La media sanción reasigna más de G. 622.000 millones hacia salud, obras y educación, pero deja intacta la meta de déficit y la dependencia del endeudamiento en un momento de incertidumbre financiera.
La Cámara de Diputados aprobó en una sesión extraordinaria de más de siete horas el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. El texto toma como base la última propuesta del Poder Ejecutivo, con ajustes introducidos durante el estudio legislativo. El proyecto pasa ahora al Senado, que dispone de 15 días para analizarlo. Después deberá volver a la Cámara Baja.
La discusión se dio en un clima económico delicado. El Gobierno tuvo que presentar una adenda de último momento tras el colapso de ueno bank, y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, admitió que todavía no puede estimar el impacto de ese caso sobre las cuentas públicas.
Un presupuesto de unos G. 164 billones que crece 11,1% frente a 2026
El plan de gastos aprobado ronda los G. 164 billones, equivalentes a unos USD 25.478 millones. Esto supone un aumento de 11,1% respecto del presupuesto vigente en 2026. Según otras cifras manejadas durante el proceso, el monto global podría llegar a G. 166,32 billones (unos USD 25.754 millones), calculados con el tipo de cambio de G. 6.458 por dólar que utiliza el proyecto.
Ese tipo de cambio sirve de referencia para estimar cuántos guaraníes necesitará el Estado para cumplir con obligaciones pactadas en moneda extranjera, como el servicio de la deuda. Lovera confirmó que no se tocó este parámetro.
El crecimiento del gasto contrasta con el discurso de austeridad que acompañó la reasignación. Aunque se recortan partidas de funcionamiento, el presupuesto total sigue en expansión, un dato que los legisladores más críticos pusieron sobre la mesa durante el debate.
Dónde cae la tijera: viajes, mantenimiento, publicidad y bonificaciones
El ajuste aprobado asciende a aproximadamente G. 1,7 billones (cerca de USD 276 millones) sumando todas las fuentes de financiamiento. Del total, G. 947.528 millones corresponden a recursos del Tesoro (Fuente 10). La mayor parte de ese tramo, G. 741.562 millones, se concentra en pasajes, viáticos y gastos de traslado, principalmente de la Presidencia de la República.
La propuesta del Ejecutivo establece una escala de reducciones por tipo de gasto:
- 50% en pasajes, viáticos y gastos de traslado.
- 40% en gastos de funcionamiento e inversión, como mantenimiento, limpieza, alquileres, servicios informáticos, alimentos y combustibles.
- 30% en publicidad, consultorías, equipos de transporte y muebles.
- 20% en remuneraciones extraordinarias, remuneraciones adicionales y bonificaciones.
En los recursos institucionales (Fuente 30), el recorte del 40% en funcionamiento e inversión alcanza unos G. 1,04 billones, y la reducción de 20% en remuneraciones extraordinarias y bonificaciones suma otros G. 338.705 millones. Esta última medida alcanza incluso a la ANDE.
También se redujo a la mitad el presupuesto para el mantenimiento, el funcionamiento y el combustible del avión presidencial, así como los gastos reservados del presidente Pedro Alliana.
Salud, obras y educación, los grandes beneficiados de la reasignación
Una de las novedades de este presupuesto es el método. Lovera explicó que no se trata de congelar partidas, como ocurría con medidas anteriores de contención, sino de reasignarlas de forma directa. Las instituciones ya tienen descontados esos montos, que fueron trasladados a áreas definidas como prioritarias.
Del total reasignado con recursos del Tesoro, que suma G. 622.444 millones, la distribución es la siguiente:
- Ministerio de Salud Pública: G. 400.000 millones para la compra de medicamentos e insumos.
- Ministerio de Obras Públicas (MOPC): G. 150.000 millones para infraestructura y conectividad.
- Ministerio de Educación y Ciencias (MEC): G. 72.444 millones para gastos corrientes, el programa de gratuidad y el crecimiento vegetativo del plantel docente.
A esto se suma el redireccionamiento de G. 50.000 millones de crédito público, originalmente previstos para el Ministerio del Interior, hacia obras del MOPC. Además, recursos institucionales por G. 7.195 millones irán a la Dinac y G. 30.365 millones a la ANDE.
Salud, Educación, Obras Públicas, el IPS y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) quedaron excluidos de los recortes en gastos de funcionamiento e inversión. Hubo además un tratamiento especial para el Ministerio de la Mujer, que recibió una ampliación de recursos a pedido de legisladoras que expusieron la situación de los feminicidios.
Déficit de 3,9% y deuda: el punto sensible del presupuesto
A pesar del ajuste, la meta de déficit fiscal sigue en 3,9% del PIB. La razón es técnica: el recorte no toca la Fuente 20, la de los créditos públicos. El plan mantiene entonces la expectativa de colocar deuda por USD 469,9 millones para financiar las demandas del ejercicio, además de USD 1.520,6 millones destinados a un “financiamiento parcial”, orientado en especial a cubrir deudas con proveedores.
Esa estructura plantea una pregunta de fondo para la economía paraguaya: qué ocurre si las colocaciones de títulos no se concretan en los montos previstos. Consultado al respecto, Lovera respondió que aún no puede estimar el efecto de la crisis desatada por el caso ueno, y que la expectativa es contener la situación. Sobre un posible impacto en el déficit de 2026 y 2027, el ministro fue igual de cauto: dijo no tener elementos para definirlo.
El nivel de déficit, en un contexto en que el acceso al financiamiento puede volverse más caro o más escaso, es el flanco más expuesto del proyecto. Una meta fiscal que depende de mercados que hoy generan dudas obliga a seguir de cerca la ejecución durante 2027.
Gastos reservados: un debate que no prosperó
Varios diputados pidieron extender el recorte de los gastos reservados a todas las instituciones, y no solo a la Presidencia. El legislador Daniel Centurión sostuvo que el rubro se usa de manera discrecional, que ronda los G. 35.000 a 40.000 millones y que, en una situación crítica, el criterio de austeridad debería aplicarse con coherencia.
El ministro Lovera se opuso. Argumentó que esos recursos están destinados a inteligencia y defensa en organismos de seguridad, y la propuesta no prosperó. El resultado es un recorte simbólico en la cúpula del Ejecutivo y sin cambios en el resto del sector público.
Impuestos: sin suba del IVA, pero con revisión de exoneraciones
En materia tributaria, Lovera descartó aumentar la tasa general del IVA. Su frase fue categórica: tocar ese impuesto no es una opción. El Gobierno tampoco analiza crear nuevos tributos, aunque sí estudia mejorar la recaudación con las herramientas existentes.
El foco está en el llamado gasto tributario, es decir, los ingresos que el Estado deja de percibir por exoneraciones o tasas diferenciadas. Uno de los sectores bajo revisión es el de la electromovilidad, por los beneficios tributarios y arancelarios que hoy tienen ciertas importaciones de vehículos. El ministro indicó que estas medidas se conversan con el sector privado, pero no anunció cambios concretos en las tasas.
Un presupuesto cuestionado y un camino todavía abierto
Pese a la aprobación por mayoría, la sesión estuvo lejos de ser armoniosa. Algunos parlamentarios calificaron el proyecto como “mentiroso”, por considerar que no refleja la realidad de la ciudadanía. Hubo además debate por las gobernaciones. Se discutió el trato a la de Central, tras diferencias entre lo propuesto por la Comisión Bicameral y la última versión del Ejecutivo. La presidenta de la comisión, Cristina Villalba, defendió que “no hubo recorte, sino redireccionamiento”.
Lo que sigue es el tratamiento en el Senado, que podría comenzar la semana próxima, y luego el regreso del texto a Diputados. La evolución de los ingresos, la capacidad de colocar deuda y la ejecución real de los recortes determinarán si el PGN 2027 logra sostener sus metas o si el país debe prepararse para nuevos ajustes en el camino.
