La confrontación militar entre Estados Unidos e Irán ha acumulado un costo de 38.000 millones de dólares en apenas cinco meses, de acuerdo con un informe difundido el martes 15 de septiembre por la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), el organismo contable no partidista que fiscaliza el gasto federal. La cifra, calculada con datos hasta el 1 de agosto, no representa un techo: la propia CBO proyecta que el gasto seguirá creciendo entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por cada mes adicional que se prolongue el conflicto, además de un impacto inflacionario del 0,5% durante el primer trimestre de 2027.
El monto calculado por la oficina del Congreso guarda estrecha correspondencia con los 37.500 millones de dólares que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconoció ante el Senado el 21 de julio, lo que refuerza la fiabilidad de la estimación pese a que, según precisó la CBO, el Departamento de Defensa no cooperó plenamente con los auditores del Congreso durante la elaboración del informe.
Una factura que crece: lo que el informe todavía no contempla
El reporte de la CBO advierte que la cifra de 38.000 millones de dólares es, en realidad, un piso y no un techo. El documento excluye de manera explícita los costos derivados de los recientes ataques contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz, las incursiones contra instalaciones militares estadounidenses en la región y, un elemento especialmente relevante desde el punto de vista fiscal, los intereses del endeudamiento contraído para financiar la guerra, que por sí solos podrían añadir decenas de miles de millones de dólares al total.
A este panorama se suma un dato de contexto macroeconómico: la deuda nacional de Estados Unidos superó los 40 billones de dólares en agosto, lo que sitúa el costo bélico dentro de un cuadro fiscal ya tensionado. Paralelamente, las disrupciones energéticas provocadas por los ataques en el estrecho de Ormuz y contra instalaciones petroleras del golfo Pérsico han presionado al alza los precios de la energía tanto para consumidores como para productores a escala global, un factor que retroalimenta la proyección inflacionaria señalada por la propia CBO.
El verdadero cuello de botella: años para reponer misiles críticos
Más allá del impacto presupuestario inmediato, el informe pone el foco en un problema estructural de mayor alcance: el vaciamiento de las reservas de municiones estadounidenses. La CBO estima que el Pentágono podría necesitar hasta cinco años para restituir los inventarios consumidos durante el conflicto. En agosto, una investigación de Reuters ya había revelado que Estados Unidos utilizó «prácticamente todos» sus misiles de precisión de largo alcance en la campaña contra Irán.
El desgaste resulta particularmente severo en los sistemas de defensa antiaérea, entre ellos los interceptores Patriot PAC-3 MSE y THAAD, cuyas existencias se encuentran en niveles críticamente bajos debido a los continuos ataques iraníes contra fuerzas estadounidenses en la región. Según estimaciones citadas en los análisis técnicos incorporados al debate, reponer los misiles PAC-3 MSE, THAAD y los Tomahawk de ataque terrestre (TLAM) perdidos podría insumir entre dos y cuatro años de producción, incluso operando a los ritmos máximos actuales de las plantas industriales.
Los plazos de entrega —el tiempo que transcurre entre la orden de compra y la llegada de la primera unidad a las fuerzas armadas— agravan el diagnóstico: un PAC-3 MSE demora más de dos años y medio, un THAAD casi tres años, y un TLAM supera los tres años. En este escenario, una recomposición realista de los arsenales recién sería visible hacia 2029, una vez concluido el actual mandato presidencial, un horizonte que contradice las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre una reposición inminente.
Un patrón histórico: las municiones, la variable de ajuste del Pentágono
El informe recuerda que, tradicionalmente, las partidas destinadas a municiones han sido las primeras en sacrificarse cuando el Pentágono ajusta su presupuesto, en favor de la adquisición de buques de guerra, tanques y aviones de combate. Ese patrón explica en buena medida la escasez actual de misiles de defensa aérea y de largo alcance. El caso del misil Tomahawk (TLAM) resulta ilustrativo: la Marina estadounidense no realizó nuevas compras en 2019, 2024 ni 2025, una discontinuidad que, según el análisis, desalienta a los fabricantes a expandir su capacidad productiva ante el riesgo de quedar con exceso de inventario no demandado.
La apuesta presupuestaria de 2027 choca con los límites de la industria
La solicitud presupuestaria del Pentágono para el año fiscal 2027 contempla volúmenes de adquisición de municiones muy superiores a los de años recientes, aunque gran parte de esa partida queda fuera del presupuesto base, lo que traslada al Congreso la responsabilidad de aprobar el financiamiento mediante un proceso de conciliación presupuestaria.
Un ejemplo concreto expone la brecha entre las metas oficiales y la capacidad real de producción: el presupuesto de 2027 prevé la adquisición de 857 misiles THAAD, una cifra que equivale a nueve años de producción al ritmo actual de 96 unidades anuales, o a poco más de dos años incluso si se alcanzara la ambiciosa meta de 400 misiles por año, un objetivo que la industria de defensa aún no ha demostrado poder sostener.
El Pentágono ha firmado acuerdos marco plurianuales con contratistas de defensa para incentivar la ampliación de la producción, pero estos compromisos carecen de carácter vinculante hasta que se traducen en contratos formales, algo que, según el informe, solo ha ocurrido en un número reducido de casos. Washington apuesta a que la simple señal de demanda futura sea suficiente para que las empresas inviertan capital propio en nuevas plantas y contratación de personal, una estrategia cuyo éxito luce incierto sin contratos firmes que resuelvan cuellos de botella históricos, como los vinculados a motores de cohete de combustible sólido, sistemas de guiado y materiales energéticos.
Daños materiales y pedido de fondos de emergencia
El cuadro se completa con un informe del inspector general del Pentágono difundido esta misma semana, que documenta cientos de edificios dañados o destruidos en bases estadounidenses en Oriente Medio, además de aeronaves de combate, aviones cisterna y drones afectados. Según ese documento, al 19 de junio el total de daños provocados por el conflicto ascendía a 33.400 millones de dólares, cifra que incluye 184 millones de dólares en perjuicios a instalaciones diplomáticas por ataques iraníes.
Ante este panorama, Hegseth solicitó en julio ante el Senado un fondo de emergencia de casi 90.000 millones de dólares para reabastecer las reservas de municiones, advirtiendo que, sin ese financiamiento, Estados Unidos «se enfrentaría a un déficit extremadamente grave».
La versión oficial: entre la negación y la promesa de capacidad plena
Pese a la contundencia de los datos técnicos, los voceros del Gobierno estadounidense han rechazado de forma sistemática las advertencias sobre escasez de armamento. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, calificó los ataques contra Irán como «acciones decisivas» para disuadir a Teherán, y aseguró que las fuerzas armadas «cuentan con municiones y suministros suficientes para cumplir cualquier objetivo estratégico del comandante en jefe». En sintonía, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, sostuvo que el país tiene «todo lo necesario para atacar en el momento y lugar que elija el presidente».
Un desajuste estructural que trasciende el corto plazo
El informe de la CBO deja planteado un dilema de fondo para la planificación militar estadounidense: el ritmo de consumo de municiones críticas supera ampliamente la capacidad industrial de reposición, justo cuando Washington intenta, al mismo tiempo, preparar sus arsenales para eventuales conflictos futuros. Que las fábricas estadounidenses estén produciendo más, como sostiene Trump, no equivale a que produzcan lo suficiente ni con la velocidad que exige el escenario actual. La combinación de un costo bélico creciente, una deuda pública que ya supera los 40 billones de dólares, presiones inflacionarias previstas para 2027 y una base industrial de defensa con plazos de reposición medidos en años configura, según el propio organismo fiscalizador del Congreso, un riesgo que excede lo estrictamente militar para instalarse en el centro del debate económico y fiscal estadounidense.
