados, las cuestiones de forma también como ser la presentación de las pólizas, en fin todos los documentos. Con esto hacienda ya nos habilitará un plan de caja probablemente para los próximos días para que podamos empezar a obligar”, expresó.
Asimismo, Velázquez enfatizó que con estas inversiones de fin de año se dinamizará la economía. “Tenemos que pagar USD 200 millones en noviembre y diciembre, porque lo que no se pague en noviembre igual se usará en diciembre. Es un respiro para nuestra cartera y para la economía, porque las obras justamente son las que están dinamizando la economía del país”, indicó.
Entre los proyectos que están en ejecución y que seguirán sin problemas con el tope fiscal del 3% se pueden mencionar: Trabajos de mejoramiento de los corredores viales, construcción de pavimentación asfáltica y de caminos vecinales, la reconversión del Puerto de Asunción, obras de agua y saneamiento, la ruta Transchaco, la construcción de puentes y alcantarillas, Costanera Norte (viaductos del botánico), mejoramiento de la franja de dominio, ruta Naranjal – San Cristóbal, Corredor Bioceánico, entre otros.
Recordemos que de su presupuesto de G. 5,9 billones para este año, Obras Públicas ejecutó hasta el mes de octubre G. 3,8 billones (USD 605,6 millones al cambio actual), lo que significa que la cartera ya invirtió el 64% de sus recursos a menos de dos meses de que finalice el año.
Diputados votaron mayoritariamente ayer por sancionar el proyecto de ley del Ejecutivo para subir al 3% el límite del déficit fiscal este año. El documento pasa para su promulgación.
El proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo la ampliación del artículo 11 de la Ley Nº 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal quedó sancionado ayer con la duplicación del tope del déficit fiscal de 1,5% del PIB, establecido por la citada ley.
Unos 46 diputados votaron en segunda vuelta por sancionar la versión de la Cámara de Senadores y permitir al Ejecutivo poder terminar este año con un déficit fiscal (mayor gasto que ingreso) del 3% del producto interno bruto (PIB). Esta cantidad superó ampliamente al número de legisladores (24) que votaron por ratificar la postura de Diputados, de sancionar la ley con un tope de solo 2%.
El estudio de la ley inició en Senado, donde se optó por conceder el 3%, luego pasó a Diputados, donde se decidió llevar el tope solo hasta el 2%, devolviendo el documento a la Cámara Alta, que reunió los votos suficientes para ratificarse en el 3% de tope, generando la segunda vuelta, que fue resuelta ayer en Diputados.
De esta manera, la ley pasa al Ejecutivo para su promulgación.
Con el tope del déficit elevado al 3%, el Ejecutivo tiene posibilidad de cerrar el 2019 con un desequilibrio de unos G. 7,1 billones (USD 1.127 millones al cambio actual de G. 6.300). Al cierre de octubre del 2019, el déficit ya llegó al 1,5% establecido como límite por la LRF, equivalente a G. 3,5 billones (USD 563,5 millones), según datos del Fisco.
La sanción de la ley fue realizada con discursos previos con tintes políticos que trataron de argumentar la aprobación o el rechazo del proyecto.
La lista de oradores inició con la alocución de la diputada Cristina Villalba, de la bancada Honor Colorado, quien recomendó a sus colegas optar por la ratificación de Diputados y conceder un límite solo hasta el 2% del PIB.
En esa misma línea se alistó el liberal Édgar Acosta, vocero de la Comisión de Cuentas, quien reconoció la caída de la recaudación por cuestiones externas y climáticas, pero a su vez criticó la poca preocupación del Gobierno por buscar incrementar la recaudación con otras acciones. También el diputado del Partido Patria Querida (PPQ) Sebastián García y los diputados cartistas Basilio Núñez y Pedro Alliana, quienes apoyaron el 2% y ratificaron su rechazo a la duplicación del tope de 1,5%.
En tanto como los defensores del proyecto del Ejecutivo aparecieron el diputado oficialista Arnaldo Samaniego, el liberal Carlos Silva, el colorado Colym Soroka, entre otros. Estos enfocaron sus discursos en la necesidad de conceder al Poder Ejecutivo el 3% para ejecutar las obras de infraestructura que ayuden a mantener la recuperación de la economía del país.
Las acciones de detección y prevención de lavado de dinero, que efectuaron alrededor de cinco entidades del sistema financiero local en el tiempo en que Darío Messer movió dinero en el mercado local, son sometidas a estudio del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).
Esto anunció el presidente de la banca matriz, José Cantero, un día después de que se diera a conocer la orden de detención dictada en Brasil en contra del ex presidente de la República Horacio Cartes, por su presunta complicidad con Messer, su “hermano del alma”, quien se encuentra procesado por el sonado caso de Lava Jato, también en el vecino país.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) había concluido en abril pasado que Messer pudo operar durante seis años en el sistema financiero paraguayo sin siquiera un “mínimo control razonable” y calculó que como mínimo ingresó al Paraguay en operaciones sospechosas la suma de USD 50 millones a través del Banco Nacional de Fomento (BNF). El senador Jorge Querey había detallado que entre el 2011 y el 2012 se abrió la cuenta en cuestión, pero que recién en el 2015 se reportó como operación sospechosa.
Cantero reconoció que en aquel entonces el rigor era menor en cuanto a los mecanismos de supervisión y control de lavado de dinero, y explicó que las sanciones que podrían aplicarse al término del estudio dependerán de cada caso y de cada entidad. “En nuestro marco legal se tipifican los tipos de sanciones. En la medida en que estas decisiones son institucionales, ganan rigurosidad en todo este proceso de fortalecimiento”, acotó.
“El Banco Central, al tomar nota de lo ocurrido, puntualmente hizo una revisión de estas entidades, estas carpetas y estos análisis están en proceso. Las decisiones institucionales dependen de un proceso de cómo se arma la carpeta en su instancia, cómo se evalúa jurídicamente en la otra instancia, hay también un proceso de ampliar información y, finalmente, el ámbito de decisión es del Directorio”, añadió.
Al ser consultado sobre los efectos de los actuales procesos de investigación de sospechas de lavado de dinero, que salpican a nombres influyentes como los de Óscar y Ramón González Daher, y más recientemente el del líder del movimiento Honor Colorado, admitió que el país tiene mucho por trabajar en su imagen interna y externa, ya que no es enteramente confiable.
Esta situación cobra mayor relevancia aun con el inicio del examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, al término del cual (en diciembre de 2020) se sabrá si Paraguay retorna o no a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Respecto a la reunión que tuvieron este lunes con la misión de Gafilat, Cantero destacó que expusieron avances como la adopción de tecnología en las operaciones del sistema financiero y la incorporación de las casas de crédito entre los entes regulados de la banca matriz.
A 90 días de la habilitación del Canal Meyer, el río Pilcomayo sigue ingresando al Paraguay. Si bien es temporada de aguas bajas, el vital líquido llega hasta la zona de Gral. Díaz e inmediaciones del Estero Patiño, a unos 400 kilómetros de distancia.
Desde la apertura de la nueva embocadura, hasta ahora las aguas riegan los principales humedales que se encuentran en el trayecto que va hasta la zona de Gral. Díaz y las inmediaciones del Estero Patiño.
Durante la primera parte de este año, las aguas corrían casi en su totalidad hacia el lado argentino, por la colmatación de la antigua embocadura del canal paraguayo. Entonces, la Comisión Nacional del Pilcomayo había pedido permiso al vecino país para abrir una nueva embocadura, el antiguo Canal Meyer. El objetivo era favorecer nuestro territorio al registrarse aguas bajas, y el 14 de septiembre último el Canal Meyer fue abierto.
Con la nueva embocadura se volvió prácticamente al estatu quo del “Proyecto Pantalón” del año 1994, cuando se construyó por primera vez un canal paraguayo para garantizar un reparto más equitativo del Pilcomayo entre Argentina y Paraguay. Después de muchos años, el Ministerio de Obras Públicas limpió a tiempo y reconstruyó una nueva embocadura antes que empiecen las crecidas. El fluido caudal del Pilcomayo es apoyado por la limpieza oportuna y reiterada de los sedimentos atascados en el puente Pozo Hondo – Misión La Paz, por la gobernación Boquerón.
La Cámara de Diputados define hoy el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a cerrar el ejercicio 2019 con un déficit fiscal de hasta 3% del Producto Interno Bruto (PIB), una medida de excepción establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que por primera vez se estaría autorizando.
El proyecto de ley “que autoriza al Poder Ejecutivo la aplicación del artículo 11 de la Ley N° 5098/2013, de Responsabilidad Fiscal” será tratado en el cuarto punto del orden del día de la sesión de la fecha, cuyo inicio está marcado para las 8:30.
Todo apunta a que los diputados no reunirían los 41 votos necesarios para ratificarse en su sanción inicial de la pasada semana, cuando establecieron que el tope de déficit no podía superar 2% del Producto Interno Bruto (US$ 800 millones).
El presidente de la Cámara, Pedro Alliana (cartista), anunció que la bancada Honor Colorado decidió liberar los votos para que los diputados lo hagan a conciencia, contrariamente a la sesión pasada en donde habían asumido la postura única de recortar el pedido del Ejecutivo.
De confirmarse este panorama, a la hora de la votación quedaría sancionado el proyecto de ley en su versión ratificada por la Cámara de Senadores, que autoriza a que el saldo rojo pase este año de 1,5% (US$ 600 millones) hasta 3% del PIB (US$ 1.200 millones) como lo pidió el Ejecutivo.
El ministro de Hacienda, Benigno López, había señalado que la ejecución no pasaría 2,5% (US$ 1.000 millones), atendiendo a que la idea es llegar a diciembre con una inyección de US$ 998 millones en obras de infraestructura.
López fue nuevamente consultado ayer sobre el tope de déficit y señaló que “está en la cancha de Diputados”, que esperarán la decisión final para obrar en consecuencia. En ese sentido, adelantó que en caso de que se sancione un tope de 2%, Hacienda cuenta con los instrumentos para cumplir, aunque afirmó que esta limitación tendrá su impacto en la economía.
La ampliación del déficit se financia con endeudamiento público y ante esta situación existe el temor de la ciudadanía de que esto podría significar abrir la canilla al despilfarro público, atendiendo a que el proyecto de presupuesto 2020, con media sanción de Diputados, nuevamente prevé aumentos salariales, creaciones de cargos y más contratación de personal.
Estos incrementos elevan el gasto rígido de 92% a 94% en el presupuesto y deja menos margen de maniobras al fisco para invertir, por lo que necesariamente deberán recurrir a nuevas deudas para financiarse.
Legisladores opositores incluso advierten que de autorizarse el aumento del tope de déficit, ya no hay marcha atrás y que este seguirá en siguientes años de la misma manera, encaminando al país hacia una crisis similar a la de países vecinos.
Llamó la atención que el ministro de Hacienda, Benigno López, anunciara el interés de remitir a consideración del Congreso, lo antes posible, un proyecto de ley para modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal, a fin de generar ahorros e invertir más en tiempos de crisis, aunque no aclaró si se apunta a modificar el tope de déficit de manera permanente o eludir al Parlamento en cuanto a la autorización para superar el límite de 1,5%.
La actividad productiva de las 350 olerías y los puestos de trabajo de 2.500 ceramistas de la ciudad de Tobatí están nuevamente en peligro, debido al recorte que sufrirá el plan de gastos 2020 del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), que asciende a USD 24.000.000 y que impediría la construcción de nuevas viviendas durante todo el año que viene.
El propio titular de esta cartera, Dany Durand, confirmó al gremio de ceramistas y oleros del recorte presupuestario, que solo permitiría concluir 3.800 viviendas sociales construidas entre el 2018 y 2019. En tanto que sigue incierta la edificación de otras 1.200 viviendas de Fuente 10 (fondos que provee el Estado para los subsidios). Este hecho haría tambalear a las empresas ceramistas tobateñas ya que cifraban sus esperanzas en el Estado debido a la reducción en un 35% de las construcciones en el sector privado.
Ante la situación planteada, miembros de la Asociación de Oleros y Ceramistas de Tobatí se reunieron ayer con el presidente del Congreso Nacional, Blas Llano, para solicitarle que eviten el recorte presupuestario al MUHV.
Los oleros y ceramistas, liderados por el dirigente Miguel Rojas, obtuvieron el compromiso del senador Llano de elevar la inquietud ante el ministro de Hacienda, Benigno López, y al propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Por otra parte, el senador abdista Silvio Ovelar minimizó la situación de los ceramistas y alegó que se prevé un buen panorama para el sector vivienda durante los próximos años. Sin embargo, Stephan Rasmussen, de Patria Querida, no se mostró tan optimista al respecto.
El ministro Durand calificó de justo el reclamo del gremio de ceramistas y oleros, porque el sector de la construcción genera mucha mano de obra.
Una de las soluciones viables para Durand es el de nivelar las obras públicas para que el sector viviendas inyecte recursos a la economía nacional o recurrir a créditos similares al de la Ruta Bioceánica y la Costanera Sur para impulsar la construcción de las casas proyectadas para los próximos tres años.
Estacionar en cualquier sector de Asunción se volvió un verdadero calvario para los conductores, no solo por el elevado déficit de espacios existentes en la vía pública, sino por el alto costo que implica traer un vehículo y el pago diario que se debe hacer para acceder a un lugar en alguna playa privada, mientras uno cumple con sus compromisos.
El mercado está saturado de este tipo de negocios, los cuales se encuentran casi en cada cuadra, principalmente en la zona del microcentro asunceno.
Cualquiera sea la opción en los precios que tienen los automovilistas, tanto en las calles o los locales dedicados a este rubro, al final estos representan una pesada carga para su economía, sobre todo para la gran mayoría de empleados que perciben el salario mínimo legal, que actualmente asciende a G. 2.192.839.
Todo esto porque el inevitable gasto que implica tener un rodado, moverlo cada día y abonar por un espacio para estacionar, se suma al de la carga de combustible, alimentos, energía eléctrica, agua, abono de cuotas del colegio, eventualmente algún alquiler y otros.
El monto más generalizado que cobran los propietarios de playas en la capital es el de G. 10.000 por hora, lo que da una erogación por jornada de G. 80.000 para quien tiene una carga laboral de ocho horas, totalizando G. 400.000 en una sola semana.
Esta cifra es similar a la que exigen gran parte de los denominados cuidacoches, que están hasta en el último rincón de la ciudad. Son contados aquellos trabajadores informales que apelan a la voluntad de los conductores, donde solo reciben la ínfima entrega de G. 2.000.
Muchos de los dueños de estos sitios habilitados fuera de las arterias hacen un plan mensual a sus clientes, con un pago de G. 400.000, en una suma que representa el 18,2% del sueldo de la franja trabajadora mencionada anteriormente.
Existen otros estacionamientos que cuentan con mayor inversión en la infraestructura y tecnología moderna instaladas, como es el caso de la empresa Vector, que explota el subsuelo de la Plaza de la Democracia. Esta firma aplica actualmente un cobro de G. 480.000 por mes, lo que constituye el 21,8% del salario mínimo legal vigente en nuestro país.
La puesta en funcionamiento de una playa de estacionamiento de vehículos en la parte céntrica de Asunción es bastante pesada, según nos refiere Gaspar Peralta, quien cuenta con un negocio en O’Leary casi Haedo.
Peralta señala que solo en el arrendamiento del local se tiene un gasto de G. 6.500.000, a lo que se deben agregar el salario del personal, los servicios de energía y agua potable, la adecuación del local en cuanto a sistema de prevención contra incendio (PCI), exigido por la Comuna capitalina, y la documentación de patente y habilitación.
“A pesar de eso, como estamos un poco retirados de lo que es el centro mismo, tenemos que hacer precios a nuestros clientes. Sabemos que hay playas que cobran G. 12.000 o 10.000 por hora. Entonces debemos bajar ese monto a G. 7.000. O si es mensual hacerlo en G. 350.000, ya que otros cobran entre G. 400.000 y G. 480.000.
En el sector del puerto asunceno hay negocios que ni siquiera cuentan con la señalización exigida para su funcionamiento, que llevan franjas en negro y amarillo, lo cual advierte a los conductores de la existencia del espacio.
Sin embargo, en la intersección de Hernandarias y Oliva, existe una playa con una muralla blanca que solo cuenta con una precaria pintura en color rojo con la inscripción de estacionamiento.
El ministro de Hacienda, Benigno López, dijo con relación al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020 que todos están de acuerdo en que es una herramienta fundamental para anclar un crecimiento importante en la economía y la expectativa del sector privado, por lo que están dispuestos a ir hoy al Senado para sentar esa posición, y posteriormente también a la Cámara de Diputados.
El ministerio, según había adelantado el viceministro de Hacienda, Óscar Llamosas, es partidario de que el Senado apruebe la versión del PGN presentada por el Poder Ejecutivo, pero si esto no es posible, que lo sea al menos lo dictaminado por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.
La Comisión de Hacienda del Senado, cuyo titular es el senador Silvio Ovelar, se reúne esta mañana desde las 9:30 para analizar lo aprobado por Diputados y emitir un dictamen, ya que el tema será analizado en plenaria el próximo miércoles 27.
Diputados aprobó la semana pasada, en bochornosa sesión, un presupuesto de G. 86,2 billones (US$ 13.520 millones), respetando el tope fijado por el Ejecutivo, pero internamente hizo modificaciones que elevaron aún más el gasto rígido, pues se otorgó aumento salarial, creaciones de cargos y contratación de más personal. Según Hacienda, los incrementos salariales violan la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Sobre este punto, la cartera fiscal dijo a través de Twitter, el fin de semana, que el incremento del gasto corriente responde a acuerdos sobre aumentos salariales a docentes y médicos, jubilados y pago de deudas de medicamentos e insumos, entre otros, que no es un acto discrecional del Poder Ejecutivo.
Agricultores que trabajan en el rubro de la mandioca de este municipio expresaron que están esperanzados por obtener un buen resultado en el rendimiento y comercialización del producto de la presente zafra. Se estima que actualmente habría en la zona unas 25.000 hectáreas en etapas de cosecha y crecimiento distribuidas en las fincas de los agricultores.
Las áreas donde se concentran la mayor cantidad de producción de la mandioca son las colonias Defensores del Chaco, Moisés Bertoni, Punta Suerte, Oriental, Noviretã y Arroyo Guasu. Los agricultores señalaron que la gente está con mucha expectativa de poder obtener el rendimiento deseado de las parcelas y que las empresas acopiadoras puedan pagar un precio justo por la producción. Según los pobladores del asentamiento Sebastián Larroza, ubicado dentro de la colonia Defensores del Chaco, en este lugar existen unas 40 hectáreas del producto a punto de ser comercializado. Indicaron además que el 70 por ciento de la cosecha se reparte en los comercios locales y el resto envían al Mercado de Abasto a través de los intermediarios.
Sobre el precio, el productor Estanislao Arévalo manifestó que lamentablemente en estos últimos meses tuvieron muchos problemas con la venta del producto, debido a que los compradores ofrecieron un precio muy bajo y a raíz de eso hubo pérdidas económicas en las familias campesinas, señaló.
Recordó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería se había comprometido a pagar un subsidio de G. 100 por cada kilo de mandioca a cada agricultor, como compensación del bajo precio de G. 200/kg que pagaron los acopiadores, pero que eso no se cumplió ni en un 30%.
