El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó este martes ante el Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, que asciende a G. 166.322.078.980.116, equivalentes a unos US$ 25.754 millones. La cifra marca un incremento del 11,2% respecto de los G. 149,6 billones aprobados para el ejercicio 2026, lo que en términos absolutos representa G. 16,7 billones adicionales, unos US$ 2.586 millones, que se destinarán a distintas áreas de la administración central y las entidades descentralizadas. Para la elaboración del proyecto, el Poder Ejecutivo utilizó un tipo de cambio presupuestado de G. 6.458 por dólar, sensiblemente superior a la cotización actual, que ronda los G. 5.940.
Distribución entre administración central y entidades descentralizadas
Del monto global, el 52,8% —G. 87,9 billones— corresponde a la administración central, mientras que los G. 78,4 billones restantes se destinarán a las entidades descentralizadas. El MEF enmarcó la asignación de recursos dentro de los cuatro pilares del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2050: personas y sociedad, que absorbe el 37% del presupuesto; infraestructura, innovación y competitividad, el más robusto con el 43%; ambiente y energía, con el 9%, y el pilar de instituciones, seguridad y proyección internacional, con el 11%.
Endeudamiento y suspensión temporal de la Ley de Responsabilidad Fiscal
Uno de los puntos centrales del proyecto es el capítulo de financiamiento. El texto habilita un nuevo endeudamiento de hasta US$ 469,9 millones para cubrir necesidades del propio ejercicio, al que se suma un pedido adicional de hasta US$ 1.520,6 millones destinado a financiar parcialmente el déficit fiscal proyectado en 3,9% del PIB. Para viabilizar ese esquema, el artículo 89 del proyecto contempla la suspensión temporal de ciertos artículos de la Ley 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal, específicamente los numerales 1 y 2 del artículo 7° y el inciso c) del artículo 10, bajo el argumento de permitir la programación y aprobación presupuestaria dentro de ese límite de déficit.
El ministro de Economía, Óscar Lovera, explicó durante la presentación que, si bien el nuevo endeudamiento previsto ronda los US$ 2.100 millones, el monto podría ascender hasta US$ 2.800 millones al incorporar las refinanciaciones y cancelaciones de deudas ya existentes previstas para el año. El funcionario precisó que, si se excluye de ese cálculo la gestión de la deuda y el ritmo de obra pública esperado para 2027, el déficit efectivo se ubicaría en torno al 1,9% del PIB, muy por debajo del 3,9% nominal. Tomando como referencia un PIB estimado en US$ 67.063 millones para 2027, el déficit fiscal proyectado equivale a unos US$ 2.615 millones. Según Lovera, los fondos permitirán tanto atender proyectos desfinanciados como afrontar atrasos de pago, particularmente en el Ministerio de Salud, además de obras públicas, viviendas sociales y otras iniciativas del Poder Ejecutivo.
Fuerte suba en la colocación de bonos
El proyecto también prevé un salto en la emisión de títulos de deuda: las colocaciones de bonos alcanzarían G. 17,4 billones, unos US$ 2.708,7 millones, un 70% más que lo emitido durante 2026. De ese total, el 99% —US$ 2.695,2 millones— correspondería a colocaciones en el mercado internacional, mientras que apenas US$ 13,4 millones se captarían en el mercado local.
Sin reajuste salarial para los médicos, pese al reclamo gremial
El Poder Ejecutivo descartó incluir en el proyecto el aumento del salario mínimo que reclaman los médicos del Ministerio de Salud Pública, actualmente en G. 5 millones, hasta llevarlo a G. 8 millones para quienes cumplen jornadas de 12 horas. Lovera indicó que esa suba tendría un costo de entre US$ 130 millones y US$ 150 millones, y sostuvo que el espacio fiscal disponible para 2027 no permite un incremento de ese tipo. El ministro planteó, en cambio, avanzar en la discusión sobre la carrera y la profesionalización médica, y señaló que un eventual reajuste recién podría evaluarse en 2028, cuando se prevé retornar a la meta de déficit fiscal de 1,5% establecida en la propia Ley de Responsabilidad Fiscal.
El funcionario recordó además que el reclamo de actualización salarial del sector médico data de 2012, año en el que los salarios públicos tuvieron un incremento promedio del 30%, con un impacto fiscal equivalente al 1,7% del PIB y un costo aproximado de US$ 800 millones.
Pese a no otorgar el aumento generalizado, el proyecto sí contempla incrementos de gasto vinculados a obligaciones legales vigentes, como el reajuste del salario mínimo en las Fuerzas Públicas y de otros sectores con remuneraciones atadas a disposiciones normativas, entre ellos el Poder Judicial. El sector docente, por su parte, tendrá un ajuste del 2,4% a partir de enero de 2027, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Salud concentra más de la mitad del incremento presupuestario
Según explicó Lovera, del incremento total previsto para 2027, el 76% se destinará al Poder Ejecutivo, lo que representa casi US$ 1.900 millones adicionales. Dentro de ese universo, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social será el principal beneficiado, con el 62% del aumento, equivalente a más de US$ 1.200 millones adicionales. De ese refuerzo, el 78% se destinará a cancelar deudas acumuladas del sector, mientras que el 22% restante —unos US$ 260 millones— se orientará a fortalecer la compra de medicamentos e insumos médicos.
Con este incremento, el presupuesto asignado a medicamentos pasaría de unos US$ 509 millones a US$ 772 millones. Lovera destacó que, comparado con los US$ 250 millones que se destinaban a ese rubro en 2023, los recursos para medicamentos e insumos se triplicarán prácticamente en el lapso de cuatro años.
Avance en la regularización de médicos contratados
El ministro informó también que el Ejecutivo prevé la desprecarización de 2.390 médicos durante este año. El proceso se originó en un concurso realizado por el Ministerio de Salud para regularizar a profesionales con al menos cuatro años de antigüedad bajo modalidad de contrato: para 490 cargos vacantes se presentaron 2.980 médicos, de los cuales resultó una lista elegible de 2.390 profesionales que ahora serán incorporados de manera regular.
Más fondos para el INCAN y para el programa de adultos mayores
El Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) contará con un presupuesto de US$ 195 millones para 2027, frente a los US$ 111 millones actuales, lo que implica una suba de US$ 84 millones. Lovera recordó que la institución partía de un presupuesto de US$ 60 millones al inicio de la actual administración y que recibió incrementos de US$ 25 millones en cada uno de los dos años anteriores.
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS), por su parte, dispondrá de US$ 65 millones adicionales para el programa de Adulto Mayor, con el que el Gobierno estima ampliar la cantidad de beneficiarios de 376.000 a más de 406.000 personas durante 2027. Con este refuerzo, el programa de pensiones para adultos mayores alcanzará un presupuesto total de US$ 564 millones.
Proyección de ingresos tributarios y desempeño aduanero
En materia de ingresos, el Gobierno proyecta un aumento del 8,6% en la recaudación tributaria para 2027 respecto de la estimación de cierre de este año, con lo que la presión tributaria se mantendría en 11,2%. Lovera explicó que, durante 2026, la recaudación interna creció más del 11%, mientras que los ingresos por operaciones aduaneras cayeron cerca de 13%, lo que dejó un crecimiento neto de alrededor del 2% en los ingresos tributarios totales. El ministro atribuyó la meta de 8,6% para 2027 al trabajo conjunto que se lleva adelante con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para mejorar la eficiencia recaudatoria.
El proyecto pasa ahora a manos del Congreso
Lovera remarcó que el Poder Ejecutivo presenta sus prioridades de gasto, pero reconoció que el Congreso Nacional cuenta con facultades para reasignar recursos durante el estudio del proyecto. El ministro señaló que, en los últimos ejercicios, el Legislativo respetó los escenarios fiscales planteados por el Ejecutivo, y expresó su expectativa de que esa dinámica se mantenga con el PGN 2027. El proyecto queda ahora a consideración de los legisladores, quienes tendrán un plazo de tres meses para analizar las asignaciones propuestas antes de su aprobación definitiva.
