China consolida su hegemonía en África: arancel cero a 53 países, 348.050 millones en comercio y una estrategia que deja atrás a Europa y Estados Unidos

marzo 3, 2026

Durante quince años consecutivos, China ha sido el mayor socio comercial de África. No es un título simbólico: detrás de esa cifra se esconde una estrategia sistemática, paciente y de largo aliento que ha ido tejiendo, capa a capa, una red de dependencias comerciales, financieras e infraestructurales que hoy convierte a Pekín en el actor externo más influyente del continente. El último movimiento de esa partida es también el más ambicioso: a partir del 1 de mayo de 2026, China aplicará exención total de derechos de importación a los productos procedentes de 53 estados africanos, con la única excepción de Esuatini, cuyo reconocimiento diplomático de Taiwán le cierra la puerta del acuerdo. El anuncio lo realizó el propio presidente Xi Jinping, quien lo transmitió tanto al presidente angoleño João Lourenço, en su calidad de presidente rotatorio de la Unión Africana, como a Mahmud Alí Yusuf, presidente de la Comisión de la Unión Africana.

Del «Going Out» al arancel cero: dos décadas construyendo una posición dominante

La presencia actual de China en África no es un fenómeno reciente ni improvisado. Tomó forma a principios de los años 2000, cuando Pekín puso en marcha la estrategia conocida como «Going Out», un plan que animaba a sus empresas a invertir fuera del país con el objetivo de asegurar recursos naturales y posiciones estratégicas en el exterior. Aquella decisión política transformó a China de simple exportador en inversor directo con ambiciones globales, abriendo la puerta a una relación mucho más profunda y estructural con el continente africano. Lo que siguió fue una acumulación sistemática de presencia: carreteras, puertos, presas, corredores ferroviarios, parques industriales y préstamos bilaterales que convirtieron a Pekín en el mayor inversor en infraestructuras de África, superando a Estados Unidos y a la Unión Europea juntos.

Las cifras de los últimos dos años reflejan la magnitud de ese proceso. Según datos de la Administración General de Aduanas de China, el comercio bilateral alcanzó los 295.560 millones de dólares en 2024, con un crecimiento del 4,8 % respecto a 2023. Pero ese dato quedó enseguida superado: en 2025, el intercambio total ascendió a 348.050 millones de dólares, con un incremento interanual del 17,7 %. La tendencia no muestra señales de desaceleración, y el nuevo esquema arancelario promete amplificarla.

Un desequilibrio que las cifras no disimulan

Sin embargo, las cifras globales ocultan una asimetría que los analistas africanos llevan años señalando. El crecimiento del comercio no beneficia por igual a ambas partes. En 2025, las exportaciones chinas hacia África aumentaron un 25,8 %, hasta alcanzar los 225.030 millones de dólares, mientras que las importaciones africanas desde China crecieron apenas un 5,4 % interanual, situándose en 123.020 millones de dólares. El saldo es estructuralmente deficitario para el continente: África compra más de lo que vende, y lo que vende es, en su mayor parte, hidrocarburos, minerales metálicos y materias primas con escaso procesamiento local. Lo que compra, en cambio, son bienes de equipo, electrónica, vehículos y tecnología para la transición energética: productos de mayor valor añadido que refuerzan la dependencia industrial de Pekín.

A ese desequilibrio comercial se suma el componente financiero. Una parte relevante del pasivo externo africano está en manos de acreedores chinos, tanto por la vía de préstamos bilaterales como de financiación de infraestructuras. El arancel cero abarata la entrada de bienes africanos en el mercado asiático, pero no resuelve por sí solo la combinación de una balanza estructuralmente deficitaria y una carga de deuda en condiciones menos favorables que las de las economías avanzadas. Desde la perspectiva de Pekín, la renuncia a recaudación aduanera se compensa con estabilidad en el aprovisionamiento de insumos estratégicos y con un mayor grado de dependencia comercial de sus contrapartes.

Lo que ofrece China que ningún otro bloque puede igualar hoy

El contexto geopolítico en el que se produce este movimiento es determinante para entender su alcance. Mientras la agenda arancelaria de la era Trump sigue generando turbulencias en el comercio occidental, Washington discute renovaciones parciales y cortoplacistas del AGOA —el mecanismo de preferencias comerciales de Estados Unidos para África— y Bruselas se enreda en cláusulas de reciprocidad y condicionalidades que ralentizan cualquier acuerdo. En ese escenario, China ofrece algo que ningún otro bloque puede igualar hoy: acceso prácticamente libre a un mercado de 1.400 millones de personas y a una base manufacturera que concentra buena parte de la capacidad productiva mundial.

Donde Estados Unidos y la Unión Europea convierten el comercio en un instrumento de presión política, Pekín lo utiliza como mecanismo de alineamiento económico y diplomático. La extensión del arancel cero a economías con más masa crítica —Sudáfrica, Nigeria, Egipto— puede reconfigurar de forma duradera los flujos de bienes, inversión y logística en el continente. Para los grupos europeos y estadounidenses con intereses en África, el mensaje es incómodo pero claro: competir contra un acceso libre de aranceles implica asumir un diferencial estructural de costes y de riesgo regulatorio difícil de compensar.

La diplomacia económica que construye vínculos más allá del comercio

El cambio en el régimen arancelario no es un gesto aislado, sino la culminación de una diplomacia económica muy disciplinada. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha convertido en tradición iniciar cada año con una gira por África, que ha servido para articular una agenda con cinco vectores principales: acelerar la ejecución del plan 2024-2027 del Foro de Cooperación China-África (FOCAC), asegurar cadenas de minerales críticos, estrechar vínculos entre estructuras de poder, ampliar la cooperación en capacidades militares no ofensivas y consolidar apoyos en foros multilaterales.

En ese marco se inscribe la visita del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a China, que desembocó en un acuerdo de cooperación económica y en la negociación de un pacto de «cosecha temprana» para la entrada de productos sudafricanos al mercado chino sin tasas aduaneras. Ese tipo de arreglos bilaterales, replicados con varias capitales africanas, ancla la apertura arancelaria en instrumentos jurídicos que ofrecen certidumbre a empresas e inversores. Xi Jinping subrayó, además, el interés de su gobierno por seguir promoviendo la amistad histórica entre ambas regiones, profundizar los lazos y avanzar hacia lo que denomina «comunidad de destino China-África», un concepto que combina la retórica del desarrollo compartido con una estrategia de largo alcance para consolidar la influencia de Pekín en el sur global.

Minerales críticos y bonos en dólares: el caso del yacimiento de Achmmach en Marruecos

La dimensión financiera e industrial de la presencia china en África adquiere contornos concretos con operaciones como la llevada a cabo por la empresa minera china Inner Mongolia Xingye Yinxi Mining, que ha recaudado 200 millones de dólares —aproximadamente 1,83 mil millones de dírhams— mediante la emisión de un bono sénior no garantizado perpetuo, destinado principalmente al desarrollo del proyecto de estaño de Achmmach, situado en la región de Mequínez, en Marruecos.

La operación representa una de las emisiones de bonos en dólares más significativas de un actor chino en los últimos cinco años y constituye, además, la primera emisión sénior no garantizada en el extranjero para una minera privada china. El proyecto está controlado mayoritariamente por Atlantic Tin Ltd, que posee el 75 % del yacimiento, junto con Toyota Tsusho Corporation, con el 20 %, y Nittetsu Mining Co, con el 5 % restante. En junio de 2025, Xingye adquirió más del 90 % de las acciones de Atlantic Tin mediante una oferta pública fuera del mercado, operación respaldada por unanimidad por el consejo de administración de la compañía.

Los responsables de Xingye calificaron la emisión como un paso estratégico para asegurar la explotación de recursos esenciales y fortalecer la posición de la empresa en el mercado global del estaño, destacando que Marruecos ofrece un entorno político estable y un marco regulatorio favorable a la inversión extranjera. Este caso ilustra con precisión el patrón de actuación chino: identificar activos estratégicos, asegurarlos con instrumentos financieros sofisticados y anclarlos en jurisdicciones con estabilidad institucional que actúan como puentes entre mercados.

Logística y conectividad: el primer envío de cenizas volantes a través del puerto de Yantai

La integración de las cadenas logísticas entre China y África avanza también en el terreno operativo. Un cargamento de 15.000 toneladas métricas de cenizas volantes llegó recientemente al puerto de Yantai, perteneciente al Grupo Portuario de Shandong, para su posterior envío a Angola. El movimiento marca la finalización del primer envío de este tipo de mercancía realizado por dicho puerto en colaboración con el Grupo Logístico SPG, y forma parte de una estrategia más amplia para diversificar los tipos de carga transportados a través del corredor logístico China-África.

Las cenizas volantes y equipos mecánicos procedentes de Shandong, Hebei y el noreste de China se transportaron por camión hasta Yantai para su consolidación en un mismo buque con destino a Angola. La operación responde al modelo diseñado por el puerto y SPG Logistics: carga directa en un solo punto y envío consolidado al exterior, un esquema que reduce costes y tiempos de tránsito y refuerza la competitividad de la ruta. El Puerto de Yantai se perfila así como un nodo clave del comercio entre China y África, alineado con los objetivos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

África entre la oportunidad y la trampa: el debate sobre industrialización y dependencia

La intensificación del vínculo con China no ha pasado inadvertida para las instituciones africanas, que están tratando de convertir el acceso preferente en un vector de transformación productiva, no en un simple canal para exportar más volumen de materias primas. Desde la Unión Africana se ha colocado la sostenibilidad de la deuda en el centro de las discusiones con Pekín, y se ha dado prioridad a la industrialización y a la creación de capacidad de transformación local. La narrativa oficial ha pasado de la llamada «era de las obras» —carreteras, puertos, presas— a la exigencia de acuerdos que incluyan transferencia de tecnología, fabricación en origen y participación africana en los eslabones intermedios de las cadenas globales.

Varios gobiernos han comenzado a imponer restricciones a la exportación de minerales sin procesar, a condicionar incentivos fiscales a la instalación de plantas de ensamblaje y a vincular licencias a compromisos concretos de formación y empleo. En sectores como la movilidad eléctrica, se multiplican los proyectos de montaje de autobuses y motocicletas y las iniciativas para desplegar capacidad de fabricación de componentes vinculados a baterías y sistemas de recarga. El objetivo es aprovechar la demanda china sin perpetuar el patrón clásico de «extraer aquí, refinar fuera».

La intensificación del vínculo ha obligado también a reforzar los mecanismos de supervisión. Herramientas como el Mecanismo Africano de Revisión entre Pares se utilizan ya para evaluar la calidad de los grandes acuerdos con socios externos. Estados como Kenia, Ghana o Etiopía han creado unidades específicas para monitorizar proyectos financiados por capital chino —desde corredores ferroviarios hasta parques industriales—, con el mandato de controlar plazos, sobrecostes y retornos socioeconómicos. El ecosistema de centros de estudios y organizaciones de la sociedad civil africanas ha comenzado a ocupar un espacio antes prácticamente vacío: análisis de impacto ambiental, evaluación de condiciones laborales, escrutinio de cláusulas de confidencialidad en contratos y advertencias sobre riesgos de concentración de poder de mercado.

Europa: gestora de riesgos sin activos sobre el terreno

El contraste con la forma en que Europa se relaciona con África es cada vez más evidente. En los últimos años, la presencia creciente de empresas chinas en el norte de África se ha interpretado como un avance frente a un supuesto repliegue europeo. Pero otra lectura, más incómoda para Bruselas, apunta a una causa diferente: la preferencia sistemática por mantener margen de salida y distancia política, aun a costa de ceder profundidad estratégica.

En materia de migración, la externalización de controles hacia terceros países ha permitido reducir llegadas irregulares, pero ha desplazado hacia el exterior la responsabilidad sobre los métodos utilizados. En energía, la intensificación de vínculos con proveedores como Argelia tras la ruptura con Rusia ha respondido sobre todo a necesidades de seguridad de suministro, con acuerdos concebidos como coberturas temporales más que como apuestas estructurales. Esa lógica de «minimizar exposición» ha dejado espacio para que otros actores, dispuestos a asumir riesgos y a atarse a activos físicos de largo recorrido, ganen peso. En Marruecos, Argelia o Egipto, el patrón se repite: la Unión Europea mantiene el liderazgo regulatorio y la centralidad diplomática, mientras China ocupa el terreno de las infraestructuras, la logística, la energía y los proyectos con horizontes temporales que trascienden con mucho cualquier ciclo electoral europeo.

Una nueva arquitectura global: quien controla los corredores, controla el juego

El nuevo esquema de arancel cero para África cristaliza un cambio más amplio en la arquitectura de la globalización. El comercio ya no se dirime solo en términos de tipos impositivos, sino de quién diseña los corredores logísticos, quién financia las infraestructuras críticas, qué estándar tecnológico se impone en redes energéticas y digitales y qué jurisdicciones dominan los foros en los que se fijan las normas internacionales.

China ha entendido que la acumulación de poder económico pasa por convertirse en socio imprescindible en las grandes transiciones —energética, digital e industrial— de África y del resto del sur global. Europa, atrapada entre la presión de sus opiniones públicas y la inercia de su política exterior, corre el riesgo de quedarse en un papel de gestora de riesgos y árbitro normativo, pero sin activos suficientes sobre el terreno para condicionar las decisiones clave. Pekín, por su parte, no concibe la cooperación como una vía de sentido único, sino como una alianza de crecimiento que le permite anclar relaciones de largo plazo mientras acumula influencia política a bajo coste fiscal.

Para África, el marco es a la vez una oportunidad y una advertencia. El acceso sin impuestos a la segunda mayor economía del mundo puede actuar como catalizador de inversión, empleo y modernización productiva, siempre que se combine con políticas industriales exigentes, mejora de la capacidad institucional y coordinación regional. Pero también puede profundizar una pauta de dependencia si se limita a reforzar el papel de proveedor de recursos y comprador neto de manufacturas. La diferencia la marcarán las decisiones que se tomen en las capitales africanas, no los comunicados de Pekín ni los discursos de Bruselas. Y en ese juego, el tiempo corre a favor de quien ya lleva quince años construyendo sin pausa.

Guerra en Medio Oriente sacude los mercados globales: petróleo, bonos y bolsas bajo el impacto del conflicto con Irán

marzo 3, 2026

El cuarto día del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán sacudió este martes los mercados financieros internacionales con una violencia que no se veía desde episodios de la magnitud de la crisis de 2008 o la pandemia de covid-19. La combinación de precios energéticos en ascenso vertiginoso, el cierre de facto del estrecho de Ormuz y el temor a una inflación sostenida desencadenaron una jornada de ventas masivas en las principales plazas bursátiles del mundo, mientras los inversores huían hacia activos refugio y los analistas comenzaban a actualizar, con urgencia, sus escenarios de riesgo.

El estrecho de Ormuz: la arteria del mundo en jaque

En el centro de la tormenta financiera se encuentra el estrecho de Ormuz, una franja de apenas 160 kilómetros que separa Irán de la península arábiga y por la que fluye aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo. Aunque Irán ha amenazado en repetidas ocasiones con bloquear este paso estratégico, nunca lo había llevado a cabo, en parte porque esa medida también afectaría sus propias exportaciones. Esta vez, sin embargo, la dinámica es diferente: sin necesidad de un cierre formal, el tráfico comercial se ha paralizado prácticamente por completo ante el derrumbe de la navegabilidad práctica del estrecho. Las principales compañías marítimas suspendieron sus travesías después de que las primas de seguro se dispararan a niveles que hacen inviable el transporte.

El impacto fue inmediato. Por el estrecho de Ormuz transitan los volúmenes de crudo producidos por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, países cuyo suministro resulta vital para la economía global. La interrupción del tránsito en esta ruta, aunque sea temporal, introduce una prima de riesgo geopolítico de magnitud histórica en los precios de la energía.

Petróleo y gas: los precios rompen al alza

El mercado del petróleo reaccionó con contundencia. El lunes 2 de marzo de 2026, el crudo Brent del mar del Norte llegó a subir hasta un 13% en la apertura, para luego moderar parte de las ganancias y cotizar en torno a los 77 dólares por barril. Este martes, el Brent avanzaba un 5,45%, situándose en 81,98 dólares el barril para entrega en mayo. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense, referencia del crudo americano para entrega en abril, subía un 5,32%, hasta los 75,02 dólares por barril.

El mercado del gas natural no quedó al margen. El contrato de futuros del TTF neerlandés, referencia del gas en Europa, se disparó un 22,50%, hasta los 54,52 euros, impulsado por el anuncio de QatarEnergy, la compañía energética estatal de Qatar, de interrumpir su producción de GNL como consecuencia de los ataques iraníes sobre dos de sus principales plantas de procesamiento. A ello se sumó la interrupción operacional parcial de una de las mayores refinerías de Arabia Saudita, lo que generó una doble señal de alarma sobre la oferta energética regional.

Irán, aunque solo aporta entre el 3% y el 4% de la producción mundial de petróleo, con 3,3 millones de barriles diarios —lo que lo sitúa como el cuarto mayor productor dentro de la OPEP—, posee un peso estratégico muy superior a su cuota de mercado. Sus reservas representan alrededor del 12% del total mundial y aproximadamente una cuarta parte de las reservas de Oriente Medio, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). A ello se añade su control geográfico sobre el estrecho de Ormuz, que convierte cualquier escalada bélica en una amenaza directa sobre el suministro global.

Las bolsas del mundo ceden terreno

Las consecuencias sobre los mercados de renta variable fueron severas. En Europa, la Bolsa de Madrid lideró las pérdidas con una caída del 3,56%, seguida de Milán con un descenso del 3,21%, Fráncfort con un 2,78%, París con un 2,15% y Londres con un 2,02%. En Asia, el índice Kospi de Seúl —que retomaba operaciones tras el festivo del lunes— fue el más golpeado con una caída del 7,24%. El Nikkei de Tokio cedió un 3,06% y el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 1,23%.

En Wall Street, la reacción inicial fue marcada pero no catastrófica. El S&P 500 llegó a caer hasta un 1,2% poco después de la apertura, para luego recuperar las pérdidas y cotizar con escasos cambios a mediodía. Esta resiliencia relativa alimentó en algunos estrategas la visión tradicional de que los desplomes bursátiles provocados por choques geopolíticos repentinos suelen ser oportunidades de entrada. Sin embargo, esta lectura tiene ahora un matiz importante: la posibilidad de que el petróleo se estabilice en torno a los 100 dólares por barril durante un período prolongado cambia sustancialmente el análisis.

El umbral de los 100 dólares: el escenario que inquieta a Wall Street

El nivel psicológico y económico de los 100 dólares por barril es la cifra que concentra la atención de analistas e inversores. Históricamente, los precios del petróleo solo han perturbado de manera significativa a los mercados de acciones cuando han superado ese umbral. Según estrategas de Bloomberg Intelligence, el S&P 500 ha caído en promedio un 1,6% en el año siguiente a períodos en que el crudo se situó por encima de los 100 dólares desde 1983. Los estrategas de Morgan Stanley, liderados por Michael Wilson, identifican ese nivel —o un aumento de precios de entre el 75% y el 100% interanual— como el escenario bajista más probable para la renta variable en caso de escalada sostenida.

Un barril a 100 dólares no es la proyección de consenso entre los analistas por el momento, pero ya se ha instalado como riesgo principal en los modelos de riesgo de las grandes firmas. Las consecuencias de materializarse serían múltiples: encarecimiento del consumo energético para las familias y las empresas, freno al gasto privado —motor central de la economía estadounidense—, y reavivamiento de presiones inflacionarias que obligarían a los bancos centrales a reconsiderar sus calendarios de bajada de tipos. Este último efecto se anticipó ya este lunes, cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se dispararon en lugar de caer, rompiendo el patrón habitual de refugio seguro en momentos de tensión geopolítica.

El mercado de deuda, bajo presión

Los mercados de renta fija reflejaron también la inquietud de los inversores. Los gestores de carteras comenzaron a deshacerse de bonos soberanos desde el inicio de la semana, anticipando que un conflicto prolongado mantendría elevados los precios del petróleo y reactivaría la inflación. «La magnitud del impacto y las implicaciones para la inflación a medio plazo dependerán de la extensión y la duración del conflicto», declaró Philip Lane, economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), al diario Financial Times.

El rendimiento del bono alemán a 10 años —referencia europea— subió hasta el 2,78%, frente al 2,71% del cierre del lunes. El equivalente francés se mantuvo en el 3,39%, y el británico avanzó hasta el 4,48%, desde el 4,37% del día anterior. Por el contrario, el oro —activo refugio por excelencia en períodos de incertidumbre geopolítica e inflacionaria— mantuvo sus ganancias y se estabilizó en 5.307 dólares la onza.

La OPEP+ reacciona y el pasado como espejo

Ante el impacto inmediato en los mercados, el grupo de países productores OPEP+ acordó el domingo 1 de marzo aumentar su producción a partir de abril, en un intento por calmar la volatilidad y compensar una eventual reducción del suministro iraní. La medida muestra la conciencia del grupo sobre la gravedad de la situación, aunque su efectividad dependerá en última instancia de la duración del conflicto y del tiempo que permanezca interrumpido el tránsito por el estrecho de Ormuz.

La historia ofrece referencias útiles, aunque ninguna es directamente extrapolable. El embargo petrolero árabe de 1973 y la revolución iraní de 1979 son los dos grandes precedentes de choques de oferta energética con impacto sistémico. El primero desencadenó una recesión estanflacionaria que hundió al S&P 500 un 29% en términos anualizados. El segundo, en cambio, vino acompañado de una ganancia anualizada del 11,3% en el índice, pese a la recesión de 1980. La diferencia de resultados subraya la complejidad de las crisis energéticas y la dificultad de anticipar su trayectoria con certeza.

Una economía estadounidense más resistente, pero no inmune

Hay elementos que diferencian el contexto actual de episodios anteriores. Estados Unidos es hoy el mayor productor de petróleo del mundo, lo que le otorga una capacidad de amortiguación frente a los choques de oferta externa que no tenía en las décadas de los setenta u ochenta. Además, los estrategas de Morgan Stanley señalan que la economía estadounidense se encontraría actualmente en un entorno de ciclo temprano, con una recuperación de beneficios empresariales en aceleración, lo que reduce —aunque no elimina— la probabilidad del escenario más adverso.

No obstante, Jim Reid, economista de Deutsche Bank, matiza que los movimientos registrados hasta ahora, aunque significativos, se mantienen por debajo de las variaciones extremas observadas durante la crisis financiera de 2008, las turbulencias del covid-19 o ciertos eventos geopolíticos previos. La advertencia implícita es clara: hay margen para que la situación empeore si el conflicto se prolonga o escala.

Un punto de estrangulamiento que define la economía global

En los próximos días y semanas, los mercados financieros internacionales estarán pendientes de un único factor: el flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz. Mientras la ruta permanezca bloqueada de facto, la presión alcista sobre el petróleo no cederá. Y si ese bloqueo se extiende en el tiempo, las consecuencias se propagarán desde los precios de la energía hacia la inflación general, desde la inflación hacia los tipos de interés, y desde los tipos de interés hacia el consumo, la inversión y el crecimiento. La economía global, en definitiva, se juega una parte importante de su trayectoria en un canal de 160 kilómetros.

El gasto en deuda pública creció 97% en enero de 2026 y el endeudamiento total alcanza USD 21.409 millones, equivalente al 43% del PIB

marzo 3, 2026

El primer mes de 2026 registró un marcado aumento en el gasto destinado al servicio de la deuda pública del país. Según el Informe de la Situación Financiera de la Tesorería General del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) correspondiente a enero de 2026, las transferencias por este concepto crecieron un 97% respecto al mismo período del año anterior, pasando de G. 185.379 millones (aproximadamente USD 28,5 millones) a G. 365.278 millones (USD 56,1 millones), lo que representa una variación nominal de G. 179.900 millones (USD 27,6 millones).

El incremento se concentró exclusivamente en la deuda externa, dado que, al igual que en enero de 2025, no se registraron transferencias para deuda interna. En concepto de intereses, los pagos crecieron 97%, al pasar de G. 185.379 millones (USD 28,5 millones) a G. 361.283 millones (USD 55,5 millones), con una variación nominal de G. 175.904 millones (USD 27 millones). En cuanto a amortizaciones de capital, el aumento fue del 100%, ya que en enero de 2025 no se habían contabilizado pagos bajo ese concepto, mientras que en enero de 2026 el monto alcanzó G. 3.995 millones.

Las fuentes de financiamiento reflejan mayor uso de impuestos y créditos públicos

En el análisis de las fuentes utilizadas para financiar estos egresos, el informe de Tesorería indica que el uso de impuestos —Fuente 10— creció un 94,9%, con G. 175.904 millones (USD 27 millones) adicionales destinados al pago de compromisos en un año. El uso de créditos públicos —Fuente 20— aumentó un 100% para cubrir obligaciones externas, revirtiendo el registro negativo del año anterior, cuando se habían contabilizado G. 14.242 millones menos bajo esa fuente. El denominado «bicicleteo» —financiamiento de vencimientos con nueva deuda— cerró todo el año 2025 con un crecimiento acumulado del 62%.

En términos generales, el gasto total del Estado mostró un crecimiento interanual del 32,6%, lo que implica que las transferencias entre enero de 2025 y enero de 2026 aumentaron en G. 753.720 millones (USD 115,9 millones), llevando el total a G. 3 billones (USD 471,1 millones), frente a los USD 355,2 millones del año anterior.

Salarios y jubilaciones concentraron el 69,8% del gasto en enero

Los mayores egresos del primer mes del año correspondieron a las remuneraciones del sector público, con G. 1,4 billones (USD 221,2 millones), representando el 46,9% del total. En segundo lugar se ubicaron las transferencias a la Caja Fiscal por concepto de jubilaciones y pensiones, que alcanzaron G. 704.321 millones (USD 108,3 millones), equivalentes al 22,9% del gasto total.

La financiación de estos egresos se sostuvo principalmente a través de los ingresos tributarios, cuyo crecimiento fue del 27,1%, explicado según el MEF por los rubros de transferencias y deuda. El rubro genérico de «transferencias» registró un incremento del 395,6%, con G. 397.359 millones (USD 61,1 millones) adicionales respecto al año anterior, sin que el informe detalle el desglose de ese concepto.

La deuda pública total cerró 2025 en USD 20.408,6 millones, equivalente al 36,2% del PIB

De acuerdo con el informe de deuda pública del MEF correspondiente a diciembre de 2025, el endeudamiento total del sector público asciende a USD 20.408,6 millones. El 87,9% de ese monto corresponde a compromisos de la Administración Central, con USD 17.931,8 millones, cifra equivalente al 36,2% del PIB. La deuda pública con garantía soberana ascendió a USD 2.476,8 millones, representando el 12,1% del total y el 5,0% del PIB. Al comparar con el cierre de 2024, el endeudamiento creció un 12,8%, equivalente a USD 2.325,4 millones adicionales en un año.

El Gobierno sostiene en su reporte que Paraguay mantiene uno de los menores niveles de deuda de la región y que se ubica muy por debajo del promedio del 56% de deuda sobre PIB registrado para los países con calificación Baa de Moody’s, grupo al que pertenece el país. Agrega que «la asequibilidad de la deuda de Paraguay, medida por la relación entre los pagos de intereses y los ingresos, es sólida y sigue siendo más fuerte que el de sus pares con calificaciones similares». Economistas, no obstante, señalan que el endeudamiento crece año tras año y que su ritmo ya genera presión sobre las finanzas públicas. También recuerdan que Paraguay es el tercer país con menor carga impositiva de la región, solo por detrás de Panamá con 7% y Guyana con 10,6%, habiendo cerrado 2025 con una presión tributaria del 11,4%.

El alto componente en moneda extranjera de la deuda, identificado como factor de riesgo

Aunque los niveles de deuda paraguaya se mantienen por debajo de los de países con calificaciones crediticias similares como Colombia y Panamá, la elevada dependencia al dólar es señalada como un factor de riesgo para la calificación soberana. Así lo indica el informe «Preservando el impulso: aprovechando la calificación de grado de inversión de Paraguay», elaborado por el centro de estudios Global Americans en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), publicado tras la obtención del segundo grado de inversión por parte de Standard & Poor’s.

El documento advierte que los principales factores de riesgo están asociados al alto componente en moneda extranjera del perfil de deuda y a la exposición a la volatilidad cambiaria, derivada de la dependencia del país de la agricultura y la energía hidroeléctrica como fuentes de divisas. El informe también señala que el saldo de la deuda del sector público pasó del 13% del PIB en 2010 a cerca del 42% en la actualidad, y concluye que «el país enfrenta un desafío a mediano plazo debido a la alta proporción de moneda extranjera en su perfil de deuda».

Paraguay coloca bonos en guaraníes por USD 1.000 millones en el mercado internacional

En el marco de su estrategia de desdolarización de la deuda pública, el Gobierno concretó recientemente la colocación de títulos en moneda local por el equivalente a USD 1.000 millones en el mercado internacional, a un plazo de 12 años y a una tasa de interés del 8,5% anual. Se trata de la tercera colocación del país en guaraníes en el exterior y la primera realizada con doble grado de inversión, según destacó el presidente Santiago Peña en su anuncio oficial.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que la tasa obtenida es inferior al 9,1% registrado en la última emisión de bonos del Tesoro en el mercado local para un plazo similar, diferencia que atribuyó al grado de inversión otorgado por Moody’s y Standard & Poor’s. Sostuvo además que, con esta operación, el déficit autorizado en el Presupuesto General de la Nación de 2026 —equivalente al 1,5% del PIB— podrá ser financiado en su totalidad en moneda nacional por primera vez. Con la colocación, la participación de la deuda denominada en guaraníes alcanza el 22% del saldo total, el nivel más alto registrado hasta la fecha.

La operación fue negociada a través de los bancos de inversión Citi Group, Goldman Sachs y J. P. Morgan, que contactaron a inversores en Londres y Nueva York. No se divulgaron los nombres de los tomadores ni las comisiones acordadas. De los USD 1.000 millones captados, USD 339 millones se destinarán a administración de pasivos —pago de vencimientos con nueva deuda— y los restantes USD 661 millones al financiamiento del Presupuesto General de la Nación.

La deuda se cuadruplicó desde la primera emisión de bonos en 2014

El Gobierno comparó esta colocación en importancia con la realizada en 2014 durante la administración de Horacio Cartes, también por USD 1.000 millones, pero denominada en dólares. En aquella ocasión, el saldo de la deuda pública paraguaya era de USD 4.174 millones, equivalente al 10,9% del PIB. Con la nueva colocación, ese saldo asciende a USD 21.409 millones, equivalente al 43% del PIB, lo que representa una cuadruplicación del endeudamiento en doce años.

La primera incursión de Paraguay en el mercado bursátil internacional se produjo el 17 de enero de 2013, con una emisión de USD 500 millones durante la presidencia de Federico Franco. Anteriormente, el país obtenía financiamiento casi exclusivamente de organismos multilaterales, cuyas operaciones se caracterizaban por ser de asignación específica, generalmente vinculadas a obras públicas concretas. La incorporación de los bonos del Tesoro como principal fuente de financiamiento externo amplió la flexibilidad en el uso de los recursos, pero también redujo la trazabilidad de su destino.

En cuanto a la inversión en infraestructura, menos del 15% del gasto estatal se destina actualmente a ese rubro, que acumula un atraso estimado en USD 30.000 millones. El Estado registra una deuda vencida con contratistas de al menos USD 350 millones, adeuda más de USD 600 millones a empresas farmacéuticas y más de USD 100 millones a proveedores del programa Hambre Cero, según datos disponibles a la fecha de publicación de este artículo.

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febrero 27, 2026

El astro portugués de 41 años, con un patrimonio neto de 1.400 millones de dólares, da el salto al mundo empresarial del fútbol europeo sin revelar la cifra de la operación, que se enmarca en la expansión internacional del proyecto saudí de Mohamed Al-Khereiji y cierra de facto la posibilidad de que Ronaldo vista la camiseta almeriense mientras siga en activo

Cristiano Ronaldo ya es propietario de un club de fútbol español. El delantero portugués del Al-Nassr saudí ha anunciado este jueves la adquisición del 25% de la Unión Deportiva Almería, una operación articulada a través de CR7 Sports Investments, filial de nueva creación de su holding empresarial CR7 SA, concebida expresamente para centralizar sus inversiones en el ámbito del deporte profesional. El movimiento representa uno de los pasos más relevantes en la transición del cinco veces Balón de Oro desde la élite del fútbol activo hacia una dimensión empresarial de mayor alcance estructural, y sitúa al club andaluz, actualmente en puestos de ascenso a la Primera División, en el mapa de los proyectos con mayor proyección internacional de la segunda categoría del fútbol español.

Un paso largamente anunciado que recala en Almería

Desde hace meses, el nombre de Ronaldo circulaba con insistencia en los foros especializados en inversión deportiva europea. Su figura llegó a vincularse al Valencia CF, club propiedad del empresario singapurense Peter Lim, aunque las conversaciones nunca prosperaron. Finalmente, ha sido la relación personal con Mohamed Al-Khereiji, presidente de la UD Almería y titular del conglomerado empresarial SMC Group, quien ha canalizado la operación. La amistad entre ambos ha resultado determinante en la elección del club indálico como primer destino de las inversiones deportivas estructuradas del portugués en Europa.

El comunicado oficial emitido por CR7 Sports Investments no ofrece cifras sobre el importe de la transacción, aunque sí la califica de «inversión estratégica» y subraya que refleja «el compromiso a largo plazo del delantero con la propiedad de equipos de fútbol profesional». En sus palabras, Ronaldo fue explícito sobre sus motivaciones: «Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Estoy deseando trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club».

Un club que lleva menos de un año en manos saudíes y ya suma un socio global

La entrada de Ronaldo en la estructura accionarial de la UD Almería se produce apenas diez meses después de que el empresario saudí Mohamed Al-Khereiji tomara el control total del club, tras adquirir la totalidad de las acciones que mantenía Turki Al-Sheikh, exministro de Deportes de Arabia Saudí y artífice del primer gran impulso saudí al proyecto almeriense desde agosto de 2019. Aquel primer ciclo inversor transformó radicalmente un club que había pasado tres años consecutivos lidiando contra el descenso a la antigua Segunda División B, convirtiéndolo en una entidad con aspiraciones reales de permanencia y proyección en Primera División.

Al-Khereiji recibió el club con un mandato claro: recuperar la máxima categoría del fútbol español. El proyecto ha avanzado en varios frentes de forma simultánea. En lo deportivo, el equipo compite en posiciones de ascenso directo en la Segunda División. En lo infraestructural, la remodelación del estadio —que se encuentra ya en su fase final para eliminar las pistas de atletismo— y la construcción de una ciudad deportiva para el primer equipo y la cantera —que ya cuenta con los permisos de obra— configuran una apuesta de largo recorrido que ahora cuenta con el respaldo de una figura de alcance global.

Desde la presidencia del club, Al-Khereiji valoró la incorporación de Ronaldo con entusiasmo: «Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, conoce muy bien la liga española y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en términos del equipo como también de la cantera».

La UD Almería, una cantera de plusvalías en el mercado de delanteros

Más allá de la dimensión institucional del proyecto, hay un activo que ha pasado inadvertido para el gran público pero que no escapa al ojo inversor: el Almería ha sido, en los últimos siete años, uno de los clubes más eficientes de Europa en la generación de plusvalías a través de sus delanteros. Darwin Núñez salió por 24 millones de euros al Benfica antes de dar el salto al Liverpool. Umar Sadiq se marchó a la Real Sociedad por casi 30 millones y hoy milita en el Valencia. El Bilal Touré fue traspasado al Atalanta por 31 millones. Y el pasado verano, Luis Suárez abandonó el club por 27 millones rumbo al Sporting de Portugal. Una secuencia de operaciones que revela una capacidad sostenida de identificar, desarrollar y comercializar talento ofensivo con márgenes de rentabilidad notables, un modelo que encaja perfectamente con la lógica de un inversor que aspira a participar activamente en la gestión deportiva.

CR7 Sports Investments, el vehículo de una ambición empresarial de largo plazo

La creación de CR7 Sports Investments como filial específica dentro del holding CR7 SA no es un gesto cosmético. Responde a una estrategia articulada para evaluar y ejecutar oportunidades en el deporte profesional de forma sistemática. Ronaldo, cuyo patrimonio neto asciende a 1.400 millones de dólares según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, ha construido su fortuna principalmente a partir de sus ingresos salariales, incluyendo su actual contrato con el Al-Nassr, vigente hasta junio de 2027, y sus anteriores vínculos con los grandes clubes europeos. Si bien cuenta con un portfolio empresarial diversificado —la marca CR7, una cadena hotelera, gimnasios y un grupo de medios—, estos negocios no constituyen el núcleo de su riqueza. La inversión en clubes de fútbol representa, por tanto, una reorientación estratégica hacia activos con mayor potencial de revalorización estructural y proyección a largo plazo.

El portugués ha declarado en múltiples ocasiones su deseo de ser propietario de varios clubes tras su retirada. La adquisición del 25% del Almería funciona así como un primer movimiento en un tablero que previsiblemente se irá ampliando. La tendencia no es exclusiva de Ronaldo: refleja un patrón creciente entre grandes figuras del deporte global que buscan capitalizar su marca, su red de contactos y su conocimiento del negocio futbolístico en inversiones de largo recorrido.

La normativa española veta cualquier posibilidad de que Ronaldo juegue en el Almería mientras siga en activo

La pregunta que inevitablemente sobrevuela la operación —¿podría Ronaldo fichar por el Almería al término de su contrato con el Al-Nassr?— encuentra una respuesta jurídica clara y sin ambigüedades en la normativa española vigente. La Ley del Deporte del Consejo Superior de Deportes y los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, actualizados en febrero de 2025, prohíben expresamente que un futbolista en activo mantenga relaciones comerciales con LaLiga y compita en España si posee intereses en un club de la competición. La concurrencia de ambas condiciones generaría un conflicto de intereses que invalida cualquier posibilidad de vinculación deportiva.

Esta disposición, popularmente conocida como la ley anti-Piqué, fue impulsada tras el caso del exjugador del FC Barcelona, cuya empresa llegó a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol —presidida entonces por Luis Rubiales— para gestionar los contratos de la Supercopa de España en Arabia Saudí, mientras Piqué seguía siendo futbolista profesional en activo. El precedente dejó en evidencia los riesgos de permitir que jugadores con intereses comerciales directos influyeran en la gestión de competiciones de las que también formaban parte como deportistas.

En la práctica, mientras Ronaldo mantenga su participación en la UD Almería y continúe en activo como futbolista, le estará vedado disputar un partido en cualquier club de LaLiga. Una restricción que, en el escenario más probable, adquirirá relevancia únicamente cuando el portugués decida poner punto final a su carrera deportiva. El mismo debate podría reproducirse próximamente con Sergio Ramos, cuya posible entrada en la propiedad del Sevilla FC se encuentra en fase de negociación.

Un proyecto que suma capital, visibilidad y atractivo comercial

La incorporación de Cristiano Ronaldo al accionariado de la UD Almería trasciende el ámbito estrictamente financiero. Su nombre aporta una visibilidad mediática de primer orden, una capacidad de atracción comercial difícilmente replicable y una proyección internacional que multiplica el alcance del proyecto en mercados clave para el desarrollo del fútbol como negocio global. Para un club que aspira a consolidarse en Primera División y que ya ha demostrado una notable eficiencia en la gestión de activos deportivos, contar con uno de los deportistas más reconocidos del planeta como socio estratégico representa una palanca de crecimiento con implicaciones que van mucho más allá del balance contable.

La operación, en definitiva, sintetiza dos fenómenos que están redefiniendo la estructura del fútbol profesional europeo: la internacionalización de la propiedad de los clubes y la conversión de las grandes figuras del deporte en agentes inversores con vocación de permanencia. Almería es, por ahora, el primer escenario de esa nueva etapa en la vida de Cristiano Ronaldo.

Trump exige a las grandes tecnológicas autoabastecerse de energía ante el aumento del consumo de la inteligencia artificial y la presión sobre las tarifas eléctricas de los hogares estadounidenses

febrero 27, 2026

El presidente Donald Trump convocó a los principales ejecutivos de la industria tecnológica a la Casa Blanca para el 4 de marzo, con el objetivo de formalizar el denominado «Compromiso de Protección del Precio de la Electricidad», una iniciativa que busca obligar a las grandes empresas de inteligencia artificial a construir, adquirir o desarrollar su propio suministro energético para los nuevos centros de datos, eximiendo así a los consumidores residenciales de asumir los costos derivados del crecimiento exponencial de esta industria.

Entre las compañías convocadas figuran Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. —matriz de Google—, xAI Corp. de Elon Musk, Oracle Corp. y OpenAI Inc. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, confirmó la iniciativa y subrayó que «estas empresas masivas construirán, traerán o comprarán su propio suministro de energía para los nuevos centros de datos de IA, asegurando que las facturas de electricidad de los estadounidenses no aumenten a medida que crece la demanda». El esfuerzo es liderado de manera conjunta por Trump, el secretario de Energía Chris Wright y Michael Kratsios, director de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca.

Un problema eléctrico de escala nacional

El contexto que rodea esta medida es contundente. En diciembre pasado, el precio medio de venta al público de la electricidad alcanzó los 17,24 céntimos por kilovatio-hora a nivel nacional, lo que representa un incremento del 6% respecto al año anterior. En enero de 2026, las tarifas residenciales registraron un alza del 6,7% interanual. Estos datos contradicen abiertamente la promesa central de la campaña presidencial de 2024, cuando Trump se comprometió a reducir las facturas eléctricas a la mitad. En lugar de descender, los costos han escalado impulsados por la confluencia de tres factores: la creciente demanda de los centros de datos, la expansión industrial y la electrificación progresiva de la calefacción doméstica, la cocina y el transporte.

El peso político de esta problemática quedó de manifiesto en una encuesta realizada por Blue Rose Research para el grupo de defensa Climate Power, en la que el 64% de los votantes identificó los costos de los servicios públicos como el tema más preocupante vinculado al desarrollo de centros de datos. La resistencia ciudadana no se limita a las tarifas: también incluye preocupaciones por el uso intensivo de agua y tierra de estas instalaciones, así como su dependencia de generadores diésel para la energía de reserva.

El anuncio en el Estado de la Unión y su trasfondo político

Trump presentó la iniciativa durante su discurso sobre el Estado de la Unión del martes como una conquista negociada. «Esta noche, me complace anunciar que he negociado el nuevo compromiso de protección al contribuyente», declaró, añadiendo que su administración ha comunicado a las grandes tecnológicas «que tienen la obligación de cubrir sus propias necesidades energéticas» y que quienes construyan sus propias plantas de generación como parte de sus instalaciones contribuirán, en muchos casos, a reducir «los precios de la electricidad para la comunidad y de forma muy sustancial».

El anuncio no es ajeno al calendario político. La promesa de protección a los contribuyentes constituye el último movimiento de la administración para hacer frente a uno de sus principales flancos vulnerables antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Trump ha adoptado una posición proactiva respecto a la inteligencia artificial, considerándola un motor de crecimiento económico y un elemento estratégico en la competencia con China, pero esa misma apuesta ha generado una presión creciente sobre la infraestructura eléctrica que ahora busca manejar políticamente.

Compromisos sin fuerza legal: el debate sobre su eficacia

El punto más cuestionado de la iniciativa es su naturaleza jurídica. Los compromisos que las empresas firmarán no serán vinculantes ni tendrán fuerza de ley. Los funcionarios de la administración argumentan que la formalidad pública de los acuerdos generará responsabilidad corporativa y ofrecerá cierta seguridad a los consumidores. Sin embargo, los críticos rechazan esa lógica con firmeza.

Jesse Lee, asesor principal de Climate Power, calificó la medida de «promesa vacía» y señaló que la administración debería centrarse en incorporar nuevas fuentes de energía para hacer frente al inminente incremento de la demanda. El contraste resulta llamativo: mientras Trump impulsa este compromiso, su administración ha suprimido los subsidios a las energías renovables y ha intentado paralizar la construcción de parques eólicos marinos a lo largo de la costa este del país.

Compañías como Microsoft y Amazon no han confirmado públicamente los detalles de su adhesión al acuerdo, aunque fuentes de la Casa Blanca citadas por Reuters y Politico indicaron que el acuerdo fue cerrado antes del discurso presidencial.

La magnitud del consumo energético de la inteligencia artificial

Para comprender la urgencia del problema, basta con examinar las cifras. Según estimaciones del Congressional Research Service y de la Agencia Internacional de Energía, un centro de datos de inteligencia artificial puede consumir el equivalente energético de entre 40.000 y 80.000 hogares. La llegada de una sola instalación tecnológica de gran escala puede duplicar o triplicar la demanda en una subestación local, obligando a realizar obras de infraestructura cuyos costos se trasladan habitualmente a todos los usuarios de la zona mediante aumentos tarifarios.

Este impacto no se limita al sector de la inteligencia artificial. La minería de Bitcoin también opera sobre infraestructuras de consumo eléctrico intensivo comparables, lo que amplía el alcance del problema más allá de las grandes plataformas digitales. Algunos actores del sector ya han adoptado modelos de autoabastecimiento: TeraWulf, por ejemplo, opera una instalación de 200 megavatios en Pensilvania conectada directamente a una central nuclear, un esquema que la administración presenta implícitamente como modelo a seguir.

Dudas estructurales y riesgos para los consumidores

Los especialistas advierten que la propuesta enfrenta obstáculos estructurales de envergadura. La construcción de nuevas plantas de generación eléctrica es un proceso que puede demandar entre cinco y diez años, lo que limita su capacidad de respuesta ante una demanda que crece de manera inmediata. A esto se suma un riesgo sistémico poco mencionado en el debate público: si las grandes tecnológicas dejan de comprar energía a las distribuidoras locales para autoabastecerse, estas últimas podrían verse obligadas a trasladar sus costos fijos a un universo menor de clientes residenciales, encareciendo paradójicamente el servicio para los hogares que se pretende proteger.

Shar Pourreza, director de energía en América del Norte para Wells Fargo, señaló que varios estados ya han tomado la iniciativa de exigir a los nuevos centros de datos que contribuyan a los costos de infraestructura, y que la administración Trump parece alinearse con esa tendencia. En ese marco, la firma identificó a Constellation Energy como su principal recomendación entre los productores de energía independientes, destacando su capacidad nuclear como recurso atractivo para las tecnológicas que buscan fuentes limpias y confiables. No obstante, la inclinación de la administración hacia los combustibles fósiles introduce una variable de incertidumbre sobre el rumbo energético de largo plazo.

Un consenso emergente ante una crisis estructural

Más allá de las disputas sobre la eficacia del compromiso, existe un consenso creciente en torno a la necesidad de que las grandes empresas tecnológicas asuman una proporción mayor de los costos de infraestructura que genera su expansión. Las proyecciones apuntan a que la escasez de capacidad de suministro energético podría convertirse en un problema crítico ya en 2029, lo que abre un horizonte de crecimiento significativo para las empresas del sector energético, tanto reguladas como independientes.

Lo que permanece sin respuesta es si una declaración de buenas intenciones, por más solemne que sea su escenario, alcanza para disciplinar a actores económicos cuyo poder de mercado supera con creces al de la mayoría de los estados donde operan. La efectividad de la medida dependerá, en última instancia, no de la firma estampada en la Casa Blanca, sino de los mecanismos concretos que la administración sea capaz de articular para garantizar su cumplimiento.

Precios de la carne en Paraguay suben impulsados por el mercado internacional, mientras las exportaciones de enero caen a su nivel más bajo desde 2019

febrero 27, 2026

El precio de la carne vacuna en Paraguay no sube por decisión de la industria frigorífica. Esa es la conclusión central del informe publicado por la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), que nuclea a los principales frigoríficos exportadores del país. Según el gremio, lo que el consumidor paraguayo paga hoy en la carnicería o el supermercado es el reflejo directo de lo que ocurre en los mercados internacionales, y los datos respaldan esa afirmación con correlaciones estadísticas difíciles de ignorar.

El fenómeno no es menor en un momento en que las familias paraguayas sienten el impacto en el bolsillo. La carne vacuna es uno de los productos de mayor peso en la canasta básica del país, y cualquier movimiento al alza en su precio genera un debate inmediato sobre responsabilidades dentro de la cadena productiva. La CPC buscó adelantarse a esas discusiones con evidencia empírica.

Lo que paga el mundo, lo paga el paraguayo

La correlación entre la variación interanual del precio implícito de exportación y la inflación de la carne vacuna en el mercado doméstico ronda 0,84, mientras que la relación entre el precio al gancho y esa misma inflación se sitúa en torno a 0,79. En términos estadísticos, ambos coeficientes son considerados altos y reflejan que los movimientos del mercado global se transmiten de manera consistente y persistente a lo largo de toda la cadena, desde el frigorífico exportador hasta el mostrador del comercio minorista.

La lógica detrás de este mecanismo es propia de una economía abierta y tomadora de precios como la paraguaya. Cuando la demanda internacional de carne bovina se fortalece, los frigoríficos compiten entre sí para asegurarse la oferta de ganado disponible, lo que empuja al alza el precio al gancho que recibe el productor. Ese incremento, a su vez, se traslada al precio final de la carne en el mercado interno. No hay, según la CPC, una retención deliberada de ese traslado ni una manipulación coordinada de precios.

El productor recibe más, pero también paga más la competencia entre frigoríficos

Uno de los puntos más llamativos del informe es que, en períodos de fuerte expansión de la demanda internacional, los incrementos en el precio al gancho superan incluso los del precio implícito de exportación. El año 2025 fue un ejemplo concreto: mientras las cotizaciones internacionales de la carne paraguaya subieron cerca del 18%, el precio del ganado al gancho creció alrededor del 26%. Esta dinámica, lejos de perjudicar al productor primario, refleja que la competencia entre plantas frigoríficas por acceder al ganado disponible termina beneficiando al ganadero con valores por encima de lo que el mercado externo estrictamente justificaría.

Para la CPC, este comportamiento es incompatible con la hipótesis de que la industria ejerce un poder de mercado sistemático en detrimento del productor o del consumidor. Si así fuera, los precios al gancho no superarían los aumentos de exportación sino que quedarían rezagados.

Enero de 2026: menos volumen, mejor precio por tonelada

Este contexto de precios internacionales al alza quedó reflejado también en los datos de exportación de enero de 2026 publicados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Paraguay exportó 17.974.195 kilogramos de productos cárnicos durante ese mes, lo que representó una caída del 31% en volumen respecto a los 26.391.656 kilogramos exportados en enero de 2025. En ingresos, la reducción fue del 21%, pasando de US$ 148 millones a US$ 116 millones.

Sin embargo, el precio promedio por tonelada contó una historia diferente. La carne paraguaya se cotizó en enero de 2026 a US$ 6.493 la tonelada, un repunte del 15% frente a los US$ 5.621 de enero de 2025. Es decir, Paraguay exportó menos carne pero la vendió más cara, lo que amortigua parcialmente el impacto de la caída en volumen sobre los ingresos totales del sector.

La retención de vientres explica la menor oferta exportable

La caída en volumen no es un fenómeno que sorprenda a los especialistas del sector. Enero de 2026 marca el inicio del ciclo de retención de vientres, una práctica habitual en la ganadería paraguaya mediante la cual los productores deciden retener hembras reproductoras para ampliar el rodeo en lugar de enviarlas a faena. Esta decisión, racional desde el punto de vista del negocio ganadero en un contexto de precios favorables, reduce temporalmente la oferta de animales disponibles para los frigoríficos, comprime los volúmenes de exportación y presiona adicionalmente al alza los precios al gancho.

El resultado es un círculo que se retroalimenta: los buenos precios internacionales incentivan la retención, la retención reduce la oferta, la menor oferta eleva el precio al gancho, y ese precio más alto termina trasladándose al consumidor final. La CPC no lo presenta como un problema sino como el funcionamiento natural de un mercado integrado globalmente.

El registro más bajo desde 2019 en términos históricos

La magnitud de la caída en volumen adquiere mayor peso al observarla en perspectiva histórica. Desde 2020 en adelante, Paraguay nunca había exportado menos de 20 millones de kilogramos en el mes de enero: en 2020 fueron 20.785.467 kilogramos, en 2021 alcanzaron 21.363.260 kilogramos, en 2022 sumaron 21.073.190 kilogramos, en 2023 llegaron a 22.957.155 kilogramos, en 2024 registraron 22.464.093 kilogramos y en 2025 el país logró su mejor arranque con 26.391.650 kilogramos. El volumen de enero de 2026 es el más bajo desde 2019, cuando se exportaron 17.232.600 kilogramos, y solo supera levemente los 17.159.234 kilogramos de enero de 2018.

Chile lidera los destinos, con Estados Unidos e Israel como socios estratégicos

A pesar de la caída general en volumen, la distribución geográfica de las exportaciones mostró una demanda activa en los mercados tradicionales. Chile se mantuvo como el principal destino de la carne paraguaya en enero de 2026, con 6.692.949 kilogramos adquiridos por un valor de US$ 44 millones. Israel ocupó el segundo lugar con 2.680.910 kilogramos e ingresos de US$ 19 millones. Estados Unidos se posicionó como el tercer mercado con 3.346.663 kilogramos y US$ 18 millones generados, mientras que Taiwán completó el grupo de los cuatro principales destinos con 1.974.739 kilogramos exportados que representaron US$ 12 millones en divisas.

Un sector que mira hacia afuera y siente las consecuencias adentro

El panorama que emerge de la combinación entre el informe de la CPC y los datos de Senacsa es el de un sector cárnico paraguayo profundamente integrado a los ciclos del mercado global, con todas las ventajas y las tensiones que eso implica. Cuando el mundo paga bien la carne, el productor gana más, los frigoríficos compiten con fuerza y el país ingresa más dólares. Pero también cuando el mundo paga bien la carne, el consumidor paraguayo enfrenta precios más altos en la góndola, no por una maniobra de la industria sino por la misma lógica que beneficia al ganadero.

La CPC reconoce que otros factores también inciden en el precio final al consumidor, entre ellos las condiciones climáticas, la disponibilidad de ganado en distintas épocas del año, los costos logísticos, la estructura del comercio minorista y el comportamiento de la demanda doméstica. Pero el mensaje central del gremio es claro: en Paraguay, el precio de la carne lo fija, en buena medida, el mundo.

Paramount Skydance eleva su oferta a US$110.900 millones por Warner Bros. Discovery y desafía el acuerdo vigente con Netflix en una batalla por el control de Hollywood

febrero 26, 2026

Paramount Skydance Corp. (PSKY) publicó sus resultados financieros del cuarto trimestre en un momento estratégicamente significativo: apenas días después de presentar una oferta revisada para adquirir Warner Bros. Discovery Inc. (WBD), su rival en el sector del entretenimiento. Los números, que superaron las proyecciones de Wall Street en varias métricas clave, refuerzan la posición negociadora de la compañía dirigida por David Ellison en medio de una de las disputas corporativas más relevantes de la industria audiovisual en años recientes.

La matriz de CBS y MTV registró ingresos totales de US$8.150 millones en el trimestre, superando las estimaciones de los analistas, que anticipaban US$8.120 millones. El indicador más destacado fue el resultado operativo ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, que alcanzó US$612 millones, cifra que superó ampliamente tanto las previsiones del mercado, situadas en US$561,9 millones, como la propia guía que la empresa había ofrecido en noviembre, cuando estimó un rango de entre US$500 y US$600 millones.

Un portafolio con luces y sombras

El desempeño por segmentos revela un cuadro matizado. La división de cadenas de televisión, la mayor de la compañía, registró una caída del 5% en sus ventas, hasta los US$4.710 millones, aunque aun así superó las estimaciones de US$4.670 millones. Esta contracción refleja la tendencia estructural que afecta a los medios lineales tradicionales en todo el sector: la migración sostenida de audiencias y presupuestos publicitarios hacia plataformas digitales.

El negocio de streaming, en cambio, mostró cierto rezago frente a las expectativas. Los ingresos de esta división alcanzaron US$2.210 millones, por debajo de los US$2.290 millones proyectados por los analistas. No obstante, Paramount+ logró ampliar su base de suscriptores hasta los 78,9 millones, en un contexto en el que la plataforma incrementó su precio mensual de US$8 a US$9 en enero, un ajuste tarifario que podría haber moderado el ritmo de incorporación de nuevos usuarios. El estudio cinematográfico Paramount Pictures completó el cuadro con ingresos de US$1.260 millones, levemente por encima de los US$1.240 millones estimados por Wall Street.

La batalla por Warner Bros. Discovery: una oferta que redefine el tablero

El verdadero epicentro de la actualidad en torno a Paramount no son sus resultados trimestrales, sino la disputa abierta por hacerse con el control de Warner Bros. Discovery, propietaria de HBO, CNN y TNT, entre otros activos de primer nivel. Esta contienda enfrenta a Paramount Skydance con Netflix Inc. (NFLX) en lo que promete convertirse en una de las operaciones más complejas y costosas en la historia reciente del entretenimiento global.

A principios de diciembre, Warner Bros. Discovery había acordado vender sus estudios y su negocio de streaming a Netflix por US$27,75 por acción, en una operación valorada en US$82.700 millones incluyendo deuda. Como parte de ese acuerdo, Warner Bros. planeaba escindir sus canales de televisión por cable, incluyendo CNN y TNT, en una entidad separada, con el argumento de que dicha escisión generaría valor adicional para sus accionistas.

Frente a ese escenario, Paramount Skydance presentó una oferta revisada de US$31 por acción, en modalidad de todo en efectivo, que eleva la valoración total de la operación a US$110.900 millones. Esta cifra implica un incremento de US$1 respecto a su puja anterior de US$30 por acción, valorada en aproximadamente US$108.000 millones, y supera en US$28.200 millones el acuerdo actualmente vigente con Netflix. Para financiar esta escalada, Paramount añadió US$2.480 millones en efectivo adicionales a su propuesta anterior.

Las cláusulas que definen el riesgo financiero

Más allá del precio por acción, la oferta de Paramount incorpora una serie de condiciones técnicas y financieras que merecen atención particular, ya que distribuyen los riesgos de la transacción de forma explícita.

En primer lugar, la propuesta incluye una tasa de espera equivalente a US$0,25 por trimestre a partir del 30 de septiembre, mecanismo habitual en operaciones de esta magnitud para compensar al vendedor por el paso del tiempo durante el proceso de cierre. En segundo lugar, y quizás el elemento más revelador sobre la confianza de Paramount en superar el escrutinio regulatorio, la compañía se compromete a asumir una penalidad de US$7.000 millones en caso de que la transacción no se concrete por objeciones de los organismos reguladores, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Esta cláusula apunta directamente a uno de los principales factores de incertidumbre que rodean cualquier megafusión en el sector de los medios.

Adicionalmente, Paramount se comprometió a cubrir los US$2.800 millones que Warner Bros. Discovery debería abonar a Netflix en concepto de penalidad por cancelación del acuerdo vigente, removiendo así uno de los obstáculos prácticos más significativos para que el directorio de WBD pueda inclinarse hacia la oferta rival. La propuesta también contempla el aporte de fondos de capital adicionales para respaldar los certificados de solvencia exigidos por los bancos acreedores, y establece que el desempeño de la unidad Global Linear Networks, próxima a ser escindida de WBD, quedará fuera de la evaluación del criterio de efecto adverso material.

La respuesta del directorio de Warner Bros. Discovery

El 24 de febrero, Warner Bros. Discovery comunicó que su junta directiva, tras consultar con sus asesores financieros y legales independientes, determinó que la propuesta revisada de Paramount podría derivar en una oferta superior a la transacción acordada con Netflix. La empresa aclaró, no obstante, que el directorio aún no ha dictaminado formalmente si dicha propuesta supera al acuerdo vigente, y que se iniciará un proceso de diálogo con Paramount para evaluar la viabilidad y conveniencia de los nuevos términos.

Un detalle de peso: Warner Bros. Discovery no retiró su recomendación a los accionistas de apoyar el acuerdo con Netflix. La junta mantiene vigente esa postura mientras avanza en las conversaciones con Paramount, una posición que refleja la cautela natural ante una decisión que compromete decenas de miles de millones de dólares y que está sujeta a múltiples condicionantes regulatorios y financieros.

En este proceso, WBD cuenta con la asesoría financiera de Allen & Company, J.P. Morgan y Evercore, y con la representación legal de las firmas Wachtell Lipton, Rosen & Katz y Debevoise & Plimpton LLP, un equipo de primer nivel que sugiere la envergadura y complejidad de las negociaciones en curso.

Netflix en el banquillo: cuatro días para responder

Si el directorio de Warner Bros. Discovery resuelve que la oferta de Paramount es efectivamente superior, Netflix dispondrá de cuatro días hábiles para renegociar los términos de su propio acuerdo y presentar una contraoferta. Este mecanismo, previsto en las cláusulas del contrato de fusión original, abre la posibilidad de una escalada adicional en el precio de la operación y convierte lo que parecía un acuerdo cerrado en una puja competitiva de desenlace abierto.

El trasfondo estructural: presión sobre los medios tradicionales

La batalla por Warner Bros. Discovery no puede entenderse de manera aislada. Responde a una transformación profunda y acelerada del ecosistema mediático global, en la que los grandes estudios de Hollywood se ven atrapados entre el declive de sus fuentes de ingreso tradicionales, como la televisión por cable y la distribución cinematográfica en salas, y las exigencias de rentabilidad de sus plataformas de streaming, en las que han invertido miles de millones de dólares durante la última década.

Paramount es un ejemplo paradigmático de esta presión. La compañía fue adquirida por Skydance Media de David Ellison en agosto por US$8.000 millones, y el CEO de 43 años lleva meses intentando articular una estrategia de escala que le permita competir con los gigantes del sector. La adquisición de Warner Bros. Discovery, con sus activos de contenido premium y su base de suscriptores consolidada, representaría un salto cualitativo de enorme magnitud para la compañía recién fusionada.

Warner Bros. Discovery, por su parte, había señalado en octubre que evaluaba todas sus opciones tras recibir interés no solicitado de múltiples partes, entre ellas Paramount, Netflix y Comcast Corp. La confirmación de que al menos dos de estos actores están dispuestos a competir de forma activa por sus activos valida la percepción de que se trata de una de las colecciones de contenido y marcas más valiosas del mercado audiovisual global. El desenlace de esta negociación, que aún puede dar giros inesperados, tendrá consecuencias duraderas sobre la estructura competitiva de la industria del entretenimiento a nivel mundial.

Automatización, deflación y consumo: la tesis que convulsionó los mercados y divide a la Fed sobre el verdadero coste macroeconómico de la IA

febrero 26, 2026

El miedo a una gran crisis económica volvió a instalarse esta semana en los mercados financieros, pero esta vez no llegó desde los despachos de un gran banco de inversión ni desde los modelos de la Reserva Federal. Llegó desde un ensayo publicado en Substack por una firma de análisis prácticamente desconocida que, en menos de 48 horas, logró borrar miles de millones de dólares en capitalización bursátil y reabrir uno de los debates más incómodos del capitalismo contemporáneo: ¿qué ocurre cuando la tecnología funciona tan bien que destruye el sistema que la sustenta?

El informe que nadie esperaba y Wall Street no pudo ignorar

El documento se titula The 2028 Global Intelligence Crisis y fue publicado por Citrini Research, publicación financiera vinculada a la gestora de activos Citrinitas Capital Management. No se trata de un banco de inversión de referencia ni de una firma macroeconómica de primer orden, pero en los últimos meses ha ganado notoriedad creciente en los círculos financieros por sus ensayos provocadores sobre mercados y tecnología. Sus autores son los primeros en subrayar que el texto no es una predicción, sino un ejercicio de modelización de riesgos de cola, es decir, un análisis de qué ocurriría en el peor escenario posible para que los inversores conozcan a qué riesgos se exponen. «Lo que sigue es un escenario, no una predicción. No se trata de pornografía bajista ni de fan fiction pesimista sobre la IA. El único objetivo de este artículo es modelar un escenario que ha sido relativamente poco explorado», arranca el informe con una contundencia que, paradójicamente, no hizo sino amplificar su impacto.

La tesis central es tan sencilla como perturbadora: el colapso no vendría porque la inteligencia artificial falle, sino porque funciona demasiado bien y la humanidad no estaría preparada para sostener las consecuencias económicas de ese éxito. Si la inteligencia, históricamente el recurso más valioso y escaso, se convierte en algo barato y accesible gracias a los agentes de IA, el valor del trabajo cualificado humano se desploma. Y ese desplome, sostiene Citrini, activaría una espiral deflacionaria sin precedentes históricos.

La espiral que nadie ha vivido antes

El mecanismo descrito en el informe es lo que sus autores denominan un «desplazamiento en espiral de la inteligencia humana». La lógica es la siguiente: cuando las empresas sustituyen a trabajadores de oficina, analistas, programadores, administrativos y gestores por sistemas de inteligencia artificial, una parte significativa de la población pierde empleo o se desplaza hacia trabajos de menor remuneración. Eso reduce el consumo. Y en una economía como la estadounidense, donde el gasto familiar representa aproximadamente el 70% de toda la actividad económica, una contracción del consumo tiene efectos sistémicos inmediatos.

Ante la caída de ingresos, las empresas responden con nuevas rondas de automatización, porque la IA resulta más barata que mantener plantillas. Eso genera nuevos despidos, que deprimen aún más el consumo, lo que obliga a más recortes, y así sucesivamente. En el escenario central del informe, la tasa de desempleo en Estados Unidos escalaría desde el 4,3% actual hasta el 10,2% en 2028, mientras que el peso de los salarios en el PIB caería hasta el 46%. El resultado sería una economía que produce más gracias a las máquinas pero con cada vez menos ciudadanos con capacidad de compra para absorber lo que se produce.

El PIB fantasma y la riqueza que no circula

Uno de los conceptos más llamativos del informe es el de la «economía fantasma» o «PIB fantasma». Las estadísticas macroeconómicas reflejarían crecimiento porque las empresas serían más eficientes y productivas, pero esa riqueza no se traduciría en mejores salarios ni en mayor consumo. Las ganancias quedarían concentradas en el capital, mientras los hogares se estancan o retroceden.

Este planteamiento no es completamente nuevo. Firmas como PIMCO llevan tiempo advirtiendo que el peso creciente del capital intangible, software, datos y algoritmos, desplaza la participación del trabajo en la renta nacional. En Estados Unidos, la proporción de la riqueza nacional que se destina a salarios lleva bajando desde la Gran Recesión de 2008. Si la inteligencia artificial acelera esa tendencia estructural, el crecimiento económico podría convertirse en un fenómeno exclusivamente financiero, perceptible en los índices bursátiles pero invisible en las nóminas.

Los sectores señalados: pagos, plataformas y software

El informe identifica tres grandes sectores especialmente vulnerables. El primero es el software empresarial en la nube, conocido como SaaS. Compañías como ServiceNow o Asana se verían atrapadas entre dos fuerzas simultáneas: las empresas desarrollarían soluciones internas con ayuda de la IA y la guerra de precios se intensificaría hasta hacer insostenibles los modelos de licencia actuales. Si los agentes de IA son capaces de generar código a medida en cuestión de minutos, muchas suscripciones quedarían obsoletas.

El segundo sector en riesgo son las plataformas de intermediación digital, como DoorDash o Uber, cuyos modelos dependen de la fricción y la fidelidad del usuario. En un entorno donde agentes de IA comparan precios en tiempo real y seleccionan siempre la opción más económica, la lealtad a una aplicación concreta se diluye por completo.

El tercer frente es el sistema financiero de pagos. Si los agentes priorizan redes más rápidas y baratas, compañías como Visa, Mastercard o American Express podrían ver reducidos sus ingresos por comisiones de forma muy significativa. No es casualidad que estas empresas fueran precisamente las primeras en registrar caídas notables tras la publicación del informe.

El lunes negro de las tecnológicas

La reacción del mercado fue inmediata y más severa de lo esperado. El propio Alap Shah, coautor del informe y director en Lotus Technology Management, reconoció en Bloomberg TV que la virulencia de las ventas había sido «definitivamente mayor de lo esperado». En la sesión del lunes, Uber, Visa, Mastercard, American Express y DoorDash registraron caídas de entre el 4% y el 6%. Empresas de software de gestión de trabajo como Asana y Monday.com perdieron más del 10% en una sola jornada, al ser identificadas como las más expuestas al reemplazo por agentes autónomos.

El dato más contundente del día lo protagonizó IBM, que se desplomó más del 13% y anotó su mayor caída bursátil en 25 años. El sector de la ciberseguridad sufrió su segundo día consecutivo de pérdidas severas, en parte agravadas por el lanzamiento de una herramienta de escaneo de código por parte de Anthropic. CrowdStrike perdió un 10,9%, Zscaler un 10,2%, Netskope un 11,5% y Cloudflare un 9,2%. Las grandes gestoras de capital alternativo como Blackstone y KKR también se vieron arrastradas por el temor a que sus carteras de crédito privado estén sobrevaloradas en el nuevo paradigma tecnológico.

Edwards: «El apocalipsis no es para 2028, ya está aquí»

Mientras el informe de Citrini resonaba en los mercados, el conocido estratega de Société Générale Albert Edwards aprovechó para reivindicar su propia anticipación del fenómeno. En su última nota para clientes, titulada de forma reveladora El escenario apocalíptico de la macroeconomía de la IA no es para 2028. ¡Ya está aquí!, Edwards argumenta que los efectos adversos en el empleo ya son evidentes y que el consumo se encamina hacia un muro de piedra sin necesidad de esperar a 2028.

Edwards sostiene que el gasto de consumo en Estados Unidos, que ha crecido cerca del 3%, no está respaldado por el incremento de la renta personal disponible real, que se ha mantenido prácticamente plana durante los últimos seis meses. El consumo se ha sostenido únicamente gracias al desplome de la tasa de ahorro hasta el 3,6%, un nivel que no se veía desde la euforia de la burbuja inmobiliaria de 2006, salvo brevemente en 2022 cuando se gastaron los cheques de estímulo poscovid. «Es improbable que se produzca otra caída pronunciada de la tasa de ahorro desde estos niveles tan bajos, lo que refuerza mi opinión de que nos encaminamos hacia una crisis de consumo relacionada con la IA», escribe el estratega. Edwards también señala que el impacto de la IA ya se está extendiendo más allá del sector tecnológico hacia áreas como los seguros, la gestión de fondos y la logística, y que la historia de la inversión en IA «ha comenzado a desintegrarse».

La Fed dividida ante un riesgo sin manual

El debate ha llegado al seno de la propia Reserva Federal, y las posiciones están lejos de ser uniformes. El gobernador Christopher Waller se mostró explícitamente optimista: «No soy pesimista sobre el impacto económico de la IA. No creo que los seres humanos vayan a desaparecer del panorama y que la IA lo vaya a hacer todo», declaró, describiendo la tecnología como una herramienta que la economía «siempre ha gestionado». Susan Collins, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, se pronunció en una línea similar, calificándose de «optimista cautelosa» y defendiendo que hasta ahora los trabajadores parecen haberse beneficiado de la IA más que haber sido desplazados. Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond, compartió esa visión en la misma mesa redonda.

Sin embargo, la gobernadora Lisa Cook, cuyo puesto se ha visto bajo presión política tras los intentos de la administración Trump de destituirla, ofreció una lectura radicalmente distinta. Cook alertó de que la IA podría haber desencadenado «la reorganización laboral más significativa en generaciones» y advirtió que la Fed podría no estar en condiciones de contrarrestar un aumento estructural del desempleo mediante bajadas de tipos de interés sin arriesgarse a una mayor inflación, incluso en un contexto de crecimiento de la productividad. «En las primeras etapas, el desplazamiento de puestos de trabajo puede preceder a la creación de empleo, de modo que la tasa de desempleo puede aumentar y la participación en la población activa puede disminuir a medida que la economía se transforma», advirtió Cook.

Nvidia, el árbitro de la semana

La volatilidad sembrada este lunes tiene una prueba de fuego inmediata: la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia. La compañía, que representa aproximadamente el 8% de la capitalización total del S&P 500, tiene en sus manos la capacidad de calmar los ánimos o de dar la razón a los más pesimistas. En un mercado cada vez más sensible ante cualquier narrativa que cuestione si el billonario gasto corporativo en infraestructura de IA tendrá retorno positivo, o si acabará canibalizando el propio sistema económico que lo financia, los números de Nvidia tendrán una resonancia que va mucho más allá de los resultados de una sola empresa.

Lo que el informe de Citrini ha logrado, más allá de mover cotizaciones, es cristalizar una inquietud que llevaba tiempo acumulándose en los márgenes del debate económico: la posibilidad de que el mayor éxito tecnológico de la historia humana llegue a quebrar el contrato social sobre el que descansa el capitalismo de consumo. No porque la máquina falle. Sino precisamente porque funciona.

El fondo previsional del IPS supera los G. 19,94 billones en 2025 con fuerte concentración en CDA y retiro sostenido de activos en dólares

febrero 26, 2026

Una cartera predominantemente conservadora

El Instituto de Previsión Social (IPS) cerró el ejercicio 2025 con un portafolio de inversiones que asciende a G. 19,94 billones, según el boletín mensual publicado por la Dirección de Inversiones de la institución. La estructura del fondo refleja una estrategia predominantemente conservadora, con fuerte concentración en instrumentos bancarios denominados en moneda local y una exposición limitada en dólares americanos que viene reduciéndose de manera sostenida a lo largo del año.

El 95% del portafolio está denominado en guaraníes, con un total de activos financieros en moneda local de G. 16,98 billones y un rendimiento promedio ponderado de 9,03%. El restante 5% en dólares equivale a US$ 148.096.524,43, con un rendimiento promedio de 5,98%. El rendimiento promedio ponderado general del portafolio total se ubica en 8,19%, una brecha superior a dos puntos porcentuales entre ambas monedas que refuerza la lógica de la estrategia de conversión de divisas que viene ejecutando la institución desde enero de 2025.

Los CDA, el instrumento dominante del fondo previsional

Dentro de la cartera en guaraníes, los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) constituyen el componente más relevante. Emitidos y garantizados por entidades financieras bajo la Ley N° 861/1996, estos instrumentos concentran G. 8,143 billones, equivalentes al 47,93% del total en moneda local, con un rendimiento promedio ponderado de 9,33% y un plazo promedio de 5 años. Si se incluye la porción en dólares, los CDA representan el 48,4% del portafolio total, alcanzando G. 9,6 billones.

El plazo promedio total de la inversión en CDA en guaraníes es de 4,53 años, mientras que el plazo residual promedio —que refleja la vida media remanente de los instrumentos— se ubica en 1,73 años, dato relevante para evaluar la estructura de vencimientos y la necesidad de renovaciones en el corto y mediano plazo.

Concentración bancaria: cuatro instituciones superan el billón de guaraníes

El análisis por entidad revela una marcada concentración en un grupo reducido de bancos. Sudameris Bank SAECA lidera la captación de recursos previsionales en CDA con G. 1,74 billones, seguido por Ueno Bank SA con G. 1,60 billones y el Banco Nacional de Fomento (BNF) con G. 1,18 billones. Banco Continental SAECA se ubica en cuarto lugar con G. 1,17 billones. Estas cuatro instituciones concentran más de la mitad del total colocado en este instrumento.

La concentración en estas cuatro entidades plantea un desafío en términos de diversificación, aspecto central en la gestión prudente de recursos previsionales. El diferencial de tasas entre bancos es significativo: Zeta Banco SAECA registra el mayor rendimiento promedio con 11,51%, seguido por Ueno Bank SA con 11,11% y el BNF con 10,87%. En contraste, Banco Itaú Paraguay SA muestra un rendimiento de 5,77%, Banco GNB Paraguay SA de 6,55% y Banco Continental SAECA de 8,14%, por debajo del promedio general de 9,33%.

En cuanto al plazo residual, Ueno Bank SA exhibe el mayor con 3,37 años, seguido por Zeta Banco SAECA con 2,87 años y el BNF con 2,85 años. Por el contrario, Banco Atlas SA presenta un residual de 0,76 años, Banco Itaú Paraguay SA de 0,80 años e Interfisa Banco SAECA de 0,87 años, lo que indica vencimientos relativamente más cercanos en estas carteras específicas.

Desde el punto de vista del riesgo crediticio, Banco Continental SAECA y Banco Itaú Paraguay SA presentan calificación AAA, mientras que en el segmento AA se encuentran Sudameris, Ueno y BNF, entre otros. En términos agregados del portafolio total, el 52,4% de los activos cuenta con calificación AA y el 16,4% con AAA, mientras que el 26,6% no aplica calificación por tratarse principalmente de préstamos a jubilados y activos inmobiliarios.

La cartera en dólares: reducción estratégica y concentración en CDA

En moneda extranjera, el portafolio también está dominado por los CDA, que alcanzan US$ 137.448.750,00, representando el 92,81% de la cartera en dólares, con un rendimiento de 6,20% y un plazo promedio de 5 años. Los principales bancos en este segmento son Banco Basa SA con USD 28,9 millones, Ueno Bank con USD 27,4 millones, Zeta Banco con USD 20,1 millones y Banco Continental con USD 18,7 millones.

Los bonos en dólares suman US$ 3.800.000,00, con una participación de 2,57%, rendimiento de 5,85% y plazo promedio de 3 años. La Caja y Equivalentes en moneda extranjera totalizan US$ 6.847.774,43, representando el 4,62% del total en dólares, con un rendimiento de apenas 1,56%, lo que refleja su naturaleza puramente líquida. El boletín señala que la cartera en dólares ha registrado una reducción sostenida desde enero de 2025, asociada a una estrategia deliberada de conversión de divisas hacia posiciones en guaraníes.

Bonos, préstamos internos y títulos de crédito completan el perfil del portafolio

Más allá de los CDA, la cartera en guaraníes incluye otros componentes de peso. Los bonos representan el segundo instrumento en importancia con G. 4,25 billones, equivalentes al 25,04% del total en moneda local, con un rendimiento de 7,56% y un plazo promedio de 7 años, lo que aporta mayor duración al portafolio y una estabilidad adicional en los flujos financieros futuros.

Los préstamos otorgados a funcionarios, jubilados y pensionados totalizan G. 3,32 billones, con una participación de 19,56%. Este segmento presenta el rendimiento más elevado dentro de los activos en guaraníes, con 11,30%, y un plazo promedio de 8 años. Se trata de un componente de relevancia no solo financiera sino también social dentro del esquema previsional del instituto.

La cartera se complementa con Caja y Equivalentes por G. 664.974 millones, representando el 3,91% del total en guaraníes y generando un rendimiento de 5,91%. En este segmento, los mayores saldos se registran en Banco Itaú Paraguay SA con G. 278.513 millones, Banco Basa SA con G. 152.864 millones, Ueno Bank con G. 150.440 millones y el BNF con G. 72.869 millones. En dólares, los mayores saldos a la vista están en el BNF con USD 3,47 millones, Ueno Bank SA con USD 3,21 millones y Banco Basa SA con USD 83.279.

Finalmente, los títulos de crédito suman G. 604.795 millones, equivalentes al 3,56% de la cartera en moneda local, con un rendimiento de 6,30% y el mayor plazo promedio del portafolio en guaraníes: 20 años, característica que los convierte en un anclaje de largo plazo dentro de la estructura de activos.

El desafío de la sostenibilidad actuarial y la diversificación pendiente

La composición del portafolio del IPS al cierre de 2025 plantea interrogantes de fondo en materia de gestión previsional. Si bien los rendimientos obtenidos en guaraníes superan ampliamente los de los activos en dólares y permiten atender la mayor parte de las prestaciones en moneda local, la concentración en cuatro instituciones bancarias y el peso dominante de los CDA exponen al fondo a un riesgo de concentración que merece atención.

El IPS podría profundizar el análisis del equilibrio entre rentabilidad y concentración, evaluando si el diferencial de tasas compensa adecuadamente el riesgo asumido. En un contexto de sostenibilidad actuarial, optimizar esa relación resulta clave para preservar el valor real de los fondos, reforzar la solidez del sistema y dar cumplimiento al mandato de que los fondos previsionales deben ser invertidos en proyectos de impacto social y económico para el país.

La evolución futura del portafolio dependerá del comportamiento de las tasas de interés locales, de la inflación y de la dinámica demográfica que incide sobre el sistema previsional. La adecuada combinación entre rentabilidad, liquidez y plazo será determinante para sostener el equilibrio financiero del instituto en el mediano y largo plazo, en beneficio de los más de un millón de asegurados que dependen de su solidez institucional.

Quiebra de ARSA: el colapso de la empresa productora de yogures y postres de SanCor deja a 400 trabajadores sin empleo y profundiza la crisis del sector lácteo argentino

febrero 25, 2026

La Justicia comercial confirmó en noviembre de 2025 la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la firma que fabricaba bajo licencia los yogures y postres de SanCor Cooperativas Unidas Ltda. La resolución, firmada por el juez Federico Güerri del Juzgado Comercial N.º 29, Secretaría 58, dispuso la liquidación total de la compañía, la inhibición de bienes y el embargo de fondos, poniendo fin a un proceso de deterioro que se extendió por más de dos años y sellando el destino de una empresa que llegó a abastecer semanalmente a 70.000 comercios en todo el país a través de una red de 165 distribuidores.

El fallo llegó tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en abril de 2024, última instancia que la empresa había intentado para evitar su disolución. El cierre implica la pérdida de empleo de cerca de 400 trabajadores distribuidos entre dos plantas: una en Arenaza, partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, donde se desempeñaban alrededor de 180 operarios, y otra en Monte Cristo, Córdoba, con casi 200 empleados. Muchos de ellos acumulaban más de 30 años de antigüedad desde la etapa previa bajo la órbita directa de SanCor.

Del proyecto prometedor al derrumbe financiero

ARSA nació en 2016 con un propósito concreto: adquirir la división de productos refrigerados de SanCor en una operación encabezada por el Vicentin Family Group, un holding vinculado al Grupo Vicentin, por aproximadamente 100 millones de dólares. En sus inicios fue presentada como «la última joya» del conglomerado, con promesas de modernización e inversión que rápidamente se desvanecieron. En 2019, inversores asociados a Vicentin y al fondo BAF Capital tomaron el control con la intención de sostener y expandir la producción de postres y yogures, pero las expectativas tampoco se materializaron.

Hace aproximadamente dos años y medio, la gestión fue transferida a Maralac S.A., firma de origen venezolano conducida por los hermanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes también administran La Suipachense. Bajo esta conducción, la situación financiera no solo no mejoró sino que se agravó progresivamente: atrasos salariales desde 2023, suspensiones masivas, cortes de energía por falta de pago y paralizaciones reiteradas de la producción fueron acumulándose hasta hacer inviable la continuidad operativa. La deuda se extendió a proveedores, transportistas y empleados sin solución a la vista.

El fracaso del concurso y la liquidación final

En abril de 2024, ARSA recurrió al concurso preventivo como mecanismo de protección frente a sus acreedores, apelando a la posibilidad de reestructurar sus pasivos y atraer un inversor que garantizara la continuidad. Circularon versiones sobre el interés de distintos actores del sector: el grupo Inverlat, propietario de Havanna, y los grupos Werthein y CarVal fueron mencionados como potenciales compradores. Sin embargo, ninguno formalizó una oferta. El fracaso en concretar una venta, condicionado además por causas judiciales vinculadas al Grupo Vicentin que bloquearon el proceso, terminó por sellar el destino de la empresa.

El juez Güerri aprobó también el retiro de maquinaria que otras compañías habían cedido a ARSA mediante contratos de alquiler. Entre los casos más significativos figura el de Tetra Pak, que reclamó una deuda superior a los 110.000 dólares por el alquiler impago de doce máquinas, entre ellas envasadoras, aplicadoras de tapas y embandejadoras de envases. Ante la quiebra, los trabajadores despedidos iniciaron presentaciones de Pronto Pago Laboral Colectivo reclamando indemnizaciones por antigüedad, preaviso y salarios adeudados. Tal como señala una de las presentaciones judiciales a las que accedió este medio, «el instituto de pronto pago actúa como tutela de urgencia destinada a mitigar el estado de vulnerabilidad en que han quedado los operarios».

Las marcas que desaparecen de las góndolas

ARSA era la responsable de la elaboración de una serie de productos que durante décadas formaron parte de la mesa de millones de familias argentinas. Entre los yogures se destacaban las líneas Yogs y Primeros Sabores, mientras que en el segmento de postres figuraban los flanes caseros SanCor, Shimmy, Sancorito, Sublime y Vida. Su desaparición del mercado no es un dato menor en términos culturales e industriales: se trata de marcas con fuerte arraigo en el consumidor argentino, construidas a lo largo de generaciones bajo el paraguas de SanCor, una de las cooperativas lácteas más emblemáticas del país.

Contexto económico adverso y responsabilidades en disputa

Desde la empresa, los responsables atribuyeron el colapso al contexto económico general: caída del consumo interno, inflación sostenida, encarecimiento de la leche cruda como principal insumo, devaluaciones sucesivas y el impacto de políticas de control de precios como el programa Precios Justos, implementado en agosto de 2023 por la administración anterior. Estos factores, de naturaleza macroeconómica, afectaron de manera transversal a la industria alimentaria y en particular al sector lácteo.

No obstante, referentes del sector advierten que el diagnóstico de ARSA no puede reducirse únicamente a la coyuntura. Señalan problemas estructurales previos: sobreoferta de leche en el mercado interno, restricciones históricas a las exportaciones del sector y desequilibrios crónicos en la cadena de pagos que erosionan especialmente a las empresas medianas. A ello se suma una gestión considerada ineficiente y, según algunas fuentes, posiblemente irregular, dado que el proceso concursal no habría sido tramitado con la transparencia necesaria ni generó las condiciones para atraer inversores genuinos. La quiebra de ARSA es, en este sentido, el resultado de una confluencia entre un entorno macroeconómico hostil y decisiones de conducción que no lograron adaptarse ni anticiparse al deterioro.

Un sector lácteo bajo presión creciente

La caída de ARSA no es un episodio aislado. Se inscribe en un panorama más amplio de tensión en la industria láctea argentina, que en el contexto del ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei enfrenta una combinación de baja del consumo real, presión sobre los costos de producción y dificultades para acceder a mercados externos. Otra empresa emblemática del sector, Lácteos Verónica, atraviesa una situación igualmente crítica: trabajadores de sus plantas en Clason, Suardi y Lehmann, en la provincia de Santa Fe, reclaman salarios adeudados desde diciembre y denuncian un vaciamiento que pone en riesgo unos 700 puestos de trabajo.

La situación compromete especialmente a comunidades con fuerte dependencia de la actividad láctea. Lincoln y Sunchales expresaron preocupación ante la falta de respuestas por parte de los directivos de ARSA, mientras que en Monte Cristo el cierre de la planta repercute directamente sobre una localidad cordobesa cuya dinámica económica estaba ligada a esa fuente de empleo.

El caso de ARSA pone en evidencia las tensiones estructurales que atraviesa la cadena láctea argentina: una industria que enfrenta costos crecientes, consumo retraído y un marco regulatorio que históricamente osciló entre el control de precios y la desregulación abrupta, sin que ninguno de los dos extremos haya logrado garantizar condiciones de sustentabilidad para sus actores más vulnerables. El costo de esa inestabilidad, una vez más, lo pagan los trabajadores.

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