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miércoles, septiembre 30, 2026

La DNIT propone un régimen gradual para los vehículos eléctricos y estima una recaudación de hasta USD 30 millones

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El proyecto del Ejecutivo prevé una tributación reducida hasta 2032 y un régimen pleno desde 2033. Llega en un año en que la recaudación crece muy por debajo de lo previsto.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) prepara un proyecto de ley que modifica el trato fiscal a los vehículos eléctricos e híbridos. Según el titular del organismo, Óscar Orué, la iniciativa ya fue presentada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y deberá ser remitida al Congreso Nacional para su tratamiento.

Hoy estos vehículos gozan de una exoneración total, amparada en la Ley 6925 de 2022, cuyo objetivo era incentivar la incorporación de autos eléctricos al mercado paraguayo y aprovechar la energía disponible en el país. Las autoridades tributarias sostienen que el escenario automotor cambió desde entonces. La oferta en las importadoras es mayor y el consumidor ya puede elegir con más libertad entre modelos eléctricos y de combustión.

En una primera comunicación, a mediados de septiembre, la DNIT habló de «eliminar» la exoneración. En las semanas siguientes el planteamiento se precisó. El texto no apunta a suprimir de golpe el incentivo, sino a reemplazarlo por una carga reducida y progresiva.

Cómo funcionaría el nuevo esquema

Según el director nacional de la DNIT, los vehículos eléctricos terminados tributarían con el 50% del Arancel Externo Común (AEC) que corresponda a su posición arancelaria, más un IVA del 5%. Ese tratamiento regiría en la importación y en la primera venta realizada por el importador o fabricante. Las ventas posteriores quedarían alcanzadas por la tasa general del 10%.

El gerente de Aduanas de la DNIT, Juan Olmedo, describió el esquema con una tasa efectiva del 5% de IVA y un arancel del 10% sobre el valor de importación. El régimen reducido se mantendría hasta el 31 de diciembre de 2032. Desde el 1 de enero de 2033 se aplicarían el AEC completo, que Olmedo situó en 20%, y el IVA general del 10%.

La vigencia comenzaría al día siguiente de la publicación de la ley en la Gaceta Oficial, si el Congreso la aprueba. Para la administración tributaria, una fecha cierta permitiría programar sus sistemas y daría previsibilidad a importadores, fabricantes y consumidores.

Un cálculo de recaudación de entre USD 15 y 30 millones

La DNIT estima que el nuevo régimen aportaría unos USD 15 millones en el primer año y hasta USD 30 millones en el último tramo de implementación. La proyección considera el IVA a la importación, el derecho aduanero y el IVA a la comercialización. También incorpora el crecimiento natural de las importaciones, la demanda interna potencial y el escenario cambiario, marcado por la apreciación del guaraní.

El titular de la institución remarcó que el objetivo no es únicamente recaudatorio. Sostuvo que se trata de actualizar la política de movilidad eléctrica para hacerla fiscalmente sostenible, administrativamente más simple y técnicamente más precisa. Además, planteó que la medida no crea un impuesto nuevo, sino que retira de forma progresiva una exención existente.

Híbridos: el punto más sensible del debate

Orué cuestionó con especial énfasis el alcance del beneficio para los híbridos. A su juicio, el crecimiento de sus importaciones ya incide en la recaudación, y muchos de los modelos que ingresan son costosos y no tributan. Señaló que, a diferencia de los eléctricos puros, estos vehículos conservan un sistema de combustión interna, por lo que no deberían recibir idéntico tratamiento. Habló de un «desequilibrio» y calificó la situación de «injusta».

El proyecto establece una distinción técnica. Quedan comprendidos los híbridos con un motor eléctrico capaz de propulsar el vehículo junto al motor a combustión. Los microhíbridos o híbridos ligeros quedan excluidos, porque su sistema eléctrico solo asiste al motor térmico y no puede mover la unidad por sí solo.

El gerente de Aduanas añadió un argumento de equidad. Los compradores de autos convencionales pagan la totalidad de los impuestos, mientras que hay vehículos eléctricos de alta gama que no abonan nada.

Incentivo para el ensamblaje local

La propuesta mantiene un beneficio para la industria. Los insumos destinados exclusivamente a la producción o el ensamblaje local conservarían una exoneración integral del impuesto aduanero y del IVA durante diez años, siempre que se cumplan las condiciones de la Política Automotriz Nacional.

De este modo, el proyecto crea un diferencial a favor de la producción local. El vehículo terminado pasa a tributar de forma atenuada, mientras que los componentes para ensamblaje siguen protegidos. Al mismo tiempo, se derogan los artículos 11 y 35 de la norma vigente, que otorgan beneficios específicos a repuestos y componentes para centros de recarga. El enfoque es concentrar los incentivos en determinadas actividades en lugar de suprimirlos por completo.

Precios e importaciones: una incógnita abierta

La DNIT evitó anticipar cifras sobre el efecto en los precios o en el volumen de unidades importadas. Considera que no sería técnicamente prudente fijar un porcentaje de aumento o de caída. Ese resultado dependerá de la elasticidad de la demanda, los márgenes comerciales, el tipo de cambio, la composición de los modelos y la capacidad de importadores y concesionarios para absorber o trasladar el costo tributario.

La apreciación del guaraní juega aquí un papel ambivalente. Abarata en moneda local el costo de importación, lo que podría amortiguar parcialmente el impacto del nuevo régimen sobre el precio final.

La objeción del sector importador

El Centro de Importadores del Paraguay, a través de su presidente, Iván Dumot, cuestionó el proyecto. Sostuvo que gravar a los vehículos eléctricos e híbridos es un contrasentido frente al objetivo del propio Gobierno de reducir la dependencia de los combustibles importados. Desde el sector señalaron que el plan de la DNIT reduce beneficios fiscales que habían sido concebidos para impulsar la electromovilidad.

El debate legislativo estará atravesado por esta tensión entre la necesidad de ingresos y la coherencia de una política energética que promueve el uso de la electricidad generada en el país.

Un contexto de recaudación por debajo de lo esperado

La iniciativa se presenta en un momento de menor dinamismo en los ingresos tributarios. Orué explicó que la recaudación sigue con resultados positivos, aunque por debajo de las expectativas. Se esperaba un crecimiento cercano al 10%, pero la proyección actual ronda el 3%. Atribuyó la diferencia al comportamiento de variables como el tipo de cambio y a la menor recaudación en Aduanas.

En ese marco, la administración tributaria busca aumentar ingresos sin subir impuestos, mediante el ajuste de exenciones específicas. Los USD 30 millones proyectados son una cifra acotada frente a la brecha entre lo esperado y lo observado, pero reflejan esa lógica de corrección por la vía de los beneficios fiscales.

Reservas facultativas: el segundo frente

Junto con el proyecto sobre vehículos eléctricos, la DNIT anunció una reglamentación para establecer un control más efectivo sobre las utilidades en reservas. Según Orué, se detectan casos en que determinadas empresas, en particular las de mayor tamaño, harían un uso abusivo de esta figura para evitar tributos. El organismo busca mecanismos que permitan un mayor control tributario sobre esas operaciones. Orué indicó que estos dos son los únicos proyectos que la DNIT impulsará por ahora en el ámbito tributario.

Trámite parlamentario y desafíos de la reforma

El proyecto todavía debe completar su paso por el MEF y ser remitido al Congreso, donde se definirá el alcance final de la reforma. Los legisladores tendrán que ponderar los incentivos a la movilidad eléctrica, la equidad frente a quienes compran vehículos de combustión y el impacto sobre importadores y consumidores. También deberán considerar la necesidad de fortalecer una recaudación que crece mucho menos de lo previsto.

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