El gobierno de Javier Milei enfrenta un revés significativo en su estrategia de fortalecimiento financiero. Según reveló The Wall Street Journal este jueves, los principales bancos estadounidenses descartaron el préstamo de US$20.000 millones que negociaban con Argentina, optando en cambio por una operación más acotada. Simultáneamente, la comisión investigadora de Diputados sobre el caso $Libra presentó su informe final sugiriendo evaluar un juicio político contra el presidente por presunto mal desempeño.
El respaldo financiero que no llegará
Las negociaciones que mantenía el gobierno argentino con JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup para obtener un préstamo privado de US$20.000 millones —adicionales al swap firmado con el Tesoro norteamericano— no se concretarán. Los periodistas Alexander Saeed y Justin Baer del Wall Street Journal precisaron que esta operación nunca llegó a formalizarse debido a que las entidades esperaban definiciones del Departamento del Tesoro sobre colaterales y garantías para cubrirse de eventuales pérdidas.
Fuentes conocedoras de las conversaciones confirmaron al medio que la iniciativa dejó de ser considerada seriamente por los bancos. La administración Trump había intentado apoyar la economía argentina como respaldo al mandatario libertario, pero el paquete de ayuda original se fue diluyendo.
Nueva propuesta: operación repo de US$5.000 millones
En lugar del ambicioso préstamo, las entidades bancarias concentran ahora sus esfuerzos en un esquema más limitado. Se trataría de una operación de recompra o «repo» a corto plazo por aproximadamente US$5.000 millones. Mediante este mecanismo, Argentina entregaría una cartera de inversiones a cambio de dólares proporcionados por los bancos.
Según explicaron las fuentes al Wall Street Journal, el gobierno utilizaría estos fondos para afrontar un vencimiento de deuda cercano a los US$4.000 millones programado para enero próximo. Posteriormente, la gestión de Milei trabajaría con las entidades para emitir miles de millones en nuevos bonos y, con lo recaudado, cancelar la operación repo en cuestión de meses.
Sin embargo, el esquema implica riesgos considerables para los bancos. Las instituciones quedarían expuestas si las condiciones de mercado se deterioran y el país no logra colocar nuevos títulos ni obtener otras fuentes de financiamiento alternativas.
Incertidumbre y falta de transparencia en el swap del Tesoro
El informe del Wall Street Journal señaló que el Departamento del Tesoro, liderado por Scott Bessent, desplegó esfuerzos significativos para apuntalar al gobierno argentino. No obstante, persiste la incertidumbre sobre cuánto del swap de US$20.000 millones otorgado por Washington ya fue utilizado por Buenos Aires.
Datos del Banco Central mostraron un incremento de US$2.500 millones en los swaps de moneda extranjera de corto plazo entre fines de septiembre y fines de octubre. La entidad monetaria declinó hacer comentarios al respecto.
Exfuncionarios del Tesoro criticaron públicamente la falta de transparencia del respaldo financiero brindado a Argentina. «Básicamente no hay información sobre cómo se está utilizando ese dinero», advirtió Brad Setser, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores y exsecretario adjunto del Tesoro durante la administración Obama. El especialista consideró inusual esta opacidad, tratándose de fondos provistos por los contribuyentes estadounidenses, y señaló que la operación se aparta de prácticas implementadas en décadas anteriores, como las utilizadas para asistir a México en los años 90.
Cambio de tono tras las elecciones de medio término
El contexto político argentino también influyó en la evolución de estas negociaciones. Tras la contundente victoria del partido de Milei en las cruciales elecciones de mitad de mandato, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, declaró que los US$20.000 millones de financiación «quizás no sean necesarios». Agregó que, si el país necesitara financiación especial, el sector privado estaba «dispuesto a escuchar».
Las conversaciones sobre la nueva operación repo se encuentran en su fase inicial y podrían modificarse o incluso frustrarse, advirtieron las fuentes. El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió a actualizar al mercado sobre la estrategia para reforzar las reservas hacia comienzos de diciembre.
Comisión de Diputados sugiere evaluar juicio político por caso $Libra
Paralelamente a las dificultades financieras, el presidente Milei enfrenta cuestionamientos políticos de peso. Tras tres meses de funcionamiento, la comisión investigadora $Libra de la Cámara de Diputados presentó su informe final de más de 200 páginas, en el cual concluye que el mandatario presentó una «colaboración imprescindible para la realización de la maniobra» que resultó en una estafa donde 114.410 billeteras sufrieron pérdidas.
El documento sugiere al Congreso evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político contra Milei para investigar si existió «mal desempeño» de su parte. «Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta comisión determinada, hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones», señala el primer punto de las conclusiones.
Uso de la investidura presidencial y vínculos sin aclarar
El informe de la comisión destaca que el presidente publicó en su cuenta oficial de X un número de contrato que no era de acceso público, dato que sigue sin explicar cómo obtuvo. Este elemento refuerza la hipótesis de un vínculo previo y directo con los creadores de la criptomoneda.
«Estamos en condiciones de confirmar que $Libra es un esquema de fraudes planificado compatible con una presunta estafa», apuntó el diputado cordobés federal Oscar Agost Carreño. «Sin tuit no había estafa», agregó la legisladora peronista Julia Strada. «Se hizo uso y abuso de la investidura presidencial y se la involucró en una presunta estafa», siguió Juan Marino.
El documento establece que, a través del tuit fijado en la red social X con su cuenta verificada con tilde gris institucional, el presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado.
Reuniones sin justificación y falta de registros
La investigación reveló 16 reuniones mantenidas con los actores involucrados, registradas en los ingresos a Casa Rosada y Olivos, pero solo cuatro de ellas constan en el Registro Público de Audiencias de Gestión de Intereses, pese a que la actividad de estas personas encuadra claramente en la definición de gestión de intereses establecida por el Decreto 1172/03.
Todos los ingresos a Casa Rosada fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei. El informe señala que la hermana del presidente, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del gobierno nacional y el acceso de los involucrados al mandatario para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional.
Vínculos económicos confirmados y antecedentes similares
El análisis técnico de las billeteras virtuales detectó flujos de fondos entre los involucrados —Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales— que coinciden con los montos y las fechas señalados en la investigación. Se identificaron transferencias de US$300.000 en noviembre de 2024 y US$250.000 en enero de 2025.
Además, el informe destaca que la promoción del proyecto $Libra no fue un hecho aislado. En diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el presidente.
Falta de cooperación institucional y posibles incumplimientos
La comisión señaló que no existió una verdadera voluntad de investigar mediante la autoinvestigación encarada por el propio Poder Ejecutivo. Por el contrario, se registró secretismo y una marcada falta de transparencia tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Tareas de Investigación creada especialmente para este caso.
Esta ausencia de cooperación y la escasa disposición a brindar información constituirían un incumplimiento de los deberes funcionales a cargo de Alejandro Melik y Florencia Zicavo. Asimismo, el informe indica que los funcionarios Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva habrían incurrido en incumplimiento de deberes, dado que su accionar entorpeció las facultades constitucionales e investigativas de la comisión.
El documento también señala que no se recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a pesar de tratarse de una atribución constitucionalmente reconocida.
Perspectivas políticas y viabilidad del juicio político
Si bien la comisión no puede impulsar directamente el juicio político, sus integrantes destacaron que hubo negligencia y ausencia de controles, razón por la cual sugieren evaluar el mal desempeño presidencial. Existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, en tanto el presidente habría promovido un negocio privado contrario al ejercicio ético de sus funciones.
No obstante, el avance de esta iniciativa resulta improbable, especialmente considerando la composición que tendrá la Cámara de Diputados y las comisiones a partir del mes próximo, tras la victoria electoral del oficialismo en las elecciones de medio término.
El gobierno de Milei enfrenta así un escenario complejo: por un lado, debe reconfigurar su estrategia de fortalecimiento financiero con recursos más limitados de los esperados; por otro, afronta cuestionamientos políticos sobre su conducta en el ejercicio de la función pública, aunque con escasas posibilidades de que prosperen institucionalmente.
