El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) celebraron una reunión de alto nivel en la que colocaron en el centro del debate uno de los proyectos tributarios más polémicos del año: la reglamentación del uso de las reservas facultativas empresariales. El encuentro, encabezado por el titular del MEF, Óscar Lovera, y el director nacional de la DNIT, Óscar Orué, sirvió para revisar la coyuntura de los ingresos tributarios y definir los próximos pasos de una iniciativa que busca cerrar lo que el propio Orué describió como una brecha significativa en la recaudación del Estado paraguayo.
Según los datos expuestos por la DNIT, el total de ganancias acumuladas por las empresas sin distribuir asciende a USD 9.500 millones. Aplicando sobre ese monto la tasa del 8% correspondiente al Impuesto a los Dividendos (IDU), el Estado podría recaudar aproximadamente USD 700 millones. En un escenario más conservador, si al menos el 50% de esas utilidades se distribuyera, el ingreso fiscal rondaría los USD 350 millones. Orué precisó además que incluso llegar a un mínimo de USD 100 millones ya representaría un avance relevante para las finanzas públicas.
El foco del plan: límites, no plazos
Uno de los aspectos que generó mayor confusión en etapas anteriores del debate fue la posibilidad de que el Gobierno fijara plazos obligatorios para la distribución de esas ganancias. Orué aclaró que esa no es la dirección que tomará el proyecto. «Más que periodos, lo que queremos hacer es establecer límites respecto a la utilización y la forma», subrayó el director de la DNIT, quien enfatizó que el equipo técnico está trabajando en conjunto con el MEF para afinar esa distinción antes de presentar una propuesta definitiva.
El funcionario insistió en que el objetivo no es crear una nueva ley ni incrementar las tasas impositivas vigentes, sino garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya existentes. «No queremos impulsar ninguna nueva ley, no queremos aumentar las tasas impositivas, pero sí lo que queremos es que se pague lo que se tiene que pagar, nada más», afirmó Orué. En ese marco, la DNIT señaló que viene analizando el comportamiento de las ganancias retenidas en los últimos ocho o nueve años, período que sirve como base para dimensionar el alcance del problema y la necesidad de una intervención regulatoria.
El diálogo como eje del proceso
Ante las críticas recibidas desde distintos sectores, el Gobierno optó por una estrategia de negociación amplia antes de concretar cualquier norma. La DNIT ya mantuvo reuniones con ex ministros de Hacienda, economistas y referentes de opinión. Para la jornada posterior a la reunión con el MEF, estaba previsto un encuentro con la Unión Industrial Paraguaya (UIP), instancia en la que se esperaba abordar los últimos detalles del proyecto.
«La idea es socializar con todos los sectores y el diálogo para mí es muy importante en este tema, y una vez que podamos hablar con todos los sectores, vamos a estar posteriormente ya tomando la decisión y vamos a afinar el proyecto», expresó Orué, dejando en claro que el Ejecutivo no pretende avanzar de forma unilateral sobre una materia que afecta directamente a la estructura financiera de las empresas.
Voces críticas desde el sector privado y profesional
La propuesta no tardó en generar reacciones adversas. La directora de Educación del Colegio de Contadores del Paraguay, Alba Talavera, advirtió que la medida podría derivar en un efecto contrario al buscado: ante la amenaza de tributar sobre utilidades no distribuidas, muchas empresas podrían optar por capitalizar esas ganancias en lugar de repartirlas, esquivando así el impuesto. Talavera señaló también que un número importante de firmas no cuenta con la liquidez necesaria para afrontar ese pago, aun cuando sus balances reflejen cifras considerables, dado que esos fondos están comprometidos en inversiones o en previsiones para compras futuras. «Si no tienen liquidez, tendrían que endeudarse para cumplir con el Fisco, lo que no tiene lógica y genera un cuello de botella financiero», advirtió.
Por su parte, el presidente de la UIP, Enrique Duarte, fue directo en su valoración: calificó la iniciativa de «inoportuna» y sostuvo que envía una «señal equívoca» a la economía. La postura del sector industrial refleja el malestar de un empresariado que percibe en la medida una intromisión en el derecho privado de las compañías a decidir libremente sobre el destino de sus utilidades, argumento que también fue esgrimido por quienes señalan la posible inconstitucionalidad de la iniciativa.
La nueva exigencia contable y el plazo extendido
En paralelo al debate sobre las ganancias retenidas, la DNIT también administra el impacto de la Resolución RG 49, que obliga a los contribuyentes a ampliar la información declarada sobre utilidades empresariales en sus estados financieros. La norma apunta a dotar al fisco de una radiografía más precisa del estado contable de las compañías, lo que permitirá realizar controles focalizados para verificar si esas ganancias siguen disponibles o si ya fueron utilizadas y permanecen registradas únicamente en los balances. Como concesión ante la presión de los contribuyentes, la presentación de esos documentos fue postergada al mes de junio, otorgando un margen adicional a las empresas para adecuarse a la nueva exigencia.
Abril cierra con un alza del 13% en la recaudación
En otro orden, Orué informó que el mes de abril concluye con resultados positivos en materia tributaria. Hasta la fecha de la reunión, la recaudación registraba un incremento del 13%, impulsado principalmente por el comportamiento de los impuestos internos y por el vencimiento del Impuesto a la Renta Empresarial. No obstante, el director reconoció que el sector aduanero continúa mostrando números negativos, situación que atribuye al efecto del tipo de cambio sobre los niveles de ingreso del Estado. Orué destacó además que la Resolución 46, que amplía las declaraciones dentro de los estados financieros, podría contribuir a mejorar aún más la recaudación en los próximos meses al facilitar controles más específicos sobre el estado real de las ganancias empresariales acumuladas.
La confluencia de estos factores —el avance del plan sobre utilidades retenidas, los resultados positivos de abril y la coordinación entre la DNIT y el MEF— configura un escenario en el que el Gobierno intensifica sus esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas sin recurrir a nuevos tributos, apostando en cambio a una mayor eficiencia en el cobro de los que ya existen.
