La empresa británica Atome PLC dio un paso decisivo en su disputa con el Estado paraguayo al notificar formalmente al Poder Ejecutivo la existencia de una controversia de inversión que podría derivar en una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El conflicto tiene como epicentro el proyecto de fertilizantes de bajas emisiones que la compañía planea instalar en Villeta, una inversión estimada en USD 665 millones que constituye, según se ha señalado, la mayor inversión extranjera directa individual registrada en el país. A través del bufete internacional White & Case LLP, Atome activó el período de consultas de tres meses previsto en el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Paraguay, un mecanismo previo y obligatorio antes de recurrir al arbitraje. El aviso no quedó circunscrito al ámbito bilateral: fue comunicado también a los gobiernos del Reino Unido, la Unión Europea, Francia, Alemania y Estados Unidos, lo que trasladó la disputa a un plano diplomático de mayor visibilidad.
Un proyecto industrial de gran escala frenado en seco
Villeta no era, al momento de la controversia, una simple intención de inversión. Atome, especializada en el desarrollo de proyectos energéticos renovables orientados a la producción de hidrógeno verde y sus derivados, había elegido a Paraguay por la disponibilidad de energía hidroeléctrica y proyectaba allí una planta con capacidad para producir alrededor de 260.000 toneladas anuales de fertilizantes, con inicio de operaciones previsto para 2028. El emprendimiento ya contaba con financiamiento comprometido por instituciones de primer nivel, entre ellas IDB Invest, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Verde para el Clima. También había avanzado en compromisos comerciales concretos: la contratación de la firma Casale para la ingeniería y construcción de la planta por USD 465 millones, y un acuerdo con Yara International para la compra de la futura producción. En el plano laboral, la eventual caída definitiva del proyecto congelaría la generación de unos 4.000 empleos directos durante la fase de construcción y más de 1.000 puestos permanentes en la etapa operativa.
La electricidad, el centro de todo el conflicto
El corazón de la disputa es tarifario. La planta fue diseñada para consumir hasta 145 MW de electricidad renovable, un insumo que, según cálculos de la propia empresa, representa entre el 60% y el 70% de sus costos de producción. Atome sostiene que necesita una tarifa fija y dolarizada, cercana a los USD 30 por MWh, sostenida durante un plazo aproximado de diez años, como condición para garantizar el retorno de una inversión de esta magnitud. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en cambio, considera que ese esquema no es sostenible, dado que sus costos de generación variarán en los próximos años. La estatal eléctrica tiene fijada actualmente su tarifa técnica en USD 44,3 por MWh, con proyecciones de que ese valor podría llegar a los USD 50 por MWh. El expresidente de la ANDE, Félix Sosa, había introducido un matiz relevante en la discusión al señalar que el contrato de Atome fue suscripto en 2022 —antes de los decretos posteriormente derogados— y que la empresa venía operando con una tarifa de aproximadamente USD 33 por MWh en 220 kV, cifra distinta a la de USD 44 por MWh que había mencionado el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) al calificar el contrato como privilegiado.
La derogación de los decretos que detonó la crisis
El quiebre se produjo en junio, cuando el presidente Santiago Peña dejó sin efecto los decretos 5306, 5307, 5860 y 5861, que establecían las condiciones aplicables a las llamadas industrias convergentes: actividades de consumo eléctrico intensivo como centros de datos, inteligencia artificial, hidrógeno verde y proyectos de Energía a X. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional y reorientar la energía disponible hacia sectores que generen mayor valor agregado y empleo. Días después, el 26 de junio de 2026, la ANDE formalizó el rechazo a la petición de Atome mediante la Nota N° P. 2380/2026, dirigida a James Spalding, presidente de la filial local de la compañía, y firmada por Félix Sosa. En el documento, la estatal afirmó haber realizado los análisis técnicos y financieros correspondientes a la tarifa eléctrica y a las condiciones técnicas, económicas y comerciales del contrato vigente, para concluir que no resultaba factible acceder a lo solicitado por la empresa.
El precedente que preocupa: consultores advierten sobre un nuevo caso Metrobús
El ingeniero y consultor Guillermo López Flores fue tajante al advertir sobre las consecuencias de la disputa, al compararla con el desenlace del fallido proyecto Metrobús, que derivó en demandas internacionales, causas judiciales por presuntos daños patrimoniales e imputaciones a exfuncionarios. Según el especialista, el contrato de conexión de Atome fue firmado el 3 de mayo de 2022 al amparo del Decreto 6904/2017, una norma que —remarcó— llevaba nueve años de vigencia y no constituía, por tanto, una concesión de último momento. López Flores advirtió que, si la ANDE modifica unilateralmente ese contrato, la eventual demanda no se limitaría a reclamar los montos invertidos, sino que incorporaría lucro cesante y daño emergente, lo que podría elevar el reclamo a una cifra de entre USD 300 y USD 600 millones. El consultor calificó el retroceso del Ejecutivo como un golpe reputacional severo, al sostener que la medida no ahuyenta capitales especulativos, sino que quiebra la confianza de la banca multilateral de desarrollo. A su juicio, el país queda expuesto a una de las contingencias fiscales más graves de las últimas décadas, con riesgo de embargos en el exterior y de pérdida de la calificación de grado de inversión.
El silencio de las autoridades paraguayas
Pese a la magnitud del conflicto, las principales autoridades del Poder Ejecutivo optaron por no pronunciarse públicamente. El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Rubén Gaona, evitó todo contacto con la prensa siguiendo, según fuentes de la propia institución, una recomendación de la Presidencia de la República. El actual presidente de la ANDE, Miguel Báez, tampoco emitió declaraciones y argumentó que la resolución del conflicto corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. Las consultas realizadas a la Jefatura de Gabinete de la Presidencia sobre el emplazamiento internacional tampoco obtuvieron respuesta. Cabe recordar que los decretos dirigidos a las industrias convergentes, luego derogados, fueron impulsados en su momento desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), cartera que en ese entonces dirigía Javier Giménez, actual jefe de Gabinete de la Presidencia.
La respuesta oficial de la Procuraduría
En medio de este hermetismo, la Procuraduría General de la República emitió un breve comunicado en el que ratificó el compromiso del Estado paraguayo con la seguridad jurídica, el respeto a las inversiones y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. La institución precisó que, a la fecha, no existe una demanda ni un arbitraje formalmente iniciado contra el Estado paraguayo por parte de Atome, y que el Gobierno se encuentra actualmente analizando los planteamientos de la empresa, motivo por el cual evitó anticipar una posición sobre el fondo de la controversia. La Procuraduría remarcó que Paraguay reafirma su compromiso total con la seguridad jurídica y el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aunque también advirtió que, si bien el Gobierno mantiene su apertura al diálogo, defenderá con firmeza los intereses del Estado paraguayo y el interés nacional.
Qué está en juego de cara al plazo de noventa días
El desenlace de esta disputa dependerá de un punto técnico central: establecer con precisión qué condiciones tenía efectivamente aseguradas Atome, cuáles de ellas dependían de los decretos derogados y cuáles pueden considerarse protegidas por el Tratado Bilateral de Inversiones entre Paraguay y el Reino Unido. Atome ha remarcado que su opción preferida sigue siendo alcanzar un acuerdo amistoso que permita destrabar la construcción de la planta, pero ha sido igual de clara al advertir que no sostendrá su inversión en un estado de incertidumbre indefinido. Si al cabo de los noventa días de consultas no se alcanza una solución jurídicamente viable, la compañía recurrirá al arbitraje internacional, un escenario que colocaría a Paraguay ante un litigio de alto perfil, con potenciales implicancias fiscales, reputacionales y sobre su calificación crediticia como destino de inversión extranjera.
