El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enfrenta uno de sus escenarios más complejos desde el inicio de la actual administración. Una combinación de factores —tipo de cambio desfavorable, desaceleración tributaria, deudas críticas a proveedores y un debate inconcluso sobre la reforma de la Caja Fiscal— obliga al Gobierno a declarar lo que el propio ministro Carlos Fernández Valdovinos denominó una «economía de guerra» en el plano fiscal, con ajustes en el gasto de los ministerios y medidas para evitar que las tensiones del sector público contaminen el dinamismo de la economía real.
Un faltante de hasta USD 600 millones en los ingresos del Tesoro
La primera señal de alarma proviene de la propia proyección del MEF: el Tesoro Nacional dejará de percibir entre USD 540 millones y USD 600 millones a lo largo de 2026 respecto de lo previsto en el Presupuesto General de la Nación (PGN). La cifra surge de dos factores que se combinan y amplifican mutuamente.
El primero es el tipo de cambio. Al momento de elaborar el PGN se proyectaba un dólar en torno a G. 7.800, pero la cotización actual ronda G. 6.500. Esta brecha tiene un impacto directo y concreto: los recursos que el Estado recibe de las binacionales —Itaipú Binacional y Yacyretá— están denominados en dólares y se convierten a guaraníes para financiar el gasto público. Con un dólar más bajo, cada unidad de divisa rinde menos en moneda local. Fernández Valdovinos estimó que por este concepto la pérdida asciende a unos USD 100 millones.
El segundo factor es la recaudación tributaria. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a cargo de Óscar Orué, registró en febrero una variación interanual de -2,9%, cuando el PGN contemplaba un crecimiento cercano al 8% en línea con las proyecciones de desempeño de la economía. La brecha acumulada por este concepto se estima en USD 440 millones adicionales, que sumados al efecto cambiario elevan el faltante total a cerca de USD 600 millones.
Entre los elementos que inciden en el estancamiento tributario, el ministro mencionó prácticas empresariales como la retención de utilidades en reservas, mecanismo que difiere el pago de impuestos sin constituir una irregularidad. «No hay nada irregular, pero es una flexibilidad que queremos revisar», señaló, adelantando que se evalúan cambios normativos al respecto.
Economía de guerra fiscal: ajuste sin suba de impuestos
Ante este panorama, el Poder Ejecutivo ya comunicó al gabinete la necesidad de ajustar el plan de caja para lo que resta del año. La instrucción es que los ministerios operen con niveles de gasto similares o inferiores a los de 2025, lo que implicará postergar iniciativas y redefinir prioridades al interior de cada cartera.
La medida exceptúa a las áreas consideradas prioritarias: salud, educación, seguridad y protección social. El resto de las instituciones deberá definir internamente en qué recortar dentro de los márgenes que el MEF establezca para cada una. «Lógicamente, cuando no existe esta recaudación tributaria es el momento adecuado para ajustarse los cinturones», afirmó Fernández Valdovinos.
El ministro fue categórico al descartar incrementos impositivos como vía de ajuste: «Nosotros las deudas las vamos a pagar con lo que tenemos y con los mecanismos que tenemos. No se van a subir los impuestos». La consigna es operar dentro del marco de la ley de responsabilidad fiscal, respetando los topes establecidos por la normativa vigente.
Fernández Valdovinos también aclaró que la situación fiscal no refleja un deterioro de la economía en su conjunto. Destacó que el país mantiene su grado de inversión, continúa creciendo y genera empleo, y que el objetivo del ajuste es precisamente evitar que los problemas del fisco interrumpan ese buen momento. «El Estado no puede estropear el buen funcionamiento de la economía. No creemos problemas desde el Estado gastando lo que no se tiene», subrayó.
Deuda pública: USD 20.523 millones al cierre de enero, con la emisión de bonos todavía fuera del cómputo
Los datos de deuda pública refuerzan la dimensión del desafío. Al cierre de enero de 2026, el saldo total ascendió a USD 20.523 millones, lo que representa el 36,3% del Producto Interno Bruto (PIB). En términos interanuales, la deuda creció USD 2.351 millones respecto de los USD 18.172 millones registrados en enero de 2025, un incremento de 12,9%. Aún no está incorporada en ese cómputo la reciente emisión de bonos soberanos por USD 1.000 millones.
El desglose estructural revela que la deuda del gobierno central asciende a USD 18.012 millones, equivalente al 87,8% del total y al 31,9% del PIB. Las entidades descentralizadas con garantía soberana suman USD 2.510 millones, el 12,1% del total y el 4,4% del PIB.
Por origen del financiamiento, la deuda externa representa USD 16.067 millones —el 78,3% del total y el 28,5% del PIB—, mientras que la deuda interna se sitúa en USD 1.945 millones, el 9,5% del total y el 3,4% del producto.
Un dato relevante es el ajuste en la proporción de la deuda respecto del PIB: pasó de 41,3% en diciembre de 2025 a 36,4% en enero de 2026. Esta reducción porcentual se explica, en parte, por la revisión al alza de las proyecciones del PIB. El Banco Central del Paraguay (BCP) estima el Producto Interno Bruto para 2026 en G. 261.512.853 millones constantes, equivalentes a USD 56.456 millones, frente a G. 250.960.810 millones constantes —USD 49.500 millones— del año anterior. La menor cotización del dólar también incidió en esta conversión, lo que derivó en una proporción de deuda más baja en términos del producto.
Deudas críticas a proveedores y el factoraje como salida
Uno de los flancos más sensibles de la situación fiscal es la deuda acumulada con proveedores del Estado. Empresas constructoras, farmacéuticas y proveedores del programa Hambre Cero mantienen compromisos pendientes que, en algunos casos, se arrastran desde hace más de un año, y cuyo monto total supera los USD 1.000 millones. Esta situación genera una presión creciente sobre sectores que dependen directamente del gasto estatal para sostener su operación.
Como respuesta, el Gobierno anunció la implementación del factoraje como herramienta de liquidez. La idea consiste en que las empresas acreedoras puedan ceder sus acreencias a entidades financieras, obteniendo así fondos de manera anticipada mientras el Estado regulariza sus pagos en plazos acordados. Esta semana se prevé reunir a dos grupos de proveedores para presentarles la reglamentación de este mecanismo.
Fernández Valdovinos reconoció que la situación no es la ideal, pero asumió el compromiso de presentar un plan de pagos concreto. «Somos conscientes de que no es la mejor práctica la de tener estos atrasos, pero es mucho peor práctica dejarle al próximo gobierno este monto de deuda que se tiene», sostuvo.
Déficit fiscal y el peso del gasto permanente
El déficit fiscal del año pasado cerró en 2% del PIB, levemente por encima del techo de 1,9% establecido en el PGN 2025. Para el MEF, el desvío obedece al crecimiento del gasto público asociado a compromisos que pasaron a integrar la estructura permanente del Estado: construcción de hospitales, obras de infraestructura en ejecución y otros programas que el Gobierno impulsó durante su gestión.
«La situación fiscal no es la más fácil. Al país le va bien, al fisco no tanto, eso es raro, pero es lo que está ocurriendo», reconoció el ministro en conferencia de prensa tras reunirse con el presidente Santiago Peña. Estas situaciones, dijo, «están creando un poco de tensión en las cuentas públicas», aunque insistió en que el Gobierno es consciente de la necesidad de encontrar mecanismos para honrar sus compromisos pendientes.
La reforma de la Caja Fiscal: dos versiones y un déficit que persiste
Otro frente abierto es la reforma de la Caja Fiscal, sistema de pensiones y jubilaciones de los funcionarios públicos que el MEF considera «un desafío enorme». El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo fue ampliamente modificado durante su tratamiento legislativo, resultando en dos versiones distintas: una aprobada en la Cámara de Diputados y otra en el Senado, con efectos muy diferentes sobre el equilibrio del sistema.
Según las proyecciones del MEF, sin reforma alguna el déficit de la Caja Fiscal llegaría a representar el 1,4% del PIB en cinco años, frente al 0,8% actual. La propuesta original del Ejecutivo buscaba reducir ese déficit y estabilizarlo en torno al 0,5% del PIB.
Los cálculos realizados por el ministerio sobre la versión aprobada en el Senado muestran que el déficit al quinto año alcanzaría el 1,1% del PIB, con un impacto menor en la corrección del desequilibrio. La versión de la Cámara de Diputados, en cambio, es la que más se aproxima a la propuesta original del Ejecutivo y tendría un efecto similar al planteado inicialmente. La Cámara Baja analizará próximamente la versión senatorial.
Fernández Valdovinos fue explícito al afirmar que el Ejecutivo respalda su propuesta original, pero reconoció la soberanía del Congreso para introducir las modificaciones que estime convenientes. Lo que quedó claro es que el proyecto del Senado, de prevalecer, mantendría prácticamente el estatus quo del sistema durante los próximos cinco años, dejando sin resolver una de las principales fuentes de presión estructural sobre las finanzas públicas del país.
