El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Venezuela no constituye simplemente una alianza para incrementar la producción de crudo. Detrás de la operación existe una negociación de enorme dimensión estratégica que involucra decenas de miles de millones de barriles de reservas, nuevas inversiones, participación estadounidense en la estructura empresarial, derechos preferenciales sobre la producción y un cambio profundo en la relación de Venezuela con el capital extranjero.
Washington asegura que el acuerdo permitirá acceder a más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas y que garantizará a Estados Unidos una posición privilegiada durante las próximas décadas. La Casa Blanca llegó a describirlo como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial y lo presentó como una pieza central de una nueva etapa de predominio energético estadounidense en el hemisferio.
Caracas, por su parte, enfrenta una situación completamente distinta. Su industria petrolera se encuentra deteriorada después de décadas de falta de inversión, pérdida de infraestructura, caída de la capacidad operativa y dificultades para mantener una producción acorde con el tamaño de sus reservas. La expectativa del Gobierno venezolano es que el ingreso de capital permita recuperar instalaciones, perforar nuevos pozos, modernizar el sistema de extracción y llevar la producción por encima de 1,5 millones de barriles diarios.
El problema es que la magnitud de las reservas no se traduce automáticamente en capacidad de producción. Venezuela posee una de las mayores concentraciones de petróleo del planeta, pero buena parte de ese crudo es pesado o extrapesado y requiere infraestructura específica, diluyentes, nuevos pozos, equipos de perforación, mejoradores y capacidad de procesamiento. Recuperar la industria supone, por tanto, una inversión de enorme magnitud y un proceso que puede extenderse durante años.
Estados Unidos obtiene una posición privilegiada sobre una parte extraordinaria de las reservas venezolanas
La dimensión del acuerdo se entiende mejor al observar las condiciones negociadas. La nueva estructura empresarial vinculada a North American Blue Energy Partners, controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, tendrá una participación estadounidense del 35% a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono.
Además, Washington obtiene derechos de gobierno sobre la compañía. Estados Unidos tendrá poder de veto sobre determinados nombramientos del directorio y la mayoría de sus integrantes deberá estar constituida por ciudadanos estadounidenses. La empresa contará también con auditores, abogados y asesores estadounidenses, mientras que el acuerdo entre Estados Unidos y la compañía estará sometido a la legislación y a los tribunales estadounidenses.
El esquema establece asimismo un derecho estadounidense para adquirir el 20% de la producción a precio de costo. El Departamento de Estado tendrá preferencia para adquirir el 80% restante. Esto significa que la participación de Washington no se limita al financiamiento o a la provisión de tecnología: alcanza la estructura de gobierno de la compañía, la propiedad accionaria y las condiciones de comercialización de su producción.
El Gobierno estadounidense sostiene que estas condiciones permitirán garantizar un suministro estable de petróleo a bajo costo y recuperar parte de las reservas estratégicas de Estados Unidos. Para Venezuela, en cambio, el acuerdo representa la apertura de un sector que durante décadas estuvo fuertemente controlado por el Estado y que ahora queda expuesto a una presencia extranjera de una magnitud considerable.
La crisis petrolera venezolana explica por qué Caracas necesita aceptar una operación de esta escala
Venezuela dispone de una cantidad extraordinaria de petróleo, pero esa riqueza permanece en gran medida sin convertirse en producción efectiva. Las reservas probadas venezolanas se sitúan alrededor de los 303.000 millones de barriles, según las cifras oficiales citadas en la información disponible, lo que coloca al país por encima de cualquier otro Estado en reservas de crudo.
Sin embargo, la producción actual se encuentra muy lejos de lo que permitiría semejante volumen de recursos. Venezuela produce aproximadamente 1,23-1,25 millones de barriles diarios, su nivel más elevado desde 2019, pero todavía necesita inversiones masivas para superar esa cifra de manera sostenida.
La diferencia entre reservas y producción es fundamental. El petróleo venezolano no se encuentra listo para ser extraído y comercializado de manera sencilla. El grueso corresponde a crudos pesados y extrapesados, especialmente en la Faja del Orinoco, que representa alrededor del 60% de la producción y requiere una infraestructura compleja para su explotación.
Venezuela dispone actualmente de cuatro mejoradores y necesita ampliar tanto esa capacidad como su infraestructura de procesamiento. También necesita nuevas perforaciones, equipos, instalaciones de transporte y suministro de diluyentes. La recuperación de la producción, por tanto, no depende únicamente de abrir los pozos: requiere reconstruir una cadena industrial deteriorada durante años.
La inversión comprometida para esa recuperación alcanza hasta US$100.000 millones en nueva infraestructura petrolera. Es una cifra que refleja precisamente la magnitud de la crisis: el país posee una de las mayores reservas petroleras del mundo, pero necesita decenas de miles de millones de dólares para volver a convertir una parte significativa de esa riqueza enterrada en producción.
El acuerdo coloca a Estados Unidos en una posición excepcional
La Casa Blanca sostiene que el nuevo esquema permitirá a Estados Unidos garantizar su predominio energético en el hemisferio durante el próximo siglo. El acuerdo también busca desplazar la influencia que Rusia y China habían adquirido en distintos proyectos petroleros venezolanos durante los años del chavismo.
Al menos cinco campos incluidos en la operación habían sido operados anteriormente por compañías chinas y otro estaba vinculado a una compañía rusa. Otros activos estaban relacionados con empresarios y estructuras cercanas al poder político venezolano.
La nueva estructura empresarial se convierte así en un instrumento para reorganizar el mapa de participación extranjera en la industria venezolana. La compañía, que ya es presentada como el segundo operador privado más importante del país después de Chevron, busca convertirse en una de las mayores empresas privadas petroleras del mundo por volumen de reservas.
El cambio es especialmente significativo porque las concesiones se apoyan en una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, reformada durante la administración de Delcy Rodríguez para ampliar el espacio de participación del capital privado y extranjero en una industria que durante años estuvo dominada por el Estado.
El Gobierno venezolano sostiene que esto no implica una pérdida de soberanía y que el acuerdo permitirá modernizar la industria, acelerar su recuperación y generar ingresos para el país. Washington, mientras tanto, lo presenta como una garantía de seguridad energética y como parte de una nueva etapa de predominio estadounidense sobre los recursos estratégicos del hemisferio.
Las dos lecturas reflejan intereses diferentes sobre una misma operación.
Venezuela espera ingresos, pero el beneficio dependerá de una recuperación que todavía no está garantizada
El Gobierno venezolano calcula que podría recibir alrededor de US$209.335 millones como consecuencia del acuerdo. La administración de Rodríguez ha señalado además que aproximadamente US$19 por cada barril producido y vendido ingresarían directamente a Venezuela.
Estados Unidos calcula que la compañía pagará unos US$200.000 millones en regalías e impuestos al Gobierno venezolano durante los primeros 25 años. La magnitud de esas cifras puede resultar extraordinaria, pero todas dependen de una condición básica: que la producción aumente de manera considerable y sostenida.
La propia situación de la industria demuestra que ese resultado no es inmediato. Llevar la producción por encima de 1,5 millones de barriles diarios exige recuperar infraestructura, aumentar la capacidad de perforación, garantizar diluyentes, ampliar los mejoradores y reconstruir buena parte del sistema energético.
La diferencia entre la riqueza potencial y el dinero que efectivamente puede obtener Venezuela es, por ello, uno de los elementos centrales del acuerdo. Los miles de millones de barriles de reservas pueden representar una enorme fuente de ingresos en el futuro, pero no resuelven por sí mismos la falta de capital, tecnología, infraestructura y capacidad operativa que afecta actualmente a la industria.
El petróleo venezolano tampoco resolverá rápidamente el problema de los combustibles en Estados Unidos
Otro de los objetivos de Washington es utilizar parte del petróleo venezolano para recomponer sus reservas estratégicas y aliviar las tensiones del mercado energético. Sin embargo, el aumento de la producción venezolana no significa que los precios de la gasolina estadounidense vayan a caer inmediatamente.
El crudo venezolano tiene una característica que lo hace particularmente atractivo para determinadas refinerías estadounidenses: es pesado y con alto contenido de azufre. Las refinerías de la costa del Golfo de México fueron diseñadas durante décadas para procesar precisamente ese tipo de petróleo, por lo que un mayor suministro venezolano puede permitir sustituir otros crudos pesados y mejorar la economía de determinadas instalaciones.
Pero existe un límite importante: la capacidad de refinación. Las refinerías estadounidenses estaban operando recientemente alrededor del 97,4% de su capacidad, un nivel cercano a máximos de varios años, procesando aproximadamente 17,4 millones de barriles diarios. Por ello, disponer de más petróleo no significa necesariamente disponer de capacidad adicional para convertirlo en gasolina o diésel.
El problema se vuelve todavía más evidente en un mercado internacional que ha perdido una cantidad importante de capacidad de refinación a causa del conflicto en Oriente Medio. La reducción de la actividad de las refinerías de esa región ha contribuido a elevar los márgenes de los combustibles, mientras Estados Unidos enfrenta precios de la gasolina superiores a los US$4 por galón, alrededor de US$1 más que un año antes.
El petróleo venezolano puede ayudar a aliviar parte de esa presión, pero la recuperación de la producción venezolana es un proceso de largo plazo. La propia Administración estadounidense ha reconocido que el efecto sobre los precios puede tardar y que incluso un plazo de dos años sería considerado corto dentro de una operación de esta magnitud.
El acuerdo también está vinculado a la necesidad estadounidense de reconstruir sus reservas estratégicas
La situación de las reservas estratégicas de Estados Unidos agrega otra dimensión a la operación. El 21 de agosto, la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense contenía aproximadamente 298,7 millones de barriles, apenas el 42% de su capacidad de 714 millones. Se trata de uno de sus niveles más bajos desde comienzos de la década de 1980.
La reserva fue creada en 1975, después del embargo petrolero árabe de 1973, cuando la interrupción del suministro provocó un fuerte aumento de los precios y una crisis energética en Estados Unidos. El petróleo se almacena actualmente en 60 cavernas subterráneas de sal ubicadas entre Luisiana y Texas.
Durante las últimas décadas, la reserva fue utilizada en episodios de crisis como la Guerra del Golfo, el huracán Katrina y la guerra civil en Libia. Sin embargo, las mayores extracciones se produjeron después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando los precios internacionales llegaron a aproximarse a US$139 por barril.
La Administración de Joe Biden autorizó entonces una extracción de 180 millones de barriles, la mayor de la historia de la reserva. El volumen cayó de unos 566 millones de barriles en marzo de 2022 a 347 millones en junio de 2023 y posteriormente volvió a reducirse hasta los niveles actuales.
La guerra con Irán iniciada en febrero de 2026 y el cierre del estrecho de Ormuz agravaron nuevamente las preocupaciones sobre el suministro mundial. Por ese estrecho circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del planeta. En marzo, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía acordaron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, la mayor operación coordinada de este tipo.
En ese contexto, el petróleo venezolano adquiere una importancia adicional para Washington: no solo representa una fuente potencial de suministro futuro, sino también una vía para reconstruir una reserva estratégica que fue considerablemente reducida durante los últimos años.
La magnitud de las reservas venezolanas convierte el acuerdo en una operación excepcional
Los más de 65.000 millones de barriles incluidos en el acuerdo representan una cantidad extraordinaria incluso dentro del mercado latinoamericano. Esa cifra supera las reservas probadas de cualquiera de los grandes productores petroleros de la región y, tomada de manera individual, equivale a una proporción enorme de los recursos petroleros estadounidenses. También supera ampliamente la suma de las reservas probadas de varios de los principales productores latinoamericanos.
En el conjunto mundial, Venezuela aparece con más de 303.000 millones de barriles de reservas probadas, por delante de Arabia Saudita, Irán, Canadá, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Rusia. En América Latina, Brasil cuenta con unos 15.894 millones de barriles, Guyana con entre 11.000 y 11.600 millones, Ecuador con 8.273 millones, México con 5.136 millones, Argentina con 2.999 millones y Colombia con 2.019 millones.
Pero la comparación también demuestra una contradicción fundamental: Venezuela posee reservas muy superiores a las de sus vecinos, mientras produce mucho menos de lo que permitiría su potencial geológico. El desafío consiste precisamente en convertir esas reservas en producción económicamente viable.
Recuperar la producción puede llevar años y exigir inversiones enormes
La industria venezolana no puede pasar de poco más de 1,2 millones de barriles diarios a varios millones simplemente mediante la incorporación de capital. Las condiciones del crudo, el deterioro de las instalaciones y la necesidad de desarrollar nuevos proyectos hacen que el proceso sea necesariamente gradual.
Para superar de manera significativa los 1,5 millones de barriles diarios se necesitan nuevos pozos, infraestructura adicional, modernización de instalaciones, más equipos de perforación y suministro suficiente de diluyentes. También será necesario ampliar la capacidad de mejoramiento y procesamiento del crudo extrapesado.
El Gobierno venezolano espera atraer inversiones de hasta US$100.000 millones para reconstruir la industria. El objetivo es recuperar una capacidad productiva que se perdió después de años de deterioro.
El tamaño de la inversión requerida muestra también la dimensión de la crisis que antecede al acuerdo. Venezuela no está negociando desde una posición de abundancia productiva, sino desde una posición en la que dispone de una riqueza extraordinaria bajo tierra y, al mismo tiempo, carece de buena parte de los recursos industriales necesarios para explotarla.
La disputa sobre la soberanía queda instalada en el centro de la operación
La duración del acuerdo es uno de los aspectos que muestra hasta qué punto la operación tiene una dimensión estratégica. Mientras la administración venezolana habla de concesiones por 25 años, Washington ha presentado el acuerdo como un mecanismo capaz de garantizar el predominio energético estadounidense durante el próximo siglo.
La diferencia no es menor. Tampoco lo es el alcance de los derechos otorgados a la parte estadounidense: participación accionaria, poder de veto, mayoría estadounidense en el directorio, derecho de compra a costo, prioridad sobre el resto de la producción y sometimiento de determinados acuerdos a la legislación y los tribunales de Estados Unidos.
El Gobierno de Rodríguez sostiene que Venezuela mantiene su soberanía sobre sus recursos y que la apertura permitirá reconstruir la industria en beneficio de los venezolanos. Estados Unidos, en cambio, considera que el acuerdo constituye una herramienta para garantizar su seguridad energética y consolidar su predominio en el hemisferio.
La operación deja así abierta una cuestión que trasciende el precio del petróleo: hasta dónde puede llegar la participación extranjera sobre un recurso estratégico sin transformar la estructura de control de una industria considerada fundamental para la soberanía económica del país.
Un acuerdo de enorme potencial, pero construido sobre una industria en crisis
El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela tiene una dimensión económica difícil de exagerar. Involucra más de 65.000 millones de barriles de reservas, hasta US$100.000 millones de inversiones, participación accionaria estadounidense, derechos preferenciales sobre la producción y un proceso de reconstrucción de una industria que durante años perdió capacidad.
Para Venezuela, la necesidad de capital es evidente. El país posee una riqueza petrolera excepcional, pero su producción actual demuestra que las reservas por sí solas no generan ingresos. La recuperación exige dinero, tecnología, infraestructura, capacidad de refinación y años de trabajo.
Para Estados Unidos, la operación ofrece acceso privilegiado a una enorme fuente de petróleo pesado, una posición estratégica sobre un productor situado en su propio hemisferio y una posibilidad de recomponer sus reservas estratégicas después de las fuertes extracciones de los últimos años.
Pero tampoco se trata de una solución inmediata para ninguna de las partes. Venezuela todavía debe demostrar que puede transformar la inversión prometida en producción efectiva. Estados Unidos deberá esperar para comprobar cuánto petróleo adicional puede llegar realmente al mercado y cuánto de ese volumen puede convertirse en combustibles en un sistema de refinación que ya opera cerca de su límite.
Por encima de todo, el acuerdo modifica de manera profunda la relación entre Washington y Caracas alrededor del recurso que constituye la principal riqueza de Venezuela. La promesa de reconstruir una industria devastada convive con una estructura que concede a Estados Unidos una influencia excepcional sobre la empresa, la producción y la comercialización del petróleo. Esa combinación —una potencia petrolera con una industria debilitada y una potencia mundial que necesita nuevas fuentes de suministro— es el verdadero trasfondo de una operación cuyo alcance va mucho más allá de los barriles que puedan comenzar a extraerse.
