El escándalo por el criptoactivo $LIBRA suma un capítulo decisivo. Un grupo de aproximadamente 30 ahorristas, que se consideran víctimas de una maniobra de estafa, decidió iniciar una demanda civil por daños y perjuicios contra los imputados en el expediente penal que investiga el lanzamiento y la promoción del token, entre los cuales figuraría el propio presidente Javier Milei. La decisión llega después de que la audiencia de mediación prejudicial, convocada de manera obligatoria antes de litigar, terminara sin acuerdo entre los representantes de los damnificados y los abogados de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los principales investigados en la causa.
El abogado Nicolás Oszust, quien representa a los inversores perjudicados, confirmó que el reclamo se presentará en el fuero civil y que buscará resarcir las pérdidas patrimoniales sufridas a raíz del derrumbe del valor del token. Aunque el monto exacto de la demanda todavía no fue definido, trascendió que la cifra será millonaria, en línea con la magnitud del esquema que, según la investigación, permitió retirar cerca de 100 millones de dólares a través de un número reducido de direcciones de billeteras digitales.
La nómina de demandados aún se termina de definir
Según pudo saberse por fuentes cercanas a la representación legal de los ahorristas, en las próximas horas quedará cerrada la lista completa de las personas que serán llevadas a juicio en sede civil, así como el monto preciso del reclamo. Entre los nombres que se manejan, además de Milei, podrían incluirse otros funcionarios y empresarios que ya figuran como imputados en el expediente penal. La estrategia de los damnificados apunta a sostener que la difusión pública del activo digital generó expectativas de inversión que luego derivaron en pérdidas económicas concretas para quienes compraron el token, un argumento que deberá probarse ante los tribunales civiles con estándares distintos a los del proceso penal.
La audiencia clave del 10 de agosto
En paralelo al reclamo patrimonial, la causa penal continúa su curso en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la próxima semana se realizará una audiencia que podría resultar determinante para el futuro del expediente. La Sala I de la Cámara Federal porteña fijó para el 10 de agosto la audiencia en la que los querellantes apartados de la causa —representados por Oszust y por Juan Grabois— insistirán ante los jueces para recuperar ese carácter y continuar impulsando la investigación.
La resolución que allí se adopte no es un dato menor: si los querellantes no son reincorporados, el impulso procesal de la causa quedaría exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuya actuación ha sido cuestionada por los propios damnificados. Para los apelantes, mantenerlos fuera del proceso equivaldría a consolidar lo que definen como un vacío de control sobre el expediente.
La composición del tribunal agrega otra capa de incertidumbre. La Sala atraviesa un proceso de renovación que afecta a los jueces Carlos Mario Bruglia y Eduardo Farah —trasladados a ese fuero durante el gobierno de Mauricio Macri—, mientras que la jueza Mariana Bertuzzi continuaría en su cargo, ya que el Poder Ejecutivo remitió su pliego al Congreso para convertirla en titular del tribunal. Si el recambio no se concreta antes de agosto, el planteo de los querellantes podría terminar siendo resuelto por la actual integración de la Sala.
Por qué un juez apartó a los querellantes
La discusión sobre la participación de los damnificados como querellantes no es nueva. Semanas atrás, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a una excepción de falta de acción planteada por la defensa de Novelli y dispuso apartar del expediente a los particulares damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo, quienes desde entonces participan del proceso solo como presuntos damnificados, sin las facultades procesales de un querellante.
En su resolución, el magistrado sostuvo que los denunciantes no lograron acreditar un perjuicio «real, especial, singular y directo», requisito que la ley procesal exige para reconocer la condición de particular damnificado. Martínez De Giorgi consideró que los elementos aportados —enlaces y alegaciones sobre la tenencia o administración de claves privadas— resultaban insuficientes para probar la titularidad de las billeteras digitales por las que se reclama. El juez fue más allá al señalar que, aun cuando ciertos inversores hubieran sufrido pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, esa circunstancia no basta por sí sola para configurar el perjuicio directo que exige la norma, ni para vincularla de manera concreta con el accionar de los investigados.
Ese razonamiento judicial se apoya, en parte, en la naturaleza del activo involucrado: según el criterio del magistrado, los hechos se desarrollaron en torno a un instrumento financiero que opera en un terreno de regulación limitada y alto riesgo, una caracterización que no es menor a la hora de definir responsabilidades legales en un mercado, como el de las criptomonedas, todavía carente de marcos normativos específicos en la Argentina.
El rastreo del dinero: de las billeteras «Team Libra» a los grandes exchanges
Uno de los desarrollos más relevantes de la investigación penal es el trabajo pericial sobre el circuito de fondos. Peritos del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina reconstruyeron una secuencia de movimientos que se origina en las billeteras identificadas como «Team Libra Wallets» y que, a través de distintas direcciones intermedias, llega a plataformas de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, Fixed Float y Bridge Finance. Desde allí, según el informe, los fondos se distribuyeron hacia direcciones vinculadas a exchanges centralizados de alcance global, entre ellos Binance, Bybit, OKX y CoinEx, además de un conjunto de billeteras agrupadas bajo la denominación «Expuestos en X».
Los especialistas concluyeron que los elementos reunidos permiten establecer una vinculación transaccional entre las direcciones analizadas, integrándolas en una misma secuencia de movimientos financieros asociada a la estructura bajo investigación. Ese análisis resulta clave para el expediente, en tanto busca determinar la trazabilidad del dinero retirado y sostener, con base técnica, la hipótesis de una maniobra coordinada de desprendimiento de posiciones que habría beneficiado a un grupo reducido de actores en perjuicio de miles de compradores minoritarios.
En ese sentido, antes del receso judicial de invierno, Martínez De Giorgi había hecho lugar a un pedido del fiscal Taiano para congelar las direcciones de criptoactivos identificadas, hasta tanto se obtenga información sobre su titularidad. La medida cautelar apunta tanto a preservar la trazabilidad de los fondos como a resguardarlos ante un eventual decomiso, y su resultado dependerá del informe que aún debe elevar el Cibercrimen de la Policía Federal.
Una pista adicional: los pagos de Hayden Davis semanas antes del lanzamiento
La causa sumó también información sobre transferencias millonarias del empresario Hayden Davis —señalado como creador de $LIBRA— hacia cuentas virtuales, realizadas semanas antes del lanzamiento del token. Entre las pruebas reunidas se destaca el contenido extraído del teléfono celular de Mauricio Novelli, donde apareció una nota que detallaría un presunto acuerdo por 5 millones de dólares, una cifra que coincidiría con el monto transferido por Davis en los días previos al lanzamiento del criptoactivo. Este dato es señalado por la fiscalía como un indicio relevante para reconstruir la cadena de decisiones y beneficios previos a la difusión pública del token.
Quiénes están imputados en la causa penal
El expediente penal involucra a un número amplio de personas, tanto del ámbito privado como del sector público. Entre los imputados figuran, además de Novelli, Manuel Terrones Godoy y María Pía Novelli; el creador de $LIBRA, Hayden Davis, y el emprendedor singapurense Chyi Haur Peh. La causa también alcanza a funcionarios de primera línea del Gobierno: la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei; el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial Demian Reidel; el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto E. Silva, y el consejero de ese organismo y socio de Novelli, Sergio Morales.
La imputación también menciona a las firmas Kip Network, de Julián Peh, y Kelsier Ventures, de Hayden Mark Davis, señaladas por su rol en la creación y el lanzamiento de $LIBRA, y a Kip Protocol como su representación local en la Argentina, con Novelli como responsable de esa actividad. La hipótesis fiscal sostiene que Peh y Davis mantuvieron contactos con Milei en octubre de 2024 y en enero de 2025, previos al lanzamiento del token, y que los empresarios habrían pagado para concretar esos encuentros.
El origen del escándalo: del tuit presidencial al derrumbe del token
El expediente se inició a partir de una denuncia motivada por el lanzamiento y la promoción del criptoactivo $LIBRA, luego de que, el 14 de febrero de 2025, Javier Milei publicara en la red social X un mensaje de apoyo al proyecto, que incluía un contrato para adquirir el token en la red Solana. El objetivo declarado, según la publicación presidencial, era financiar proyectos privados argentinos mediante tecnología blockchain e incentivar el crecimiento económico del país a través del respaldo a emprendimientos locales.
El precio del token, que había partido de 0,01 dólares, escaló hasta cerca de 5 dólares tras el mensaje presidencial, antes de derrumbarse abruptamente por una ola de ventas atribuida al equipo creador y a otros actores que, según la investigación, habrían contado con información privilegiada. Esa dinámica de suba y caída abrupta habría permitido el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares mediante un número acotado de direcciones de billeteras digitales, generando pérdidas para más de 40.000 compradores en todo el mundo, según los datos que constan en el expediente.
Un caso con dos frentes abiertos y sin resolución definitiva
El caso $LIBRA mantiene así dos vías judiciales activas y de desarrollo paralelo. Mientras la Justicia federal avanza en la investigación de eventuales responsabilidades penales vinculadas con el diseño, el lanzamiento y la promoción del criptoactivo, los damnificados apuestan ahora a la vía civil como camino para obtener una reparación económica por las pérdidas sufridas. La resolución que adopte la Cámara Federal el 10 de agosto sobre la situación de los querellantes será determinante no solo para el rumbo de la causa penal, sino también, indirectamente, para la fortaleza probatoria con la que los ahorristas lleguen al nuevo litigio civil.
Se trata, en definitiva, de un expediente que combina componentes económicos, tecnológicos, políticos y judiciales en un mercado —el de los criptoactivos— que continúa operando en la Argentina sin un marco regulatorio específico. Esa laguna normativa, invocada incluso en las resoluciones judiciales para caracterizar al activo como de «alto riesgo», queda hoy en el centro del debate sobre hasta dónde llega la responsabilidad de quienes promocionaron públicamente una inversión que terminó en pérdidas millonarias para miles de personas. El caso permanece, hasta el momento, sin resoluciones definitivas sobre las responsabilidades de ninguno de los involucrados.
