El Banco Central de Rusia ha presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra la entidad depositaria belga Euroclear, acusándola de causar pérdidas a la institución dirigida por Elvira Nabiullina y de permitir el uso no autorizado de sus activos. La acción legal se produce en un momento de máxima tensión con la Unión Europea, que acaba de acordar la inmovilización indefinida de 210.000 millones de euros en activos rusos congelados en territorio comunitario, con el objetivo de utilizarlos como garantía para un préstamo de reparación de 90.000 millones de euros destinado a financiar las necesidades de Ucrania en 2026 y 2027.
La demanda rusa: alegaciones de ilegalidad y violación de la inmunidad soberana
La institución monetaria rusa fundamenta su demanda en dos pilares principales. Por un lado, sostiene que Euroclear ha actuado de forma ilegal al impedirle gestionar el efectivo y los valores de su propiedad, causándole pérdidas materiales. Por otro, cuestiona los mecanismos que la Comisión Europea está examinando oficialmente para el uso «directo o indirecto» de los activos rusos sin el consentimiento de su propietario legítimo.
El Banco de Rusia advierte que tales mecanismos «son ilegales, contrarios al derecho internacional y, en particular, violan los principios de inmunidad soberana de los activos». La entidad ha dejado claro que se reserva el derecho, «sin previo aviso», de implementar todas las medidas «legales y de otro tipo» disponibles para proteger sus intereses.
En su comunicado, Moscú amenaza con impugnar incondicionalmente cualquier acción que conduzca al uso no consentido de sus activos ante «tribunales nacionales, órganos judiciales de estados extranjeros y organizaciones internacionales, tribunales de arbitraje y otros órganos judiciales internacionales», con la consiguiente ejecución de las decisiones judiciales en territorio de los Estados miembros de la ONU.
La respuesta europea: inmovilización indefinida mediante el artículo 122
Paralelamente a la ofensiva legal rusa, los países de la Unión Europea alcanzaron el jueves un acuerdo por «aplastante mayoría» para la inmovilización indefinida de los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo comunitario. La decisión representa un paso decisivo antes de la cumbre de líderes europeos prevista para el 18 de diciembre, donde se espera consensuar los detalles finales del préstamo de reparación a Ucrania.
El mecanismo jurídico elegido ha sido la revisión del artículo 122 de los Tratados de la UE, una cláusula excepcional que puede activarse por mayoría cualificada y que anteriormente se había utilizado para hacer frente a emergencias económicas como la pandemia de COVID-19 y la crisis energética. Esta disposición permitirá prohibir cualquier transferencia de los activos a Rusia mientras continúe la guerra, sorteando así la amenaza de veto que Hungría presenta habitualmente en decisiones relacionadas con Ucrania.
La Comisión Europea ha argumentado que las ondas expansivas desatadas por la invasión rusa han causado un «grave impacto económico» para la UE en su conjunto, provocando «graves interrupciones del suministro, mayor incertidumbre, aumento de las primas de riesgo, disminución de la inversión y del gasto de los consumidores», además de innumerables ataques híbridos en forma de incursiones de drones, sabotajes y campañas de desinformación.
El préstamo de reparación: 90.000 millones de euros garantizados por activos rusos
La inmovilización de los activos rusos constituye la piedra angular del ambicioso plan europeo para financiar a Ucrania. La propuesta de la Comisión Europea consiste en recurrir a la liquidez de estos activos —la mayoría de los cuales se encuentran en Euroclear, con sede en Bélgica— para respaldar un préstamo de reparación de 90.000 millones de euros que cubrirá las necesidades de financiación de Kiev durante los próximos dos años.
La estructura financiera del mecanismo resulta particularmente innovadora: Ucrania sólo tendrá que devolver el préstamo si Moscú cesa la guerra y compensa al país económicamente a la altura de los daños provocados. Según la prohibición acordada, los 210.000 millones de euros se liberarán únicamente cuando las acciones de Rusia «hayan dejado objetivamente de plantear riesgos sustanciales» para la economía europea y Moscú haya pagado reparaciones a Ucrania «sin consecuencias económicas y financieras» para el bloque.
De los 210.000 millones de euros inmovilizados, 185.000 millones se encuentran depositados en Euroclear, mientras que los 25.000 millones restantes se mantienen en bancos privados de Francia, Alemania, Suecia, Chipre y Bélgica. La Comisión ha propuesto dividir las garantías en dos tramos de 105.000 millones de euros cada uno para cubrir la totalidad de los activos.
Las objeciones belgas: mutualización de riesgos y garantías de liquidez
A pesar del acuerdo alcanzado, persisten importantes tensiones en torno a los aspectos técnicos de la operación. Bélgica, país donde se encuentra la sede de Euroclear, ha presentado decenas de páginas de enmiendas a los textos legales y ha establecido tres condiciones fundamentales para dar su bendición definitiva al plan.
La primera condición es la plena mutualización de los riesgos por parte de todos los Estados miembros. Bruselas busca una cobertura que podría superar los 210.000 millones de euros y combinarse en un solo tramo, ante la preocupación por posibles laudos judiciales adversos. La perspectiva de conceder garantías indefinidas, sin embargo, se considera inviable por otros socios europeos.
La segunda exigencia belga son las garantías de liquidez para Euroclear. A Bélgica le preocupa que, si los activos se liberan prematuramente, la institución financiera no pueda hacer frente a su reclamación legal al Banco Central ruso y sea considerada responsable de incumplimiento de contrato. Como salvaguardia, la Comisión ha ofrecido prestar dinero a los Estados miembros que tengan dificultades para reunir rápidamente el efectivo necesario para sus garantías, si estas se activan, después de que el Banco Central Europeo se negara rotundamente a proporcionar este respaldo.
La tercera condición es el reparto completo de la carga, lo que implica poner en común tanto los 185.000 millones de euros depositados en Euroclear como los 25.000 millones depositados en bancos privados. Esta última exigencia resulta particularmente espinosa, dado que no está claro hasta qué punto Francia —que posee unos 18.000 millones de euros— está dispuesta a participar, considerando que la privacidad y el secreto son principios sacrosantos en el sector bancario.
El primer ministro belga, Bart De Wever, ha expresado públicamente sus dudas sobre la idoneidad de la disposición del artículo 122 y la existencia de una emergencia económica que la justifique. «Se trata de dinero procedente de un país con el que no estamos en guerra», declaró De Wever ante el Parlamento belga. «Sería como entrar en una embajada, sacar todos los muebles y venderlos».
Implicaciones geopolíticas y preocupaciones por el control estadounidense
Más allá de las complejidades técnicas y jurídicas, el acuerdo europeo responde también a preocupaciones geopolíticas de calado. La inmovilización a largo plazo de los activos rusos bajo jurisdicción europea surge en medio de la inquietud de que Estados Unidos pueda buscar el control de estos fondos congelados y utilizarlos en un futuro acuerdo con Moscú mientras negocia el fin de la guerra.
La decisión de utilizar el artículo 122, que sólo requiere mayoría cualificada y prescinde del Parlamento Europeo, contrasta con el régimen de sanciones estándar previo, que dependía de la unanimidad de los 27 Estados miembros y resultaba vulnerable a los vetos individuales. Este cambio institucional refuerza la capacidad de acción autónoma de la UE en un contexto geopolítico incierto.
Perspectivas de la cumbre decisiva del 18 de diciembre
Los líderes de la Unión Europea se enfrentan ahora a la tarea de resolver todas estas cuestiones pendientes antes de la cumbre del 18 de diciembre, donde deberán consensuar cómo recaudar los 90.000 millones de euros comprometidos para cubrir las necesidades presupuestarias y militares de Ucrania para 2026 y 2027.
El objetivo declarado por los diplomáticos europeos es «poner la inmovilización de los activos sobre una base más sostenida para no tener que renovar la inmovilización cada seis meses», implementando así la decisión previa del Consejo Europeo de que los activos deben permanecer inmovilizados hasta que Rusia haya pagado los daños de guerra.
Mientras tanto, ni Euroclear, ni el gobierno belga, ni la Comisión Europea han respondido públicamente a la demanda presentada por el Banco Central de Rusia. Los funcionarios rusos, por su parte, han reiterado en varias ocasiones que cualquier acción europea en este sentido recibirá «la reacción más severa».
La disputa sobre los activos rusos congelados se perfila así como un nuevo frente en el enfrentamiento entre Rusia y Occidente, con implicaciones jurídicas, financieras y geopolíticas que trascienden el conflicto en Ucrania y plantean interrogantes fundamentales sobre los límites del derecho internacional en situaciones de conflicto armado.
