Representantes del Ministerio de Hacienda, la Secretaría Técnica de Planificación (STP) y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se reunieron para analizar los avances del proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Suministro y Contrataciones Públicas.

Según explica el boletín de Hacienda, la normativa busca mejorar la calidad del gasto público y la reforma del Estado. En ese sentido, la titular del STP, Viviana Casco señaló que se procedió a la conformación de una mesa de trabajo para ultimar los detalles del proyecto de ley durante las próximas dos semanas, a fin de presentar la propuesta al Congreso en marzo.

Añadió que la DNCP trabaja desde hace tiempo en un proyecto para modificar el sistema de compras y que, a pedido de Hacienda, se compartió el documento con expertos internacionales a fin de reunir y considerar buenas prácticas en la materia.

Casco precisó que el proceso de revisión surgió a partir de la necesidad de ampliar el concepto del sistema de compras y el sistema de suministro, que consta de varias etapas. Una de ellas se trata de la planificación, que permitirá realizar una evaluación real de las necesidades en las instituciones; otra etapa es la de selección de la modalidad de compra, que debe estar fundamentada por un estudio de mercado, conforme al bien o servicio a adquirir.

Por otra parte, Casco explicó en la etapa de contrataciones públicas se sugieren ajustes dentro de los procesos actuales, y se prevé una mayor participación de la DNCP, específicamente en la gestión de compras.

Como corolario, la titular de la STP subrayó la importancia del rol que cumplirá el Ministerio de Hacienda en cuanto a la definición de la política del gasto público, considerando que es la institución encargada de todo el sistema de suministro público; y la del DNCP, por su parte, en el proceso de compras públicas.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Justicia suscribieron un memorándum de entendimiento para la promoción de la seguridad jurídica y protección de las inversiones para atraer capitales al país.

Durante el acto, el ministro del MIC, Luis Castiglioni, destacó que el fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad jurídica es un factor clave para las inversiones y destacó el trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia.

Por su parte, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, manifestó el compromiso de la institución que preside para colaborar con los trabajos emprendidos por el MIC y por la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).

“Si bien tenemos un concepto, que la seguridad jurídica solamente es un acto del Poder Judicial, hay otros aspectos que deben involucrarse y estamos para eso”, puntualizó.

A su turno, la directora de REDIEX, Estefanía Laterza, señaló que la seguridad jurídica para la institución es clave para atraer inversiones y beneficia “a todo el ecosistema de comercio, producción, emprendedurismo, de industria que hay en el Paraguay”.

“Celebramos que el Ministerio de Justicia se sume a ese trabajo que se está haciendo, de facilitación de firma de negocios, contribuyendo con nosotros en esta tarea de hacer conocer al Paraguay, y de lograr que el país se pueda potenciar hacia el exterior”.

Agregó que se busca hacer conocer al Paraguay a través de las actividades con potencial creativo y productivo de las empresas y emprendedores nacionales para impulsar su desarrollo y crecimiento.

En el memorándum se destacan objetivos como: Identificar las áreas y tareas específicas para la cooperación mutua; Trabajar coordinadamente intercambiando información y experiencias respecto a los temas de seguridad jurídica, Estado de Derecho y protección de las inversiones; Intercambiar información, textos, registros y experiencias respecto del marco jurídico que regula las inversiones en el Paraguay; Fortalecer las relaciones existentes entre el MIC y el MJ, y presentar propuestas conjuntas al Ejecutivo y/o otra dependencia nacional que busque potenciar el clima de negocios y la seguridad jurídica en el Paraguay.

La Caja Fiscal inició el 2021 con un déficit de Gs. 89.314 millones, equivalente al 31%, debido a la diferencia entre ingresos y egresos que alcanzaron Gs. 196.769 millones y Gs. 286.082 millones, respectivamente, según datos del Ministerio de Hacienda.

El informe detalla que el sector civil, compuesto por maestros, históricamente arrastra un déficit que en el primer mes fue del 47%, lo cual representa Gs. -57.158 millones, erogación que se cubre mensualmente con los aportes de los demás componentes del sector que son empleados públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios, que siempre mantienen una situación superavitaria. A enero de este año presentan 73%, 42% y 21%, respectivamente.

El sector de las Fuerzas Públicas, compuesto por militares y policías, sigue manteniendo un elevado déficit de 73% y 54%, respectivamente, lo que representa en conjunto G. -68.365 millones al cierre de enero del presente ejercicio fiscal. El monto deficitario se abona con Recursos del Tesoro, es decir, con los impuestos percibidos por el Fisco.

Asimismo, el informe señala que, actualmente, existen 223.539 aportantes activos de la Caja Fiscal y 67.186 jubilados. De esta cantidad, 48.540 jubilados, entre maestros, policías y militares, son los que arrastran las pérdidas mensuales, tanto para el sector civil como para el Tesoro Público.

Por otra parte, Hacienda señala que desarrolla una “revisión profunda” de la Caja Fiscal para asegurar la equidad y la sostenibilidad de la misma, debido a que el sistema previsional representa retos en cuanto a la sustentabilidad actuarial y en gran medida la evolución demográfica plantea desafíos, por lo que la edad de jubilación y el aumento de los beneficios sin los ajustes requeridos en cuanto a la fuente de financiamiento conllevarán riesgos de sostenibilidad financiera.

De acuerdo con el ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Bertoni, unos 600 productores estaría interesados en el cultivo innovador del cáñamo industrial.

Así lo explicó tras una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y los ministros de Salud, Julio Mazzoleni; de Industria y Comercio, Luis Castiglioni; de SENAD, Zully Rolón: y miembros de la Cámara Paraguaya de Cannabis Industrial, en el Palacio de Gobierno.

Bertoni explicó que el propósito de la reunión fue analizar el proceso de siembra del cáñamo industrial, que podría intensificarse a partir de marzo. Agregó que la intención es exportar una vez que el producto esté industrializado internamente.

“El MAG tiene bajo su competencia el cáñamo industrial conjuntamente con la SENAD, el MIC, el IPTA y el SENAVE y como a nosotros nos compete pueden ser 3 productos: fibra, fibra textil, granos, semillas y también la parte de extracto vegetal. Si tenemos en el ministerio ya más de 600 pequeños productores registrados y vamos a seguir con este proceso a medida que se inicie la fecha que pensamos a lanzar, que va ser probablemente a primera semana de marzo”, refirió.

Asimismo, señaló que el objetivo es sembrar todo aquello que pueda ser colocado y que dependerá de la demanda de los interesados.

“Eso va ser un proceso gradual, la intención es que se siembre todo aquello que pueda ser colocado y va depender de la demanda de las autorizaciones, porque nosotros queremos que sea un producto que no tenga problema de comercialización. Las empresas tienen que firmar un contrato con el productor en los cuales se comprometen a la compra de todo producto en un precio preestablecido”, puntualizó el titular del MAG.  

Por otra parte, manifestó que se busca exportar a mercados internacionales, una vez industrializado en Paraguay, y expresó que los interesados en explotar el cáñamo deberán registrarse ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Remarcó que los interesados en el cáñamo deben presentar una nota para que puedan ser registrados y puedan ser vinculados con una de las empresas autorizadas.

“Para los productores interesados en el cáñamo, hay un registro. Ellos presentan una nota solicitando sean registrados, porque cada producto tiene que estar georeferenciado, de manera que las autoridades puedan calificarlo con cabalidad y con esto se le vincula a una de las empresas autorizadas, de manera que puedan percibir las semillas y los contratos para la compra del producto final”, agregó.