Gremios califican de inequitativa la Resolución 296 que traslada el costo financiero al sector privado
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) y la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa) expresaron su firme rechazo a la propuesta de factoring presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante la Resolución 296. El mecanismo, diseñado para regularizar las deudas del Estado con empresas proveedoras, fue calificado por los gremios como una herramienta que no solo resulta inviable para sus sectores, sino que además impone una carga financiera desigual sobre quienes ya cumplieron con sus obligaciones contractuales.
El rechazo al factoring y sus fundamentos
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, fue categórico al afirmar que ninguna empresa del sector tomará la resolución porque implicaría pérdidas económicas insostenibles. Según su análisis, los bancos aplicarían tasas de entre el 7% y el 8% sobre una financiación obligatoria a tres años, lo que acumularía un costo de entre el 21% y el 24% sobre el valor original de cada factura. En términos concretos, explicó que de una factura de 100 millones de dólares, las empresas proveedoras terminarían cobrando entre 76 y 78 millones de dólares, un descuento que supera ampliamente los márgenes del sector.
A esto se suma que, como condición para acceder al cobro, el mecanismo exige a las empresas renunciar a los intereses por mora contemplados tanto en los contratos como en la legislación vigente. Para Capaco, esta exigencia constituye una renuncia forzada a derechos adquiridos, y establece un precedente negativo para la seguridad jurídica en las relaciones contractuales con el Estado.
Una deuda acumulada que supera los US$ 270 millones
La magnitud del problema es considerable. La deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas constructoras asciende a 270 millones de dólares, cifra que ya incluye intereses. En el primer trimestre del año, la deuda acumulada con el sector se ubicaba entre 220 y 240 millones de dólares, a lo que se sumaban compromisos pendientes en concepto de intereses de ejercicios anteriores por unos 110 millones de dólares adicionales. Esta situación derivó en una reducción del ritmo de ejecución de varias obras, dificultades para cumplir con obligaciones financieras y un incremento del endeudamiento bancario del sector.
El acuerdo de abril y mayo: un alivio parcial
Frente a la crisis, el Gobierno y los gremios de la construcción alcanzaron un acuerdo para inyectar 150 millones de dólares entre abril y mayo. Los primeros 85 millones fueron desembolsados en abril, y el sector aguardaba la liberación de los 65 millones restantes comprometidos en el acuerdo. En total, el Estado llegó a desembolsar 148 millones de dólares del monto acordado originalmente con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.
Heisecke reconoció que estos pagos permitieron que las empresas, en cierta medida, también pudieran saldar deudas antiguas con sus propios proveedores, lo que reactivó parcialmente la cadena de pagos. No obstante, advirtió que la deuda todavía rondaba los 200 millones de dólares a comienzos de mayo, por lo que la situación estructural permanece sin resolución.
La sostenibilidad financiera del sector, en el centro del debate
La principal preocupación del sector de cara al segundo semestre es la sostenibilidad financiera. Entre las alternativas analizadas figura la cesión de derechos de cobro o de certificados, un instrumento que permitiría anticipar recursos a través de entidades financieras. Sin embargo, las condiciones actuales generarían tasas cercanas al 18,5% o 19%, niveles que los empresarios consideran excesivamente elevados.
El sector identifica tres escenarios posibles para el segundo semestre. El más probable contempla pagos parciales por parte del Estado, continuidad de licitaciones y una ejecución de obras aceptable, aunque con fuerte dependencia del financiamiento bancario. El escenario optimista incluiría la normalización de los pagos estatales, la implementación efectiva de instrumentos financieros y una recuperación de la inversión en maquinaria y equipos, lo que acercaría al sector a tasas de crecimiento similares a las de años de fuerte inversión pública. El escenario adverso, en cambio, implicaría una nueva acumulación de certificados impagos y mayores restricciones crediticias, forzando a las empresas a desacelerar proyectos para preservar liquidez.
Impacto en la cadena productiva y el desarrollo nacional
Las repercusiones de esta situación trascienden al propio sector. La construcción sostiene una extensa cadena de valor que involucra proveedores, contratistas, transportistas y miles de trabajadores. Una reducción sostenida de la actividad afecta el empleo, limita nuevas inversiones y retrasa proyectos de infraestructura considerados estratégicos para la competitividad del país.
En 2026, el sector atraviesa una situación paradójica: existe una importante cartera de proyectos, nuevas licitaciones e inversiones en infraestructura, pero las empresas enfrentan serias dificultades financieras derivadas de los retrasos en los pagos del Estado, lo que limita su capacidad de ejecución y presiona el capital de trabajo.
Diálogo abierto, pero condiciones claras
A pesar del rechazo a la Resolución 296, tanto Capaco como Cripfa reiteraron su disposición al diálogo con las autoridades del Gobierno para construir alternativas justas y equilibradas. Se prevé una nueva reunión con el MEF para analizar los avances del proceso de pagos y explorar mecanismos alternativos que no impliquen penalizar a las empresas que cumplieron con sus obligaciones.
Para el sector, la posición es clara: regularizar la deuda es urgente, pero no resulta razonable presentar como solución de cumplimiento lo que en la práctica opera como un castigo para quienes ejecutaron las obras y esperan cobrar lo que legítimamente les corresponde.
